Una de las virtudes de la abrogada Ley Nº 2028, Ley de Municipalidades de 1999 fue que, en su Artículo 3º dejaba en claro los conceptos de Municipio, Municipalidad y Gobierno Municipal, a los que la Ley 482, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales de 2014, en la que se incluyó la abrogación de la anterior, no hace ninguna mención, a pesar de la importancia de tales conceptos para entender y guiar la gestión municipal.
Los conceptos mencionados en la abrogada ley son:
- Municipio: “es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en la jurisdicción y con los habitantes de la Sección de Provincia, base del ordenamiento territorial del Estado unitario y democrático boliviano”. Desde la Ley de Participación Popular se eliminaron vacíos jurisdiccionales con la municipalización del territorio, generando territorios municipales urbano-rurales, y la asignación de recursos de los impuestos nacionales.
- Municipalidad: “es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio, forma parte del Estado y contribuye a la realización de sus fines”.
- El gobierno y la administración del Municipio se ejerce por el Gobierno Municipal.
A efectos de lograr una rigurosidad suficiente en esta entrada, se buscaron algunos otros conceptos como las definiciones de la Real Academia:
- Gestión: Acción y efecto de gestionar. (Similares: administración, dirección, gerencia)
- Gestionar: Ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una empresa, actividad económica u organismo. (Similares: administrar, dirigir).
Dado que se busca analizar el tema de gestión municipal, se buscaron otros conceptos generales que faciliten ordenar las ideas de esta entrada, tales como:
- “…la gestión pública para el desarrollo implica: planificar, movilizar, desplegar, organizar y transformar recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos y metodológicos para proveer, asignar y distribuir bienes y servicios públicos tangibles e intangibles, solucionando problemas o satisfaciendo necesidades, originando resultados significativos para la sociedad—“ https://www.cepal.org/
- “La gestión municipal son todas las acciones que realiza un gobierno local, orientadas al cierre de las brechas sociales y necesidades básicas, con el objetivo de brindar bienestar hacia la población; además, es un factor fundamental para el desarrollo local”. https://inudi.edu.pe/
Queda claro, entonces que la gestión pública, por tanto, también la gestión municipal, se enfocan en la administración eficiente de los recursos con los que se cuenta, incluidos los recursos humanos, los valores sociales, la cualidad y calidad del territorio, para responder a las demandas de la sociedad (habitantes) para garantizar una adecuada calidad de vida y generar un desarrollo sostenible.
El Artículo 285 de la Constitución Política del Estado, en su inciso II señala que “el periodo de mandato de las máximas autoridades ejecutivas de los gobiernos autónomos es de cinco años …”, lo que también se aplica a los miembros del Concejo Municipal, pero esto no quiere decir que la GESTIÓN MUNICIPAL solamente dura cinco años; este concepto debe quedar muy claro y aquí surge una primera crítica a lo que ocurre en la Municipalidad de La Paz, cambio de autoridades implica “borrón y cuenta nueva”, claramente se considera que lo que hizo la anterior gobierno municipal “no sirve” y se debe empezar de cero. Lamentablemente esta actitud está ligada a los intereses de la base electoral y a la presión que ésta ejerce para enfocar la gestión en algunos sectores.
¿Requiere aclaración? Iniciado el nuevo período de gestión municipal casi “desaparece” La Paz Bus (transporte del Puma Katari) lo que no ocurrió por la presión de la población que ya ha hecho suyo este sistema de transporte. ¿Por qué se intentó quitarlo? Seguramente no es fácil que se lo explique, pero podemos preguntar ¿será que la base electoral de las nuevas autoridades está conformada por sindicatos de transportistas? La misma pregunta puede dirigirse al tema gremial, dado que la ciudad está invadida por comercio informal sobre el que no hay ningún tipo de control.
Si la gestión implica planificar, las nuevas autoridades de la gestión municipal ¿han considerado el importante marco que ofrece el Plan La Paz 2040? Iniciada su elaboración en 2011, fue uno de los pocos esfuerzos exitosos en el campo de la planificación de largo plazo, cuyos lineamientos, con los necesarios ajustes quinquenales, debieron llevarnos a ver un municipio hacia el 2040 y claramente no le permitieron llegar al 2021: ¿borrón y cuenta nueva?, estando claro lo de “borrón”, si hay “cuenta nueva” ¿cuáles son los nuevos lineamientos a largo plazo?, nadie sabe porque nunca se informó sobre ellos o posiblemente no se elaboraron. Se sabe de un PTDI-2021-2025 (Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien del Municipio de La Paz), sobre cuyos lineamientos, que ya debieron cumplirse según su propio plazo, incluidas centralidades, corredores y áreas protegidas no se conocen acciones, proyectos o estrategias de implementación que se hayan realizado bajo dicho marco.
También se afectaron con la idea de “cuenta nueva” medidas que, claramente, demostraron estar yendo en camino correcto como los esfuerzos de educación vial con la participación de las cebras que se ganaron el cariño de la gente o el sistema de control de estacionamiento vehicular en el Centro y que parecía estar listo para aplicarse en la caótica Zona Sur, que necesitaba ajustes es cierto, pero no mostraba motivos para eliminarse, salvo que la “base electoral” hubiera presionado. No sólo se eliminó el control de estacionamiento, con la construcción de una ciclovía que, por el tiempo que lleva desde su implementación sin uso alguno, se nota como una decisión no planificada y menos participativa y que, además, dificulta paradas de transporte público, se eliminó cualquier posibilidad de parqueo en vía en la Zona Sur (aunque se implementó un apresurado garaje que, aunque insuficiente, sí funciona).
Se ha señalado líneas arriba que el objetivo de las acciones que implican la gestión municipal es “brindar bienestar hacia la población”, por lo que, cuando se realizan obras es muy importante planificar y organizar el impacto que el proceso de ejecutarlas genera en la movilidad urbana y, por tanto, en el bienestar de la población. En nuestra ciudad se cierran vías y se corta el flujo normal del tráfico, medida necesaria para llevar adelante estos trabajos, pero se lo hace sin aviso alguno y, lo que es peor, sin prevenir, por lo que el proceso de ejecución de la obra no cuenta con medida alguna de ordenamiento que facilite el flujo del tráfico vehicular, sin señales ni presencia de agentes de tránsito, por lo que, cuando se encuentra de frente a un corte de vía, el usuario debe hacer maniobras para regresar y buscar salidas por sí solo con los riesgos, dificultades y molestias que esto conlleva porque son varios los vehículos involucrados y no hay guía alguna para facilitar la maniobra, guía que debe ser previa para prevenir aunque tampoco hay la que lleve a remediar.
Se entiende que un corte de vía es temporal, en un período que dura con planificación, lo que debe durar prudentemente una obra, sin embargo, parece que hay obras que no se planifican y su duración, con efecto de cierre de vías por plazo “indefinido”, con el innegable perjuicio a la población, como ocurre en la “interminable obra” que se realiza en la Av. Abdón Saavedra en Sopocachi por más de un año y sin información clara respecto de cuando se terminará o sobre el por qué de tanto retraso. Lo admirable es que parece que nadie reclama y que la gente que, con sus impuestos, generó los recursos para esa obra, ha “normalizado” el cierre y la demora.
Lleva muchos años la triste realidad de la invasión de áreas que, según la Ley de Usos del Suelo Urbano-LUSU, deben ser áreas de forestación, de preservación del paisaje natural, áreas verdes, aires de río, franjas de seguridad y es evidente la presencia de construcciones particulares sobre ellas y no se ha visto reacción de la Municipalidad respecto de este avasallamiento en aras de una gestión municipal que cumpla y haga cumplir la norma y vele por el futuro de una ciudad que debe ser sostenible para las generaciones futuras. La justificación de las autoridades respecto de estos hechos, desde hace muchos años y ahora, es que no están claramente definidos los límites del territorio municipal, a pesar de la Ley 1669 de 30 de octubre de1995.
No obstante, la existencia del plano que define estos límites complementando a la ley, las municipalidades de los municipios vecinos actúan ilegalmente aprobando asentamientos y construcciones en el territorio municipal de La Paz, eso es una realidad y peor aún, la situación se agrava por el accionar de vecinos y pobladores que, en busca de su conveniencia y sabiendo que actúan irregularmente, buscan esas licencias e incluso pagan impuestos en las alcaldías de esos municipios. En este caso, dese hace años y con peores efectos cada año, la gestión municipal no ha tomado acción alguna para resolver el problema de límites y, si alguna vez lo intentó, el Gobierno Autónomo Departamental, que tiene la obligación de intervenir para resolver estos problemas, no lo ha hecho por motivos de politiquería barata. Esta situación ya ha alcanzado niveles preocupantes, la supuesta “indefinición” de límites es aprovechada por “autoridades” electas en los municipios vecinos, por los negociantes inmobiliarios y, lamentablemente, por la población, generando para sí beneficios al margen de la búsqueda del bien común y sin ningún reparo frente a la ilegalidad.
La gestión pública, por tanto, la gestión municipal, debe planificar, pero claramente no lo hace, la ciudad está a merced del negocio inmobiliario desde hace bastante tiempo, la ciudad crece como los comerciantes del suelo y de la construcción deciden que lo haga, ocupando territorio sin ninguna previsión, utilizando títulos de propiedad o títulos agrarios cuya legalidad no es verificada. Se ocupan laderas, aires de río, franjas de seguridad y luego vienen los desastres “naturales” en asentamientos “aprobados” por alcaldías vecinas y el desastre debe ser atendido por la Municipalidad de La Paz (en resguardo de su jurisdicción municipal), como ocurrió con el deslizamiento de Codavisa, atendido por la Alcaldía de La Paz pero comprobándose que los propietarios de las viviendas afectadas de un asentamiento en un área declarada como “inhabitable” pagaban impuestos en el Municipio de Palca.
Es claro que el proceso de desinstitucionalización del estado que se ha puesto en marcha los últimos 20 años, con éxito para los depredadores que lo buscaron, ha alcanzado niveles que asustan y el “haz lo que quieras” afecta duramente a la vida urbana; construcciones fuera de norma proliferan y son más de 23 años que está vigente “la regularización”, por lo que construir fuera de norma ya parece costumbre o “normal” para acogerse a “regularizar”, lo que es un brillante negocio para el mercado inmobiliario y para estos traficantes inescrupulosos, afectos a la ilegalidad al pagar multas de montos absurdos frente al valor de venta de cientos de metros cuadrados de construcción ilegal “regularizada”.
Es necesario, pues, recuperar la gestión pública, recuperar la gestión municipal desde el estado, la sostenibilidad de la ciudad lo demanda, estamos sin rumbo y a tumbos, la ciudad de La Paz es una ciudad agresiva y esa agresividad es absorbida por sus pobladores; llamar la atención a alguien por infringir normas elementales de convivencia es suficiente para generar gritos e insultos. Se ve claramente que no hay idea de qué se está haciendo con la ciudad para mejorar nuestra propia calidad de vida y para dejar a las generaciones futuras condiciones para una vida digna, obligación que tenemos para con nuestros hijos y nietos.
Imagen destacada: Palacio Consistorial de La Paz, edificio sede del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, obra del Arquitecto Emilio Villanueva en 1925
Haciendo Ciudad 