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La Paz: promesas grandes, ciudad olvidada

Para las elecciones municipales se habla de megaobras mientras los problemas estructurales de la ciudad siguen fuera del debate.

Hermosa vista nocturna de la ciudad de La Paz, Bolivia. Fotografía: Juan Pablo Revollo

Dentro de unos días (22 de marzo de 2026) elegiremos al próximo alcalde de La Paz, hay 17 candidatos en carrera y probablemente cinco o seis de ellos logren representación en el Concejo Municipal. Podría pensarse que una competencia electoral tan amplia generaría un debate profundo sobre el futuro de la ciudad; sin embargo, la campaña se ha llenado de proyectos espectaculares, imágenes llamativas y promesas de grandes obras o de propuestas sobre visiones barriales aisladas, mientras los problemas estructurales de la ciudad —los que realmente determinan su calidad de vida y su sostenibilidad— apenas aparecen en el discurso político.

Tren elevado, tren eléctrico, centro recreativo, grandes infraestructuras. Todo suena atractivo, todo se ve bien en un afiche de campaña, pero la pregunta inevitable es otra: ¿Quién está hablando de los problemas reales de La Paz?

La ciudad que vierte sus aguas servidas a los ríos

La estructura morfológica de la ciudad de La Paz basada en las condiciones que generan sobre el territorio las cuencas de los ríos a lo largo de las cuales crece la ciudad. Fotografía: Samu

La Paz suele ser descrita como una ciudad asentada sobre 300 ríos y riachuelos, en realidad, lo que tenemos hoy es algo muy distinto: una red de ríos convertidos en alcantarillado sanitario que vierten sus contaminadas aguas a cinco cuencas, la del Choqueyapu y las del Orkojahuira, Irpavi, Achumani y Huayñajahuira, en parte embovedadas y en gran parte aún a cielo abierto, las mismas que confluyen en el Río La Paz, cuyas aguas se utilizan para regar los cultivos de la zona de Río Abajo.

A la izquierda una vista de las nacientes del Río Choqueyapu en las alturas, con aguas cristalinas; a la derecha la contaminación que recibe a lo largo de su curso al atravesar la ciudad de La Paz. Fotografías: Wikipedia (izq.) Informe Auditoría Ambiental Contraloría General del Estado, 2013

Durante más de un siglo hemos aplicado la misma “solución”: embovedar los ríos y esconder el problema bajo tierra. Es una política urbana basada en la negación. Resolver este problema exige inversiones enormes: redes colectoras, separación de aguas pluviales y sanitarias, plantas de tratamiento, NO son obras vistosas, NO son atractivas para cortar cintas ni para hacer campaña, no se pueden concluir en el período de una administración municipal, pero seguramente son obras dirigidas a resolver el problema ambiental más grave de la ciudad y, prácticamente, no aparecen en la discusión electoral aunque es claro que afecta a su futuro y a su sostenibilidad.

La ilusión de resolver el tráfico con más cemento

Hermosas imágenes nocturnas de dos avenidas importantes de la ciudad de La Paz. Fotografías: Samu (izq.) y José Luis Paz Benítez (der.)

La congestión y el caos vehicular se han vuelto parte del paisaje cotidiano de La Paz, el parque automotor crece cada año y el transporte público sigue basado en minibuses de baja capacidad, mientras el número de vehículos aumenta, el transporte público de La Paz Bus (PumaKatari), que ha generado cultura ciudadana, está muy venido a menos por decisión de una administración municipal que no le interesó verlo mejorar y crecer y el de Mi Teleférico, que es muy útil en emergencias como las generadas por bloqueos, pero no logra definirse como transporte masivo, la movilidad urbana sigue siendo uno de los problemas serios de la ciudad.

La respuesta habitual siempre apunta a “proyectos” como un tren elevado cuya factibilidad es dudosa o tal vez inviable en las condiciones topográficas de La Paz o más vías y más infraestructura, pero, como escribió Lewis Mumford en un ensayo para New Yorker en 1955, “agregar carriles a las autopistas para resolver la congestión de tráfico es como soltarse la correa para resolver la obesidad”. El problema no está en la insuficiencia de vías (quizás la calidad de las existentes es mejorable) o en la cantidad de tráfico, el problema no es solamente cambiar o aumentar medios de transporte, es necesario cambiar la ciudad, es que no estamos planificando la ciudad.

Una vista del conflictivo tráfico en la ciudad del que son principales protagonistas los vehículos del transporte público sindicalizado de «minibuses».

Como lo planteó claramente Richard Rogers (Ciudades Para un Pequeño Planeta, 2000), las ciudades para funcionar en beneficio de su población NO deben expandirse indefinidamente ni depender del automóvil para todo, deben organizarse como ciudades compactas (expansión controlada, planificada)y policéntricas (varios centros) donde los servicios, el comercio, la cultura y, si posible, el trabajo, estén cerca de donde vive la gente. La Paz, por su geografía y por los modos de apropiación del territorio de parte de su gente, podría lograrlo mejor que muchas otras ciudades, pero esta poli centralidad, que ya está definida como estrategia en el Plan La Paz 2040 (archivado por la actual administración municipal) exige planificación, voluntad política en todos los niveles del estado y visión de ciudad, no “slogans” de campaña.

Una ciudad sin espacio público

Una impresionante vista de la ciudad de La Paz que muestra la densa ocupación del territorio y la enorme escasez de espacios abiertos públicos. Fotografía: Jesús Eduardo Oña Illanes

La Organización Mundial de la Salud considera que una ciudad debería tener al menos 9 metros cuadrados de área verde por habitante y ONU-Habitat recomienda 15 metros cuadrados por habitante, en La Paz tenemos entre 2,5 y 5 metros cuadrados de área verde por habitante (UMSA-2020), eso significa que nuestra ciudad vive con menos de la tercera parte del espacio verde recomendado.

Las pocas grandes áreas disponibles para pulmones de la ciudad como el bosque de Pura Pura, el Parque de Mallasa, el Parque Urbano Central y el Jardín de la Revolución (nunca hecho efectivo y le queda poca superficie) están permanentemente amenazadas por invasiones, urbanizaciones o presiones inmobiliarias. La Ley de Usos del Suelo Urbano (LUSU) incluye en sus planos áreas protegidas municipales y áreas destinadas a forestación y a preservación del paisaje natural que no se han respetado ni se respetan en manos del negocio inmobiliario sin reacción alguna de parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP).

Imágenes de conjuntos de vivienda de alta densidad. Arriba a la derecha una vista que permite ver, en el Distrito 18, los edificios y el movimiento de tierras para «avanzar» con urbanización en la colina ubicada dentro del Área Protegida marcada en los planos de la LUSU. (Fotos arriba: Google Earth y Jorge Valenzuela; fotos abajo: Guadalupe Dorado Quiroga)..

Mientras tanto, seguimos aprobando proyectos que densifican la ciudad sin generar nuevos espacios públicos, construimos ciudad privada, pero olvidamos construir ciudad pública. La disponibilidad de terrenos para espacio público y áreas verdes en la mancha urbana es muy escasa y en constante peligro de avasallamiento o, lamentablemente, es objeto de “concesión” de parte del propio Gobierno Municipal para su uso en proyectos que son negocios privados y no servicios públicos.

El problema no es sólo la escasez de espacio público, es también la forma en que lo usamos, aceras ocupadas por comercio informal, plazas convertidas en ferias permanentes, calles utilizadas como estacionamientos o talleres improvisados, áreas verdes cercadas o deterioradas. En teoría, el espacio público pertenece a todos, en la práctica, parece no pertenecer a nadie, ni las autoridades logran administrarlo adecuadamente, ni como sociedad hemos desarrollado una cultura de cuidado de lo común.

El problema invisible: los límites municipales

A todos estos problemas se suma otro que rara vez aparece en el debate político: la indefinición de los límites municipales de La Paz con los municipios vecinos. Este problema genera conflictos permanentes en la administración del territorio, en la provisión de servicios, en el control de la urbanización y de la ocupación del suelo, en otras palabras: dificulta cualquier intento serio de planificación urbana.

Sin resolver esta cuestión, la ciudad seguirá creciendo en medio de ambigüedades administrativas y territoriales. Si bien la administración municipal no es la única responsable de la solución, le corresponde marcar la línea de acción para una definición clara de jurisdicciones y avanzar en la institucionalización del Área Metropolitana de La Paz.

Una elección que debería hablar de ciudad

Vista de la Plaza San Francisco, el espacio público por excelencia de la ciudad de La Paz. Fotografía: Carolina Reumúndez

Las ciudades no se construyen con promesas de campaña ni con proyectos espectaculares, se construyen con planificación, visión y responsabilidad colectiva. Los grandes problemas urbanos de La Paz —sanidad ambiental, movilidad, espacio público y ordenamiento territorial— no se resolverán con una megaobra, se resolverán con decisiones difíciles, inversiones sostenidas y políticas públicas que miren más allá del próximo periodo electoral.

La pregunta que queda para esta campaña es simple: ¿queremos elegir un alcalde que prometa obras… o uno que se atreva a enfrentar los verdaderos problemas de la ciudad?

Imagen de Cabecera o Imagen Destacada: fotografía de la ciudad de La Paz de Giovanny Wolf

Gobierno Municipal de La Paz incumple la ley

La Ley de Usos del Suelo Urbano – LUSU o Ley Autonómica Municipal 017/2012, aprobada en el Concejo el 2 de mayo de 2012 y “promulgada de oficio” por el Concejo el 25 de septiembre de 2012 (https://sitservicios.lapaz.bo/) modificada, actualizada y complementada con las leyes 050/2013 y 080/2014, contiene el conjunto de normas y reglas para la ocupación ordenada del suelo y las condiciones que deben cumplir las edificaciones que hacen la ciudad con patrones de asentamiento y parámetros para la ocupación del predio (AMC), superficie máxima de edificación (AME), altura (AMF), retiros, parqueos requeridos y área verde (AMV).

Figura 1: Una publicación de https://es.scribd.com/, un resumen explicativo del contenido de la Ley de Usos del Suelo Urbano LUSI para informar a la población. Fuente: https://es.scribd.com/

Es una norma que tiene notables defectos ya que ha quedado obsoleta en muchos aspectos ante el acelerado crecimiento de la ciudad, por los cambios que se han producido en la estructura urbana y frente a la ausencia total, por años, de planificación, a pesar de ello es un marco normativo cuyo cumplimiento debiera poner orden en la ocupación del suelo pues genera reglas para limitar acciones negativas para la ciudad en busca de preservar su calidad ambiental y su sostenibilidad, su imagen y su paisaje y favorecer condiciones para la convivencia social.

Pero ocurre que las leyes complementarias 050/2013 y 080/2014 definen la sustitución de la aprobación de planos por la “autorización de construcción” y la elaboración de “planos as built” (un anglicismo necesario) para la aprobación de la construcción una vez concluida. “Planos as built” son los planos “como se construyó” y es un requerimiento que puede ser solicitado por el cliente o propietario, pero NO tiene que ser público, o sea, no puede ser requerido por el Gobierno Municipal, en muchos casos por razones de seguridad. Por ejemplo, los “planos as built” de un banco son para uso del banco y no pueden publicarse por razones obvias, por tanto, no pueden ser objeto de un trámite que, en aras de la transparencia, es ppúblico. Si el negocio inmobiliario y la población irresponsable no infringieran la norma y se contara con una fiscalización efectiva, responsable y transparente no se necesitarían los “planos as built” como documento público.

Figura 2: Una representación artística de las edificaciones de la ciudad de La Paz – Fuente: https://static.vecteezy.com/

Para hacerlo corto: la autorización de construcción, restándole importancia al proyecto mismo expresado en planos arquitectónicos y al trabajo de su autor, requiere la presentación de “polígonos” que facilitan el cálculo de parámetros para “controlar” el cumplimiento de la norma y sirven para que se autorice la construcción, el constructor, el promotor o el propietario hacen prácticamente lo que creen conveniente y modifican el proyecto a su criterio y necesidad y y cuando la construcción está terminada se presentan los planos “as built”, no necesariamente firmados por el autor del proyecto, para su aprobación con las modificaciones introducidas, sin autorización del proyectista y si estos cambios infringen la norma se va al proceso de regularización, en resumen “hacemos lo que queremos y luego regularizamos” con unas multas que, en los casos de grandes infracciones, resultan ridículas.

Figura 3: Una representación artística del «skyline» de la ciudad de La Paz – Fuente: https://www.pictorem.com/

Los planos y proyectos arquitectónicos deben ser firmados y sellados por sus autores arquitectos que asumen la responsabilidad profesional sobre los mismos y la Ley 1373 del Ejercicio Profesional del Arquitecto, Ley Nacional del 13 de noviembre de 1992 (https://www.lexivox.org/norms/BO-L-1373.html) y su Decreto Supremo Reglamentario (DS25905 de 15/09/2000) reconocen el derecho de autoría y establecen el registro de esos proyectos en el Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz (CDALP) lo que garantiza el derecho de autoría y el ejercicio de la profesión, por tanto, cualquier modificación en ellos debe ser autorizada por el arquitecto firmante.

Los proyectos se presentaban a la Alcaldía para su aprobación con la certificación de este registro con el visado de los planos en el CDALP hasta que, a la luz de las leyes 050/2013 y 080/2014, mediante “Instructivo OMPD-DATC Nº 003-2013” se instruye NO exigir el visado del CADLP para ningún trámite desconcentrado de la DAT-C. A partir de esta medida se ha podido verificar que se han presentado en la Alcaldía planos con sellos profesionales y firmas falsos o pertenecientes a arquitectos fallecidos por falta de una certificación establecida en una ley (Ley 1373).

Figura 4: Cartillas publicadas por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para instruir sobre la aplicación de la norma de la Ley de Usos del Suelo Urbano. Con el proceso de regularización de edificios fuera de norma, esta información pierde importancia. Fuente: https://sitservicios.lapaz.bo/

Pero, lamentablemente, en tantos años en los que, desde el estado, se ha propiciado y ejecutado un proceso de desinstitucionalización, el “metele nomás” se ha generalizado y, dado que el propio estado atropelló la ley, el infringir la norma se ha normalizado en la sociedad civil. Así como el semáforo o la señalización vial parecen ser adornos y no elementos regulatorios para vivir en sociedad, infringir las normas de la LUSU ha sido y es “pan de cada día”, con ausencia total de fiscalización y con un increíble “apoyo” de parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) mediante un proceso de regularización de edificios fuera de norma que ya dura más de 20 años y parece que no terminará, así que “metele nomás” y se regulariza, aunque la ciudad ya sea un caos. Muchas irregularidades de incumplimiento de la norma han sido mostradas y tratadas en este blog desde el 2019 (ver nota al pie de página[1])

La Ley Autonómica Municipal 467 de 26 de noviembre de 2021, firmada por tres, ahora, candidatos a alcalde de La Paz en las próximas elecciones subnacionales (Iván Arias, Oscar Sogliano y Jorge Dulón) le “pone una corona” al proceso de legalización de irregularidades actualizando acciones incluidas en su inicio el 2004. Es fácil imaginar la cantidad de edificios fuera de norma que se han construido en estos últimos 21 años, sería de interés saber cuánto ha logrado el proceso en la regularización de la situación legal de cientos de viviendas en las laderas que, por el “espíritu” de esta norma, era su objetivo principal, pero sí ha regularizado muchos edificios del mercado inmobiliario que, ante la falta de planificación, construye la ciudad en beneficio de sus propios intereses.

Figura 5: Una construcción fuera de norma («No tiene plano de construcción aprobado») que seguramente entró en el proceso de regularización, 10 años después de iniciado este proceso que parece intermi9nable. Fuente: https://www.opinion.com.bo en publicación de 2014

Considerando que estas medidas atentan, no solamente al ejercicio de la profesión del arquitecto si no también al desarrollo de la ciudad, el Colegio de Arquitectos presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia una ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD en contra de estas leyes 050/2013, 080/2014 y 467/2021, la misma que fue aceptada y aprobada el 22 de agosto de 2025; desde entonces estas leyes son INCONSTITUCIONALES y nulas y, aunque, en reiteradas oportunidades, se ha comunicado de este hecho al Concejo Municipal y al Alcalde, ninguna de estas instancias ha hecho caso y menos ha iniciado acción alguna para resolver este problema.

Al no haber logrado el GAMLP apelación a la medida en los plazos estipulados por ley, DEBE cumplir con la anulación o modificación de estas leyes y por tanto toda aprobación, licencia de construcción, planos “as built” o regularización que se haya tramitado después del 22 de agosto de 2025 ES NULA y perjudica enormemente a los usuarios, lo que parece no importarle al GAMLP; se nota que seguimos actuando bajo los resabios de la desinstitucionalización de los últimos 20 años y la gente es la que paga.

Figura 6: El Plano de Usos del Suelo en el sector de San Miguel-Los Pinos (izquierda), el punto rojo marca la ubicación del terreno donde se construyó el edificio que se analiza líneas abajo; el óvalo amarillo marca el color azul que el plano define como Área de Equipamiento. A la derecha, la Cartilla Normativa del Patrón de Asentamiento Zona Sur 4-d19 que rige para el predio en cuestión. Fuente: Elaboración propia con documentos de información territorial publicados por el GAMLP.

Figura 7: Los detalles de la cartilla normativa que, en muchas de sus determinaciones, se ve claramente que no fueron cumplidas, el incumplimiento o cumplimiento de otras debiera revisarse en un marco de transparencia. Fuente, elaboración propia con imágenes publicadas por el GAMLP.

No obstante que la Ley 467, en su Artículo 1, establece: “La presente Ley Municipal Autonómica tiene por objeto Regularizar aquellas edificaciones anteriores a la publicación de la presente Ley, que no se hubieran adecuado a los parámetros de edificación la normativa técnica territorial…” Y que en su Artículo 3 señala: “La presente Ley Municipal Autonómica, entrará en vigencia a partir de su publicación, hasta el 31 de diciembre de 2022”, el proceso de regularización ha continuado hasta ahora y desconocemos si hay otra nueva ley o norma que lo haya permitido.

Figura 8: Ubicación del edificio fuera de norma, pero a punto de inaugurarse, por lo que se supone haber sido objeto regularización aunque la Lel Autónoma Municipal 476 ya no está vigente desde el 31 de diciembre de 2022 ¿Hay otra norma posterior que haya permitido esta regularización? En la imagen de la derecha abajo, el rectángulo amarillo marca el área que, en el Plano de Usos del Suelo de la LUSU figura como Área de Equipamiento. Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth y Plano Catastral del GAMLP

Un notorio edificio aún en construcción o en etapa de conclusión (ver pie de página[2]), ubicado sobre un terreno de más de 4.000 metros cuadrados de superficie, entre San Miguel y Los Pinos, precisamente colindante con esta urbanización, según la norma de la LUSU con Patrón de Asentamiento Zona Sur 4-d19 que establece una ocupación (AMC) de 50% de la superficie del terreno y una altura permitida (AMF) de 6 plantas, pero, con opción de aplicar “incentivos a la inversión” por las dimensiones del predio para alcanzar una altura de 8 plantas y Área Mínima Verde (AMV) 40% de la superficie del terreno.

Figura 9: El edificio analizado visto desde el terreno de propiedad pública (hoy parqueo municipal) entre la Calle 21 y la Av. Montenegro (izquierda). A la derecha se ve la torre del sector oeste con 20 pisos de altura; abajo se ve una calle, se supone peatonal por el macetero del medio y que ocupa el área que en el Plano de Usos del Suelo figura como destinado a equipamiento. Fotografías: J. Valenzuela.

Figura 10: Vista de la torre de 12 pisos del sector este del edificio que claramente contrasta con el edificio vecino que SÍ está en norma como se ve en la imagen de la derecha. El área verde que se ve en la imagen es área verde pública, NO corresponde al Área Mínima Verde (AMV) que requiere la norma y que, para este caso, debe ser de 1.600 metros cuadrados, lo que claramente el proyecto NO cumple. Fotografías: J. Valenzuela

Resulta que el edificio tiene dos torres una de 12 plantas ubicada en el sector este del terreno y otra de 20 plantas en el sector oeste, o sea, un incremento de 4 y 12 plantas ilegales o irregulares que fueron REGULARIZADAS!!! Lamentablemente, para efectos de este artículo, no hay cómo comprobar si el área de ocupación del terreno responde a la norma pero se puede poner en duda el cumplimiento de la norma respecto del retiro posterior que, según tabla, para 20 plantas debe ser de 5,00 metros, lo que sí parece claro es que NO hay un área verde de 1.600 metros cuadrados como exige la norma; en caso de que estos requerimientos normativos no se hayan cumplido, también fueron regularizados, seguramente aplicando la Ley 467 que, según su propio texto, ya no está vigente, salvo que no nos hubiéramos enterado de otra norma que respalde esta irregularidad.

Lamentablemente así andamos y con 17 candidatos en las próximas elecciones subnacionales para ser alcalde, algunos de los cuales son responsables de este caos institucional.

[1] https://jorge-valenzuela.blog/2022/03/16/regularizacion-a-la-medida-del-negocio-contra-la-ciudad/

https://jorge-valenzuela.blog/2022/01/30/que-pasa-con-la-norma-no-hay-fiscalizacion/

¿Cómo se Administra la Norma?

Fuera de Norma!!!

[2] Este edificio tiene previsto el funcionamiento de salas de cine lo que hace menos “necesario” el Multicine Sur que la Alcaldía pretende autorizar como un negocio privado en un terreno de propiedad pública con la figura de Alianza Público-privada (APP), este ha sido denunciado y tratado en este blog en “post” del 5 de febrero de 2025 y aún persiste el peligro de hacerse realidad en desmedro de la escasa disponibilidad de espacios para equipamiento público en la ciudad. https://jorge-valenzuela.blog/2026/02/05/ilegalidad-y-falta-de-transparencia/

Imagen destacada o de cabecera: elaboración propia con imágenes de CAB y GAMLP

¿ILEGALIDAD Y FALTA DE TRANSPARENCIA?

PROYECTO DE «CENTRO COMERCIAL Y DE ENTRETENIMIENTO FAMILIAR- MULTICINE» EN SAN MIGUEL EN EL MARCO DE UNA «ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA«

San Miguel es un barrio de la Zona Sur de la ciudad de La Paz que se construyó como un conjunto de viviendas unifamiliares de interés social para familias de clase media en los años 70 del Siglo XX; con la construcción y el desarrollo de la “Urbanización Los Pinos” (más de 5.000 personas), la actividad comercial creció y también las zonas adyacentes, generándose la segunda centralidad de la ciudad (la primera es el centro tradicional, Plaza Murillo, alrededores y expansión).

El área de ubicación del terreno de propiedad pública en el que se pretende construir el «equipamiento» del «Centro Comercial y de Entretenimiento Familiar-Multicine». Puede observarse el proceso de densificación de la zona con edificios en su mayoría destinados a comercio y oficinas, avanzando a la monofuncionalidad que, en ningún caso, aporta a la sostenibilidad de la ciudad. Imagen: elaboración propia desde Google Earth.

Actualmente San Miguel es un barrio en crecimiento con una muy fuerte actividad comercial que se está densificando y avanzando inexorablemente al terrible destino de área monofuncional (comercio) por falta de previsión desde la planificación, monofuncionalidad que el urbanismo contemporáneo está buscando evitar en aras de la sostenibilidad de las ciudades. Por otra parte, es un área con graves problemas de movilidad por el caos vehicular y que sufre un fuerte défict de áreas verdes y espacio público.

El único sitio disponible para tratar de reducir los déficits y que estaba destinado a un Centro Cultural Municipal, de acceso público, con espacio público y algo de área verde (un proyecto no concluido y mejorable), ahora, es destinado al beneficio privado, excelente negocio para la empresa, en un predio de propiedad pública con el pretexto de “reactivar el sector”, en una zona donde la actividad generada por el comercio es abrumadora e imparable; según José Carlos Campero, Secretario Ejecutivo del GAMLP “es el sueño anhelado de muchos años ya que la zona estaba abandonada” (Agencia Municipal de Noticias, 04/12/2025).

Imágenes publicadas por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz el 2018 con el anteproyecto de Centro Cultural Municipal que, además de las áreas culturales incluía espacio público, áreas verdes (mejorable), espacios recreativos y áreas deportivas **públicas**. Mantenía el comercio existente.

La entrega del predio municipal ubicado entre las calles 21, Montenegro y Pancara en San Miguel, Zona Sur de La Paz, a una empresa privada para un “Multicine” pretende ampararse en la Ley Municipal Autonómica 531 para Alianzas Público-Privadas (APP) promulgada el 13 de agosto de 2024 cuyo Reglamento es de abril de 2025.

Al establecer los alcances, la mencionada Ley Municipal señala (Artículo 6):

“La presente Ley establece la conformación de Alianzas Público-Privadas, para la ejecución de programas, proyectos y actividades de interés común que respondan a las atribuciones y competencias del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, excluyendo los restrictos por la Constitución Política del Estado y leyes nacionales específicas vigentes, con el siguiente alcance:

a) Diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de una obra pública nueva;

b) Rehabilitación o mejora, operación y mantenimiento de una obra pública existente;

c) Ejecución de proyectos de inversión social (elegible);

d) Desarrollo de proyectos de inversión productiva, investigación aplicada y/o de innovación tecnológica;

e) Administración de bienes municipales, de acuerdo a las normativas vigentes;”

Es necesario que se explique ¿en cuál de todos los aspectos mencionados entra un Centro Comercial y Multicine?

Definiendo las instancias del GAMLP para realizar las acciones de conformación de las Alianzas Público-Privadas (Capítulo II, Artículo 8) la Ley 531 señala que la Secretaría Técnica tendrá “las siguientes atribuciones:

a) Identificar necesidades y oportunidades para la conformación de Alianzas Público-Privadas.

b) Promover la inversión privada para satisfacer las necesidades públicas del municipio a través de las Alianzas Público-Privadas.

c) Analizar y realizar la evaluación técnica, económica, financiera, social, competencial y legal de las propuestas de Alianzas Público-Privadas de iniciativa pública e iniciativa privada que sean sometidas a consideración en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y en su caso solicitar ajustes a los proyectos de Alianzas Público-Privadas.

d) Seleccionar las mejores iniciativas de Alianzas Público-Privadas mediante proceso público y competitivo.”

También se requiere explicación sobre ¿cuáles y cuántas de estas acciones se han realizado en la Secretaría Técnica, en cumplimiento de sus atribuciones, para definir la APP para el Centro Comercial y Multicine en San Miguel? Este “equipamiento” es un negocio privado y NO es una necesidad pública (además de la existencia de otros comercios iguales) ni un proyecto de inversión social que justifique la entrega al sector privado de uno de los escasos espacios de propiedad pública con que cuenta la ciudad.

Al referirse a los Contratos de las Alianzas Público-Privadas (Título II, Capítulo I), la Ley 531 en el artículo 18, referido a las etapas de conformación de las APP, entre sus incisos menciona:

“d) Proceso de selección: Proceso público y competitivo que tiene por finalidad seleccionar al Agente Privado con mejores condiciones para los fines de la Alianza Público Privada.”

Esta determinación se repite en el Capítulo III, Título I referidos a los procesos de selección de las APP:

“II. La conformación de la Alianza Público Privada deberá ser efectuada a través de un proceso de selección mediante concurso público, previa aprobación de la Alianza Público Privada por parte de la Máxima Autoridad Ejecutiva. En cualquier caso, las bases administrativas para el concurso público se regirán por los principios de transparencia, igualdad, concurrencia y publicidad.”

El GAMLP ha recibido (o la empresa ha entregado) el proyecto el 14 de febrero de 2025, lo ha aprobado el 25 de abril de 2025, en tanto que la publicación del REGLAMENTO de la Ley 531 es el 29 de abril (ver imágenes). La «publicación del concurso público» es del 30 de abril, con cierre de la convocatoria el 30 de mayo de 2025 con un proyecto de APP claramente especificado y aprobado como CENTRO COMERCIAL Y DE ENTRETENIMIENTO FAMILIAR SAN MIGUEL – MULTICINE SUR.

Publicación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en https://lapaz.bo/alianza-publico-privada/
¿Puede, con el plazo y condiciones publicadas, otra empresa o grupo presentar en un plazo tan corto, otra iniciativa que compita, en igualdad de condiciones, con una propuesta elaborada cuando las bases (Reglamento) se publicaron un mes antes del cierre? Queda claro que el proyecto era ese y debñi9a ser ese, no otro.

¿Con base en qué criterios el GAMLP ha aprobado la NECESIDAD para la ciudad y la comunidad de un Centro Comercial y de Entretenimiento Familiar-Multicine? La ciudad tiene muchas otras necesidades como áreas verdes, especio público, equipamientos culturales públicos, no un NEGOCIO privado, más aún habiendo otros «multicines» (uno de ellos también en terreno de propiedad pública) y menos para ese sitio. ¿Dónde quedaron los principios de transparencia, igualdad, concurrencia y publicidad?

Publicación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en https://lapaz.bo/alianza-publico-privada/
¿Con qué tipo de consideraciones técnicas o estrategias resultantes de un proceso de planificación, puede aprobarse un proyecto como éste para ubicarlo en propiedad pública?

En el Reglamento de la Ley Municipal Autonómica 531, se registran PRINCIPIOS (Artículo 5) para su aplicación y entre ellos, se define:

“a) TRANSPARENCIA. – El manejo de los recursos del GAMLP, por parte de las servidoras y los servidores públicos municipales; así como, por las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que presten servicios o comprometan recursos de la entidad municipal, debe ser realizado en forma clara, permitiendo el acceso libre a toda la información, en todos los ámbitos y en todas las fases de los procesos y actividades, sin mayores limitaciones que aquellas expresamente establecidas por el ordenamiento jurídico”.

Publicación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en https://lapaz.bo/alianza-publico-privada/ Las «bases» para la presentación de iniciativas privadas destinadas a APP (Reglamento de la Ley 531) se publican el 29 de abril y la «convocatoria» cierra el 30 de mayo

Por este motivo es que en este artículo se insiste y se requiere INFORMACIÓN y TRANSPARENCIA para que podamos conocer, entender y evaluar los alcances de un proyecto de Alianza Público-Privada que va a utilizar un bien público para un Centro Comercial y Multicine en San Miguel; un proyecto que NO resuelve siquiera alguno de los múltiples problemas que aquejan a la ciudad, no responde a ninguna estrategia derivada de la planificación ni aporta a satisfacer necesidades de la comunidad y menos a la sostenibilidad de la urbe, sólo genera una inversión importante en un “equipamiento” cuyo funcionamiento beneficiará totalmente a la empresa privada que lo manejará como lo que es, un negocio.

Con base en lo expuesto, a la espera de las explicaciones y las manifestaciones de transparencia por parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, este proyecto parece mostrar irregularidades frente a las determinaciones de la Ley Municipal Autonómica 531, por tanto, esperemos no adolezca de ILEGALIDAD pero SÍ es totalmente FALTO DE TRANSPARENCIA, por lo que el CONCEJO MUNICIPAL TIENE LA OBLIGACIÓN DE REVISARLO A LA LUZ DE LA LEY que la propia instancia legislativa aprobó y velando por la preservación de la escasa propiedad pública para aprovecharla en lograr soluciones a reales problemas urbanos.

Imagen destacada: Publicación del GAMLP en su página https://www.facebook.com/MunicipioLaPaz editada por el autor del Blog

AVASALLAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO: ¡MODO INCREIBLE!!

El 3 de enero pasado publiqué una mini-entrada con el título ¿Nueva Forma de Avasallamiento del Espacio Público?, en la que mostré unas «extrañas construcciones» que atraviesan la acera y que obstaculizan en gran manera la circulación peatonal (razón de ser de las aceras), ubicadas en la esquina de la Av. 14 de Septiembre y la Calle «0»-A.Prieto, en la zona de Obrajes. El «misterio» de tales construcciones FUE DEVELADO!! Efectivamente hemos llegado a niveles de irracionalidad y falta de criterio de quienes administran esta bella ciudad de Nuestra Señora de La Paz que resulta difícil medir y entender… identificar la calle y el barrio ¿requiere de tremendos «monumentos» que no son otra cosa que obstáculos?, ver las fotografías. La verdad que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz debe explicar mucho al respecto, si es autor de esta irracionalidad o si ha pecado de tremenda omisión permitiendo que otros lo hagan.

¿OTRA FORMA DE AVASALLAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO?

Acostumbrados como estamos a que el avasallamiento del espacio público parezca una actitud “normal” porque, además de comerciantes y otras actividades comerciales lo hacen a diario y sin control, también lo hace el Estado (ver el Edificio del Centro de Comunicaciones La Paz-Correo y otros ejemplos) o lo hacen manifestantes y bloqueadores.

Esta sensación de “normalidad” logra llamar la atención cuando se descubre una “original y novedosa” forma de ocupación del espacio público en la ciudad de La Paz, construcciones de ladrillo y cemento atravesadas en las aceras, claramente “diseñadas” por las formas que presentan.

Figura 1: Ubicación en la Zona de Obrajes

Esta ocupación se ubica en la esquina de la Av. 14 de Septiembre y la calle Abelardo Prieto Echalar, conocida como Calle “0” (ver Figura 1), un callejón de descongestionamiento, útil para el retorno, muy utilizado como espacio de parqueo para oficinas y edificios universitarios, fue recientemente objeto de asfalto y construcción parcial de aceras, claramente sin responder a un diseño que pueda mejorar estructuralmente sus características para servir mejor.

Precisamente en estas aceras “aparecieron” de la noche a la mañana estas construcciones de ladrillo y cemento cuya necesidad y utilidad parece incomprensible, pero están ahí, atravesando las aceras y obstaculizando totalmente su utilidad para la circulación peatonal. ¿Quién las realizó? El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) ¿sabe de su existencia? El GAMLP ¿aprobó estas construcciones? Esperamos que las respuestas se conozcan pronto.

«Áreas Naturales Protegidas» sin protección

Al observar la ciudad desde el teleférico, surgen preocupaciones sobre las que no se puede callar.

¿QUÉ NOS PASA?

LOS POBLADORES Y EL ESTADO TAMBIÉN PUEDEN SER «PROBLEMAS DE LA CIUDAD«

Cuando inicié las publicaciones en este blog referido al “hacer ciudad”, lo hice con la convicción de que hacer ciudad es responsabilidad de todos: del Estado central que, por determinación de la Constitución Política, debe generar “políticas generales sobre tierras y su titulación” (Artículo 298, I.17), lo que, parece, no lo está haciendo muy bien (ver en este blog: https://jorge-valenzuela.blog/2022/10/19/se-confirma-el-avasallamiento-de-propiedad-publica/) y, además, debe planificar el desarrollo del país para generar mejores condiciones de vida para sus pobladores de áreas rurales y urbanas, lo que, parece, no acaba de entender porque considera las ciudades como “obras públicas” (el desarrollo urbano está a cargo de una dirección en el Ministerio de Obras Públicas) pretendiendo, sin lograrlo, privilegiar al área rural, como espacio aislado, sin relación con los grandes y medianos asentamientos humanos, desde un Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, atribuyéndose, a partir de uno de los grandes “errores” de la Constitución, competencia exclusiva sobre asentamientos rurales (Artículo 298, II.28), “error” incluido a propósito para control desde el Estado central a partir de una equivocada visión de un país predominantemente rural.

La elaboración de la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades ha sido concluida con apoyo de ONU-Habitat y la participación activa de ciudadanos y profesionales. (Imagen: elaboración propia con fotos del documento Política de Ciudades y foto de Shutterstock)

Con apoyo de ONU-Habitat se ha elaborado la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades, un documento marco fundamental, el mismo que no ha recibido prácticamente ninguna atención de las autoridades y, a pesar del tiempo transcurrido, no tiene promulgación para poder entrar en vigencia. No creo que quienes han asumido la responsabilidad de administrar el estado tengan muy claro que, desde esa ubicación, se debe planificar y actuar buscando el bien común por encima de cualquier interés sectorial o personal.

En este blog se han hecho varios análisis de cómo se transgrede la norma y no se realiza la fiscalización correspondiente desde las instancias del Gobierno Municipal.

Hacer ciudad es responsabilidad del sector privado desde toda la diversidad de sus campos de acción: del campo dedicado a la construcción y al negocio inmobiliario, en el que se han generado lamentables situaciones dentro del Concejo y el Ejecutivo municipales, además de no medir importantes perjuicios a la sostenibilidad y calidad de vida de la ciudad a partir de verdaderos atentados contra la normativa vigente.

(Ver en este blog entradas al respecto: https://jorge-valenzuela.blog/2022/01/30/que-pasa-con-la-norma-no-hay-fiscalizacion/; https://jorge-valenzuela.blog/2022/03/16/regularizacion-a-la-medida-del-negocio-contra-la-ciudad/).

Desde el campo profesional tenemos grandes responsabilidades frente a la ciudad los arquitectos, los urbanistas, los ingenieros civiles, los ingenieros sanitarios, los medioambientalistas y los de otras especialidades, obligándonos a una actividad enmarcada en la ética profesional y en cumplir y velar por el cumplimiento de la normativa vigente, en prevenir a la población y a las autoridades sobre los efectos e impacto que, desde nuestra experiencia y visión técnica, pueden provocar ciertas acciones e intervenciones en el territorio y la infraestructura. (ver en este blog: https://jorge-valenzuela.blog/2022/09/22/la-paz-densificacion-necesaria-pero-como/)

Dese el Estado se transgrede la norma. El Gobierno Central emprendió contra el patrimonio arquitectónico y urbanístico, destruyendo un conjunto de viviendas republicanas, en buen estado de conservación, para imponer la construcción de sus «símbolos del nuevo estado descolonizado», de **muy dudosa calidad arquitectónica** y que, no han sido pensados en función de su **impacto sobre el precario espacio público** del centro.

La responsabilidad del ciudadano, del poblador de la ciudad, en el hacer ciudad es enorme y fundamental, desde educar a los más pequeños para que comprendan su responsabilidad personal frente al otro, frente a los demás, inculcando valores y actuando en consecuencia, educando con el ejemplo y mostrando que queda claro para todos que nuestros derechos terminan donde comienzan los de los otros. Los pobladores de esta ciudad debemos tener presente, siempre, que vivir en sociedad requiere reglas que deben cumplirse, porque estas reglas generan un marco de respeto entre unos y otros y de obligaciones frente a la propiedad de todos, la ciudad, su infraestructura, sus espacios públicos, sus áreas verdes, su medio ambiente, su paisaje, su imagen, sus equipamientos y sus servicios.

Dicho esto, me referiré al título de esta entrada, los pobladores e incluso las autoridades como uno de los problemas de la ciudad, lo que parece carecer de lógica, sin embargo, la observación cotidiana de lo que ocurre en la ciudad permite mantener la afirmación e incidir en que el problema radica no en el poblador en sí sino en sus actitudes y cuyo efecto lo sufre él mismo y, al parecer, no le importa mucho. Raras veces hago referencias políticas en las entradas de este blog, pero, por el tema que trato en esta entrada es necesario referirme a la sistemática “desinstitucionalización del estado” perpetrada en los últimos años pretextando “proceso de cambio”. ¿Por qué es importante esa referencia? Porque la sistemática destrucción de la institucionalidad ha llevado a la ciudadanía a la “creencia” de que todo es posible, que no existe ley o normas (porque ciertamente la justicia está podrida) y que “podemos hacer lo que nos dé la gana”, parece una reacción lógica, dado que hasta se ha violado la Constitución Política del Estado, desde el propio Estado, en varias oportunidades.

Varias muestras de la ocupación indiscriminada de los espacios peatonales por comercio informal e incluso formal, que no permite circulación segura en una ciudad que ya tiene características que la hacen poco amigable para el peatón en muchos lugares y presenta deficiencias para la inclusión. (Imagen elaboración con fotografías de: Diario Página Siete-arriba; El Diario-centro izquierda; Guardiana-centro derecha; Guardiana-abajo izquierda; propia J. Valenzuela-abajo derecha)

La ocupación indiscriminada del espacio público que, en realidad es un avasallamiento de la propiedad de todos, es una triste realidad. El comercio informal avanza cada vez más en la ocupación de aceras y otros espacios públicos, ejemplo seguido por el comercio formal que hace rato ya salió de los límites de su propiedad avanzando sobre lo público. Es muy comprensible que el comercio informal prolifere por la realidad socioeconómica, pero es obligación del Estado central generar condiciones para la creación de empleos, apoyando a la iniciativa privada y no buscando su destrucción; es obligación del gobierno municipal controlar la ocupación del espacio público, pero parece haber perdido toda posibilidad de acción efectiva al respecto y cada vez se profundiza el lucro privado a costa de la propiedad pública.

Son muchas y variadas las actividades comerciales y de servicios que ocupan el espacio público, desde la venta de comida, con difíciles condiciones de higiene, los talleres mecánicos y de servicios automotrices (carga de baterías, cambio de aceite. lavado de autos, etc.). Se ha perdido el respeto por los demás, como se ve en la imagen de abajo (izquierda), una vagoneta estacionada sobre la acera y en la entrada de EMERGENCIAS de una clínica, obligando a la ambulancia a estacionar a distancia. La norma y el ambiente urbano poco importan, en la foto de la derecha se ve cómo, desde un negocio formal (Megacenter), se ha ocupado el retiro frontal para construir un espacio comercial. (Imagen de elaboración propia con fotografías de: Burbuja Digital-arriba izquierda; El Diario-centro y las otras propias J. Valenzuela)

Y no solamente es el comercio, muchas actividades económicas se realizan en el espacio público, desde procesamiento, venta y consumo de comida con dudosas condiciones de higiene hasta servicios de todo tipo como reparación de vehículos, cambio de aceite, carga de baterías y lavado de vehículos en vía pública. Se que no es posible erradicar estas actividades, pero si es necesario y factible ordenarlas, condicionar su ubicación y su funcionamiento de tal manera que su realización no genere perjuicio para el peatón, la movilidad urbana, los servicios básicos, la higiene y el medio ambiente.

El caos en la movilidad urbana es causado por los operadores y usuarios de medios de transporte, públicos y privados. No se respeta el ordenamiento que el transporte masivo (La Paz Bus-Pumakatari) busca generar, vehículos particulares, de abastecimiento y de transporte público (minibuses) estacionan en las áreas de parada del Pumakatari (imagen arriba izquierda) obligando a los usuarios a cometer las irregularidades propias del transporte sindicalizado. Los particulares prepotentes estacionan donde quieren y como quieren (imagen arriba derecha) molestándose si les haces notar su infracción, como lo hizo el propietario de la movilidad increpándome por tomar la fotografía. Además de estacionar en el espacio de parada del bus, el camión de abastecimiento ocupa el espacio público mostrando **LA IMPREVISIÓN DE DISEÑO** del Multicine que no previó áreas de abastecimiento al patio de comidas y los negocios que alberga. El camión que recoge escombros en una construcción ocupando espacio público, no solamente dificulta la circulación vehicular, además **ESTÁ EN CONTRARRUTA**!!! Realmente, ¿qué nos pasa? (imagen elaboración propia con fotografías propias J. Valenzuela)

Estos son problemas importantes por su magnitud, las implicaciones sociales que conllevan y la dificultad de sus soluciones, también me referí antes a los problemas de movilidad que tiene nuestra ciudad (ver entrada: https://jorge-valenzuela.blog/2022/07/21/movilidad-urbana-en-la-paz-puede-mejorar/) a raíz de su deficiente y caótico transporte público, de la concentración de actividades en un centro, del mal diseño de muchas de nuestras vías y de la arbitrariedad de operadores y usuarios y de la falta de educación y control, pero lo que verdaderamente me motivó a escribir sobre este tema fueron las actitudes de los pobladores de nuestra ciudad, sean ciudadanos comunes u operadores de servicios, en el “modo podemos hacer lo que nos dé la gana”.

No respetar el semáforo es la transgresión más común, haciendo que quienes lo hacemos aparezcamos como tontos o «perjudiciales». Estacionar en la acera es otra costumbre prepotente, especialmente de los propietarios de vehículos particulares y no faltan quienes, además de ocupar TODA la acera, no respetan otras normas como dejar expeditos los accesos para personas con capacidades diferentes. (Fotografías propias J. Valenzuela)

Estacionamiento en doble fila con el supuesto de la “magia” de las luces de parada que creen podrían “desmaterializar” el vehículo y no perjudicar el flujo normal del tráfico; si les reclamas… quieren comerte, si se acerca el agente (policía o municipal) le gritan y hasta lo maltratan ¿de dónde obtienen su derecho para no cumplir las reglas?, de su prepotencia (“¿sabes quién soy?”), del supuesto poder que les da su condición económica, su apellido, su afiliación al sindicato, su pertenencia a las fuerzas armadas o policiales o su militancia en el partido de gobierno. La misma actitud está en no cumplir señales como el semáforo en rojo, “no girar a la izquierda”, “no girar en U”, “no estacionar”, etc.

Es una costumbre muy difundida en la ciudad, poner «casetas de seguridad» en plena acera, sin importar la dimensión de éstas, lo triste es que son AUTORIZADAS!! Ocupar la acera con materiales de construcción es otra de las «costumbres más arraigadas» en las ciudades bolivianas, parece ser que con autorización municipal pero sin reglamentación de ningún tipo para preservar la seguridad de los peatones y tampoco con alguna limitación de temporalidad como lo demuestra la imagen de arriba a la derecha. (Imagen de elaboración propia con fotografías de: Guardiana-arriba derecha y las demás propias J. Valenzuela)

El que está construyendo ocupa la acera con material de construcción cerrando el paso a los peatones, no se sabe si tiene el “permiso de ocupación de vía” que debería otorgarle el gobierno municipal, si lo tuviera, “circule por el frente” es su aviso, ¡no señor!, el permiso de ocupación de vía debe garantizar la libre circulación y la seguridad del peatón e incluso de los conductores de vehículos; en nuestra ciudad el constructor tiene el privilegio de la ocupación de vía cuando los privilegiados deben ser el vecino, el peatón o el conductor.

En resumen, los más hacen lo que les viene en gana porque creen tener derechos pero no obligaciones, que están por encima de la norma porque ya no importa la norma dado que hasta la norma fundamental (Constitución) se pisotea cada día desde el propio gobierno. Andamos mal, muy mal!!!