Decidir un territorio implica ejercer poder, gestión y planificación sobre un espacio geográfico, definiendo su uso, ordenamiento y desarrollo a través de procesos políticos y sociales.
Planificar el territorio no puede seguir siendo entendido como un simple ejercicio de delimitación espacial, zonificación o distribución administrativa del suelo. El territorio no es un soporte vacío ni un escenario pasivo sobre el cual se implantan actividades humanas; es, por el contrario, un sistema vivo, diverso y productivo (Cabrera y Rivera, 2025)[i], cuya transformación está determinada por la relación dinámica entre territorio, población e infraestructura, los tres componentes fundamentales de todo asentamiento humano.
El territorio no se planifica para el territorio, se planifica para la gente que lo habita, se planifica para la población, para sus necesidades, para su capacidad de producir, para su derecho a mejores condiciones de vida y, sobre todo, para construir futuro. Por eso insisto en algo que he venido sosteniendo hace años: los asentamientos humanos y las ciudades deben ser el sujeto principal de la planificación territorial.
No existe desarrollo posible si seguimos pensando el territorio como una superficie abstracta y no como el espacio donde viven las personas, donde trabajan, donde estudian, donde producen, donde buscan oportunidades. La ciudad no es un problema para contener, la ciudad es la principal herramienta para desarrollar el territorio.
El Departamento de La Paz, con una superficie cercana a 134 mil km² y una población superior a 3 millones de habitantes, tiene una geografía extraordinariamente diversa; altiplano, valles, yungas, Amazonía, cordillera, lago, regiones agrícolas, mineras, pecuarias, forestales y turísticas. Pocos territorios en Bolivia poseen semejante diversidad ecológica, climática y productiva y, sin embargo, seguimos planificando como si cada región existiera por separado, como si la ciudad no dependiera del campo, como si el campo no necesitara de la ciudad, como si la producción pudiera seguir saliendo como materia prima para ser consumida, empacada o transformada únicamente en la metrópoli.
Esta es la gran contradicción del desarrollo paceño. Tenemos un territorio con enorme capacidad productiva, pero sin una estructura racional que articule ciudades, regiones y producción. La consecuencia está a la vista:
- migración permanente hacia La Paz y El Alto
- debilitamiento de ciudades intermedias
- presión extrema sobre la metrópoli
- expansión urbana descontrolada
- ocupación de zonas de riesgo
- pobreza periurbana creciente
Esto no es casualidad, es resultado de la ausencia de una visión territorial integral.
La ciudad como sujeto principal de la planificación
El punto de partida debe ser claro: los asentamientos humanos son el verdadero sujeto de la planificación territorial. No se planifica el territorio por sí mismo; se lo planifica en función de la población que lo ocupa, de la infraestructura que construye y de la actividad económica que genera. En esa lógica, las ciudades —como expresión más compleja del asentamiento humano— deben ser comprendidas como motores del desarrollo regional.
La Paz presenta una clara vocación productiva territorial diferenciada. El documento “Estado Productivo del Departamento de La Paz” (Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural-2021), muestra con claridad que cada región posee especializaciones concretas:
- Altiplano: papa, quinua, camélidos, ovinos, ganadería
- Yungas: café, cítricos, coca, frutas
- Norte amazónico: cacao, castaña, bosque y turismo
- Valles: horticultura y producción agrícola intensiva
Esta estructura productiva debe convertirse en la base de un sistema de ciudades articulado. Esto significa fortalecer ciudades como:
- Caranavi
- Coroico
- Viacha
- Achacachi
- Patacamaya
- Apolo
- San Buenaventura
- Ixiamas
Hacerlo considerándolas nodos de transformación económica vinculados a su región inmediata. Solo así el territorio deja de expulsar población y comienza a retenerla mediante oportunidades reales.
La ciudad no puede seguir siendo solo receptora de migración y consumo, debe desarrollar funciones económicas concretas: transformación, logística, innovación y servicios especializados. Eso implica fortalecer un verdadero sistema de ciudades. Caranavi no debe ser solo origen de café, debe ser centro de transformación, empaque, comercialización y servicios especializados, Los Yungas no pueden limitarse a exportar cítricos o café en bruto, deben generar valor agregado en origen. Apolo, San Buenaventura, Viacha, Achacachi, Patacamaya y otras ciudades intermedias deben asumir roles productivos y logísticos específicos.
Ese es el verdadero sentido del ordenamiento territorial. No se trata solo de “ordenar el suelo”, se trata de ordenar la economía en el territorio y eso pasa por reconocer que las ciudades son infraestructura económica. Ya lo he sostenido antes: generar valor agregado en origen, fortalecer ciudades intermedias y estructurar sistemas urbanos articulados es la única manera seria de reducir la migración forzada hacia la metrópoli.
La metropolización paceña exige institucionalidad
Pero si hay un problema que hoy resulta insostenible, es la situación del área metropolitana. La Paz, El Alto, Viacha, Achocalla, Mecapaca, Palca, Laja y Pucarani conforman, en la práctica, una sola realidad funcional para sus habitantes y para la generación racional de infraestructura.
Más de 1,9 millones de habitantes viven, trabajan, estudian y se desplazan diariamente dentro de un mismo sistema urbano y funcional y, sin embargo, seguimos actuando como si fueran fragmentos aislados. Cada municipio planifica por su lado, cada gestión responde a su lógica política inmediata, cada límite municipal se convierte en una frontera absurda para la planificación.
El resultado es una metrópoli sin gobierno metropolitano, una metrópoli sin institucionalidad, una metrópoli sin visión compartida. Eso es, sencillamente, inaceptable, se gobierna una unidad funcional con ocho decisiones distintas. No se puede planificar movilidad sin institucionalidad metropolitana, no se puede planificar uso de suelo sin marco legal metropolitano, no se puede planificar vivienda, infraestructura, riesgo o expansión urbana sin una autoridad supramunicipal. La realidad urbana ya es metropolitana, lo que falta es voluntad política.
Aquí es donde debemos decirlo con claridad. El problema ya no es la falta de diagnósticos, los datos existen, la información existe, la evidencia territorial existe. El problema es político.
Hace años que la realidad territorial paceña exige un marco legal metropolitano, una autoridad de coordinación intermunicipal y un modelo departamental basado en sistemas de ciudades.
No hacerlo significa seguir administrando la improvisación, significa seguir permitiendo que la ciudad crezca sin proyecto, significa condenar al territorio a reaccionar siempre tarde. La planificación no puede seguir subordinada al corto plazo electoral, debe convertirse en una política pública de Estado.
La Paz no necesita más discursos sobre desarrollo, necesita decisiones, necesita institucionalidad, necesita liderazgo político, necesita entender, de una vez por todas, que el desarrollo departamental no se construye desde oficinas aisladas ni desde visiones municipales fragmentadas.
Se construye desde sus ciudades, desde sus regiones, desde su capacidad productiva, desde una visión integral del territorio. Si no asumimos hoy la construcción de una verdadera institucionalidad metropolitana y de un sistema departamental de ciudades, mañana no estaremos hablando de desarrollo.
Estaremos hablando, otra vez, de crisis urbana, de expansión descontrolada y de oportunidades perdidas. La Paz ya no puede seguir creciendo por inercia, debe empezar, por fin, a crecer y desarrollar por decisión política.
[i] Cabrera, Juan E. y Rivera, Juan Ramón, Editores: Historia Contemporánea de las Ciudades Bolivianas. Instituto Boliviano de Urbanismo y Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo – CIAU-UPB
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