Sitio para expresar mis ideas sobre la ciudad vista desde la óptica profesional, pero con mente abierta y el propósito de despertar el interés de todos para abrir un ámbito de discusión de nuestra realidad y poder generar propuestas para mejorar nuestro “quehacer urbanístico”.
Las formas de propiedad que establece la Constitución Política del Estado son la propiedad pública y la propiedad privada, y dentro de ésta reconoce la propiedad cooperativa y la propiedad comunitaria. Respecto de la propiedad privada, en su Artículo 56 señala: “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social”. Para efectos de uso público de lapropiedad privada, según requerimientos de la planificación y demostrada la necesidad de utilidad pública, se prevé el mecanismo de la expropiación vía la compensación justa.
Esta enorme área en medio de la ciudad de El Alto es el Aeropuerto Internacional. Como ha ocurrido en otras ocasiones, en caso de que el aeropuerto fuera trasladado a otro lugar, entrando éste en desuso, toda esta área de propiedad pública pasaría a manos (¿en «propiedad»?) de la Fuerza Aérea, ¿por qué?, se alegan razones de seguridad nacional. El traslado del aeropuerto es un tema de discusión de muchos años y la integración espacial de la ciudad de El Alto lo requiere, pero debe evitarse el absurdo de privar a la ciudad de un área que permitiría el desarrollo de importantes proyectos urbanos, entregándosela a la Fuerza Aérea.
Respecto de la propiedad pública, el Artículo 339 de la Constitución establece: “Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable; no podrán ser empleados en provecho particular alguno”. Con estas premisas, ¿por qué se considera que existe “propiedad de las Fuerzas Armadas” o “propiedad de la Policía Boliviana” e incluso “propiedad” del Ministerio “Tal” o del Ministerio “Cual”?, la propiedad municipal no es “de la Alcaldía” o “del Gobierno Municipal”, es del municipio (entendiéndose municipio como población y territorio de una jurisdicción), todas esas “propiedades” son “del pueblo boliviano”, de todos.
En Irpavi, toda el área delimitada por la línea roja (foto izquierda) se considera «propiedad de las Fuerzas Armadas». El área marcada con mancha celeste fue objeto, en los años 90’s, de un largo juicio contra el Gobierno Municipal, éste defendía el área para equipamiento social y áreas verdes (uso público); las FFAA «lograron» hacerse de esos terrenos para disponerlos a su criterio. Un 30% de esa superficie fue cedido «en comodato» para la construcción y funcionamiento del Megacenter, un negocio privado; a la conclusión del plazo del comodato, si no hay renovación, esa infraestructura y el negocio (?) serán «devueltos» a las FFAA. La franja verde (derecha de la foto) está marcada como Área Forestal en los planos de la Ley de Usos del Suelo Urbano, la mancha amarilla muestra ocupación, por parte del Colegio Militar, con construcciones.
Este es un aspecto fundamental para la planificación y el ejercicio pleno de la autonomía municipal que, imprescindiblemente, debe considerarse en la formulación de la Política Nacional para el Desarrollo Integral de Ciudades, formulación que está en proceso con el apoyo de ONU-Habitat al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.
La Constitución reconoce como competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos en su jurisdicción: la elaboración de planes de ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y los asentamientos humanos urbanos (la restricción sobre los asentamientos rurales ya fue vista en otra entrega y es un absurdo que limita la autonomía municipal) así como la planificación del desarrollo municipal, por lo que la definición de usos del suelo, con base en el principio de primacía del bien común (de todos y de la ciudad) sobre el interés particular, puede requerir de espacios de propiedad pública, administrados por instituciones del estado, para equipamientos, servicios, espacios públicos o áreas verdes, como lo requiera el proceso de planificación del desarrollo de la ciudad.
Desde el proyecto de Miraflores, encargado al arquitecto Emilio Villanueva, elaborado entre 1927 y 1929 e implementado desde 1941 (el proyecto en la imagen superior, extractada del libro «La Paz» de Álvaro Cuadros Bustos de 2004), el área delimitada con línea roja en la imagen inferior estaba destinada a equipamiento y, concretamente, a Hospital General. En el proceso de ejecución, el área de equipamiento se dividió en dos partes, la de la derecha (imagen inferior) es el área de equipamientos de salud y la de la izquierda es el Gran Cuartel de Miraflores (FFAA). La institución militar ha insistido en tener «derecho propietario» sobre el área manchada con rojo, área municipal marcada en el plano de la Ley de Usos del Suelo Urbano como «Aires de Río»; por los cercos que se han construido en los últimos meses, parece haber logrado su cometido (¿debilidad del Gobierno Municipal? o la fuerza ¿pisotea la ley?). La mancha amarilla muestra construcciones privadas que no debieran haber existido.
Esta definición de usos del suelo, conforme a lo planificado, y el uso mismo de estas áreas administradas por entidades públicas, demostrada la necesidad de utilidad pública, no debiera requerir de mayor trámite que el de asegurar la dotación de los espacios necesarios para el funcionamiento de la entidad a desplazar y disponer de ellas, según el requerimiento planificado, para efectivizar en el territorio planes, estrategias y proyectos de desarrollo urbano.
“Ampliar el número de vías de una autopista para reducir la congestión vial es como aflojar el cinturón para resolver la obesidad” (Lewis Mumford).
Para terminar con el tema “viaductos”, me permitiré opinar sobre tres proyectos que están en proceso de ejecución por parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP): el viaducto San Martín en Miraflores, el viaducto San Ramón en Achumani y el viaducto Belisario Salinas en Sopocachi, sobre los que puedo ver, con base en la información publicada en las redes, que son soluciones al tráfico vehicular que, como muchos opinamos, privilegian en gran medida al vehículo por sobre ventajas que, en proyectos de diseño urbano, debieran darse al ciudadano de a pié.
Viaducto San Martín, Miraflores
El Viaducto San Martín (Plaza Triangular) es una buena solución para el flujo vehicular en un punto conflictivo. A raíz de lo que, personalmente, considero una imposición abusiva del proyecto del teleférico, queda poco de lo que fue la Plaza Triangular, un espacio público interesante y componente importante del proyecto original del Arq. Emilio Villanueva para la Av. Bush; sin embargo, el proyecto del viaducto preserva lo que queda de este espacio público para resolver los problemas de movilidad. (Ver fotos)
Sin embargo, por lo que las imágenes muestran, no se han propuesto soluciones a la que siempre fue una poco amigable accesibilidad peatonal a la Plaza Triangular y debió aprovecharse el proyecto para mejorarla. Asimismo, pienso que, a futuro, para complementar este proyecto, deberá pensarse en la implementación de unsistema vial peatonal que facilite la circulación de la gente y que integre los equipamientos de salud y educación propios del área, mejore su accesibilidad y proporcione condiciones que mantengan la atracción de la zona para uso de vivienda que es el que garantiza su vitalidad y seguridad.
Una obra como ésta es una necesidad para mejorar las condiciones de movilidad urbana para varios sectores como Achumani, Chajtiri, Kellumani, Huayllani; es una obra de magnitud y con un diseño interesante. (Ver fotos)
Sin embargo, preocupa que el proyecto no se haya visto con mayorintegralidad, dado que su conexión a la red urbana no parece pensada; la Av. Francia (4 carriles con el proyecto) termina, a la altura del Colegio Franco Boliviano, en una curva cerrada (90º frente a una propiedad privada; las imágenes y vídeos publicados no lo muestran) y en un puente, con un ancho aparentemente insuficiente para los 4 carriles, que conectaría la importante obra a un punto de la Av. The Strongest que, con seguridad, se volverá conflictivo, no es una crítica, es una preocupación y una sugerencia, si estoy equivocado habrán argumentos para rebatir.
Otra preocupación que genera este proyecto es que privilegia totalmente al vehículo por encima de las necesidades del ciudadano de a pié; no obstante los abundantes pasos de cebra del proyecto, la desconexión de dos áreas urbanas, generada por la presencia de los ríos, será mucho más fuerte y evidente con el proyecto concluido, dado que a los cursos de agua y los flujos vehiculares intensos se aumenta infraestructura de magnitud, insalvable para el peatón.
El proyecto, además de complementar el funcionamiento del nuevo «Puente Gemelo», tendería a mejorar el flujo de circulación vehicular en las avenidas 6 de Agosto (la más problemática) y 20 de Octubre, dos vías estructurantes muy importantes en Sopocachi, eliminando un cruce; con ese propósito, un viaducto parece una buena solución. (Ver fotos).
Sin embargo, no está claro si el carril superficial permite el cruce (por arriba) de ambas avenidas por la Belisario Salinas (las flechas de las perspectivas – ver foto abajo – parecen indicar que si). De ser así (que se puede cruzar las avenidas por arriba), no habría solución alguna al problema del flujo en las estructurantes y el viaducto no tendría razón de ser. Si el carril superficial es sólo para giros (6 de Agosto-B. Salinas-20 de Octubre o 20 de Octubre-B. Salinas o B. Salinas-6 de Agosto) sí encuentro una solución al flujo en las avenidas, pero requeriría mayor análisis para observar impacto sobre la circulación vehicular en el área.
Los “zanjones” que genera un viaducto no son elementos amigables para el ambiente urbano y son algo difíciles de mantener en su imagen (ejemplo túnel Av. Villazón), sin embargo, en este proyecto se ve bastante rescate de espacio público y la intención de usar elementos de vegetación y mobiliario urbano, lo que aportaría mucho a la calidad del ambiente urbano del área y reduciría en gran medida el impacto del “zanjón”.
Si bien el proyecto menciona el uso de “pintura y luces” para hacer menos duras las paredes del “zanjón”, en las perspectivas se muestra el uso de una textura verde que asusta. Está surgiendo en la ciudad una “moda” desastrosa de usar revestimiento de “alfombra” plástica que simula vegetación tipo “muro verde”; espero que quienes diseñaron el proyecto no hayan siquiera pensado en esa posibilidad; el uso de ese material en un proyecto municipal sería una afrenta a la ciudad, al medio ambiente y a la inteligencia del ciudadano.
Es de suponer que el proyecto se complementa con el del «primer Viaducto Belisario Salinas» publicado por el GAMLP que consiste en un paso elevado o puente sobre la Av. Arce, que concluye en la esquina de la calle Hermanos Manchego, donde comienza este proyecto del «segundo viaducto» (paso subterráneo o a desnivel). Será importante verificar si la conexión de la Av. Arce con la Belisario Salinas, vía Plaza Isabel La Católica-calle Chichas-calle Heriberto Gutierrez o Capitán Ravelo, no llevará el problema a otro punto de la ciudad.
¿Cuántas carreras en las universidades están formando profesionales para trabajar en el área rural? ¿Cuál debiera ser la visión de esa formación? Un profesional no debe tener “especialidad” para el trabajo en el área rural, en su formación debe haber desarrollado una metodología que le permita proponer soluciones efectivas con los recursos que dispone, sean éstos tan escasos, como lo son en el área rural, o tan abundantes y “de punta” como en el mundo globalizado de las urbes.
Una magistral propuesta arquitectónica del arquitecto africano Francis Kéré, realizada con materiales locales, creando espacios confortables, con soluciones económicas para generar en el interior condiciones ambientales adecuadas en un clima adverso, muy cálido, y en uno de los países más pobres del planeta. Escuela Secundaria Lycee Schorge, Burkina Faso, 2016
Hago referencia a todas las profesiones, porque mejorar la calidad de vida de la gente es el objetivo de todas y el trabajo debe ser multidisciplinario. El “año de provincia”, vigente para las carreras de salud, debiera ser obligatorio para todas, pero no bajo las condiciones con las que ahora funciona, el Estado tiene la obligación de generar las condiciones apropiadas y asignar los recursos suficientes, o asegurar una administración eficiente de los recursos de la coparticipación tributaria, para que el trabajo de los jóvenes profesionales en “año de provincia” sea eficiente y efectivo.
«Además de los materiales locales, los cuales permiten a los pobladores aportar en especie y mano de obra para reducir el costo de sus viviendas, el proyecto tiene un óptimo desempeño ambiental. En el caso del agua, se emplea captación pluvial, humedales para reutilización de aguas grises y biodigestor para el tratamiento de aguas negras. En cuanto al clima, se implementaron estrategias básicas bioclimáticas para combatir las elevadas temperaturas de la región» (Descripción de los autores).Vivienda en Puebla, México. Comunal Taller de Arquitectura, 2016
Si se le pide a un profesional lograr soluciones eficientes y efectivas con los recursos disponibles, tanto o más debiera exigirse al Estado para lograr esa eficiencia y efectividad con lo que tenemos (naturaleza rica y pródiga, muy buena mano de obra, poca tecnología, dinero escaso), sin pretender ser tan desarrollados como los países del primer mundo, sino buscar las mejores condiciones de vida para todos, abriendo caminos para alcanzar ese desarrollo en equilibrio con nuestros recursos y respetando nuestra naturaleza, no vendiéndosela a las potencias extranjeras para conseguir “cuentas de colores”, ni derrochando lo poco que tenemos en cosas inútiles e improductivas.
¿Utopía?
Imagen del encabezado (foto destacada): viviendas en el proyecto Opera Village, un conjunto de viviendas y equipamientos comunitarios alrededor de un centro para las artes, 2009-2018 (aun en construcción), Francis Kéré.
En la normativa vigente se encuentran definiciones para radio urbano o área urbana como: “porción del territorio continuo o discontinuo con uso de suelo urbano, con la consideración de la tipología de la edificación, según niveles de habitabilidad y tomando en cuenta la compatibilidad funcional y ambiental”[1]. Al momento de normar el proceso para homologar áreas urbanas, las definen como:“porción de territorio continuo o discontinuo con edificaciones y espacios configurados físicamente por un sistema vial que conforma manzanos y predios destinados a la residencia y al desarrollo de actividades económicas predominantemente del sector secundario y terciario; que cuenta con un asentamiento humano concentrado, servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, provisto de equipamientos de educación, salud, recreación, comercio, administración; comprende sub-áreas: intensiva, extensiva, productiva agropecuaria y protección, según las características territoriales del municipio”[2].
Delimitación del “radio urbano”
Hay presión sobre las ciudades por efecto de las dinámicas del crecimiento poblacional y la demanda de “suelo urbano”, generando cambios de actividad del patrón productivo, no obstante que, desde la Ley Nº 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, (2011), se busca garantizar la producción de alimentos, regular el uso de suelos para proteger la conservación de áreas aptas para producción agropecuaria, “evitando la expansión de poblaciones urbanas en detrimento de las áreas productivas”, estableciendo la necesidad de identificar áreas de vocación productiva en la periferia urbana, en las que sólo sería posible asentamientos humanos que combinen espacios de vivienda con los de producción agropecuaria.
La delimitación de área urbana de la ciudad de El Alto (La Paz, Bolivia) de 2014. Los efectos de parcelamiento y transferencia de terrenos en áreas sin servicios y sin infraestructura; expansión excesiva con asentamientos de muy baja densidad. Fotografía: Twiga269-FEMEN, Plataforma Urbana.
Esa línea que delimita el “radio urbano” genera como reacción una inmisericorde especulación sobre el valor del suelo que quedó “dentro” de dichos límites, especulación ejercida por los mercaderes de la “urbanización”, siempre dispuestos a pagar supuestamente el valor real para adquirir tierras que, por efecto de esta norma, ya tienen categoría de “urbanas”. Ya convertidos en propietarios, usando “profesionales”, se dan a la tarea de “cuadricular” en planos la propiedad (parcelar y dibujar vías). Estos dibujos, que por lo general no consideran normas, si las hubiera, ya son el instrumento para incrementar el valor pagado hasta en 400% para su transferencia como “lotes de terreno urbanizados”. Tiempo después, los propietarios del “otro lado” de la línea, los que quedaron como “rurales”, comienzan a presionar para más tarde lograr convertirse también en áreas urbanas.
Ésta es la realidad del efecto que genera una norma que, se supone, busca planificar y controlar el crecimiento urbano, un efecto contrario porque deja abierto el camino para el negocio inmobiliario especulativo y, por tanto, deja el diseño urbano, la planificación y el ordenamiento de la ciudad en manos de una iniciativa privada a la que poco o nada le preocupa el interés y el bien común, principio fundamental para el desarrollo de estos procesos de diseño, planificación y ordenamiento. A esto se debe sumar el efecto de los obstáculos que otras normas, mencionadas líneas arriba, cuyas determinaciones coartan la autonomía de los gobiernos municipales, dejando a éstos en el desamparo frente al problema.
Muchas áreas del proceso de expansión urbana de La Paz se han formado y consolidado por el negocio inmobiliario, sin planificación y sin normativa. Fotografía: Karl Bernal, 2014
¿Cuál la solución?
En primer lugar eliminar el “radio urbano” o la delimitación de las áreas urbanas, permitiendo que los gobiernos municipales ejerzan su atribución exclusiva y puedan desarrollar un proceso de planificación y ordenamiento territorial que considere el territorio municipal como una unidad. Modificar las normas, la Ley de Autonomías e incluso la Constitución, para una verdadera autonomía de los gobiernos municipales en su función de gestión de su territorio, lo que implica otorgarles tuición sobre el catastro rural, el control de la administración agraria y devolverles tuición sobre los asentamientos humanos rurales en su jurisdicción.
Con estos instrumentos y fortaleciendo la capacidad técnica de los gobiernos municipales, éstos pueden desarrollar procesos de planificación del territorio urbano y rural como uno sólo, definiendo usos del suelo para asentamientos humanos y para la producción agropecuaria, protegiendo y valorizando las tierras productivas, a partir de un verdadero vínculo urbano-rural, generando valor agregado en el campo y eficiencia espacial en la producción. Obviamente que esto se enmarca en una planificación regional, ejercida por la autonomía departamental, hacia la conformación de regiones metropolitanas y de sistemas de ciudades aprovechando mancomunidades municipales. ¿Utopía? Todos estos buenos deseos están en las normas vigentes!!!
[1] Ley de regularización del derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda, (2012, modificada por Ley Nº 803)
He recibido un comentario del Arq. José Luis Costa sobre el tema de «urbanizar el campo», una respuesta seria y con mucha razón: «…… todos los asentamientos humanos, deben ser planificados. Urbanizar, tiene que ver con dotación de servicios y el solo hecho de vivir en el campo no debe privarte de ellos. Urbanizar tiene que ver con ordenar y ordenar no significa construir o asfaltar, tiene que ver con que la gente que habita en el campo disponga de unas mínimas condiciones de confort». A esta idea quiero añadir que es necesario enfatizar en el tema económico en el vínculo urbano-rural, en el potencial de la economía urbana llevada al área rural y en estructurar sistemas de ciudades.
Cuando subí a este blog la entrada “Planificar Ciudad y Región” (6 de noviembre) anhelaba reacciones a la propuesta que aún no llegaron. En diferentes reuniones y foros, algunos con expertos extranjeros, la propuesta de “urbanizar el campo” fue entendida, valorada y aceptada, otras veces exigió mayor explicación y otras el reclamo para no usar el término “urbanizar”. Insisto porque opiniones, complementaciones, críticas y argumentos de quienes me leen pueden apoyar para abrir caminos en esa línea o cerrar la posibilidad.
Lograr valor agregado en el lugar de origen de los productos que consumimos en la ciudad, generando actividad económica en el sector secundario local (lugar de origen), fomentando, apoyando y fortaleciendo, desde el Estado, la asociatividad de los productores, reforzando ciudades intermedias y menores y estructurando sistemas de ciudades, considero que es trabajar sobre el concepto, la implementación y el funcionamiento de una verdadera economía comunitaria, (no la de la prédica sin contenido que sobre este tema hemos escuchado estos últimos 12 años), para concretar bases para el ordenamiento territorial.
Por eso aprovecho, como imagen destacada (la de cabecera, arriba) de esta entrega, lo escrito y publicado en la red por Miguel Urioste, fuertes y muy importantes argumentos que muestran nuestra realidad.
Generar valor agregado en el lugar de origen de la producción permitiría desarrollar ciudades intermedias y menores con actividad económica ligada a la especialización productiva de su región; economía comunitaria, sistema de ciudades, eficiencia espacial en la producción. Uno de los efectos positivos sería la reducción del flujo migratorio campo-ciudad. Gráfico: elaboración propia.
Supuse (o deseaba?) que mi propuesta de «urbanizar el campo», en el post de 6 de noviembre pasado (Planificar ciudad y región), generaría algo de polémica, como lo hizo en algunas reuniones y algún foro antes, pero, hasta hoy, no hay polémica. Entonces….. ¿es factible?, ¿es una buena opción para ordenar el territorio?, si lo es, HAGÁMOSLO, avancemos en ese camino.
Desde su definición, la planificación debe entenderse como un PROCESO de toma de decisiones, en el que deben considerarse la situación actual y los factores, externos o internos, que pueden influir en el logro de objetivos que delinean un futuro deseado. Es importante incidir en la idea de proceso, que se define como “un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al interactuar juntas, simultánea o sucesivamente en los elementos de entrada los convierten en productos o resultados”.
Por otra parte, toda estrategia, acción o propuesta de desarrollo se manifestará de una u otra forma en el territorio, cuya ocupación, su dominio y explotación han sido, básicamente, las condicionantes de la historia de la humanidad sobre la Tierra, por lo que la planificación física, traducida en ordenamiento del territorio, es fundamental. Sin embargo, este ordenamiento no tiene sentido alguno si no se basa en los asentamientos humanos, cuya expresión más compleja son las ciudades, en las que, para el año 2050, habitará más del 75% de la población mundial.
La población se concentra en las ciudades buscando y, muchas veces, logrando oportunidades para mejores condiciones de vida, esta concentración también promueve la diversificación, disponibilidad y calidad de bienes y servicios, mejora la gestión de los servicios básicos, expande los beneficios de la tecnología y las comunicaciones y crea condiciones para la productividad en muchos sectores de la economía; pero, por otra parte, provoca grandes desafíos en la dotación de servicios básicos, en la producción de vivienda, en la generación de empleos, en la seguridad y en el ordenamiento del territorio, demandando la planificación del uso del suelo y la protección del medio ambiente y los recursos.
La concentración de la urbanización genera oportunidades y, al mismo tiempo, problemas que deben afrontarse; no frenar la urbanización, prepararse para ella. Fotografía: Laderas de La Paz, Luz y Sombra Photography, 2013.
Además de estas ventajas, los desafíos descritos se encuentran con problemas de desigualdad y pobreza crecientes en las áreas periurbanas y en el área rural, expansión no controlada de algunas ciudades (El Alto y Santa Cruz, por ejemplo) y condiciones de vulnerabilidad ante desastres naturales de diferente índole, según las variadas características del territorio, problemas que deben enfrentarse con una gestión eficiente de los asentamientos humanos, estrechamente vinculada con el desarrollo sostenible de las regiones y del país.
Hasta ahora, la expresión más importante de la vinculación de las ciudades con sus regiones se da con la migración de población rural hacia las concentraciones urbanas, ahondando los problemas de éstas, porque no se promueven efectivamente las actividades económicas secundarias, vinculadas a las primarias, en su lugar de origen. Como ejemplos: El Alto recibe ganado en pie para la producción de carne en mataderos con pésimas condiciones de operación y La Paz recibe cítricos o café de Los Yungas para su empaque en “industrias” ubicadas en el área urbana; el desarrollo sostenible en la región se posibilitaría si el valor agregado de faeneo, empaque y distribución al mercado urbano se generara en el lugar de origen del producto, lo que seguramente deba ser una iniciativa privada pero NECESARIAMENTE promovida por el Estado.
Generar valor agregado en el lugar de origen de la producción permitiría desarrollar ciudades intermedias y menores con actividad económica ligada a la especialización productiva de su región; economía comunitaria, sistema de ciudades, eficiencia espacial en la producción. Uno de los efectos positivos sería la reducción del flujo migratorio campo-ciudad. Gráfico: elaboración propia.
(En alguna entrega posterior hablaremos de mi concepción de la, demagógicamente, tan mentada “economía comunitaria”, que yo sí creo posible y es muy importante para el desarrollo urbano, aunque no como la predican. Tiene relación con la “función económica de las ciudades y regiones”).
Los ejemplos muestran con claridad las posibilidades de un desarrollo urbano vinculado al desarrollo rural que, con seguridad, debiera generar una reducción de la migración campo-ciudad, siempre y cuando, con una adecuada planificación, las poblaciones rurales relacionadas a la producción reciban los beneficios de las concentraciones urbanas, en un proceso que me atrevo a llamar “urbanización del campo”, con ciudades planificadas, vinculadas con su región, compactas, con actividad económica propia y con servicios, en una búsqueda de eficiencia espacial en la producción, basada en sistemas de ciudades, conectando ciudades grandes, intermedias y menores, haciendo que, junto al territorio en el que se asientan, se conviertan en motores del desarrollo.
Gráfico, de elaboración propia, con el que busco explicar el concepto de Sistema de Ciudades en el Territorio. Es sobre un territorio, con sus propias características medioambientales y con sus recursos, que construimos nuestro hábitat y nuestra vivienda, en centros poblados, cuya forma y jerarquía, articulación y conectividad y función o rol que ejercen, definen las condiciones de su integración en un SISTEMA.
Una vez definida la estructuración del sistema de ciudades es posible formular políticas para fomentar la concentración en más de una ciudad, empezando por las ciudades intermedias, posibilitando acciones más eficientes en cada una de ellas para reducir la pobreza urbana, fortalecer la economía y la planificación urbanas y lograr la sostenibilidad de los centros poblados y del sistema mismo.
No obstante que en Bolivia, según datos del Censo de Población de 2012, el 58.16% de la población se concentra en centros urbanos de más de 20.000 habitantes[1], la planificación que se realiza en el ámbito estatal está muy lejos de considerar esta realidad y la importancia de las ciudades como motores del desarrollo; para corroborar esta afirmación basta ver que la estructura del Estado cuenta con un Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras mientras que el desarrollo urbano está bajo la responsabilidad de una Dirección General de Desarrollo Urbano, dependiente del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, en el Ministerio de Obras Públicas, como si la ciudad fuera sólo infraestructura.
Sin embargo, se debe y es justo mencionar que, en los últimos meses, el Viceministerio de Urbanismo y Vivienda, con asistencia técnica y decidido apoyo de ONU-Hábitat, ha iniciado el trabajo de elaboración de la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades, un excelente esfuerzo para, por fin, generar una política de estado para el desarrollo urbano en Bolivia. Este trabajo ha buscado la participación de muchos sectores en reuniones, seminarios y consultas (de muchos de los cuales fui partícipe), llegando a la realización del Foro Urbano Nacional, el 30 y 31 de octubre pasados. Un excelente paso, aunque el Pronunciamiento del Foro haya acabado en un documento excesivamente largo, muy retórico y enfocado en detalles no muy importantes, cuyo análisis debiera ser objeto de otra entrega de este “blog” a futuro.
[1] En Bolivia se considera área urbana, desde mi punto de vista erradamente, a asentamientos con 2.000 habitantes o más, lo que incrementa este porcentaje a 67.33% de población urbana.
Imagen superior: Vista de Lipari, fotografía de Juan José Vázquez
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