A raíz de una publicación en la sección Sociedad del diario Página Siete en su edición del 24 de enero pasado (ver imagen destacada o de cabecera), se hace evidente que la entrada de este blog (18 de noviembre de 2021) con el título “¿Fiscalización Municipal?” tocaba un tema que debe preocupar de sobremanera.
La Ley de Usos del Suelo Urbano (LUSU) contiene la normativa para asegurar una ordenada y, supuestamente, sostenible ocupación del suelo en el proceso de urbanización y crecimiento de la ciudad de La Paz. La LUSU establece, en el Artículo 2, referido al Ámbito de Aplicación que “Las disposiciones de la presente Ley son de carácter general y obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, incluidos los tres niveles de gobierno que realicen edificaciones o construcciones dentro del límite urbano del Municipio de La Paz”.[1]
Está claro que quienes estamos obligados al cumplimiento de dichas determinaciones somos TODOS los que habitamos en esta hermosa ciudad, pero también está claro que muchos no se sienten aludidos por la Ley y la necesidad de acatarla por el bien común y nuestra calidad de vida. Duele observar que sean las instituciones públicas de “los tres niveles de gobierno” las que creen estar al margen de estas obligaciones, ejemplos sobran, veamos el bodrio de la llamada “casa del pueblo” y la arbitraria destrucción del patrimonio, al mando del entonces vicepresidente que con mazo en mano se hizo fotografiar demoliendo buena arquitectura, para la construcción del “cubo” del legislativo bajo el discurso de “descolonización”. (Ver entrega de este blog con el título: “Normativa para equipamientos…. ¿Existe? ¿Se cumple?” – 5 de marzo de 2019).
Una parte del sector privado tampoco demuestra que en sus emprendimientos cumple con la obligación que le impone la Ley (ver entregas de este blog con los títulos: “Fuera de Norma!!!?” – 10 de agosto de 2019 y “¿Cómo se administra la norma?” – 19 de marzo de 2020) y por ello el tema obliga a esta nueva entrega ya que la preocupación por el futuro de la ciudad es muy grande frente al avasallamiento que sufren sus incipientes esfuerzos para lograr sostenibilidad. Lamentablemente, estas acciones negativas no solamente se dan en el incumplimiento de lo establecido en los patrones de asentamiento definidos por la LUSU, tampoco se respeta lo que la ley define para los usos del suelo (ver entrega de este blog con el título: “Avasallando la propiedad pública” – 5 de diciembre de 2018).
Es evidente que hay empresas privadas que desde hace rato se han dado a la tarea, en aras de su negocio inmobiliario, de reírse de la norma y de sus determinaciones y demostrar una total falta de respeto por la ciudad y sus habitantes que merecen acciones claras para mejorar la calidad del ambiente urbano y, por efecto, su calidad de vida. Seguramente hay muchas otras “personas naturales o jurídicas” que están haciendo lo mismo, pero no lo hacen con el enorme despliegue de promoción de su destructivo negocio como lo están haciendo esta empresa y otras ante, lo que parece, una preocupante pasividad del gobierno municipal.
El artículo de Página Siete, mencionado al inicio, hace referencia a las varias transgresiones a la norma que proyectos construidos, en construcción y en promoción, transgresiones que pretenden justificarse, desde una empresa, con supuestos permisos otorgados por instancias gubernamentales de otros municipios, desconociendo la Ley N° 1669 del 31 de octubre de 1995 que establece la jurisdicción territorial del Municipio de La Paz, por tanto, cometen delito esas instancias municipales y la empresa que acude a ellas. Según la nota de Página Siete, este hecho delictivo es de conocimiento del GAMLP ya que menciona esta declaración: “‘Los permisos están en Palca o en Mecapaca’, sostuvo Arias[2] sin precisar la situación de cada una de las construcciones” y duele que, a pesar de ello no se tome medidas ante esta irregularidad y también ante la indefinición de límites en la que las relaciones de “oficialismo y oposición” hacen que la solución a este problema no se quiera tocar desde hace muchos años.
La misma nota de prensa hace referencia al reclamo de los vecinos en las áreas donde se ubican los edificios fuera de norma y a la razón de “seguridad” que ellos plantean en su reclamo, problema que les preocupa obviamente, porque las definiciones de la norma también consideran el tema de seguridad como un factor para regular el asentamiento. Si una transgresión, apoyada en ilegal autorización de una instancia gubernamental de otro municipio, ocasionara un accidente o un evento de riesgo, sin ninguna duda, la alerta y las acciones para solucionar posibles efectos del mismo se convertirían en obligación del GAMLP, como ya lo hemos visto varias veces (ejemplo camino a Mallasilla hace algunos meses), con el argumento de las autoridades del otro municipio de “no tenemos maquinaria”, pero claro, sí tienen facilidad para otorgar falsas autorizaciones.
También preocupa que las autoridades municipales digan, respecto de los proyectos inmobiliarios fuera de norma de una empresa: “‘Las construcciones, según la numeración que ellos le dan, son nueve y se iniciaron durante la gestión anterior. Todas son una situación heredada, conocida y no atendida por la anterior gestión’”.[3] El proceso de fiscalización debe ser permanente, es cuestión de estado, no es de una u otra gestión y si una falló la otra debe corregir la falla, por el bien de la ciudad.
Las construcciones fuera de norma continúan en su proceso, avanzan, crecen y, se hayan iniciado hace años o recientemente, deben ser objeto de fiscalización, la fiscalización garantiza el cumplimiento de la norma y ésta la ocupación adecuada del territorio. ¿Cómo es eso de “No podemos pronunciarnos sobre la situación legal de los proyectos” porque “según el sistema de información territorial, no existen solicitudes de permisos de construcción a su nombre”?, la declaración figura en la nota periodística de Página Siete de 24 de enero, en la que se aclara que corresponde a Vladimir Ameller, Secretario Municipal de Planificación hasta “el 14 de enero pasado”. No habrá solicitudes de permisos, pero hay obras de construcción concluidas y en avance que están fuera de norma y grandes campañas de difusión de negocio inmobiliario que atentan contra la ciudad con ofertas de edificios cuyos proyectos están también fuera de norma; ¡¡¡observar estas irregularidades es FISCALIZACIÓN y ésta es una responsabilidad ineludible del GAMLP, en la actual, la anterior o cualquier otra gestión!!!
Tampoco es posible que se acepten argumentos para justificar la infracción apoyados en una “norma de regularización”, como alegan los infractores, según nota del diario Página Siete: “‘Nuestras construcciones no son ilegales, hay una ley de regularización a la que nos estamos acogiendo’, sostiene Harold A. Lora Seoane (H.L.), gerente propietario de los edificios Las Loritas, en entrevista con Página Siete” (edición domingo 30 de enero de 2022). Aunque afirmen lo contrario SI son ilegales, y lo saben, si no lo fueran no estarían “acogiéndose a una regularización”. La experiencia ya ha demostrado que una “norma” como esa no hace otra cosa que “legalizar lo ilegal” y, además, abrir caminos para fomentar la irregularidad sin ningún beneficio para las mejores condiciones del desarrollo urbano.
Ya se está generalizando la actitud de infringir la ley y esperar la “norma de regularización” para legalizar la infracción, tal como lo demostré en la entrada con el título “Fuera de Norma!!!” (10 de agosto de 2019), infracciones grandes que acaban “legales” convirtiendo «la sanción de demolición en sanción de multa pecuniaria” (Artículo 22 de la Ley Municipal 233 y Artículo 85 de su Reglamento). Esta “monetización”, un ingreso a las arcas municipales, alcanza a montos que, para el ciudadano de a pie, parecen muy altos, pero para el infractor el monto, con seguridad, está dentro de sus márgenes de “riesgo” en su inversión, por lo que la única verdaderamente perjudicada es la ciudad.
Aunque la ley prevé la sanción, son claras las dificultades para llegar a una demolición de las áreas en infracción de las construcciones porque el GAMLP está abandonado por el sistema judicial (fiscales y jueces) que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, debiera apoyar plenamente a la fiscalización municipal para garantizar el cumplimiento de la ley. Sin posibilidad de demolición, las multas por infracción deben ser lo suficientemente fuertes como para evitar que los inversores inmobiliarios se sientan tentados a generar obra fuera de norma, por lo que la “monetización” que se utiliza debiera calcularse con base en la superficie de construcción fuera de norma y un precio por unidad de superficie superior al del valor comercial de la construcción, anulando cualquier posibilidad de negocio que pretenda aprovechar la infracción.
[1] Texto Ordenado Leyes Municipales Autonómicas Nros. 017 – 024 -050 -080, GAMLP.
[2] El artículo de prensa de Página Siete no aclara si se refiere al señor alcalde municipal Iván Arias.
[3] Diario Página Siete, Sección Sociedad, edición 24 de enero de 2022.
Imagen destacada o de cabecera: elaboración propia con fotografías de la campaña de promoción del edificio «Las Loritas 10» publicada en internet y de la nota de prensa de Página Siete en su edición de 24 de enero de 2022.
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