¿QUÉ NOS PASA?

LOS POBLADORES Y EL ESTADO TAMBIÉN PUEDEN SER «PROBLEMAS DE LA CIUDAD«

Cuando inicié las publicaciones en este blog referido al “hacer ciudad”, lo hice con la convicción de que hacer ciudad es responsabilidad de todos: del Estado central que, por determinación de la Constitución Política, debe generar “políticas generales sobre tierras y su titulación” (Artículo 298, I.17), lo que, parece, no lo está haciendo muy bien (ver en este blog: https://jorge-valenzuela.blog/2022/10/19/se-confirma-el-avasallamiento-de-propiedad-publica/) y, además, debe planificar el desarrollo del país para generar mejores condiciones de vida para sus pobladores de áreas rurales y urbanas, lo que, parece, no acaba de entender porque considera las ciudades como “obras públicas” (el desarrollo urbano está a cargo de una dirección en el Ministerio de Obras Públicas) pretendiendo, sin lograrlo, privilegiar al área rural, como espacio aislado, sin relación con los grandes y medianos asentamientos humanos, desde un Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, atribuyéndose, a partir de uno de los grandes “errores” de la Constitución, competencia exclusiva sobre asentamientos rurales (Artículo 298, II.28), “error” incluido a propósito para control desde el Estado central a partir de una equivocada visión de un país predominantemente rural.

Con apoyo de ONU-Habitat se ha elaborado la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades, un documento marco fundamental, el mismo que no ha recibido prácticamente ninguna atención de las autoridades y, a pesar del tiempo transcurrido, no tiene promulgación para poder entrar en vigencia. No creo que quienes han asumido la responsabilidad de administrar el estado tengan muy claro que, desde esa ubicación, se debe planificar y actuar buscando el bien común por encima de cualquier interés sectorial o personal.

Hacer ciudad es responsabilidad del sector privado desde toda la diversidad de sus campos de acción: del campo dedicado a la construcción y al negocio inmobiliario, en el que se han generado lamentables situaciones dentro del Concejo y el Ejecutivo municipales, además de no medir importantes perjuicios a la sostenibilidad y calidad de vida de la ciudad a partir de verdaderos atentados contra la normativa vigente.

(Ver en este blog entradas al respecto:  https://jorge-valenzuela.blog/2022/01/30/que-pasa-con-la-norma-no-hay-fiscalizacion/; https://jorge-valenzuela.blog/2022/03/16/regularizacion-a-la-medida-del-negocio-contra-la-ciudad/).

Desde el campo profesional tenemos grandes responsabilidades frente a la ciudad los arquitectos, los urbanistas, los ingenieros civiles, los ingenieros sanitarios, los medioambientalistas y los de otras especialidades, obligándonos a una actividad enmarcada en la ética profesional y en cumplir y velar por el cumplimiento de la normativa vigente, en prevenir a la población y a las autoridades sobre los efectos e impacto que, desde nuestra experiencia y visión técnica, pueden provocar ciertas acciones e intervenciones en el territorio y la infraestructura. (ver en este blog: https://jorge-valenzuela.blog/2022/09/22/la-paz-densificacion-necesaria-pero-como/)

La responsabilidad del ciudadano, del poblador de la ciudad, en el hacer ciudad es enorme y fundamental, desde educar a los más pequeños para que comprendan su responsabilidad personal frente al otro, frente a los demás, inculcando valores y actuando en consecuencia, educando con el ejemplo y mostrando que queda claro para todos que nuestros derechos terminan donde comienzan los de los otros. Los pobladores de esta ciudad debemos tener presente, siempre, que vivir en sociedad requiere reglas que deben cumplirse, porque estas reglas generan un marco de respeto entre unos y otros y de obligaciones frente a la propiedad de todos, la ciudad, su infraestructura, sus espacios públicos, sus áreas verdes, su medio ambiente, su paisaje, su imagen, sus equipamientos y sus servicios.

Dicho esto, me referiré al título de esta entrada, los pobladores e incluso las autoridades como uno de los problemas de la ciudad, lo que parece carecer de lógica, sin embargo, la observación cotidiana de lo que ocurre en la ciudad permite mantener la afirmación e incidir en que el problema radica no en el poblador en sí sino en sus actitudes y cuyo efecto lo sufre él mismo y, al parecer, no le importa mucho. Raras veces hago referencias políticas en las entradas de este blog, pero, por el tema que trato en esta entrada es necesario referirme a la sistemática “desinstitucionalización del estado” perpetrada en los últimos años pretextando “proceso de cambio”. ¿Por qué es importante esa referencia? Porque la sistemática destrucción de la institucionalidad ha llevado a la ciudadanía a la “creencia” de que todo es posible, que no existe ley o normas (porque ciertamente la justicia está podrida) y que “podemos hacer lo que nos dé la gana”, parece una reacción lógica, dado que hasta se ha violado la Constitución Política del Estado, desde el propio Estado, en varias oportunidades.

La ocupación indiscriminada del espacio público que, en realidad es un avasallamiento de la propiedad de todos, es una triste realidad. El comercio informal avanza cada vez más en la ocupación de aceras y otros espacios públicos, ejemplo seguido por el comercio formal que hace rato ya salió de los límites de su propiedad avanzando sobre lo público. Es muy comprensible que el comercio informal prolifere por la realidad socioeconómica, pero es obligación del Estado central generar condiciones para la creación de empleos, apoyando a la iniciativa privada y no buscando su destrucción; es obligación del gobierno municipal controlar la ocupación del espacio público, pero parece haber perdido toda posibilidad de acción efectiva al respecto y cada vez se profundiza el lucro privado a costa de la propiedad pública.

Y no solamente es el comercio, muchas actividades económicas se realizan en el espacio público, desde procesamiento, venta y consumo de comida con dudosas condiciones de higiene hasta servicios de todo tipo como reparación de vehículos, cambio de aceite, carga de baterías y lavado de vehículos en vía pública. Se que no es posible erradicar estas actividades, pero si es necesario y factible ordenarlas, condicionar su ubicación y su funcionamiento de tal manera que su realización no genere perjuicio para el peatón, la movilidad urbana, los servicios básicos, la higiene y el medio ambiente.

Estos son problemas importantes por su magnitud, las implicaciones sociales que conllevan y la dificultad de sus soluciones, también me referí antes a los problemas de movilidad que tiene nuestra ciudad (ver entrada: https://jorge-valenzuela.blog/2022/07/21/movilidad-urbana-en-la-paz-puede-mejorar/) a raíz de su deficiente y caótico transporte público, de la concentración de actividades en un centro, del mal diseño de muchas de nuestras vías y de la arbitrariedad de operadores y usuarios y de la falta de educación y control, pero lo que verdaderamente me motivó a escribir sobre este tema fueron las actitudes de los pobladores de nuestra ciudad, sean ciudadanos comunes u operadores de servicios, en el “modo podemos hacer lo que nos dé la gana”.

Estacionamiento en doble fila con el supuesto de la “magia” de las luces de parada que creen podrían “desmaterializar” el vehículo y no perjudicar el flujo normal del tráfico; si les reclamas… quieren comerte, si se acerca el agente (policía o municipal) le gritan y hasta lo maltratan ¿de dónde obtienen su derecho para no cumplir las reglas?, de su prepotencia (“¿sabes quién soy?”), del supuesto poder que les da su condición económica, su apellido, su afiliación al sindicato, su pertenencia a las fuerzas armadas o policiales o su militancia en el partido de gobierno. La misma actitud está en no cumplir señales como el semáforo en rojo, “no girar a la izquierda”, “no girar en U”, “no estacionar”, etc.

El que está construyendo ocupa la acera con material de construcción cerrando el paso a los peatones, no se sabe si tiene el “permiso de ocupación de vía” que debería otorgarle el gobierno municipal, si lo tuviera, “circule por el frente” es su aviso, ¡no señor!, el permiso de ocupación de vía debe garantizar la libre circulación y la seguridad del peatón e incluso de los conductores de vehículos; en nuestra ciudad el constructor tiene el privilegio de la ocupación de vía cuando los privilegiados deben ser el vecino, el peatón o el conductor.

En resumen, los más hacen lo que les viene en gana porque creen tener derechos pero no obligaciones, que están por encima de la norma porque ya no importa la norma dado que hasta la norma fundamental (Constitución) se pisotea cada día desde el propio gobierno. Andamos mal, muy mal!!!

Imagen destacada o de cabecera: Vista de la ciudad de La Paz, fotografía de Dreanstime.