Planificación – Haciendo Ciudad

TODOS los países del mundo están EN VÍAS DE DESARROLLO

“Desarrollo significa crecimiento, aumento, reforzamiento, progreso, desenvolvimiento o evolución de algo. Designa la acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. El concepto de desarrollo hace referencia a un proceso en desenvolvimiento, sea que se trate de un asunto de orden físico, moral o intelectual, por lo cual puede aplicar a una tarea, una persona, una sociedad, un país o cualquier otra cosa”. https://www.significados.com/

“Desarrollar: Dicho de una comunidad humana: Progresar o crecer, especialmente en el ámbito económico, social o cultural”. https://dle.rae.es/

Como docente de urbanismo converso con mis estudiantes sobre los temas de ocupación y ordenamiento del territorio, en los que enfatizo la importancia de los asentamientos humanos como razón de ser de la planificación. Les muestro cómo es que resumo la idea de ciudad en población, territorio e infraestructura y la permanente interacción de estos tres componentes como guía y motivo de la planificación urbana, de los vínculos urbano-rurales y de las ciudades como motor del desarrollo.

**Gráfico 1.** De los 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE-ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, 9 hacen referencia directa a la satisfacción de necesidades básicas de la población y otras a la necesidad de preservar la naturaleza y el uso responsable de los recursos. Fotografía: http://www.un.org

Desarrollo, un término muy usado, demasiado usado diría, por gobernantes, representantes, autoridades, políticos, empresarios, se generan planes de desarrollo nacionales, departamentales, municipales, sectoriales, etc., muchos de los cuales llevan años empolvándose, en estanterías o depósitos, planes sobre cuya necesidad se enfatizó desde la Revolución Nacional de 1952. En 70 años ¿Cuánto hemos “desarrollado”? La razón por la que este es el tema de esta entrada es que llevo tiempo en aula explicándolo con insistencia y espero ampliar “mi audiencia”.

**Gráfico 2.** Realmente, desde la Revolución de 1952 y sus históricas y trascendentales medidas ¿Cuánto hemos «desarrollado»? Los mineros fueron una parte fundamental de la fuerza impulsora de la revolución, desde entonces, la minería nacionalizada ha sufrido varias crisis y las demandas de los trabajadores siguen siendo la mismas, aunque la otrora fuerte Central Obrera Boliviana-COB ya no es la misma y tiene una dirigencia alineada al poder y al partido de turno. Amparado por una política extractivista sin límite, el cooperativismo minero y empresas extranjeras realizan actividades de minería, incluso en áreas protegidas, atentando contra la sostenibilidad y contaminando la naturaleza. Los campesinos fueron otro sector determinante para la revolución, ahora encaran los problemas propios del minifundio y graves crisis en sus áreas de trabajo por sequías; la migración campo-ciudad se ha incrementado generando abandono de las áreas productivas y problemas en las ciudades. Fotografías: izquierda http://www.eabolivia.com, derecha arriba http://www.telesurtv.net, derecha abajo http://www.bolivia.com

Cuando los políticos hablan del desarrollo del país, buscan hacernos creer que Bolivia aspira y “casi alcanza” a ser como Suecia, Alemania, Japón, antes Estados Unidos y ahora, parece, China, países con gran capacidad económica, poder militar, alta tecnología, impresionantes infraestructuras, deslumbrante producción cultural, etc., quizá por eso, cuando entró mucho dinero en nuestras arcas estatales, lo derrocharon sin medida, tenemos un satélite inservible, mantenemos un ejército innecesario (incluida fuerza naval cuya escuela de guerra está en la punta de un cerro), construimos innumerables canchas de “pasto artificial” o creamos un “museo al ego” en medio de la nada.

Un país alcanza el desarrollo cuando el 100% de su población ha satisfecho sus necesidades básicas y goza de los servicios fundamentales de vivienda, vestido, alimentación, educación, salud, cultura, agua y saneamiento.

Esto es lo que pienso, lo que creo y lo que enseño y, con base en este concepto, surge la pregunta ¿Cuántos países desarrollados hay en el mundo? La respuesta podría ser resultado de una interesante investigación, pero, algo complicado realizarla en el corto plazo porque requiere recursos, tiempo, arduo trabajo y, muy posiblemente, apoyo de la cooperación internacional para conseguir esa información de las fuentes de origen. Sin embargo, en el “siglo de la comunicación”, vía internet se puede conocer que: “El progreso económico en el mundo muestra que, si bien hay menos personas que viven en la pobreza extrema, casi la mitad de la población mundial, es decir, 3400 millones de personas, aún tiene grandes dificultades para satisfacer necesidades básicas, según el Banco Mundial” (2018). https://www.bancomundial.org/es/

También se encuentra información como ésta que muestra una preocupante situación en el mundo: “…según el informe[1], dado que el crecimiento económico señala que, en la actualidad, una proporción mucho mayor de la población pobre del mundo vive en países más ricos, establecer líneas de pobreza adicionales y comprender la pobreza desde una perspectiva más amplia son aspectos cruciales para poder combatirla plenamente”. (Banco Mundial, 2018). https://www.bancomundial.org/es/

Dado que uno de los servicios fundamentales de los que debe gozar la población en cualquier parte del mundo es la vivienda, una rápida búsqueda de información en la red respecto de la “población sin hogar” o “homeless” en los países que, por años, percibimos como los más desarrollados del planeta, como Suiza, Suecia, Alemania, encontramos datos que muestran situaciones que ya preocupan a sus gobiernos (ver gráficos 3, 4 y 5). Mucho de esta situación en estos países empeora por efecto de las inmigraciones provenientes de los países con conflictos.

**Gráfico 3.** Suiza ocupa el puesto 2 entre 189 países en el «índice de desarrollo humano» (UNDP, 2019), con un salario promedio anual de US$ 84.310 por persona (Banco Mundial, 2021) y, sin embargo, 16% de su población está viviendo debajo de la línea nacional de pobreza (UNPD, 2019). En 2022 mostraba un problema de 2.200 personas sin vivienda y 8.000 en riesgo de perderla. Datos de http://www.homelessworldcup.org. Fotografía: Mart Production en http://www.pexels.com, Texto de http://www.lenews.ch

**Gráfico 4.** Suecia ocupa el puesto 7 entre 189 países en el «índice de desarrollo humano» (UNDP, 2019), el salario promedio anual en este país es de US$ 54.050 por persona, el 17,1% de sus 10, 26 millones de habitantes está viviendo debajo de la línea nacional de pobreza (UNPD, 2019). El número estimado de personas sin hogar en Suecia en 2020 era de 33.000 (Stadsmissionen, 2021). Los datos muestran que se agrava el problema por la inmigración. Información de http://www.homelessworldcup.org. Fotografía y texto http://www.researchgate.net

**Gráfico 5.** Alemania tiene 79,9 millones de habitantes, ocupa el puesto 6 entre 189 países en el «índice de desarrollo humano» (UNDP, 2019), el salario promedio anual en este país es de US$ 47.060 por persona, el 14,8% de su población está viviendo debajo de la línea nacional de pobreza (UNPD, 2019). El número de personas sin hogar se calcula en 260.000, una preocupación para el gobierno alemán. Información de http://www.homelessworldcup.org. Fotografía y texto de http://www.trtworld.com.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Noruega ocupa el primer lugar, entre 189 países, en calificación del “índice de desarrollo humano” (UNDP, 2019), donde “si bien hasta ocho de cada diez son dueños de la casa en la que viven, aproximadamente 179.000 personas están en desventaja en el mercado de la vivienda; alrededor de 78.000 de ellos son niños y jóvenes menores de 20 años”, esta información está detallada en la publicación de 2022 de https://www.homelessworldcup.org/.

Sin embargo, Noruega, con un salario promedio anual de US$ 78.180 (Banco Mundial, 2021), no está entre los países mejor ubicados respecto de la cobertura de servicios de agua potable (90%) y saneamiento (83%), como lo están, por ejemplo, los Países Bajos, con un 100% de cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento (ver gráficos 6 y 7). Los Países Bajos, con un salario promedio anual de US$ 51.060 (Banco Mundial, 2021) ocupan el puesto 8 en el “índice de desarrollo humano” (UNDP, 2019) y, en 2020, tenían 39.000 personas sin hogar (0,22% de su población “homeless”) según información de https://www.homelessworldcup.org/.

**Gráfico 6.** Cuadros gráficos que muestran la cobertura del servicio de agua potable en los países europeos (arriba) y los tipos de gestión para ese abastecimiento. Los países con mayor cobertura muestran un total de gestión pública en abastecimiento. Reino Unido, con una cobertura de aproximadamente 95% se apoya en un 90% de gestión privada. Las fuentes de las imágenes están en éstas.

**Gráfico 7.** De los 5 países de Europa que muestran una cobertura de 100% en el abastecimiento de agua potable, sólo dos, Holanda y Malta tienen una cobertura de 100% en saneamiento conectado a depuradoras y de servicio totalmente público. También en saneamiento, Reino Unido se apoya en 90% de gestión totalmente privada. Las fuentes de las imágenes están en éstas.

Estados Unidos que, por años, fue el guía y el paradigma del desarrollo para los gobiernos y políticos latinoamericanos, con un salario promedio anual de US$ 70.930 (Banco Mundial, 2021), ocupa el puesto 17 en el “índice de desarrollo humano” (UNDP, 2019) y, según Homeless World Cup, 18% de los 330 millones de estadounidenses viven por debajo de la línea de pobreza (World Population Review, 2021) y hay 18,5 millones de personas que viven en condiciones de extrema pobreza. “La falta de vivienda en los Estados Unidos se registra contando las personas sin hogar en una sola noche de enero. En 2020, esto fue más de medio millón (Dept. of Housing), aunque los críticos dicen que este método excluye a muchos que viven en alojamientos temporales y al borde de la pobreza extrema. La ONU informa que más de uno de cada ocho estadounidenses vive en la pobreza (40 millones, o el 12% de la población). Casi la mitad de ellos (18,5 millones) viven en la pobreza extrema, con ingresos familiares informados por debajo de la mitad del umbral de pobreza. (UNHCR, 2018)”. https://www.homelessworldcup.org/united-states-america.

**Gráfico 8**. Los datos que preocupan al gobierno de Estados Unidos. Imagen y texto de http://www.security.org

**Gráfico 9.** La situación de servicios básicos de agua potable y saneamiento tampoco es buena en Estados Unidos

En América Latina, según https://www.homelessworldcup.org/, el país mejor ubicado respecto del “índice de desarrollo humano” es Chile, con 19 millones de habitantes y US$ 24.000 de promedio de salario anual por persona, se encuentra en un puesto 43 entre 189 países y presenta el menor índice de pobreza en la región, sin embargo, después de la pandemia, la población sin hogar alcanzó a 80.000 personas (0,42% de su población), de las cuales 25.000 son migrantes provenientes de Venezuela, Colombia y Haití, principalmente.

**Gráfico 10.** Según la publicación “SITUACIÓN ACTUAL DEL ODS – 6 EN LA REGIÓN AMÉRICA LATINA. PLANES Y ACCIONES” de la Organización Panamericana de la Salud (www.paho.org), elaborada por Teófilo Monteiro, Equipo Técnico Regional de agua y saneamiento (ETRAS), CDE/CE/OPS/OMS, estos mapas muestran las condiciones de abastecimiento de agua potable en América Latina, en este caso la situación de nuestro país en cobertura no parece muy mala pero preocupante en el aspecto de gestión segura. ODS-6 se refiere a Agua limpia y Saneamiento.

**Gráfico 11.** En la misma publicación de la Organización Panamericana de la Salud, se incluyen estos mapas que refieren la situación del saneamiento en América Latina. El aspecto de gestión segura en Bolivia debe preocupar y también el nivel de cobertura del servicio; la deficiencia de gestión origina que, en muchos lugares, incluida la ciudad de La Paz, se están contaminando cursos, cuerpos y fuentes de agua, este es uno de los más acuciantes problemas de La Paz.

Lamentablemente, uno de los problemas en nuestro país es la falta de información actualizada, confiable y sistematizada, por lo que en publicaciones como las de Homeless World Cup, por ejemplo, como en otras, no se incluyen datos precisos sobre estos temas en Bolivia, datos que permitirían una comparación interesante y productiva de nuestra situación respecto del resto del mundo; por ello, se recurre a información de diversas fuentes mostrada en gráficos.

El gráfico 12, extraído de una publicación del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (2012) muestra la preocupante situación de la vivienda en Bolivia al señalar que el Plan Nacional de Desarrollo de 2007 menciona un déficit cuantitativo de 298.000 unidades de vivienda y que el déficit cualitativo alcanza a 855.000 viviendas y el gráfico 13 incluye preocupantes datos sobre las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por departamento.

**Gráfico 12.** La situación de la vivienda en Bolivia muestra que más de 1,1 millones de personas no tienen vivienda y más de 1,4 millones habitan viviendas sin condiciones adecuadas.

**Gráfico 13.** En esta publicación del ministerio de Obras Públicas de 2012, antes de la realización del Censo de Población y Vivienda de ese año, se ve la gran cantidad de población cuyas necesidades básicas no han sido satisfechas.

**Gráfico 14.** Otra cara del déficit habitacional y de la situación de la población vulnerable en Bolivia que no puede ni debe ser ignorada por el gobierno, los políticos, las organizaciones y la población en general.

“En Bolivia, cerca del 86% de la población tiene acceso a agua potable y el 59% a sistemas de saneamiento. Sin embargo, la brecha entre los centros urbanos y el ámbito rural es considerable. Solamente el 67% de la población rural tiene acceso a los servicios de agua potable y únicamente el 43% cuenta con servicios de saneamiento básico. Por otro lado, solo el 27% de las aguas residuales son tratadas, situación que conduce a la contaminación del agua y otros recursos naturales, derivando así en problemas de salud para la población”.[2]

“El viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico dijo: ‘queremos acortar la brecha entre las áreas urbana y rural’. Según la autoridad, en Bolivia la cobertura de agua es de 95% en el área urbana y la cobertura de saneamiento básico es de 71%. En tanto, la cobertura de agua en el área rural es de 69% y 45% en saneamiento básico. La meta para el 2025 es subir la cobertura de agua en el área rural a 90% y superar el 53% en saneamiento básico”. https://www.mmaya.gob.bo/2023/.

En los ejemplos y en los datos hemos visto la vivienda, el agua y el saneamiento y, por lo menos en nuestro país, la educación, la salud, la alimentación, el vestido y la cultura no mostrarían óptimas o, por lo menos mejores condiciones que, posiblemente, se han alcanzado en países más ricos para estos servicios destinados a la satisfacción de tales necesidades en la población. Los países más ricos, que muestran voluntad para encarar el problema, pueden encontrar soluciones basadas en el aprovechamiento de tecnología lograda a partir de inversiones dirigidas a la satisfacción de una necesidad básica de su población, como debe ser. (Ver gráfico 15).

**Gráfico 15.** Cápsulas para dormir en Alemania, al servicio de personas sin hogar elaboradas con tecnología e inversiones destinadas a buscar soluciones para satisfacer necesidades básicas de la población. Fotografías http://www.mymodernmet.com; texto: http://www.independentespanol.com.

Con esta información podemos dar respuesta a la pregunta planteada líneas arriba, ¿cuántos países desarrollados hay en el mundo?, pues, sin temor a error, con base en la condición del concepto de desarrollo que genera este artículo, se puede decir que ningún país en el mundo ha alcanzado el desarrollo así concebido.

Tengo claro, y me lo han hecho notar, que la satisfacción de las necesidades básicas del 100% de la población parece una meta imposible o es una condición utópica, pero me mantengo en la importancia de manejar ese concepto porque la razón de la planificación es el bienestar de la gente, de la población, bajo el principio del “bien común por encima del interés personal o de grupo”.

El crecimiento de las empresas, de las industrias, de la agricultura, de la ganadería o de las instituciones no es el objetivo de la planificación, este crecimiento, como el de la tecnología, es el medio para alcanzar el objetivo fundamental, la satisfacción de las necesidades de la gente; las inversiones en estos campos deben dirigirse a generar los recursos para dicha satisfacción y esto no ocurre porque se busca “el crecimiento económico en sí”, aun a costa del futuro del planeta y no “el crecimiento económico para” allanar las dificultades que 3.400 millones de personas tienen para satisfacer necesidades básicas en el mundo (Banco Mundial, 2018).

Entonces, como humanidad, estamos entendiendo muy mal o concibiendo pésimamente el concepto de “DESARROLLO” porque estamos priorizando la acumulación de riqueza y el gasto en lo innecesario, como la guerra, o el gasto que, viendo la situación de millones de personas en el mundo, se vuelve superfluo cuando se busca alcanzar las estrellas sin mejorar las condiciones de vida en el planeta como primera prioridad, como debe ser.

**Gráfico 16.** Medir el índice de desarrollo humano parece ser una buena vía para entender la situación en la vía de desarrollo de todos los países del mundo. Como se ve en el gráfico, el «índice muy alto» está entre 0.8 y 1, pero, como hemos visto en toda esta entrada, ninguno de esos países puede alcanzar el 1, por lo que se confirma que todos los países del mundo están en vías de desarrollo. No parece fácil avanzar del 0.8 al 1 en las condiciones que se encuentran millones de personas con necesidades básicas insatisfechas, ese es el desafío.

Pienso que como país vamos peor, porque con la mira en un paradigma de desarrollo, que realmente no existe, estamos regalando nuestros recursos naturales antes de utilizarlos para generar verdadero desarrollo, mejores condiciones de vida para nuestra gente, alcanzar la satisfacción de sus necesidades básicas por encima de cualquier otra pretensión. Es muy importante tomar conciencia de lo que somos y de lo que tenemos, aprovechar, sin pretensiones de país rico, nuestras posesiones y riquezas para beneficio de nuestra gente, invirtiendo en productividad basada en nuestros recursos naturales para generar actividad económica y empleo, respetando las raíces culturales y las formas propias y sabiduría comunitaria para la ocupación sostenible del territorio.

¿Primer mundo?, ¿Tercer mundo? ¿Qué calificativos son esos?; en resumen, TODOS los países del mundo están EN VÍAS DE DESARROLLO, por tanto, hay mucha tarea por delante.

[1] https://la-paz.diplo.de/ Documento: “Agua potable y saneamiento básico, Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS”, publicado por la Cooperación Alemana, 2019

[2] Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing Together the Poverty Puzzle (La pobreza y la prosperidad compartida 2018: Armando el rompecabezas de la pobreza).

Fotografía de cabecera o imagen destacada: «La paradoja del desarrollo», http://www.cubadebate.cu

Ciudad vs. Monumento de 70 metros

«El alcalde Iván Arias anunció este domingo la construcción del monumento al Señor Jesús del Gran Poder de 70 metros de alto, con una iglesia, dos cholets para fiestas, un espacio para grandes conciertos musicales, entre otras obras, y cuyo diseño, dijo, está a punto de su conclusión» (lapaz.bo 12 de marzo de 2023).

Señor alcalde: ¿Es eso lo que necesita esta ciudad? ¿Está seguro?

¿Se da cuenta que los ríos de la ciudad son su red de alcantarillado y que las cinco cuencas emanan olores de cloaca y contaminan el río La Paz, el riego de Río Abajo y el aire que respiramos? Seguramente “seguiremos embovedando” para tapar el problema, atentando contra la calidad del medio ambiente urbano y la sostenibilidad de la ciudad, en lugar de buscar una solución definitiva, consciente y eficiente para los drenajes sanitario y pluvial (debieran ser separados) que, posiblemente, a un político no le interesa mucho porque tomará tiempo y quedará bajo tierra, sin foto ni corte de cinta, aunque signifique la única opción para un mejor y claro futuro para la ciudad y sus habitantes.

La red de alcantarillado sanitario de la ciudad de La Paz está conformada por el embovedado de cientos de cursos de agua que son afluentes de las cinco cuencas que dan forma al territorio sobre el que está asentada y los ríos Choqueyapu (el principal, parcialmente embovedado), Orkojahuira (embovedado), Irpavi, Achumani y Huayñajahuira (a cielo abierto pero contaminados) son los colectores principales de esa red. La confluencia de los cinco conforma el río La Paz que riega las tierras de Río Abajo. (Fotografías: es.paperblog.com-arriba izq.; fundacionperiodismo.org-arriba der.; boliviaverde.utb.edu.bo-abajo izq.; connectas.org-abajo der.)

La movilidad urbana es caótica y con enormes deficiencias, generadas, en gran medida por un transporte “público” que, en manos de sindicatos, no solamente prestan un pésimo servicio y generan desorden conduciendo irresponsablemente, sin apego alguno a las normas de tránsito y menos al respeto por el ciudadano, “adueñándose” de las vías como quieren y, además, deciden las rutas, los “trameajes”, los horarios y ya veremos que también las tarifas.

Mientras esto ocurre, 60 buses nuevos del “Puma Katari” están “guardados”, sin explicación alguna de las razones de ese confinamiento, y los buses que operan, en uno de los mejores servicios que tiene la ciudad, no pueden circular por rutas de mayor demanda porque los choferes sindicalizados, que parece son parte de su base electoral, no permiten que el transporte masivo cumpla su función sirviendo en esas rutas.

Caos vehicular en la ciudad, uno de los más acuciantes problemas de la ciudad. Crear un sistema de transporte masivo fue el primer paso para avanzar hacia una solución. (Fotografías: Agencia Municipal de Noticias-arriba der.; El Diario-abajo)

Da la impresión que no recorre las calles de La Paz o los amortiguadores de su vehículo son de otro mundo y no le permiten notar que las vías están de terror, llenas de huecos y con el asfalto levantado. El trazado y dimensionado de vías no son correctos, a pesar de que el GAMLP ha impulsado, con la cooperación internacional, la elaboración de dos manuales para el diseño vial; estas deficiencias de diseño y trazo facilitan el mal uso y la circulación desordenada y caprichosa de vehículos. El urbanismo táctico podría mostrar soluciones con pocos recursos (si no los gastamos en “dos ‘cholets’ para 1,500 personas cada uno”). Y también está la obligación de mirar hacia adelante y planificar, previendo impactos sobre la estructura vial, para garantizar su funcionalidad y la interconexión eficiente de la ciudad en el área metropolitana y la región.

Los manuales con los que cuenta el GAMLP para el correcto diseño y dimensionado de vías y cuyo uso no solamente permitiría mejorar la movilidad urbana si no también optimizar el espacio público.

El mal estado de las vías y las deficiencias de trazo y dimensionamiento incrementan las dificultades que ya todos sobrellevamos con el caos del transporte, incluido el privado, porque, como ni el estado respeta las leyes y la institucionalidad ha sido destruida, todos hacen lo que les da la gana; la educación vial y el control municipal han pasado a un plano de olvido, no obstante, las enormes y diarias muestras de “incivilidad” que campean por la urbe.

Hubo un tiempo que el estacionamiento vehicular comenzó a ordenarse, pero esto que era bueno se perdió ¿sabe usted que la restricción de “comodidades” al transporte privado puede incentivar el uso del transporte público? También aplicar la estrategia de centralidades y la desconcentración de funciones permitirían ordenar el transporte, facilitarían a los vecinos el acceso a servicios y harían más amigable a la ciudad abriendo camino a la sostenibilidad (posible de iniciarse si no gastamos, en tiempos de crisis, los recursos en “espacio para conciertos para 5,000 personas”).

El espacio público y las áreas verdes no solamente son deficitarios y de insuficiente calidad, sino que, además, son ocupados sin ningún control, los “gremiales” (que también parece son parte de su base electoral) prácticamente han tomado la ciudad y sigue incrementándose el asentamiento de comercio informal sin ningún control. Si ahorramos el costo de un monumento de 70 metros que, estoy seguro, Jesús con su humildad y amor no lo pide, además de ahorrar lo que demande la remodelación (que no es lo mismo que mantenimiento) de una plaza que ya es tradicional por su diseño, que está en buen estado, la Plaza Abaroa, con esos recursos podemos encarar la generación de nuevos espacios públicos y áreas verdes, ordenar el espacio público existente, preservar las áreas protegidas, etc.

Varias muestras de la ocupación indiscriminada de los espacios peatonales por comercio informal e incluso formal, que no permite circulación segura en una ciudad que ya tiene características que la hacen poco amigable para el peatón en muchos lugares y presenta deficiencias para la inclusión. (Imagen elaboración con fotografías de: Diario Página Siete-arriba; El Diario-centro izquierda; Guardiana-centro derecha; Guardiana-abajo izquierda; propia J. Valenzuela-abajo derecha)

Finalmente, se necesitan recursos, posiblemente los que se invertirían en la iglesia, innecesaria porque el Señor del Gran Poder ya tiene su templo, para mejorar las acciones de fiscalización y control de cumplimiento de la norma y garantizar el buen uso del suelo y la calidad de vida de la población, evitando el avasallamiento de la ley por el interés económico del inescrupuloso negocio inmobiliario que, a pesar del escándalo del reciente pasado, sigue avanzando en su afán de destruir esta hermosa ciudad y ahogar a su gente en un pésimo ambiente urbano.

Nuevamente le pregunto, señor alcalde, la ciudad de La Paz ¿necesita de monumentos, salones, arenas e iglesias, inversiones superfluas, frente a los graves problemas que debe encarar?

Fotografía destacada o de cabecera de Ronal Perez, publicada en La Paz en Fotografía

¿Se confirma el avasallamiento de propiedad pública?

Hace un año publiqué en este blog un artículo referido a la expansión de la ciudad de La Paz y la necesidad y condiciones de su densificación, mostrando cómo el mercado inmobiliario, cada vez más irresponsable, determina esa expansión, atropellando o adelantándose a cualquier intento de planificación en busca de beneficio inmediato y con total falta de preocupación por la sostenibilidad de esta hermosa ciudad.

(Ver: https://jorge-valenzuela.blog/2021/10/14/expansion-y-densificacion/).

En ese mismo artículo de la entrada de octubre de 2021, muestro cómo el mercado inmobiliario invade áreas destinadas a preservación del paisaje natural, a forestación o a áreas verdes al amparo de irregularidades generadas por la indefinición de límites del territorio municipal, la politiquería barata y la irresponsable gestión del territorio en los municipios involucrados.

En otra entrega de este blog me refería al avasallamiento de la propiedad municipal (propiedad pública, derecho de todos), preocupado por la destrucción del paisaje, por el avasallamiento de esa propiedad pública, pero más preocupado aún porque esa ocupación de tierras, en muchos de los casos, si no en todos, cuenta con “documentación legal” los más con base en “títulos agrarios”. Partamos de lo siguiente:

La Ley de Reforma Agraria (1953), al referirse a la “propiedad agraria” y sus formas, en su Artículo 4 define que “pertenecen al dominio patrimonial del Estado las tierras baldías, las que reviertan por caducidad de concesión o por cualquier otro concepto, las tierras vacantes que se hallan fuera del radio urbano de las poblaciones…”. Entiéndase por tierras baldías y tierras vacantes aquellas áreas no aptas para la actividad agropecuaria, tales como cerros, taludes, tierras con pendientes elevadas, aires de río, etc.

(Ver: https://jorge-valenzuela.blog/2018/12/05/avasallando-la-propiedad-publica/)

Una publicación en la primera plana del diario Página Siete de hoy, 19 de 0ctubre de 2022 confirma las razones de mi preocupación, pero, además, debiera generar preocupación y medidas de parte de las autoridades municipales. La noticia del diario publica una “revelación” del gobierno respecto a que, de los 2,3 millones de títulos agrarios emitidos por el INRA, “1,5 millones de títulos se dieron a tierras improductivas”, a pesar de lo que hace 70 años determinó la Ley de Reforma Agraria vigente. Está claro que no existe, por efecto de la politiquería barata, interés alguno del nivel central del estado por coordinar con el nivel municipal y coadyuvar a los esfuerzos municipales para una ocupación del territorio que garantice la sostenibilidad de las ciudades del país, de todas, no solamente de La Paz.

Los cerros de la foto están marcados (o lo estuvieron en algún momento) en los planos de la Ley de Usos del Suelo Urbano (LUSU) como Áreas Protegidas, lo que no fue ningún óbice para la ocupación de esas áreas con urbanizaciones promovidas por el sector privado (rectángulos rojos). (Fotografía: Jorge Valenzuela)

Que más del 65% de títulos agrarios correspondan a “tierras improductivas” no solamente molesta y preocupa por el engaño del que son objeto los destinatarios de esas tierras, si no porque molesta y preocupa la percepción clara de corrupción y manejo irresponsable del recurso tierra, recurso fundamental para la seguridad alimentaria, a pesar que los perpetradores del engaño, por años, se han llenado la boca con discursos como los de “independencia alimentaria”, “respeto por la madre tierra” y “economía comunitaria”.

En la imagen satelital (arriba) se marca con el óvalo celeste la construcción de un nuevo hospital en la Av. Zabaleta (esperemos se tomen las medidas necesarias para mitigar seguros impactos sobre el área), esta construcción «despertó el interés» de familias que no tardaron en reclamar «derecho propietario» sobre áreas, marcadas con el rectángulo rojo en las fotos (imágenes de abajo) que, además de ser «aires de río» (el Río Orkojahuira está embovedado debajo de la avenida) son taludes de la meseta de Miraflores que, por su ubicación, características y topografía, claramente son áreas de propiedad pública, pero si se atreven a reclamar derechos….. «algún papelito» debe haber por ahí y nada raro que el origen sea uno de los «títulos agrarios» de los 1,5 millones. (Fotografías: elaboración propia sobre imagen de Google Earth-arriba. Jorge Valenzuela-abajo)

Pero también debe recordarse que, por lo general, de los títulos agrarios parten los argumentos de “documentación legal” de los que ocupan tierras y áreas, incluso con características de constructibilidad de alto riesgo o áreas que, los esfuerzos por planificar y la norma emergente de dichos esfuerzos, establecen como “no edificables”, como “aires de río”, como “reservas naturales y paisajísticas” o “áreas verdes”. Como el registro de propiedad en Derechos Reales inscribía, hasta hace poco, propiedades carentes de georreferenciación, de información clara de ubicación o catastral (posiblemente se sigue haciendo respecto de propiedades alejadas en áreas rurales), los títulos agrarios podían presentarse con supuesta ubicación en áreas urbanas, dando paso a la especulación y a la libertad de acción del negocio inmobiliario irresponsable para ocupar suelo a su antojo. ¿Cuántos de esos “1,5 millones de títulos” servirán y sirvieron para atentar a la sostenibilidad del desarrollo de las ciudades?

¿Cómo puede permitirse la ejecución de trabajos de este tipo en áreas que forman parte del patrimonio natural urbano? (Fotografías de Cynthia Patiño, publicadas en Facebook)

La imagen destacada o de cabecera es una toma de pantalla de la primera plana del diario Página Siete publicada en su cuenta de Facebook; en la imagen se han cubierto otros titulares e imágenes de publicidad.

LA PAZ, DENSIFICACIÓN NECESARIA, PERO… ¿CÓMO?

El 14 de octubre de 2021 publiqué en este blog una entrada sobre la expansión y la densificación de la ciudad de La Paz en el que resaltaba las deficiencias de la norma para una densificación adecuada a la necesidad de las mejores condiciones de vida a las que la población aspira y que la ciudad debe ofrecerle.

(Ver: https://jorge-valenzuela.blog/2021/10/14/expansion-y-densificacion/)

El 9 de septiembre pasado el Concejo Municipal de La Paz, en un proceso lleno de irregularidades procedimentales, demostradas públicamente por la presidente de ese organismo legislativo, aprobó una Ordenanza Municipal que busca introducir modificaciones a la Ley de Usos del Suelo Urbano (LUSU) con el argumento de una necesaria densificación, argumento que ahora cambia a la necesidad de romper un supuesto “monopolio en la construcción de edificios de altura” que se habría desarrollado desde las condiciones normativas de la LUSU (personalmente no me imagino cómo), según expresiones del secretario del Concejo en varias declaraciones y entrevistas públicas, constituyéndose en una acérrimo defensor de un atentado contra la ciudad.

Las primeras páginas de los documentos de la Ordenanza Municipal «aprobada» por el Concejo Municipal el 9 de septiembre pasado, mismos que circularon, con alarma, en las redes sociales al día siguiente.

La densificación es una herramienta valiosa, parte de una estrategia de intervención integral en la ciudad, para lograr la visión expresada en el Plan La Paz 2040 (uno de los pocos esfuerzos de planificación lograda) de una ciudad compacta, policéntrica y sostenible. Está claro que es valiosa frente a las posibilidades de una ciudad como La Paz, consolidada y con escasez de áreas para una expansión racional, con muy poca disponibilidad de tierras aptas para espacios públicos, áreas verdes funcionales y construir equipamientos, estas posibilidades parecen muy limitadas, por ello, se requiere de planificación, voluntad política (no politiquería barata), apoyo gubernamental (el gobierno central es nuestro inquilino) y responsabilidad profesional, empresarial y ciudadana.

La densificación no se logra con una alegre modificación de las cartillas normativas, incrementando entre dos y cuatro veces la altura posible de edificaciones prevista en la norma vigente, la densificación no es construir bloques de cemento más grandes, la densificación implica gente, familias con aspiración de mejor calidad de vida, que buscan oportunidades de desarrollo social y personal, no oportunidades para “constructores” del mercado inmobiliario que quieren hacernos creer que rompen un supuesto monopolio para beneficio de la ciudad.

Proyectos de vivienda de alta densidad, con soluciones que no parecen ser adecuadas a una buena calidad de vida y que, parece ser, están ocupando áreas que la norma considera de reserva forestal áreas verdes o áreas protegidas. (Fotos: arriba, izquierda Google Earth, derecha Jorge Valenzuela, abajo Guadalupe Dorado Quiroga).

La densificación parte de lograr centros (estrategia de centralidades) que acerquen los servicios sociales (educación, salud, gestión, recreación, cultura) al vecino (gente, familias), mejorando la movilidad urbana, agrupando a las comunidades, generando seguridad, emprendimientos y cohesión social. Desde estos centros, de su consolidación y de su función, casi de manera natural, se provoca y se demanda la densificación planificada, normada y controlada. Implica un proceso de análisis y planificación en el que se detectan áreas de concentración de actividades (ya lo hizo el Programa de Centralidades del GAMLP) y en el que la información censal, por distritos, permitiría detectar y entender, en esas áreas, tendencias de ocupación para medir las posibilidades y requerimientos de la densificación.

La densificación responsable no se logra reduciendo o eliminando en la norma el requerimiento de retiros, peor si se lo hace para edificaciones de altura (20 pisos y más en las cartillas de la ordenanza que se pretende aprobar) y tampoco eliminando de la norma el requerimiento de área mínima verde (un buen logro, aunque débil, de la LUSU vigente). El retiro y el área mínima verde crean el volumen de aire, el espacio libre y la vegetación que benefician al ambiente (asoleamiento, ventilación, climatización) de los espacios funcionales privados (vivienda, oficinas, otros), son el aporte privado al ambiente urbano que a su vez favorece a la calidad de vida de todos sus habitantes.

Una de las cartillas «aprobadas» por el Concejo Municipal para el Distrito 18. En la LUSU no existe patrón de asentamiento 5 en el Distrito 18, la ordenanza lo crea, además como construcción pareada (5P), es decir, puede no dejar retiro a un lado del predio; la cartilla de patrón 5 en otros distritos permite un Área Máxima a Edificar (AME) de 500% de la superficie del terreno, esta cartilla indica un AME de **1750 %**!!!, lo que permitiría construir un edificio de 25 pisos o más **SIN OBLIGACIÓN DE RETIROS** o retiro de 2 metros!!! si se deseara abrir ventanas. En un terreno de 1,000 m2 podría hacerse un edificio de 17,500 m2 construidos, posiblemente entre 80 a 90 unidades de vivienda **SIN ESTACIONAMIENTO VEHICULAR**!!!, o sea, 80 a 90 vehículos más a parqueo en calles donde ya no cabe más parqueo. (Foto: Documento que circula en las redes sociales)

Densidad de población, señores del Concejo Municipal, es la relación de un número de personas (gente, familias) sobre una unidad de superficie del territorio, no más bloques o edificios más altos. Efectivamente, un número mayor de personas requiere una mayor cantidad de viviendas, pero vivienda no solo es la casa o el departamento, la vivienda es un concepto tan amplio como claro, además de con la casa o el departamento, se hace con los servicios para sus habitantes, educación para niños y jóvenes, salud para todos, espacios para el trabajo, la cultura, la recreación, el abastecimiento, se hace con movilidad (vías y medios de transporte), gestión al alcance, espacio público y áreas verdes.

Un edificio de vivienda, aparentemente construido en apego a la norma vigente; carece de áreas verdes. Evidentemente, la norma debe ser revisada pero con rigurosidad técnica y apuntando a mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad de la ciudad. (Foto: Jorge Valenzuela)

La calidad de la vivienda depende también de los servicios básicos (agua, alcantarillado, energía, drenaje pluvial, comunicaciones). No hay mucha información respecto del estado de las redes, salvo la creciente maraña de cables aéreos que está a la vista, dado que, en los últimos 20 años, se ha incrementado, bajo las condiciones de la norma vigente, la construcción de edificios en altura, de hecho, muchas áreas de la ciudad se han densificado; sin embargo, cualquier proceso de densificación, incluso el que se viene dando en estos últimos años, para considerarse responsable, debe evaluar y dimensionar la capacidad de las redes de los servicios básicos y su requerimiento para servir a una mayor cantidad de población (gente, familias).

Área de San Miguel, sobre la que apunta una parte de la modificación de la norma «aprobada» en el Concejo Municipal, incrementando el volumen de construcción y eliminando el requerimiento de espacios de parqueo (Foto: Jorge Valenzuela)

Uno de los problemas más complejos de la ciudad está en la movilidad urbana, aunque se tiene una infraestructura aceptable y, en muchos sectores, más que suficiente; sin embrago los problemas de congestionamiento y desorden en el espacio público son evidentes. Este tema lo traté en la entrada de este blog (21 de julio pasado. Ver: https://jorge-valenzuela.blog/2022/07/21/movilidad-urbana-en-la-paz-puede-mejorar) pero queda claro que no se les haría ningún favor a los intentos de encarar soluciones eliminando la exigencia normativa de número mínimo de parqueos contenida en la LUSU, más aún si se trata de nuevas edificaciones de más de 20 pisos, como se propone en la ordenanza tratada en el Concejo Municipal. A pesar de que los edificios cuentan con espacios de parqueo, en respuesta a la norma vigente, el problema de estacionamiento vehicular es muy grande y provoca enormes dificultades a la movilidad urbana, especialmente en la Zona Sur, donde la irresponsable propuesta normativa pretende intervenir.

Todo esto es parte de la vivienda y sus características y condición hacen a la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, por eso, modificar cartillas normativas de la LUSU, sin ninguna rigurosidad técnica, como pretende hacerlo el Concejo Municipal, para favorecer al mercado inmobiliario con la construcción de edificios más altos, con menos restricciones y con condiciones deplorables para el ambiente urbano no puede ser aceptada por la población y debe ser evitada por la autoridad competente.

Movilidad Urbana en La Paz ¿puede mejorar?

Al iniciar este “blog” Haciendo Ciudad, hace cuatro años, hice notar los que, en mi concepto, son los problemas más acuciantes de la ciudad de La Paz que están referidos a estos aspectos: 1) sanidad-medio ambiente, 2) movilidad urbana y 3) espacio público-áreas verdes. Sobre el primero, lo que se ha hecho desde entonces es seguir embovedando ríos. Respecto de la movilidad, además de haberse quemado 66 buses del sistema «La Paz-Bus», se están construyendo y se han concluido viaductos que han demostrado, hasta ahora, poca efectividad apuntándose, además, a una avenida sobre el “nuevo embovedado” del Río Choqueyapu, afectando a la sanidad y al medio ambiente. En cuanto al déficit y mal uso del espacio público y áreas verdes, se ha incrementado exponencialmente el comercio en vía pública, se han plantado muchos árboles, lo cual es bueno, pero también se han descuidado, incluso abandonado, muchos jardines y áreas verdes y se ha incrementado la invasión de áreas protegidas, incluida la quema de vegetación.

Estuve conversando con mis alumnos de la universidad y recibiendo sus trabajos y percepciones sobre la movilidad urbana, lo que me llevó a que en esta entrega quiera tocar nuevamente el tema porque, luego del confinamiento, personalmente alargado por voluntad propia, debido a la pandemia, salir a recorrer la ciudad me ha revelado el recrudecimiento de los problemas de movilidad y considero necesario referirme a lo que considero los causa y esbozar algunas ideas para generar posibles soluciones.

Transporte “público” caótico

El transporte realizado por miles de minibuses, incluidos en cientos de líneas (a la vez rutas), cuyas rutas muchas veces cambian según capricho o necesidad del conductor, es un servicio público proporcionado por privados, sindicalizados, organizados y con mucho poder frente a la autoridad, en este caso municipal y a la ciudadanía que no tiene más remedio que recurrir a este servicio. Este sistema de transporte es, indudablemente, “masivo” por la demanda que cubre, pero absolutamente ineficiente en el marco de lo que debiera considerarse un sistema de transporte público masivo por la poca capacidad de sus vehículos y la enorme cantidad de éstos en las vías de la ciudad. El transporte público de “La Paz-Bus” (buses “Pumakatari”) no puede absorber mucha más demanda porque las rutas que debe seguir no son las adecuadas a la eficiencia que su capacidad permitiría, precisamente por presión e imposición del transporte sindicalizado.

Congestión de tráfico en la Avenida Mariscal Santa Cruz en el centro de la ciudad de La Paz. Si se observa la fotografía, claramente se ve que la posible presencia de vehículos privados (familiares, personales) es mínima, si la hay, la enorme mayoría son vehículos privados de «transporte público» (minibuses, micros, «trufis», taxis, etc.). (Fotografía de El Diario).

Concentración de actividades en el centro

El Macrodistrito Centro (Mactrodistrito 7) del área urbana del Municipio de La Paz, conformado por los Distritos 1 (centro tradicional extendido) y 2 (Miraflores), alberga, aproximadamente, el 8% de la población urbana y más del 19% de los equipamientos sociales que prestan servicios de educación, salud, cultura, abastecimiento, etc.; de este porcentaje, en el Distrito 1 se concentra el 64% de dichos equipamientos y en el Distrito 2 está la mayor concentración de servicios de salud de la ciudad, incluidos los más importantes hospitales de tercer nivel.

Colindando con el Distrito 1, muy cerca, en el Distrito 3 (Sopocachi) también se observa una concentración de equipamientos de educación y en el Distrito 6 (San Pedro) se encuentra el Mercado Rodriguez y otros mercados y tambos de un conjunto comercial que, desde el período colonial, constituyen el centro de abasto más concurrido de la ciudad. El comercio informal junto al comercio formal son parte muy importante de esta concentración de actividades en el área central de la ciudad.

El Mercado Rodriguez, otros mercados más pequeños y tambos forman un conjunto comercial muy importante; funciona todos los días y el fin de semana ocupa las calles adyacentes cerrando totalmente las vías a la circulación vehicular. Es un centro de abastecimiento importante y funciona prácticamente como centro de acopio urbano. (fotografíasGAMLP).

A los servicios considerados en este análisis debe añadirse los servicios de gestión, tanto del nivel central del estado como los de los niveles departamental y municipal, así como servicios generados por el sector privado, aunque éstos, por lo general, ya han generado desconcentración, especialmente la banca y el sector empresarial.

El flujo de personas en busca de servicios, desde diferentes puntos de la ciudad hacia este centro, así como el de comerciantes y trabajadores que, además desde las laderas y desde otros distritos, proceden de El Alto y del área metropolitana, generan una demanda enorme de transporte. “En efecto, las personas que se trasladan desde El Alto hacia la ciudad de La Paz, en horas pico se han estimado en 20,196 por hora y 7,071 desde La Paz hacia El Alto”.[1] Asimismo, René Pereira indica: “El Plan Urbano de Tráfico y Transporte estima por conteos realizados durante dos años, que cerca de 130 mil alteños llegan o pasan por el Casco Urbano Central diariamente, cifra que equivale al 20% de la población de El Alto (Urquizo, 2004)”.[2]

Concentración de actividades de gestión, servicios, cultura, comercio, etc. en el centro urbano de La Paz.

Considerando que “los servicios y comercio son la principal actividad”, René Pereira muestra que el 28% de estas actividades se concentran en el Macrodistrito Centro, 23% en el Macrodistrito Max Paredes y 20% en Cotahuma, según el Censo de Actividades Económicas del Municipio de La Paz realizado el 2007.[3]“El estudio Diagonal-CEP, 2004 indica que, de los 4.346 comerciantes en la vía pública identificados, solamente un 6.6% residen en el denominado Casco Urbano Central”[4], este mismo estudio muestra que 36% de dichos comerciantes proceden de El Alto y que 53,8% de ellos proceden de las laderas de la ciudad de La Paz.

Diseño y dimensionado de vías.

En 2015, la Cooperación Suiza en Bolivia, la Fundación Swisscontact y Proyecto Aire Limpio publicaron el “Manual de Diseño de Calles para las Ciudades Bolivianas” y en 2018 el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con apoyo de la Cooperación Suiza-Swisscontact, publicó el “Manual de Diseño Vial La Paz”, ambos documentos establecen las pautas y lineamientos para el dimensionamiento y diseño adecuados de vías.

Si se analiza el diseño y el dimensionado actual del sistema vial de la ciudad a la luz de dichos documentos y con base en la observación de lo que ocurre en la realidad, se puede comprobar que gran parte de la red vial de la ciudad no responde a las características y dimensiones contenidas en los manuales, muchas calzadas están sobredimensionadas, los trazos de vías o los radios de giro no son los correctos, lo que da paso a un uso inadecuado por parte de conductores, posibilitando maniobras indebidas, estacionamiento vehicular arbitrario, “paradas” de transporte público a capricho del usuario y del transportista, en resumen, más razones para el caos y la congestión vehicular.

Arbitrariedad y falta de educación y control

Una primera experiencia, en mi concepto muy positiva, “la primera vía de tráfico calmado”[5], que incluyó trazo y dimensionamiento adecuados, con base en lo mencionado en el punto anterior, es la realizada en la Av. José Aguirre (Los Pinos); un muy buen intento de ordenamiento del flujo vehicular, de las paradas de transporte público, de los pasos peatonales y de espacios para estacionamiento temporal. Esta experiencia no funciona de manera totalmente efectiva por dos razones: la primera es que su diseño e implementación no consideraron la participación vecinal, lo que hubiera permitido adecuarlos mejor a los requerimientos de los usuarios y la segunda es la arbitrariedad de conductores y usuarios en el uso de sus elementos funcionales.

El proyecto Zona de Tráfico Calmado en la Av. José Aguirre de Los Pinos, en la Zona Sur.

En esta avenida, diseñada para una adecuada funcionalidad, la “parada” de transporte público, minibuses, “trufis” y taxis responde al capricho de los usuarios, pasajeros y conductores, que no consideran que se han distribuido bahías para ese propósito a fin de evitar la interrupción del flujo, solamente los usuarios y conductores de los buses “Pumakatari” respetan las paradas asignadas. Los conductores y operarios de vehículos de las empresas que abastecen a los múltiples comercios distribuidos a lo largo de la avenida, así como los clientes de éstos tampoco respetan las condiciones que el diseño ha propuesto para ese fin y realizan su labor a cualquier hora o estacionan vehículos particulares sin importarles la interrupción del flujo vehicular.

Estacionamiento en lugar no permitido (izq.), ocupación de la vía peatonal por parte del comercio informal (centro), parada de transporte en cualquier parte y ocupación de la acera como estacionamiento vehicular, la arbitrariedad de conductores, usuarios y comerciantes está por toda la ciudad.

En muchos sectores de la ciudad, además de la arbitrariedad en las “paradas” del transporte público, son actitudes muy comunes de usuarios y conductores el “estacionamiento en doble fila”, no respetar las señales de tránsito, peor aún, no respetar las señales de semáforo, desconocer la presencia de pasos de cebra y pasos peatonales, estacionar en lugares no permitidos considerando las luces de parada como elementos mágicos para la “desmaterialización” del vehículo que interrumpe el flujo normal y crea condiciones para el caos y la inseguridad.

La falta de control frente a estos atropellos es un problema grave, parece no existir control alguno porque la arbitrariedad aparenta ser una condición aceptada, aunque también debe reconocerse que dicho control se dificulta por la prepotencia de muchos usuarios que llegan incluso a la agresión contra funcionarios cuya labor es la de apoyar al orden y vigilar el cumplimiento de la normativa.

Bosquejando soluciones

Cada vez que tengo la oportunidad de expresarme en eventos profesionales lo digo y lo repito, solucionar los problemas de movilidad (y otros) requiere “cambiar la ciudad”, reestructurarla física y funcionalmente. La “ciudad compacta y policéntrica” propuesta por Richard Rogers[6] y visualizada para esta ciudad en el “Plan La Paz 2040”, es factible y muy pocas ciudades deben tener las condiciones más favorables para ello como la ciudad de La Paz las tiene. Su topografía y su población han establecido núcleos variados de concentración de actividades, aparte del centro tradicional, que son la semilla para consolidar, fortalecer y generar nuevas centralidades.

Centralidades urbanas, más allá de un programa municipal, debiera ser la estrategia de intervención más importante para posibilitar condiciones de sostenibilidad para La Paz, ya que, al promover la desconcentración de servicios facilita la accesibilidad de la población a los mismos, reduce distancias y tiempos de desplazamiento, por tanto reduce la demanda de transporte y puede fomentar el uso de medios alternativos no motorizados, todo esto se traduce en mejores condiciones para solucionar los problemas de movilidad urbana.

Gráfico de las Centralidades Urbanas detectadas, elaborado por el Gobierno Municipal (izq.). Las imágenes de la derecha son visualizaciones de los equipamientos de centralidades generadas para promover los concursos de diseño que el Programa de Centralidades ha organizado con éxito de participación. Considero que, más allá de la calidad de los diseños y propuestas, no se ha encarado la desconcentración de actividades ni la descentralización de los servicios de gestión estatal.

Aplicar la estrategia de consolidar nuevas centralidades urbanas dinamizaría las zonas y crearía condiciones para reforzar el sentido de pertenencia y de identidad, posibilitaría nuevos espacios para la convivencia y socialización y nuevos emprendimientos de los vecinos, lo que serían buenas oportunidades para reducir el déficit de espacio público. Pero esta estrategia requiere de voluntad política, fundamentalmente de parte del nivel central del Estado, para desconcentrar los servicios de gestión, lo cual no parece ser de interés de este inquilino de la ciudad que en los últimos años ha construido, sigue haciéndolo, grandes infraestructuras de oficinas que no hacen otra cosa que fortalecer la concentración y centralización.

Es indudable que las nuevas soluciones para el tráfico, que surjan de la consolidación y funcionamiento de las nuevas centralidades, exigirán una sustancial mejora del transporte público masivo, mejora que deberá basarse en una planificación que busque el bien común y desarrollada en un proceso que incluya la, difícil pero no imposible, participación conjunta del transporte sindicalizado y del gobierno municipal, en la que se generarían nuevas condiciones para los distintos modos de transporte y su integración en un servicio de calidad para toda la población.

Las construcciones realizadas por el nivel central del Estado en los últimos cinco a seis años sin ninguna consideración con el impacto sobre la ciudad y destruyendo patrimonio arquitectónico. En la foto de abajo a la izquierda se ve la nueva torre, **la tercera**, construida para el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz demostrando la total ausencia de voluntad para desconcentrar servicios, en este caso uno de los servicios que mayor desconcentración demanda por la cantidad de trámites que genera.

Está claro que tenemos infraestructura, una red vial que, si bien debemos evaluar y corregir constantemente, funciona, aunque lo haga con defectos. Se debe evaluar conscientemente la necesidad de más vías y más infraestructura para el transporte a fin de definir claramente su necesidad, dimensión y funcionalidad frente a otras soluciones que pueden ser tan o más efectivas con menos inversión; “ampliar el número de vías de una autopista para reducir la congestión vial es como aflojar el cinturón para resolver la obesidad”.[7] Redimensionar las vías, fundamentalmente las calzadas, ajustando sus medidas y capacidad con base en el contenido de las guías mencionadas líneas arriba, crear puntos de parada para el transporte público, bahías de estacionamiento temporal en lugares adecuados a su necesidad, incluir señalización vertical y horizontal, reglamentar horarios y lugares para el abastecimiento a comercios, son soluciones que pueden aportar con mucho a una mejor movilidad urbana. Ver en este blog: https://jorge-valenzuela.blog/2021/07/08/sistema-vial-de-la-paz-ver-al-futuro-es-imperativo/

Los manuales elaborados y publicados con apoyo de la Cooperación Suiza son importantes documentos para diseñar y dimensionar adecuadamente el sistema vial para optimizar su funcionamiento.

Un dimensionamiento correcto de las calzadas, mejoraría en mucho las características del espacio público para el peatón y si, además de las nuevas centralidades y un dimensionamiento correcto de calzadas, se buscan, piensan, evalúan e implementan, considerando la topografía del territorio, elementos de infraestructura para facilitar la circulación peatonal y el uso de medios de transporte no motorizado, sin dejar de lado la posibilidad de peatonalizar, con base a estudio, áreas del centro urbano, lograríamos condiciones para una ciudad acogedora, reduciendo la dependencia del automóvil, permitiendo, como dijo el urbanista Lewis Mumford, “restaurar las piernas humanas como un medio de transporte. Los peatones dependen de alimentos para combustible y no necesitan aparcamiento especial”.[8]

Frente a las actitudes de conductores, usuarios y personas en general, debe preocuparnos, primero, la pérdida de valores en la sociedad, no hay conciencia de las responsabilidades ciudadanas, avergüenza la corrupción y que ésta se haya filtrado a toda la sociedad desde el poder, muchos creen que tienen derecho a hacer todo y cualquier cosa, sin importar el efecto de sus acciones sobre los demás y sobre la calidad de vida y de ambiente en la ciudad; olvidan que “los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos del otro” haciendo gala de prepotencia, incultura y ausencia de valores y pensando que todo se puede comprar.

También debe preocuparnos la falta de educación, enseñar a vivir en comunidad y en ciudad es una obligación del sistema educativo; la “instrucción cívica” debe ir mucho más allá del “respeto y amor a la patria y sus símbolos” y avanzar a inculcar valores éticos y de respeto, enseñar derechos y deberes en la relación con el otro y con la comunidad, enseñar, desde la escuela a vivir en la ciudad de todos y para todos. Avanzar en mejorar y fortalecer estas condiciones sociales responsabilidad del estado, de la familia y del individuo en su condición de ciudadano, funcionario, jefe de familia, profesional, comerciante, conductor, etc., responsabilidad de todos.

[1] Pereira, Morató René: “Uso del Espacio Público en la Ciudad de La Paz”, Temas Sociales Nº 28, 2008, Scielo, citando a Benavides (2006) en base al «Diagnóstico del Transporte y Vialidad de la Ciudad de El Alto» (GMEA, 1999).

[2] Pereira, Morató René: “Uso del Espacio Público en la Ciudad de La Paz”, Temas Sociales Nº 28, 2008, Scielo.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Gobierno Autónomo Municipal de La Paz-GAMLP

[6] Rogers, Richard: “Ciudades para un Pequeño Planeta”, 1997, Ed. G. Gili 2000.

[7] Lewis Mumford, citado por Alma A. Rodríguez en diario.mx, 28/06/2018

[8] https://quote-citation.com/es/topic/citas-de-lewis-mumford

“Regularización” a la medida del NEGOCIO contra la ciudad

La Ley Municipal Autonómica Nº 467, concebida para la regularización de edificios fuera de norma, fue aprobada por el Concejo Municipal el 15 de noviembre de 2021 y promulgada por el alcalde el 26 de noviembre de 2021; estas fechas son muy importantes para hacer un seguimiento de las acciones que debieran emprenderse en defensa de la ciudad y su sostenibilidad, defensa para la que fue redactada, aprobada, revisada y ajustada la vigente Ley de Usos del Suelo Urbano-LUSU, cuyo contenido “establece las normas que rigen el uso, clases y destino del suelo, patrones de asentamiento así como parámetros de edificación para la construcción en el territorio del Municipio de La Paz”[1].

Es posible que la LUSU sea, entre las normas municipales, la más vulnerada, afirmación que se confirma con datos contenidos en el propio texto de la Ley 467 (Exposición de Motivos) refiriéndose a que un “universo de trámites ascendía a 7.877 trámites pendientes, al momento de cierre de la entonces Unidad Gestora del Proceso de Regularización de Edificaciones Fuera de Norma (UGPRE) en la gestión 2018”[2]. Vulnerar las normas de ocupación del suelo y de parámetros de edificación en nuestra ciudad no es algo nuevo, lamentablemente se hace con frecuencia, sin ningún apego por el futuro de la ciudad y su medio ambiente urbano, por acción carente de valores éticos de vecinos, propietarios, promotores inmobiliarios y, más doloroso todavía, de profesionales. (Ver en este blog la entrada: “¿Cómo se administra la norma?” – https://jorge-valenzuela.blog/2020/03/19/como-se-administra-la-norma/).

Proyectos impuestos desde el Gobierno Central, vulnerando la norma, destruyendo el patrimonio arquitectónico y desconociendo las atribuciones del nivel municipal sobre la planificación de la ciudad.

También es preocupante que muchas de las acciones contrarias a la norma se realicen desde el estado, como lo hacen instituciones del gobierno central actuando como un pésimo inquilino de la ciudad. (Ver entrada: “Normativa para equipamientos… ¿Existe? ¿Se cumple?”- https://jorge-valenzuela.blog/2019/03/05/normativa-para-equipamientos-existe-se-cumple/). Por otro lado, extraña y confunde que desde la propia norma se generen “oportunidades” para atentar contra el ambiente urbano como la de “Ocupación Temporal de Retiros Frontales”, inexplicablemente contenida en el Artículo 23 de la LUSU o como la “conversión de la sanción de demolición en sanción de multa pecuniaria” contenida en el Artículo 22 de la Ley Municipal Autonómica 233 de Fiscalización Técnica Municipal. (Ver en este blog la entrada: “Fuera de Norma” – https://jorge-valenzuela.blog/2019/08/10/fuera-de-norma/)

Con esta introducción y volviendo a la Ley 467 (de Regularización), ésta, en sus Artículos 1 y 2 establece que sus disposiciones se aplicarán a las “edificaciones anteriores a la publicación de la presente Ley…”, por lo que debo expresar la primera preocupación. La Ley entró en vigencia el 26 de noviembre de 2021 y los mayores infractores y negociantes inmobiliarios, tres meses después, siguen promocionando sus proyectos fuera de norma, promoción pública, aunque de bastante mal gusto, muy difundida y, por lo que se ve en las redes sociales, despierta muchísimo interés en el público.

A la izquierda, gráficos de promoción en la redes sociales para la venta de departamentos en edificios en proyectos cuyas características están fuera de norma; arriba la promoción del Edificio «Las Loritas 10», cuyo proyecto muestra un excedente de 18 pisos respecto de lo que la norma le permite, publicada el 15 de marzo de 2022, abajo la propaganda de «Youths Buildings», publicada el 10 de marzo de 2022, cuyo proyecto excede en 10 plantas a lo que la norma le permite.

Si se promociona la venta de departamentos que, por efecto de la LUSU y, a pesar de la Ley 467, NO pueden existir porque los proyectos de los edificios que los contendrían no respetan la norma y no podrán ser regularizados, se está promocionando públicamente, con profusión y con descaro un FRAUDE. ¿No corresponde que las autoridades tomen cartas en el asunto? ¿Podría el Gobierno Municipal convertirse en cómplice de ese fraude si, sabiendo que lo que se promociona no responde a la normativa municipal, no hace nada para frenarlo? Con una promoción tan difundida ¿puede el GAMLP hacerse de la vista gorda frente a un abierto desafío a la legalidad de parte de estos negociantes? En ninguno de los casos incluidos en Artículo 4 de la Ley 467 estas “futuras edificaciones” tan ampliamente promovidas se prevé podrán ser objeto de regularización, por lo tanto, se confirma que promueven un engaño. (Ver en este blog la entrada: https://jorge-valenzuela.blog/2022/01/30/que-pasa-con-la-norma-no-hay-fiscalizacion/).

El mismo Artículo 4 de la Ley 467, en el inciso d) señala que el alcance de sus determinaciones alcanza a “edificaciones o predios que no hayan cumplido las disposiciones señalas en las cartillas normativas LUSU y no cumplan con los parámetros de edificación y no se encuentre dentro de las improcedencias conforme a la presente normativa” y en el Artículo 10 es “aplicable a todas las edificaciones que mínimamente se encuentren en obra gruesa que cuente con tabiquería o cualquier material constructivo que sirva como cerramiento perimetral y cubierta,…”. Estas determinaciones no solamente cierran cualquier posibilidad de regularizar “futuras construcciones” si no que también establecen límites para las que se iniciaron en el pasado.

Lo que no aclara la norma, y debió hacerlo, es que estas “edificaciones en obra gruesa” debieron haber detenido su ejecución desde la fecha de promulgación de la Ley para acogerse a sus beneficios aplicables, por lógica, solamente a lo construido y no a lo proyectado, dado que el proyecto no fue aprobado y la Ley 467 no prevé que pueda ser aprobado para su conclusión fuera de norma. Esta imprevisión de la norma da pie a que los negociantes continúen con su construcción, terminen el edificio fuera de norma y busquen acogerse a los beneficios de una “regularización” ilegal.

A la izquierda la imagen de propaganda y oferta de departamentos del Edificio «Las Loritas 7», publicada el 15 de marzo de 2022, a la derecha la imagen de la construcción del mismo edificio, publicada por el Diario Página Siete el 24 de enero de 2022, mostrando que después de la promulgación de la Ley 467 siguió el proceso de construcción de un proyecto fuera de norma que excede en más de 15 pisos a lo que la norma lo permite.

Pero decir que esta “regularización” está hecha a medida del negocio inmobiliario no es algo equivocado, ya que el Artículo 11 de la Ley 467 establece que “la regularización de construcciones, comprende los siguientes casos: a) Edificaciones sin planos aprobados que se encuentren fuera de norma por vulnerar uno o más parámetros de edificación de la cartilla normativa correspondiente.”[3] Lo que sin ninguna duda favorece a la aprobación de los planos de los proyectos fuera de norma cuando lo que correspondería sería aprobar planos que registren lo construido hasta obra gruesa antes de la fecha de promulgación de la Ley y nada que hubiera sido hecho posteriormente a la misma. Sin lugar a dudas, este procedimiento DEBE ser aclarado por el GAMLP.

Otro contenido de la Ley 467 “a medida del negocio” es que contempla un capítulo para la “conversión de la sanción de demolición a sanción de multa pecuniaria” (Capítulo VII) prevista en el Artículo 22 de la Ley Municipal 233 de Fiscalización y tres artículos (20, 21 y 22) referidos a infracciones sobre lo establecido en la LUSU y sus cartillas para Altura Máxima de Fachada (AMF), favoreciendo construcciones fuera de norma de más de 10 plantas y, por lo que se señala en ellos, prácticamente sin límite de altura en la infracción.

Aunque parezca redundante, se insiste en que la regularización aplica para construcciones en obra gruesa anteriores a la fecha de promulgación de la Ley, por lo que los proyectos en promoción (“Las Loritas 10”, “Youths Buildings” en Següencoma) no pueden ser parte de este proceso constituyéndose en promociones que podrían derivar en fraude.

La mayor ilegalidad se daría si el GAMLP aprobara estos proyectos ya que el primero (“Las Loritas 10”) promociona ¡26 plantas!!! Y si se considera que la Ley 467 establece que “las infracciones identificadas que hayan vulnerado la LUSU implicará de manera inmediata la pérdida de los incentivos contemplados en la cartilla correspondiente”, la infracción en este edificio alcanzaría a 20 plantas; en el caso del edificio en Següencoma (“Youths Buildings”) la infracción sería de 8 plantas. Esperemos que, con apego a la Ley, a la voluntad de hacer una ciudad mejor y a los valores éticos que se piden a ciudadanos y autoridades de gobierno, estas aprobaciones no se den y que, de una vez por todas, se frenen esas promociones.

Por otra parte, las sanciones pecuniarias que reemplazan a la de demolición alcanzarían, según los artículos 21 y 22, al 15% y al 30% del valor de la superficie en infracción de acuerdo con “el cuadro de Avalúo de las construcciones está establecido en la Ley Municipal Autonómica No. 344 de Zonificación y Valuación Zonal del Área Urbana del Municipio de La Paz, Tabla No. 4”, lo que en ningún caso favorecerá a evitar incumplimientos futuros, puesto que esos costos fácilmente se absorberán en los márgenes de utilidad de los negociantes inmobiliarios e, incluso, serán cargados al costo del inmueble para su venta al público y absorbidos por éste. La multa por este tipo de infracción, para promotores del negocio inmobiliario, debiera ser mucho más alta que el valor comercial de la superficie edificada fuera de norma si realmente se quiere frenar esta tendencia.

Verdaderamente causa desesperanza, preocupación y mucho temor por el futuro de la ciudad una inacción tan notoria por parte de la autoridad encargada de planificar y administrar ese futuro, ya bastante dañado por años de ineficiencia en la fiscalización de la aplicación de la norma, por años del accionar negativo de negociantes inmobiliarios y, tristemente, de profesionales faltos de ética y de una población que no ha alcanzado a entender las razones y necesidad de contar con las normas que buscan mejorar su calidad de vida y cumplirlas.

[1] Ley de Usos del Suelo Urbano-LUSU, Artículo 1. Objeto y Naturaleza

[2] Ley Municipal Autonómica Nº 467, Exposición de Motivos

[3] Ley Municipal Autonómica Nº 467, Artículo 11

La imagen destacada o de cabecera es de elaboración propia con imágenes de la promoción en redes sociales de los proyectos cuyas características están fuera de norma y la toma de pantalla de la Ley 467 publicada por https://es.scribd.com/

¿Qué pasa con la norma? No hay fiscalización!!!

A raíz de una publicación en la sección Sociedad del diario Página Siete en su edición del 24 de enero pasado (ver imagen destacada o de cabecera), se hace evidente que la entrada de este blog (18 de noviembre de 2021) con el título “¿Fiscalización Municipal?” tocaba un tema que debe preocupar de sobremanera.

Este es el titular y la foto destacada del artículo, publicado en la Sección Sociedad del Diario Página Siete en su edición de 24 de enero de 2022, que motivó esta entrega de Haciendo Ciudad. Fotografía: toma de pantalla de la página oficial del diario Página Siete paginasiete.bo

La Ley de Usos del Suelo Urbano (LUSU) contiene la normativa para asegurar una ordenada y, supuestamente, sostenible ocupación del suelo en el proceso de urbanización y crecimiento de la ciudad de La Paz. La LUSU establece, en el Artículo 2, referido al Ámbito de Aplicación que “Las disposiciones de la presente Ley son de carácter general y obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, incluidos los tres niveles de gobierno que realicen edificaciones o construcciones dentro del límite urbano del Municipio de La Paz”.[1]

Está claro que quienes estamos obligados al cumplimiento de dichas determinaciones somos TODOS los que habitamos en esta hermosa ciudad, pero también está claro que muchos no se sienten aludidos por la Ley y la necesidad de acatarla por el bien común y nuestra calidad de vida. Duele observar que sean las instituciones públicas de “los tres niveles de gobierno” las que creen estar al margen de estas obligaciones, ejemplos sobran, veamos el bodrio de la llamada “casa del pueblo” y la arbitraria destrucción del patrimonio, al mando del entonces vicepresidente que con mazo en mano se hizo fotografiar demoliendo buena arquitectura, para la construcción del “cubo” del legislativo bajo el discurso de “descolonización”. (Ver entrega de este blog con el título: “Normativa para equipamientos…. ¿Existe? ¿Se cumple?” – 5 de marzo de 2019).

Edificios promovidos por el nivel central del Estado que no fueron objeto de consulta ni aprobación municipal no obstante la atribución exclusiva que el gobierno municipal tiene sobre la planificación en su jurisdicción, como lo establece la Constitución Política del Estado.

Una parte del sector privado tampoco demuestra que en sus emprendimientos cumple con la obligación que le impone la Ley (ver entregas de este blog con los títulos: “Fuera de Norma!!!?” – 10 de agosto de 2019 y “¿Cómo se administra la norma?” – 19 de marzo de 2020) y por ello el tema obliga a esta nueva entrega ya que la preocupación por el futuro de la ciudad es muy grande frente al avasallamiento que sufren sus incipientes esfuerzos para lograr sostenibilidad. Lamentablemente, estas acciones negativas no solamente se dan en el incumplimiento de lo establecido en los patrones de asentamiento definidos por la LUSU, tampoco se respeta lo que la ley define para los usos del suelo (ver entrega de este blog con el título: “Avasallando la propiedad pública” – 5 de diciembre de 2018).

Es evidente que hay empresas privadas que desde hace rato se han dado a la tarea, en aras de su negocio inmobiliario, de reírse de la norma y de sus determinaciones y demostrar una total falta de respeto por la ciudad y sus habitantes que merecen acciones claras para mejorar la calidad del ambiente urbano y, por efecto, su calidad de vida. Seguramente hay muchas otras “personas naturales o jurídicas” que están haciendo lo mismo, pero no lo hacen con el enorme despliegue de promoción de su destructivo negocio como lo están haciendo esta empresa y otras ante, lo que parece, una preocupante pasividad del gobierno municipal.

El más observado de los proyectos, posiblemente porque fue la causa de alerta, el edificio «Las Loritas 10», en promoción para venta de 26 plantas, ubicado en un lugar (Calacoto) en el que la norma establece 6 plantas de altura y, si corresponde, aplicando incentivos, se puede llegar a un máximo de 8 plantas. Verdaderamente, el exceso de 18 plantas ya es una grosería imposible de «regularizar» con ninguna ley. Fotografías: Imagen promocional de la empresa publicada en internet (izq.); plano y cartilla de la LUSU (GAMLP, der.).

El artículo de Página Siete, mencionado al inicio, hace referencia a las varias transgresiones a la norma que proyectos construidos, en construcción y en promoción, transgresiones que pretenden justificarse, desde una empresa, con supuestos permisos otorgados por instancias gubernamentales de otros municipios, desconociendo la Ley N° 1669 del 31 de octubre de 1995 que establece la jurisdicción territorial del Municipio de La Paz, por tanto, cometen delito esas instancias municipales y la empresa que acude a ellas. Según la nota de Página Siete, este hecho delictivo es de conocimiento del GAMLP ya que menciona esta declaración: “‘Los permisos están en Palca o en Mecapaca’, sostuvo Arias[2] sin precisar la situación de cada una de las construcciones” y duele que, a pesar de ello no se tome medidas ante esta irregularidad y también ante la indefinición de límites en la que las relaciones de “oficialismo y oposición” hacen que la solución a este problema no se quiera tocar desde hace muchos años.

Otro edificio de la «serie Las Loritas», éste en construcción. Está ubicado en El Gramadal, donde la norma permite un máximo de 6 plantas y, observando la imagen promocional, el proyecto alcanza a 19 o 20 plantas, otro exceso que ninguna «norma de regularización» puede aceptar sin dejar un funesto precedente para el futuro de la ciudad. Fotografías: Imagen promocional de la empresa publicada en internet (arriba izq.); fotografía del Diario Página Siete de 24 de enero de 2022 (abajo izq.); plano y cartilla de la LUSU (GAMLP, der.).

La misma nota de prensa hace referencia al reclamo de los vecinos en las áreas donde se ubican los edificios fuera de norma y a la razón de “seguridad” que ellos plantean en su reclamo, problema que les preocupa obviamente, porque las definiciones de la norma también consideran el tema de seguridad como un factor para regular el asentamiento. Si una transgresión, apoyada en ilegal autorización de una instancia gubernamental de otro municipio, ocasionara un accidente o un evento de riesgo, sin ninguna duda, la alerta y las acciones para solucionar posibles efectos del mismo se convertirían en obligación del GAMLP, como ya lo hemos visto varias veces (ejemplo camino a Mallasilla hace algunos meses), con el argumento de las autoridades del otro municipio de “no tenemos maquinaria”, pero claro, sí tienen facilidad para otorgar falsas autorizaciones.

Otro edificio fuera de norma. Por los teléfonos de referencia que publica la imagen promocional, parece no ser parte de la «serie Las Loritas», por lo que se deduce corresponde a OTRA EMPRESA INFRACTORA que oferta 14 pisos en un lugar (Bajo Següencoma) en el que la norma permite un máximo de 6 plantas.

También preocupa que las autoridades municipales digan, respecto de los proyectos inmobiliarios fuera de norma de una empresa: “‘Las construcciones, según la numeración que ellos le dan, son nueve y se iniciaron durante la gestión anterior. Todas son una situación heredada, conocida y no atendida por la anterior gestión’”.[3] El proceso de fiscalización debe ser permanente, es cuestión de estado, no es de una u otra gestión y si una falló la otra debe corregir la falla, por el bien de la ciudad.

Las construcciones fuera de norma continúan en su proceso, avanzan, crecen y, se hayan iniciado hace años o recientemente, deben ser objeto de fiscalización, la fiscalización garantiza el cumplimiento de la norma y ésta la ocupación adecuada del territorio. ¿Cómo es eso de “No podemos pronunciarnos sobre la situación legal de los proyectos” porque “según el sistema de información territorial, no existen solicitudes de permisos de construcción a su nombre”?, la declaración figura en la nota periodística de Página Siete de 24 de enero, en la que se aclara que corresponde a Vladimir Ameller, Secretario Municipal de Planificación hasta “el 14 de enero pasado”. No habrá solicitudes de permisos, pero hay obras de construcción concluidas y en avance que están fuera de norma y grandes campañas de difusión de negocio inmobiliario que atentan contra la ciudad con ofertas de edificios cuyos proyectos están también fuera de norma; ¡¡¡observar estas irregularidades es FISCALIZACIÓN y ésta es una responsabilidad ineludible del GAMLP, en la actual, la anterior o cualquier otra gestión!!!

Toma de pantalla de la página oficial del Diario Página Siete (edición de 24 de enero de 2022) de cuyo texto se puede deducir que se habría considerado en el Concejo Municipal una «previsión» de infracción e impulsado una «nueva norma de regularización». Fotografía: toma de pantalla de la página oficial de Página Siete, edición 24 de enero de 2022, paginasiete.bo

Tampoco es posible que se acepten argumentos para justificar la infracción apoyados en una “norma de regularización”, como alegan los infractores, según nota del diario Página Siete: “‘Nuestras construcciones no son ilegales, hay una ley de regularización a la que nos estamos acogiendo’, sostiene Harold A. Lora Seoane (H.L.), gerente propietario de los edificios Las Loritas, en entrevista con Página Siete” (edición domingo 30 de enero de 2022). Aunque afirmen lo contrario SI son ilegales, y lo saben, si no lo fueran no estarían “acogiéndose a una regularización”. La experiencia ya ha demostrado que una “norma” como esa no hace otra cosa que “legalizar lo ilegal” y, además, abrir caminos para fomentar la irregularidad sin ningún beneficio para las mejores condiciones del desarrollo urbano.

Una afirmación que puede provocar risa, «no somos ilegales» y pretenden «REGULARIZAR» 6 EDIFICIOS FUERA DE NORMA!!! ¿No es eso una situación de ILEGALIDAD que se quiere «resolver» con una «sanción de multa pecuniaria» cuyo monto, seguramente, no hará mella en su negocio? Fotografía: toma de pantalla de la página oficial de Página Siete, edición 30 de enero de 2022, paginasiete.bo

Ya se está generalizando la actitud de infringir la ley y esperar la “norma de regularización” para legalizar la infracción, tal como lo demostré en la entrada con el título “Fuera de Norma!!!” (10 de agosto de 2019), infracciones grandes que acaban “legales” convirtiendo «la sanción de demolición en sanción de multa pecuniaria” (Artículo 22 de la Ley Municipal 233 y Artículo 85 de su Reglamento). Esta “monetización”, un ingreso a las arcas municipales, alcanza a montos que, para el ciudadano de a pie, parecen muy altos, pero para el infractor el monto, con seguridad, está dentro de sus márgenes de “riesgo” en su inversión, por lo que la única verdaderamente perjudicada es la ciudad.

Aunque la ley prevé la sanción, son claras las dificultades para llegar a una demolición de las áreas en infracción de las construcciones porque el GAMLP está abandonado por el sistema judicial (fiscales y jueces) que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, debiera apoyar plenamente a la fiscalización municipal para garantizar el cumplimiento de la ley. Sin posibilidad de demolición, las multas por infracción deben ser lo suficientemente fuertes como para evitar que los inversores inmobiliarios se sientan tentados a generar obra fuera de norma, por lo que la “monetización” que se utiliza debiera calcularse con base en la superficie de construcción fuera de norma y un precio por unidad de superficie superior al del valor comercial de la construcción, anulando cualquier posibilidad de negocio que pretenda aprovechar la infracción.

[1] Texto Ordenado Leyes Municipales Autonómicas Nros. 017 – 024 -050 -080, GAMLP.

[2] El artículo de prensa de Página Siete no aclara si se refiere al señor alcalde municipal Iván Arias.

[3] Diario Página Siete, Sección Sociedad, edición 24 de enero de 2022.

Imagen destacada o de cabecera: elaboración propia con fotografías de la campaña de promoción del edificio «Las Loritas 10» publicada en internet y de la nota de prensa de Página Siete en su edición de 24 de enero de 2022.

DEGRADANDO EL ESPACIO PÚBLICO DESDE EL ESTADO

Cuando se sale y se va al centro de la ciudad después de mucho tiempo, uno puede llevarse una desilusión como la que genera el observar el enorme incremento en la ocupación del espacio público por el comercio informal, pero también, como en este caso, sustos. El 17 de mayo de 2021 publiqué en este blog una “mini-entrada” con el título de “Espacio Público y rejas!!!” en el que afirmaba que “Cuando la DEMOCRACIA no funciona desde el gobierno … las rejas en los edificios públicos (una de las formas del espacio público urbano) se hacen una necesidad”, una preocupación que surgió al ver rejas en el acceso al auditorio del emblemático proyecto del Arq. Juan Carlos Calderón para el Centro de Comunicaciones de La Paz, hoy sede de ministerios y transformado en panel para propagandas, incluso luminosas, de bastante mal gusto. Aunque esto de la propaganda no es el tema de esta entrada, es interesante comentar que forma parte de la chabacanería de usos y costumbres muy propios de nuestra cultura popular y se trata de convertir cualquier objeto en una especie de traje folclórico de fiesta, algo bastante exacerbado en los últimos años.

La propaganda inserta sobre el edificio por organismos del Estado Central, en estos casos con características algo menos agresivas que en otras oportunidades, de las que no pudo enco0ntrarse imágenes.
Fotografías de la página del Centro de Comunicaciones de La Paz

Volviendo al hilo del tema, la sorpresa y el susto se presentaron cuando comprobé que las rejas habían hecho un importante avance para rodear TODO el edificio, corolario de una tarea de cerramiento que se inició también en los últimos años, uno de los muy pocos e incipientes cambios dentro del llamado “proceso de cambio”, haciendo, por alguna razón, de las rejas una necesidad.

Las primeras rejas se instalaron hacia 2008 cerrando el pequeño atrio del Auditorio y los accesos al espacio público creado por el Arq. Juan Carlos Calderón sobre la cubierta de Correos. El cierre, desde mi punto de vista innecesario, respondió a la instalación de «controles de seguridad», que bien pueden hacerse al interior del hall principal, pero el ejercicio de la democracia parece no ser el fuerte de los organismos estatales.
Fotografías: izquierda de Google Maps; derecha de Empresa SICO.

El sector del centro en el que se ubica el Centro de Comunicaciones es un lugar que claramente se identifica como un “nodo” entre los contenidos de la imagen de la ciudad concebidos por Kevin Lynch: “los nodos son los focos estratégicos a los que puede entrar el observador, tratándose típicamente de confluencias de sendas o de concentraciones de determinada característica”.[1] La confluencia de la Av. Mariscal Santa Cruz y la Av. Camacho (resultante del diseño del Arq. Emilio Villanueva) y las calles Oruro y Ayacucho es un área de mucha vitalidad y actividad, además de atractiva para el encuentro de personas merced a su forma y espacio abierto, la presencia de la Facultad de Ingeniería de la UMSA, del Club de La Paz, del edificio de valor histórico de la ex-COMIBOL, del Obelisco y del monumento al Soldado Desconocido e importante actividad comercial hacen de este sitio un verdadero nodo y muy importante en la ciudad.

El NODO de la Mariscal Santa Cruz-Camacho en imágenes satelitales de dos años distintos. A la izquierda, en la imagen de 2017, se ve el «atrio de Correos» abierto (óvalo rojo), con gente que se apropia libremente del espacio público; a la derecha, en la imagen de 2021, el «atrio de Correos» está ya cerrado con rejas. Esta imagen se aprovecha para mostrar los edificios y elementos que hacen a la calidad del nodo.
Imágenes satelitales de Google Earth.

Por estas características del área urbana, una parte importante del espacio público fue, por muchos años, el “atrio del Correo”, parte interesante del proyecto del Arq. Calderón para el Centro de Comunicaciones, porque la gente lo usaba para estar, para encontrarse, para reunirse en amena conversación, para intercambiar cosas o aprovechar de la oferta de algún vendedor ambulante, sentándose en las gradas de ingreso a Correos, en resumen, darle vida al lugar con una apropiación libre, espontánea, agradable del espacio público, porque éste se concibe para esa apropiación, es su razón de ser. “La ciudad es ante todo el espacio público, el espacio público es la ciudad. Es a la vez condición y expresión de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos”.[2]

Imágenes que muestran el uso libre del espacio público, una apropiación espontánea que da vitalidad al área urbana. En la imagen de abajo puede verse (izquierda) la escalinata abierta, antes del enrejado, hacia el espacio público y el ingreso principal al bloque de oficinas. Fotografías: arriba imagen de Google Maps, abajo Bolivia Local.

El avance de las rejas, lamentablemente, alcanzó a ese espacio público, el “atrio del Correo” está cerrado y ocupado, la gente, que aún considera ese lugar una parte importante de la ciudad sigue llegando a él, sigue reuniéndose ahí pero en un área muchísimo mas pequeña, reducida a la acera, donde quiere “estar, conversar, intercambiar” pero ese pequeño espacio es, además, de circulación, en resumen, un espacio público degradado a causa de, lo que yo considero, una falta total de ejercicio de la democracia desde los administradores del estado.

El efecto del «enrejado» es, evidentemente, negativo; las posibilidades de una apropiación digna del espacio público por parte de los ciudadanos, más aún en condiciones adversas causadas por la pandemia, resulta prácticamente imposible, es claramente una degradación del espacio público generada desde la administración del Estado. Fotografías: Jorge Valenzuela.

Para cerrar esta entrega, me voy a permitir apoyarme en un texto ajeno pero que contiene todo mi pensamiento y mi sentir respecto del tema y porque yo no podría expresarlo con mejores palabras:

“El espacio público expresa la democracia en su dimensión territorial. Es el espacio de uso colectivo. Es el ámbito en el que los ciudadanos pueden (o debieran) sentirse como tales, libres e iguales. El donde la sociedad se escenifica, se representa a sí misma, se muestra como una colectividad que convive, que muestra su diversidad y sus contradicciones y expresa sus demandas y sus conflictos. Es donde se construye la memoria colectiva y se manifiestan las identidades múltiples y las fusiones en proceso. El espacio público democrático es un espacio expresivo, significante, polivalente, accesible, evolutivo”.[3]

El espacio público debe ser un lugar que permita la sociabilidad, apto y cómodo para las actividades de los ciudadanos y accesible para todos; estas características no suelen ser parte de nuestros espacios públicos, encontramos rejas por todas partes y, algunas veces, la falta de comodidad en ellos genera inseguridad, especialmente para los niños y adultos mayores. Fotografía de enteurbano.com

“La crisis del espacio público se manifiesta en su ausencia o abandono o en su degradación, en su privatización o en su tendencia a la exclusión. Sin espacio público potente, integrador socialmente, articulador física y simbólicamente, la ciudad se disuelve, la democracia que se pervierte, el proceso histórico que hace avanzar las libertades individuales y colectivas se interrumpe o retrocede, la reducción de las desigualdades y la supremacía de la solidaridad y la tolerancia como valores ciudadanos se ven superados por la segregación y por la codicia, por el egoísmo y la exclusión”.[4]

[1] Kevin Lynch, “La Imagen de la Ciudad”, Massachusetts, USA, 1960

[2] Jordi Borja, “Espacio Público y Derecho a la Ciudad”, Barcelona, España, 2012

[3] Ibid.

[4] Ibid.

Imagen destacada o de cabecera: Elaboración propia con fotografías de Diseño Bolivia, izquierda y de Turismo en red, derecha.

EXPANSIÓN Y DENSIFICACIÓN

Una de las condiciones para lograr una ciudad sostenible es la de limitar o, por lo menos, controlar su expansión, “buscar una estructura y trama compacta, cohesionada socialmente”, además de “contar con espacios de sociabilidad y dotaciones generosas de áreas verdes y espacio público y ser resilientes frente a los desastres naturales” (BID-2017)[1], Ya en 1997, Richard Rogers, un arquitecto que desarrolló su obra en la línea de la “alta tecnología” (“high tech”), se pronunciaba a favor de “profundizar en la idea de ‘ciudad compacta’-una ciudad densa y socialmente diversa donde las actividades sociales y económicas se solapen y donde las comunidades puedan integrarse en su vecindario-”.[2]

Luego de la dura experiencia de insalubridad, pobreza y concentración de masas de las ciudades industriales del Siglo XIX (tifus y cólera) y la recientemente vivida necesidad de “distanciamiento social” provocada por la pandemia del Covod-19 parece que debemos pensar respecto de la oportunidad que se le pudiera dar al intento, necesario, de “compactar” la ciudad, defendido por Rogers a partir de “la disponibilidad de fabricación ecológica, fuentes de energía más limpias, sistemas de transporte público y avanzados sistemas de alcantarillado y de deposición de residuos”[3]como condiciones que no permitirían repetir esa experiencia o, para esta época, facilitarían el distanciamiento.

Gráfico 1: Arriba, la expansión de las ciudades de La Paz y El Alto en imagen satelital 2021 (Google Earth), abajo la proyección del crecimiento de la mancha urbana de La Paz desde 2020 hasta 2040 según el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Plan La Paz 2040)

La expansión de la mancha urbana que ocurre en el conglomerado La Paz-El Alto avanza a dificultar las posibilidades de una ciudad compacta, ambas áreas urbanas crecen y se expanden en manos de las fuerzas del mercado, para quienes el beneficio rápido resulta más importante que la calidad del “hábitat”. La ciudad de El Alto parece no tener freno para expandirse sobre el altiplano, sobrepasando los límites municipales y en un avance de conurbación con Viacha. No obstante las dificultades que plantean las características del territorio, en La Paz el proceso de expansión es también considerable y sin planificación ni control, este último dificultado o imposibilitado por la indefinición de límites jurisdiccionales con los municipios vecinos.

Las posibilidades de una ciudad como la nuestra, consolidada y con escasez de áreas para una expansión racional, con muy poca disponibilidad de tierras aptas para generar espacios públicos, áreas verdes funcionales y construir equipamientos, parecen muy limitadas, requieren planificación, voluntad política, apoyo gubernamental y responsabilidad profesional, empresarial y ciudadana. Además de la resolución de los problemas ambientales, sanitarios de movilidad y otros, la densificación es un proceso imperativo para la sostenibilidad de la ciudad, pero debe lograrse equilibrando masa construida y espacio libre.

La planificación y el ordenamiento territorial son las herramientas para avanzar en cualquier esfuerzo por lograr la sostenibilidad de la ciudad, herramientas que, en La Paz, no hemos utilizado hasta ahora o lo hemos hecho muy parcial y puntualmente. Algunos esfuerzos se han realizado en el campo de la planificación y en tratar de controlar el caótico crecimiento y funcionamiento de la ciudad, como el Plan La Paz 2040, la Ley de Usos del Suelo Urbano (LUSU), el Programa de Centralidades, pero parecen vanos porque sus alcances no se aplican en la realidad. Analicemos algunos ejemplos de lo que ocurre en esta realidad.

Gráfico 2: El Plano de Áreas Protegidas en el área urbana de La Paz, publicado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en los documentos de la Ley de Usos del Suelo Urbano (LUSU – GAMLP).

La LUSU que, en mi opinión, es sólo un ajuste, por ahora útil, del antiguo reglamento USPA, sin el marco consolidado de un plan de ordenamiento territorial necesario, ha considerado, entre otros, un mapa o plano de Áreas Protegidas (ver Gráfico 2) y en los planos de uso del suelo de la norma incluye áreas de forestación, áreas verdes, áreas de preservación del paisaje natural, áreas de preservación del paisaje natural con respaldo legal, aires de río, y franjas de seguridad, todas muy importantes si se ven necesarios el equilibrio de espacios libres y de masa construida mencionado líneas arriba y la reserva de tierras para las necesidades de espacio público y áreas verdes. (Ver también la entrega de 5 de diciembre de 2018 en este blog Haciendo Ciudad: “Avasallando la Propiedad Pública”).

Tomaremos como ejemplo el Distrito 18, que incluye los barrios de Irpavi y Achumani, en este último observaremos el sector noreste en el que se ha documentado un Área Protegida de importantes dimensiones y en la que, el Plano de Usos del Suelo del D18 marca, en las zonas de Cóndores Lakota, Cerro Ticani y Jonkomarca, áreas agrícolas (A1), áreas de preservación del paisaje natural (P1) y áreas de preservación del paisaje natural con respaldo legal (P2) como corresponde al área protegida. Lamentablemente, el proceso de expansión de la ciudad, en manos del mercado inmobiliario y, muy posiblemente, “respaldado” por las incoherencias de la indefinición de límites jurisdiccionales municipales, ha invadido sin misericordia las áreas protegidas y, donde no lo ha hecho, ha desarrollado y está desarrollando proyectos cuyas condiciones de densificación son casi terroríficas (ver Gráfico 3). Corresponde al Gobierno Municipal explicar y fiscalizar la presencia de esos loteamientos, edificios y otras construcciones en un Área Protegida y en espacios con definición clara de uso del suelo.

Gráfico 3: Arriba, izquierda, el fragmento del Plano de Áreas Protegidas que corresponde al sector noreste del Distrito 18: Arriba, derecha, segmento del Plano de Usos del Suelo del Distrito 18 de la LUSU que corresponde al mismo sector del plano anterior y que es parte de la documentación de la norma; obsérvese en él las áreas marcadas con verde oscuro que corresponden a uso P1 Áreas de Preservación de Paisaje Natural, las con verde claro corresponden a P2 Áreas de Preservación de Paisaje Natural con Respaldo Legal y las con color castaño claro que corresponden a A2 Área Agrícola Intensiva. Abajo, la imagen satelital del sector donde se muestra la ocupación con «loteamientos» y construcciones sobre las áreas protegidas, de protección paisajística y agrícolas (óvalos rojos) y los proyectos habitacionales de alta densidad (cuadros celestes). El rectángulo azul marca la ubicación del Complejo Deportivo «The Strongest» como referencia para la ubicación visual y de escala en los tres planos.

Hay otros ejemplos de cómo las Áreas Protegidas están siendo ocupadas, demostrándose que el negocio inmobiliario ha sobrepasado las posibilidades y capacidad de control y fiscalización del Gobierno Municipal y, además parece haberlo “obligado” a rendirse ante la presión, introduciendo oportunidades de ocupación en la propia norma, generando contradicciones dentro de la misma. Si observamos el plano de Áreas Protegidas en el sector del Distrito 19 y lo comparamos con el de uso del suelo del mismo distrito, éste incluye usos y patrones de asentamiento en áreas que estarían ubicadas dentro del área urbana protegida más grande de la ciudad. ¿Es imprecisión en la delimitación del área protegida?, o ¿se han generado y aprobado cambios de uso del suelo por la presión y falta de control del crecimiento urbano? (ver Gráfico 4).

Gráfico 4: Arriba el segmento del Plano de Áreas Protegidas de la LUSU que corresponde al Distrito 19, importante por el valor paisajístico y ambiental de los cerros que comprende, incluida la «Muela del Diablo». En el centro la imagen satelital del área en la que se ha marcado el límite del área protegida más grande de la ciudad y la ocupación consolidada e incluida en el Plano de Usos del Suelo del D 19, lo que significa que ha habido un **«cambio de uso del suelo»** que no debió ser posible, tratándose de áreas verdes y de preservación del paisaje natural.

Además de la preocupación por la expansión en manos de las fuerzas del mercado debemos, también, preocuparnos de la calidad de la densificación, dado que ésta es una de las líneas de acción para controlar la expansión. Si observamos los “proyectos de urbanización” que han afectado a las áreas protegidas o, “cuando menos”, han ocupado áreas en las que, de acuerdo con la LUSU, no es permitida la construcción, no podemos dejar de preocuparnos ya que la calidad del ambiente urbano que se ve que estos proyectos generan, con el hacinamiento edilicio y las escasas áreas libres, no parece muy adecuada a las condiciones requeridas para la sostenibilidad social, económica y ambiental de la ciudad. ¿Son resultado del descontrol ocasionado por la indefinición de límites y la “viveza criolla”? ¿Son construcciones aprobadas?, si lo son…..algo anda mal en la norma o en la administración de la misma.

Gráfico 5: Imágenes de conjuntos de vivienda de alta densidad. Arriba a la derecha una vista que permite ver, en el Distrito 18, los edificios y el movimiento de tierras para «avanzar» con urbanización en la colina ubicada dentro del Área Protegida marcada en los planos de la LUSU. (Fotos arriba: Google Earth y Jorge Valenzuela; fotos abajo: Guadalupe Dorado Quiroga).

Ante esta duda sobre las bondades de la norma, veamos también lo que, en este proceso de densificación necesario, ocurre en construcciones que debemos creer han sido o están siendo ejecutadas dentro de las definiciones de patrones de asentamiento de la LUSU. Uno de los ejemplos más claros de la fuerza del mercado frente a la debilidad de la norma es la transformación y destrucción despiadada de un proyecto de urbanización que pudo ser ejemplar como el de la Urbanización “Los Pinos” (ver Gráfico 6.). Habiéndose consolidado esta transformación con el tiempo y la ocupación, se debe suponer que, estando aprobada, responde a las condiciones normativas, permitiéndonos concluir con que, por lo menos para este caso, la norma está mal! (Ver también las entregas en este blog Haciendo Ciudad de 17 de marzo de 2019: «Urbanización ‘Los Pinos’, Otra Faceta del Negocio Inmobiliario” y la de 5 de noviembre de 2019: “El Negocio Sigue”).

Gráfico 6: La Urbanización «Los Pinos» (proyecto original de Arq. Gustavo Medeiros, Arq. Alcides Torres y otros) ha sufrido una paulatina transformación, para mal, en el proceso de su ejecución. En óvalo rojo la Fase 1 del proyecto construida según fue diseñado; en óvalo celeste las Fases 4 y 5 que muestran una densificación exagerada y sin nuevas áreas de equipamiento ni áreas verdes adicionales; en óvalo amarillo, la deformación de conjunto habitacional multifamiliar a «loteamiento».

Proyectos menos “masivos”, de usuarios privados, trabajados con aplicación de los patrones de asentamiento de la norma, la misma que ha acostumbrado a los profesionales a diseñar ocupando el área resultante de “extraer” retiros frontales, laterales y de fondo al área del terreno, incluso en áreas con pendiente, muy comunes en La Paz, nos muestran resultados de densificación que no parecen los más adecuados si se pretende lograr las mejores condiciones de vida en el marco de la sostenibilidad (ver Gráfico 7). La proporción de área libre, frecuentemente en pendiente, respecto de la masa construida podría contrastarse con la cantidad de personas que se considera serán los usuarios directos o permanentes y los usuarios eventuales para comprobar que las posibilidades de uso y disfrute de espacio al aire libre para ellas son definitivamente escasas. Ese es el resultado, edificios que cumplen la norma pero no ofrecen las condiciones adecuadas, por lo que no es un error afirmar, otra vez, la norma está mal!

Gráfico 7: Conjunto de edificios multifamiliares en Cota Cota, terreno en pendiente, retiros de 3 metros, según norma, con capacidad de albergar a aproximadamente 30 familias. No se puede observar la presencia de áreas libres y menos de áreas verdes para el disfrute de sus futuros habitantes.

Por todo lo expuesto, me permito insistir (porque ya lo mencioné muchas veces en foros y talleres) es necesario revisar la norma y modificarla, es necesario normar a partir de la población (número de usuarios) y sus necesidades, el volumen de ocupación, los requerimientos de servicios y equipamiento (intensidad de uso) en lugar de únicamente el porcentaje ocupación del suelo. La escasez de áreas en la ciudad consolidada demanda acción conjunta, público-privada, normar requerimientos para los edificios destinados a reducir impactos sobre el espacio público, en función de flujos peatonales, vehiculares, actividades comerciales, etc.; normar “retiros” frontales, eliminación de barreras, espacios “para los otros” con base en el “uso de nuestro espacio”, equipamientos y servicios con base en el “principio del bien común por encima de intereses personales y sectarios” (parece discurso político pero es el principio básico y fundamental para la gestión del territorio).

Finalmente, para proyectos de envergadura, de impacto, es necesario pensar en procesos participativos de revisión y aprobación en función de dimensiones de población usuaria, de volumen construido, de intensidades de uso (concentración de actividades) y evaluación de impacto en el área de implantación.

Reglamentar responsabilidades de los promotores inmobiliarios, inversores, constructores y profesionales respecto de impacto de los proyectos en movilidad (flujos peatonales, estacionamientos, flujos vehiculares de ingreso y salida, equipamiento de seguridad), servicios básicos (impacto sobre la distribución de agua y redes de energía, alumbrado), saneamiento básico, (recolección y tratamiento de aguas servidas, recolección de residuos sólidos) y áreas verdes y espacio público en función de la población usuaria, población flotante y requerimientos de la población del área de implantación (impacto sobre el déficit).

Gráfico 8: El proyecto «Torres del Poeta» (Arq. Ramiro Muñoz Moyano), en un terreno en pendiente sobre el Parque Urbano Central de La Paz, realizado con apego total a la norma, sin embargo, la proporción entre la masa construida y áreas libres no está de acuerdo con la cantidad de población que ocupará y utilizará sus instalaciones. (Fotografías: Torres del Poeta FB y Bolivia Emprende).

Parece que muchos de estos requerimientos están incluidos en la norma, posiblemente de manera no muy explícita o con insuficiente fuerza para una aplicación efectiva, esto queda claro cuando se observa que los espacios destinados a áreas verdes, espacios públicos o equipamientos en “urbanizaciones” (loteamientos) se los asigna en sectores de alta pendiente, con escasa accesibilidad o no aprovechables. No tengo duda que el proyecto “Torres del Poeta” (Ver Gráfico 8) está construido en apego total a la norma, pero, si observamos la proporción de masa edificada respecto del espacio libre y el requerimiento de área verde, el resultado de la observación es preocupante. Más preocupante aún es que, con seguridad, sus aguas servidas van directo al Río Chuqueyapu sin ningún tratamiento previo.

Imagen destacada o encabezado: Vista de Obrajes y áreas adyacentes. Fotografía: Jorge Valenzuela.

[1] División de Vivienda y Desarrollo Urbano BID-2017

[2] Richard Rogers, “Ciudades para un Pequeño Planeta”, Faber and Faber Ltd., Londres (1997), Ed. G.Gili, Barcelona, 2000

[3] Ibid.

SISTEMA VIAL DE LA PAZ, VER AL FUTURO ES IMPERATIVO

La ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto, constituyen el conglomerado urbano central de la región metropolitana de La Paz y es una de las concentraciones de población más importantes e influyentes de la región de los Andes occidentales. Como indica Álvaro Cuadros Bustos, en uno de los libros más valiosos de los escritos sobre la ciudad sede de gobierno: “La existencia de una región metropolitana de la magnitud de La Paz en los Andes occidentales, hace que ella destaque dentro de un vasto territorio que carece de centros urbanos de esa jerarquía. Pero no es solamente por su dimensión que la ciudad ha adquirido importancia como el centro gravitacional de la región, sino también como centro político, proveedor de servicios y como mercado de consumo”[1]. Resulta bastante obvia la influencia del conglomerado La Paz-El Alto sobre otras ciudades y poblaciones dentro del territorio nacional.

Gráfico 1. La Región de La Paz y sus áreas de influencia y la Región Metropolitana de La Paz, su área de influencia y sus interconexiones viales, según Álvaro Cuadros B. en “La Paz” (2003)

Este preámbulo es necesario para ver las conexiones viales de la ciudad de La Paz con los centros de su influencia, en lo que sería el sistema intra e inter-regional. La mayor parte de estos caminos cumplen su objetivo por el Altiplano, vía la ciudad de El Alto: a Oruro-Cochabamba-Potosí, dos vías a Arica (norte de Chile) y a Tacna (sur de Perú), vía Guaqui-Desaguadero al puerto de Ilo y a Puno-Arequipa y los puertos de Mollendo y Matarani (Perú) y todas sus conexiones desde éstas con otras en la costa del Pacífico (ver Gráfico 1).

Las otras “salidas” importantes de la ciudad son, hacia el norte, a Los Yungas y al Norte del Departamento de La Paz y hacia el sur al Distrito de Mallasa y a los municipios de Achocalla y Mecapaca. Puede decirse que, para los requerimientos actuales y sin entrar en el análisis del estado de las vías, este sistema vial inter-intra regional es adecuado y suficiente

Si se analiza la Región Metropolitana, conformada por siete municipios (La Paz, El Alto, Pucarani, Laja, Viacha, Achocalla, Mecapaca y Palca), el sistema vial se basa en las mismas conexiones del sistema regional, conecta los centros poblados mayores de cada municipio con la ciudad central (conglomerado La Paz-El Alto). Puede observarse la interconexión Pucarani-Laja-Viacha y la inexistencia o debilidad de la interconexión Viacha-Mecapaca-Palca (ver Gráfico 2). Este análisis muestra que, de ser necesaria esta interconexión, en las condiciones actuales, se haría (y se hace) vía la ciudad central. Esta característica de los sistemas viales regional y metropolitano muestra que los mismos confluyen en puntos centrales dentro de la mancha urbana, por tanto incluyen en sus condiciones de funcionamiento a la red vial interna de la ciudad central, como “incorporándola” a los sistemas regional y metropolitano y no queda duda que aprovechan de esta red interna para la eficiencia de su funcionalidad. Éste es el problema que interesa analizar en este artículo.

Gráfico 2. Los municipios de la Región Metropolitana de La Paz (límites con línea amarilla), el sistema vial principal de la región (líneas rojas), la mancha urbana del conglomerado La Paz-El Alto y los centros poblados menores (con negro). Plano elaborado por el GAMLP.

A lo largo de los últimos veinte años, la interconexión vial de la “hoyada” de La Paz con El Alto ha mejorado notablemente ya que, además de la ampliación de la Autopista La Paz-El Alto, se han habilitado, mejorado y mantenido otras vías. La movilidad de personas entre las urbes de El Alto y La Paz aprovecha el transporte público en el que las líneas roja, amarilla y morada del teleférico claramente son las más eficientes de esa red, precisamente porque interconectan ambos centros urbanos sin afectar a la red vial, pero generando impactos en los puntos de localización de sus estaciones. Se mantiene el gran flujo de vehículos pequeños (minibuses), vía la Autopista y los otros accesos, ocasionando los problemas de desorden, congestionamiento y poca eficiencia de este sistema de transporte, problemas difíciles de superar por las pugnas de poder entre la autoridad y los sindicatos y gremios; estos problemas se producen en los centros urbanos porque el sistema vial metropolitano, del cual forman parte la Autopista y las otras vías, confluye en redes viales locales no preparadas para esta confluencia.

Gráfico 3. Red vial principal de la ciudad de El Alto, mostrando la confluencia de los sistemas viales regional y metropolitano en La Ceja. Imagen de Google Earth.

En la red vial de El Alto, dada su topografía poco accidentada, es más notoria la confluencia en “un punto” de los sistemas viales regional y metropolitano (ver Gráfico 3), este punto es La Ceja, de donde sale la Autopista a La Paz y a este problema se suma la presencia del Aeropuerto Internacional de El Alto en pleno centro de la mancha urbana. Sin embargo, los impactos de la conexión de los sistemas viales externos, que incluyen varias “rutas nacionales” (Nº1, Nº2, Nº3, Nº19), e internos en El Alto pueden manejarse resolviendo la continuidad de las avenidas “anulares” de la red (Av. Litoral, Av. Costanera y Av. Bolivia) y mejorando la conexión de lo que sería la primera “vía de evitamiento” del sistema hacia la Ruta Nacional Nº41 que lleva a Los Yungas y al norte del Departamento de La Paz. La expansión no controlada de El Alto llevará, sin duda, a dificultar soluciones puesto que las vías que forman parte de éstas, por efecto de esta expansión, van quedando “adentro” y más al centro de la mancha urbana.

Pero, el interés de este artículo es analizar la red vial de La Paz respecto de los sistemas viales regional y metropolitano, para ello es importante ver las características de dicha red, con base en la información elaborada al respecto por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (ver Gráfico 4).

Gráfico 4. Sistema vial interno de La Paz. Nótese la interrupción (líneas amarillas) de importantes “anillos” del sistema de los que forman parte los Puentes Trillizos. Elaboración propia sobre gráfico del GAMLP

Además de los importantes “cortes o interrupciones” señalados en el gráfico 4, llama la atención el efecto de centralización del sistema, centralización lógica considerando que el accidentado territorio ha llevado, por años, a una expansión de los asentamientos a lo largo de las cuencas hidrográficas y por tanto la red vial lo ha hecho de la misma manera, lo cual se constituye en la mayor dificultad en la búsqueda de mejorar la eficiencia de la red vial urbana y, fundamentalmente, en prepararla para el requerimiento de una interconexión con los sistemas metropolitano y regional que no la afecte negativamente.

La principal razón, además de la movilidad de personas, por la que preocupa una eficiente interconexión con los sistemas metropolitano y regional es el abastecimiento de la ciudad desde la región y el área metropolitana y viceversa, por lo que las soluciones van más allá de solamente encarar las deficiencias de la infraestructura vial, aunque la importancia de hacerlo es fundamental. El abastecimiento requiere de un sistema de acopio y distribución eficiente, considerando las áreas de procedencia de los productos, las áreas de producción locales y los centros de consumo de estos productos locales, así como la localización adecuada de los centros de consumo (mercados urbanos); esto implica un análisis, planificación, diseño y puesta en marcha de un sistema de movilidad urbana para productos entrantes y salientes que, además de los centros de acopio, distribución y consumo considere modos de transporte y la red vial. Un aspecto fundamental para el éxito de una propuesta de este tipo está en la condición de integralidad que debe tener, por tanto debe formar parte de ella el hacer efectiva la implementación de la estrategia de las nuevas centralidades urbanas.

Hace unos días se anunció desde el recientemente posesionado nuevo Ejecutivo Municipal, la propuesta de una vía desde La Florida a Lipari “por el río”; es innegable la importancia de esta conexión ya que la ciudad se abastece de muchos productos provenientes del sur, del distrito de Mallasa y de los municipios de Mecapaca y Achocalla y la población de estas áreas acude a servicios de la ciudad pero las condiciones de la red vial actual son muy deficientes para la misma. Sin embargo, siempre se ha cometido el error de definir soluciones desde La Paz hacia afuera, sin considerar el efecto de estas soluciones en la red vial interna. El punto de confluencia de esta propuesta en La Florida es un punto muy conflictivo y, además, llevaría el tráfico pesado a la red vial interna ya conflictuada por la demanda y cuyas características no podrían absorber este tráfico pesado; actualmente, con un flujo bastante menor al que generaría un acceso como el previsto, ya hay problemas.

No se trata de criticar una propuesta que, de no considerar el embovedado del río (lo que sería un pecado imperdonable), puede resolver un problema de conexión con el sur y, a futuro, con Cochabamba, pero no debe dejar de tomar en cuenta en su diseño y construcción el impacto sobre la ciudad. La topografía complicada del territorio sobre el que se ha asentado y crece la ciudad de La Paz es uno de los principales obstáculos para soluciones adecuadas y económicas, por lo que pensar las mismas dentro de la integralidad de una adecuada planificación urbana es una tarea que requiere de una visión metropolitana y de equipos multidisciplinarios.

La protección de la ciudad y su red vial interna frente al impacto lógico de soluciones a su interconexión regional requiere de “vías de evitamiento” que, como se dijo líneas arriba, se complican en su trazo y ejecución a causa del complicado relieve del territorio, requieren soluciones nada simples pero tampoco imposibles. La ciudad de La Paz será a futuro una ciudad de puentes y túneles, ya los tiene y son parte de su maravillosa imagen; son soluciones seguramente costosas pero muy necesarias para garantizar la sostenibilidad de la ciudad. Si se analizan las nuevas centralidades y su accesibilidad a la luz de la topografía, la movilidad urbana con modo de transporte alternativo (bicicletas) o peatonal, seguramente requerirá de vías elevadas en sectores, como se ve en la Vía Balcón del Parque Urbano Central.

Sin embargo, no todas las soluciones debieran depender de puentes, túneles o infraestructura de alta tecnología, la realidad actual muestra que una “vía de evitamiento” es posible sin recurrir a éstas. El ejemplo claro está en la Av. Gral. Juan José Torres, en la zona norte de la ciudad, que permite desviar el tráfico pesado proveniente de Los Yungas y el norte del Departamento conectando esta vía de ingreso con la Autopista La Paz-El Alto (ver Gráfico 5); si se llega a optimizar su infraestructura y completarla con centros de acopio y terminales de camiones, habrían dos ingresos y salidas para productos interconectados y con facilidades para distribución sin afectar la red vial interna, incluso es posible, y tal vez necesario, considerar terminales de transporte de pasajeros diferenciadas y ubicadas según destino.

Gráfico 5. Las flechas rojas señalan el curso de la Av. Gral. Juan José Torres, una “via de evitamiento” que puede optimizar su función; los círculos rojos marcan el punto de confluencia con las vías que conectan la ciudad con el sistema regional. Elaboración propia sobre imagen de Google Earth.

Al sur también hay un ingreso o salida, vía el Altiplano, por Achocalla a El Alto, sin embargo, esta vía no resulta efectiva ni eficiente porque acaba afectando la red vial interna (La Florida). El nuevo diseño vial La Florida-Lipari propuesto por el GAMLP (se espera que sin embovedado del Río La Paz) debiera considerar en su diseño y construcción las soluciones para evitar este impacto negativo, más aún si, como es previsible, ésta será la salida hacia Cochabamba (carretera interdepartamental).

Gráfico 6. “Lugares bloqueados el 19 de febrero de 2002 y en octubre de 2003 combinados con los espacios que podrían experimentar una reducción drástica de su accesibilidad y una paralización de tráfico localmente en caso de cierre de los ejes esenciales más vulnerables”. Open Edition Journals: “El conocimiento de la vulnerabilidad de la red vial como herramienta de comprensión y reducción de la vulnerabilidad territorial: el caso de La Paz (Bolivia)”, Institut Français d’Etudes Andines.

La red vial de la ciudad se ha conformado “con la forma” de una mano con los dedos abiertos cuya linealidad confluye en la parte baja de la topografía urbana; la idea de “unir los dedos” de esta estructura ha estado siempre presente y uno de los resultados de esta preocupación ha sido la construcción de los Puentes Trillizos, pero su efectividad todavía depende de completar el “anillo” central de cuya conformación son parte. Unir los “dedos” puede ser el desafío al este de la ciudad; conectar Calacoto, Achumani e Irpavi con San Antonio y Villa Fátima, una pretensión con importante dificultad pero no imposible, hay bases utilizables como la Av. Ciudad del Niño y otras. Es obvio que en este tema, además del presupuesto, los ingenieros viales y otros profesionales tienen la palabra, sin embargo, la necesidad de pensar en soluciones integrales para el sistema vial, el abastecimiento, la policentralidad y la movilidad urbana garantizarían la sostenibilidad de la ciudad y generarían importantes niveles de ahorro a futuro.

Estas previsiones apoyarían también a lograr soluciones para la vulnerabilidad del sistema vial[2] de La Paz, una vulnerabilidad importante que afecta a la economía y a la condición de centro urbano de servicios para la región, una de sus ventajas comparativas en ese amplio ámbito territorial, vulnerabilidad demostrada muchas veces por desastres, bloqueos, paros, manifestaciones, daños, etc.; las “vías de evitamiento” podrían ser un factor importante para reducir esta vulnerabilidad.

[1] Cuadros Bustos, Álvaro, “La Paz”, UMSA, COEE, 2003

[2] Open Edition Journals: “El conocimiento de la vulnerabilidad de la red vial como herramienta de comprensión y reducción de la vulnerabilidad territorial: el caso de La Paz (Bolivia)”, Institut Français d’Etudes Andines.

Imagen destacada: Vista de la ciudad de La Paz desde el Parque Urbano Central. Fotografía de Wikipedia.