Una muestra de que una ocupación irresponsable no sólo es producto de la necesidad:
Ocupación del territorio
NO HACIA ATRÁS
«La tradición es hacia adelante y no hacia atrás», Le Corbusier , citado por Carlos D. Mesa G. en “El ‘Monoblock’ de la UMSA, Obra Maestra de la Arquitectura Boliviana del S. XX”, 2014.
Largo tiempo sin poder recorrer y adentrarse en la ciudad para observarla y vivirla. Voy a aprovechar un artículo que escribí el año 2000 para hacer un poco de teoría de la arquitectura en una entrada para este “blog” que posiblemente parezca muy “técnica-arquitectónica”, pero son ideas muy sencillas que, en su momento, me ayudarán a hacer algo de análisis y referirme a obras de arquitectura que hacen ciudad.
¿Es posible, en el marco de las condiciones de la vida contemporánea, la globalización y el proceso de urbanización, hacer una arquitectura vernácula (algunos la llamarían neo-vernácula) que no sea una producción aislada, en una localización privilegiada, para un usuario con sensibilidad artística, o que no sea una respuesta a la búsqueda caprichosa de algo exótico por parte de una élite económicamente poderosa, de un grupo social vacío y plástico, atrapado por los vaivenes de la moda?
Antes de iniciar el camino en busca de respuesta a esta pregunta, valdría la pena analizar si interesa o no buscarla. El interés por la arquitectura vernácula renace en los años 60’s, en las obras de los que fueron llamados “arquitectos de la tercera generación” a raíz de haberse despertado la sensibilidad hacia “la cultura” y el “lugar”, en reacción contra la ortodoxia uniformista del “estilo internacional”. “La paradoja es: cómo llegar a ser moderno y regresar a los orígenes; cómo revivir una vieja civilización dormida y tomar parte en la civilización universal”, ha escrito Kenneth Frampton[1]. Estemos o no de acuerdo con la propuesta del “regionalismo crítico” de Frampton, es innegable que la búsqueda de una arquitectura latinoamericana, una “arquitectura apropiada”, una “otra arquitectura”, ha marcado el camino de los más importantes arquitectos latinoamericanos desde Barragán y Niemeyer.
En ningún momento quiso Frampton denotar con el término “regionalismo crítico” lo vernáculo, lo producido espontáneamente, por la interacción de clima, cultura, mito y artesanía, sino identificar “escuelas” regionales, que él llamaba recientes en 1981, con aspiraciones de independencia social y económica. La obra más importante realizada desde las primeras propuestas de los maestros latinoamericanos no es “vernácula”, es una síntesis que, por su calidad y propuesta, desde mi punto de vista, busca resolver la paradoja planteada por Frampton. Transcurridos más de 40 años desde entonces, resulta pues importante e interesante revisar si, en el marco de nuestras condicionantes culturales, estuvimos o no andando ese mismo camino y hasta donde hemos llegado en la arquitectura boliviana después de ese largo recorrido.
Fernando Calderón define la cultura como “el conjunto de prácticas sociales históricamente acumuladas y transformadas por un conglomerado social heterogéneo”[2], una acertadísima definición que se confirma en su contenido cuando observamos la ciudad de La Paz y vemos, con Javier Albó, la existencia de dos ciudades superpuestas, Chuquiyawu y La Paz[3] diferenciadas incluso por la estructura física y la segregación socio-espacial de la ciudad (lugar), en la que coexisten espacios tradicionales urbanos con otros de características netamente campesinas (algo muy claro en El Alto).
También Calderón nos habla de la “hibridación cultural”, en la que elementos de las diversas culturas en interacción (plurietnismo), se expresan en forma desigual y conjunta, dando lugar a manifestaciones de características propias. Este pluriculturalismo se manifiesta en la cultura nacional, por tanto, no es un fenómeno propio de la ciudad de La Paz, implica la interacción de las diversas culturas, es interregional.
Para reforzar conceptos, nos apoyamos en el siguiente texto de Josep María Montaner: “…..la tarea de la arquitectura es la edificar lugares para el habitar. De la misma manera que no hay esencias universales sino experiencias históricas, particulares y concretas, tampoco hay espacios elaborados ‘in vitro’, experimentos de tipo general”[4]. La arquitectura de las pendientes o laderas de La Paz, ¿es arquitectura vernácula?; su adaptación a la difícil topografía, aunque, en muchos casos, en condiciones técnicas precarias, peligrosas y deficientes, sus formas simples y volúmenes puros agregados, las terrazas, los patios, el uso del ladrillo visto en muros y la calamina en cubiertas y autoconstruida son las características de esta arquitectura urbana que, innegablemente, ha edificado lugares únicos.
También se debe considerar la arquitectura urbana del núcleo comercial de Chuquiyawu, en las zonas de Max Paredes, Garita de Lima, Cementerio, Av. Buenos Aires, etc., de edificación continua, cuatro a cinco plantas, con estructura de hormigón armado, cerramientos de ladrillo, planta baja comercial, plantas superiores en voladizo sobre la vía, terraza en la cubierta, etc. (yo la llamo «tipología Buenos Aires», en referencia a su amplia presencia en la avenida del mismo nombre), características que se han difundido en el altiplano para las nuevas edificaciones en ciudades intermedias y pequeñas en el altiplano; ésta también ¿es nuestra arquitectura vernácula?
¿Es nuestra arquitectura vernácula la arquitectura del adobe en el Altiplano?, esta interesante arquitectura que forma parte del árido e imponente paisaje, autoconstruida, con volúmenes sencillos en incomparables y abrigados conjuntos, alrededor de patios, corrales y espacios comunitarios, con cubiertas de paja y barro y pequeñas aberturas de puertas y ventanas.
José Ricardo Morales nos enseña que un arte como la arquitectura, que se vincula de manera indisoluble con formas de vida, es innegable que tiene representatividad, pues si nos adentramos a la historia y su análisis, “nos representamos de antemano al habitante de un territorio” y de una época a través de las construcciones que ha realizado[5], así como, a través de los restos arquitectónicos que quedaron de ciertas civilizaciones, conocemos el carácter de éstas. ¿Qué arquitectura nos representaría para el futuro?, hay quienes dirían que la arquitectura tiwanakota, otros que la arquitectura colonial; sin embargo, ¿qué tienen de éstas las arquitecturas que podríamos llamar “vernáculas”?, ¿deberíamos pensar que seríamos representados por estas últimas? Entonces se hace necesario buscar la ubicación en este espectro de otras arquitecturas regionales, como la de los valles y la del oriente tropical, con sus propias formas y tectónica, que también pueden ser consideradas como nuestra arquitectura vernácula.
“La cultura no es un mero proceso de reproducción de un conjunto de prácticas ancestrales o una simple transposición de moldes valorativos del campo a la ciudad: ella debe ser entendida como un proceso permanente de creación y transformación social y material que modifica constantemente la ciudad”, ha escrito Fernando Calderón, cita de la que es necesario destacar el concepto de dinamicidad. En este proceso de creación y transformación, en los años 60’s del Siglo XX, la arquitectura internacional se enfrentó con el “popularismo” o el “gusto popular”, una forma de historicismo referido a la cultura popular, al que respondió básicamente a través del desarrollo de dos géneros, como Corrado Gavinelli lo percibe: el “banalismo”, en el cual incluye el tema del “kitsch” y el “vernacularismo”[6].
Tal como en la V Bienal de Arquitectura Boliviana mostraba el artista-arquitecto Roberto Valcarcel y en la IV lo hizo el Arq. José Luis Costa, hemos desarrollado una importante producción (en cantidad) que, sin mucho análisis, encontramos que está inmersa en un “banalismo” referido a criterios de dispersión de la cultura de masa importada, ajena, con enorme aceptación del “kitsch”, en su mayor parte hecha para un grupo social de alto nivel económico, más que cultural, que puede pagar los servicios profesionales de un arquitecto, a quien exige una arquitectura “tradicional” dentro cánones afrancesados o “norteamericanizados”. Y en el género “vernáculo”, ¿qué hemos hecho?
Vistas líneas arriba las posibilidades de considerar una u otra forma de expresión de lo que podría ser “nuestra arquitectura vernácula”, todas son formas de expresión de la pluriculturalidad propia de nuestro país y de nuestras ciudades, en las que, más allá de las elucubraciones formales y espaciales de la arquitectura, es importante considerar las necesidades. No hablemos de calidad de vida, aunque parezca lo mismo, hablemos de condiciones mínimas de habitabilidad. La situación de la vivienda en este aspecto, sobre todo de la rural, es absolutamente alarmante; entonces, ¿importa “lo vernáculo” de la arquitectura o la imprescindible obligación de dotar agua, servicios sanitarios, energía y comunicaciones?, o estas deficiencias ¿son parte de las características de la arquitectura vernácula?; perdón por el sarcasmo, pero vale para afirmar conceptos.
Hace rato que el Estado ha abandonado en brazos del libre mercado la tarea de encarar las soluciones al déficit cuantitativo de la vivienda, por tanto, no asume responsabilidad directa en cuanto a resolver el problema de vivienda para grandes grupos sociales, lo que impide que se emprendan proyectos de conjuntos habitacionales de bajo costo, en los que pudiera desarrollarse formas y sistemas constructivos propios hacia una “arquitectura apropiada”, no “vernácula”; parece pues que surge un nuevo argumento contra la importancia de tratar el tema de “lo vernáculo” en la producción arquitectónica actual.
Más posibilidades para desarrollar propuestas arquitectónicas en un género “vernáculo” podrían presentarse en proyectos de equipamiento comunitario; sin embargo, los gobiernos municipales, a quienes correspondería encarar este tipo de proyectos, no cuentan con asesoramiento profesional, ni lo buscan. Las experiencias de intervención en este tipo de proyectos por parte de profesionales, salvo contadas excepciones, no ha sido buena, mostrando graves deficiencias en la formación del arquitecto, sobre todo en teoría e historia de la arquitectura; un ejemplo de esta afirmación se presenta en la comunidad Chipaya, en la que el espacio doméstico y comunitario se organiza con base en las formas circulares, sin embargo, la escuela construida por el estado está diseñada con formas rectangulares y con características urbanas. La idea de que la arquitectura puede contribuir a la transformación de las estructuras sociales, en este caso, adquiere una connotación negativa.
Además de que tomemos conciencia de nuestra obligación con la juventud, tenemos que generar conciencia en nosotros y en esa juventud que en muchos lugares de nuestras áreas rurales se vive en condiciones similares a cómo se vivía en la Europa del siglo XIII, en tanto que el mundo ha entrado en el siglo XXI y algunos grupos con oportunidades y otros con voluntad lo hacen en el país.
Debemos, pues, avanzar a la velocidad y ritmo del mundo, pero no dejar de lado el atraso que llevamos sobre nuestras espaldas. La globalización nos obliga a formarnos para trabajar, en igualdad de condiciones, en cualquier parte, el atraso de nuestro país nos obliga a mirar hacia atrás, pero no volver hacia atrás; debemos buscar soluciones actuales, pero acordes con nuestras posibilidades económicas y nuestras debilidades tecnológicas, tratar de superar éstas y responder a los requerimientos específicos y básicos de nuestra sociedad. Quizás este sea el camino para que nuestra arquitectura “vernácula”, sea cual fuere la que tomemos como tal, se transforme en una arquitectura apropiada, apropiada a nuestras necesidades, a nuestras posibilidades y a los tiempos que vivimos; una “modernidad apropiada” como Cristian Fernández Cox la concibe, “adecuada”, “hecha propia” y “propia”[7].
[1] Frampton, Kenneth: “Lugar, forma e identidad: hacia una teoría del regionalismo critico”, en “Nueva Arquitectura en América Latina: Presente y Futuro”, Antonio Toca (Ed.), 1990.
[2] Calderón G., Fernando: “Urbanización y Etnicidad, El Caso de La Paz”, CERES, 1984.
[3] Albó, Xavier: “La Paz también es Chuquiyawu” en “La Paz Nuestra de Cada Día”, PNUD, 1999.
[4] Montaner, Josep María: “La Modernidad Superada. Arquitectura, arte y pensamiento del Siglo XX”, 1997.
[5] Morales, José Ricardo: “Arquitectónica”, Universidad del Biobio, 1984.
[6] Gavilelli, Corrado: “Arquitectura Contemporánea. De 1943 a los años 90”, 1999
[7] Fernández Cox, Cristian: “Hacia una modernidad apropiada: obstáculos y tareas internas”, en “Nueva Arquitectura en América Latina: Presente y Futuro”, Antonio Toca (Ed.), 1990.
Pequeña historia de árboles
En esta época de encierro por la pandemia, se hace difícil recorrer la ciudad para escribir sobre ella, pero se me hizo posible encarar este tema por la proximidad de la experiencia, la vecindad de mi casa.
Hace más de un año, concretamente el 27 de febrero de 2019, el Concejo Municipal de La Paz aprueba la “Ley Municipal Autonómica Nº 350 de Protección y Conservación de los Árboles en Actividades, Obras Y Proyectos de Construcción”, algo verdaderamente rescatable para una ciudad como la nuestra, con un déficit muy importante de áreas verdes. Es claro que para evitar que este déficit se incremente, o ya sea para apoyar su reducción, se recurre a la participación del sector privado, esta vez representado por vecinos propietarios, profesionales y empresas involucrados en construcción.
El objeto de la Ley Nº 350 es el de “Promover la protección de los árboles existentes en el entorno urbano del Municipio de La Paz, en la ejecución de actividades, obras y proyectos de construcción”[1]. Tal como establece la norma, ésta es de cumplimiento obligatorio para “todos los propietarios, personas naturales o jurídicas, privadas o públicas que realicen actividades de construcción, ampliación, demolición de edificaciones en la jurisdicción del Municipio de La Paz; incluido el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – GAMLP, en relación a todos los proyectos de construcción que ejecute”[2].
Allá por 1997, llegamos a este barrio y en el terreno de enfrente había un enorme árbol, hermoso, imponente, tendría, entonces, no menos de 20 años; en las mañanas una bandada de loros llenaban todo el ambiente con su parloteo desde sus ramas. Había crecido como con dos troncos, “dividido” desde abajo, lucía dos hermosas copas. Más o menos en enero de este accidentado 2020 iniciaron obras en una parte del enorme terreno (aproximadamente 1,700 m2, tal vez más), ocupando como un tercio de su superficie.
Conociendo de la Ley Municipal Nº 350 y “aprovechando” la cuarentena me dediqué a “vigilar” el destino del árbol, la construcción avanzaba y había tranquilidad pues estaba alejada de él. Mientras se concluía la estructura de la obra empezaron a aparecer portones nuevos en el cerco de la otra parte del terreno y se iniciaron excavaciones y el armado de entramados de fierro para estructuras; de pronto, una mañana, una de las copas del árbol estaba en el suelo!!! Y no tardaron ni 12 horas en hacer caer la otra parte, adiós hermoso árbol y adiós Ley Municipal Nº 350!!! ¿Para qué sirve?
Se debe suponer, porque la norma así lo exige, que las construcciones que ocasionaron la muerte del árbol están autorizadas y tienen planos aprobados (o….. ¿no?), por tanto debieron haberse cumplido las determinaciones de la Ley Nº350 que establecen que “el diseño arquitectónico de las construcciones debe adecuarse a la existencia de los árboles, velando por su incorporación armónica al diseño” y que, además, es obligatoria la “inclusión en el Plano Arquitectónico de los arboles existentes al interior del predio, así como en el área inmediata de influencia (frontis y/o laterales)…..”[3]. Parece que son varias las razones por las que una fiscalización se impone; “se van a suspender las autorizaciones, no se van aprobar los planos As Built, o se van a emitir multas y otro tipo de sanciones”, declaró la Concejal Cecilia Chacón, proyectista de la Ley, a la Agencia Municipal de Noticias el 27 de febrero de 2019.
No se puede negar que las emergencias ocasionadas por la pandemia han tenido al GAMLP muy ocupado, es lógico y se agradece, pero el mismo señor alcalde ha dicho que “la gestión no puede detenerse”, seguramente refiriéndose a las obras de sus “proyectos estrella” (los viaductos), pero la gestión municipal es más que las obras, es también la administración del territorio y el cumplimiento de las normas que ésta genera. Tampoco debe olvidarse que la gestión del territorio es también responsabilidad de todos, de vecinos propietarios, de profesionales y de empresarios y que las leyes se dictan por el bien común y que son de cumplimiento obligatorio, como establece el Artículo 2 de la Ley en cuestión; sin embargo, también está la responsabilidad del control que debe ejercer la autoridad.
Conozco y apoyo una página, “La Paz-Áreas Verdes”[4], que sigo y respeto, la misma muestra la preocupación de muchos por la conservación del escaso patrimonio verde que tiene nuestra ciudad y denuncia el atropello que casi a diario sufren nuestras áreas verdes y forestales. Esto demuestra que el problema no solamente está en el incumplimiento de la Ley Municipal Nº 350, está en una total falta de respeto y un “no me importismo” por las condiciones del medio ambiente urbano, que son parte de las potencialidades de una ciudad resiliente y del tan pregonado “slogan” de “La Paz Ecoeficiente”.
Incendios provocados para avanzar sobre esas áreas con construcciones, tala de árboles, invasión y ocupación de espacios forestales, etc. no son problemas que solamente tiene la sede de gobierno, es triste, son problemas presentes en todas las ciudades del país, una falta de conciencia dolorosamente generalizada; ¿no fueron los incendios forestales en la Chiquitanía y el Amazonas “la gota que rebalsó la copa”? ¿Por qué estos incendios en las áreas verdes y forestales de La Paz y de otras ciudades de Bolivia debieran ser menos importantes y menos graves? No es algo de lo que debe acusarse a las autoridades o a las instituciones del estado solamente, es algo que compete a todos y especialmente a dirigentes vecinales, a profesionales y al sector privado.
Imagen Destacada o Cabecera: Tala de árboles para la construcción del Teleférico en La Paz, foto del Diario Página Siete (29 de mayo de 2017).
[1] Artículo 1 (Objeto) de la Ley Municipal Autonómica Nº 350.
[2] Artículo 2 (Ámbito de aplicación y alcance) de la Ley Municipal Autonómica Nº 350.
[3] Artículo 3 (Requisitos) de la Ley Municipal Autonómica Nº 350.
[4] https://www.facebook.com/LaPazVerde.bo/
PATRIMONIO EN PELIGRO: PROPIEDAD DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS ABANDONADA
En realidad, esta frase de “Patrimonio en Peligro” la hemos visto, leído o escuchado tantas veces!!! Parece que prevenir los daños al patrimonio urbano y arquitectónico no es de mucho interés para mucha gente o, como se dice, para “el público en general”, pero cuando las muestras de desinterés por esa previsión son manifestaciones institucionales, ya debemos preocuparnos como sociedad.
A principios del Siglo XX, hacia 1905, se inició la urbanización del valle de Sopocachi con la referencia de un plano que había sido levantado por Antonio Camponovo y empieza a consolidarse como un barrio residencial que se extiende con base en un trazado de damero, desde el eje de lo que es hoy la Av. 6 de Agosto y las vías perpendiculares a ésta, trazo atribuido al Arq. Emilio Villanueva, quien por esos años era “ingeniero municipal” y que se adapta a la topografía.
De estos inicios y del proceso de consolidación de Sopocachi, surgen su carácter y su ambiente que, ya en los años 50’s, hacían del barrio uno de los más interesantes de la imagen urbana de La Paz, muy atractivo, con sus bellas edificaciones residenciales de estilos muy diversos, propios de su época de construcción.
La Plaza Isabel La Católica, antes conocida como la «Plaza del Ovalo» y “Plaza de los Quioscos”, la Plaza Abaroa, que heredó los “quioscos” de la otra plaza y que ahora son sus pórticos de acceso en sus cuatro esquinas, el Montículo, la solitaria colina que parece haberle dado el nombre al barrio y que desde siempre fue un lugar muy romántico y el encanto del tranvía, lamentablemente desaparecido, fueron los elementos fundamentales de la imagen y carácter del barrio de Sopocachi, el de “mis años juveniles” según la letra del tango “Illimani” de Néstor Portocarrero.
En la segunda mitad de los años 60’s, tal como ocurrió en prácticamente todas las ciudades latinoamericanas, el ímpetu constructor del “desarrollo” inició el proceso de densificación del barrio y empezaron a desaparecer las elegantes residencias para dar paso a edificios multifamiliares, un proceso que no se ha detenido desde entonces; sin embargo, por años, muchas han sido las voces que han abogado por la preservación del patrimonio y del carácter e imagen del barrio.
No obstante los grandes errores cometidos por la construcción de nuevos edificios, resultado de una normativa totalmente equivocada, que permitió horrores como los de “zócalo continuo” y “ocupación del 100% del terreno”, Sopocachi lucha por mantener su carácter residencial pero también bohemio, de centro cultural y de recreación artística, de lugar de buena gastronomía, etc., una lucha desigual, muy desigual, por la persistencia de una mala normativa, por la angurria del despiadado mercado inmobiliario, por la indiferencia del estado y del sector privado y por la irresponsabilidad de ciudadanos e instituciones.
Este tema de la irresponsabilidad institucional es el que ha movido la publicación de esta entrada en el blog y de este grito de alerta porque ya no se destruya más el patrimonio urbano y arquitectónico de la ciudad, patrimonio que no solamente es la expresión de las diferentes edades de la ciudad y de su historia, es, además, parte de la calidad del carácter y del ambiente de sus barrios, sus zonas, su paisaje y su imagen.
Algún esfuerzo se ha hecho en esta línea de preservación, el mejor ejemplo es el rescate hecho por el Gobierno Municipal del hermoso edificio “art decó” del ex-Cine 6 de Agosto (hoy “Cine Teatro Municipal”), adquirido para evitar su demolición y ahora es un importante espacio cultural de la ciudad. Con esta misma idea, el Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz (CDALP) adquirió, hace 15 años, la casa ubicada en la esquina de las calles Fernando Guachalla y Sánchez Lima, que fuera propiedad, desde 1939, del insigne Arq. Luis Perrin Pando, (Presidente de la institución entre 1983 y 1985) y de su esposa, la artista plástica María Esther Ballivián, una casa de estilo victoriano, muy propio de algunas residencias de las primeras décadas del Siglo XX.
Adquirida por el CDALP como “un acto de ‘reivindicación’ con la ciudad de La Paz, donde se destruyen sin reparo obras de valor arquitectónico muy importantes y son sustituidas por grandes edificios”[1]y objeto de un Concurso Departamental de Anteproyectos para diseñar las oficinas del Colegio de Arquitectos bajo la premisa de su preservación y revalorización, la casa albergó actividades administrativas de la institución por un tiempo y en los últimos años se hizo notorio su abandono.
La casa, que fue publicada como muestra de “construcciones modernas”, en el Libro del Centenario de Bolivia (1925), es parte de un conjunto sobreviviente de residencias de estilos variados, obras de las primeras décadas del siglo pasado, con importantes valores arquitectónicos, restauradas, recicladas, revalorizadas y en uso, un conjunto que es una muestra del patrimonio urbano de La Paz. Lamentablemente, el abandono y el descuido total en el mantenimiento de la casa del Colegio de Arquitectos muestran desinterés por su preservación y refleja la irresponsabilidad institucional que se ha mencionado como preocupante al inicio de este texto.
El abandono que se ve en las fotografías, tomadas en estos días de cuarentena y enviadas por vecinos preocupados por el avanzado deterioro del inmueble, muestra una irresponsabilidad institucional inaceptable e incapacidad de gestión de parte del Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz, institución que debiera velar por los valores urbano-arquitectónicos de la ciudad, productos del trabajo, creatividad y saber de sus asociados, y, sin embargo, deja una obra de calidad arquitectónica reconocida a merced de las inclemencias del tiempo, del clima y de depredadores animales y, no sería raro, de ladrones y vándalos.
[1] Palabras atribuidas al presidente del CDALP, Arq. Álvaro Cuadros (2004-2006) pronunciadas en el acto de entrega del inmueble adquirido el 2005, mencionadas en entrevista a Marie France Perrin, publicada por Página Siete el 30 de septiembre de 2018.
Reconociendo la Exclusión
“La Nueva Agenda Urbana (NAU) busca promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas mediante la planificación y diseño urbano, gobernanza y legislación urbana, y la economía urbana. Procura crear un vínculo de refuerzo recíproco entre urbanización y desarrollo.”[1]
- Introducción:
Entre el 24 y 26 de abril de 2019, en Ciudad de México, se llevó a cabo el XV SEMINARIO DE URBANISMO INTERNACIONAL, Ciudad Inclusiva: Acciones y proyectos sustentables de la Nueva Agenda Urbana, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, al que fue invitada para participar la Carrera de Arquitectura de la Universidad Católica Boliviana. El presente trabajo fue preparado para llevar una ponencia al seminario, a partir de la experiencia de varios años de trabajo e investigación del autor en el campo del urbanismo y el ordenamiento territorial.
La Nueva Agenda Urbana, aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) celebrada en Quito, Ecuador, el 20 de octubre de 2016, define seis conceptos clave para promover en las ciudades: la ciudad compacta, inclusiva, participativa, resiliente, segura y sostenible.
El proceso político que ha vivido el país en los últimos 12 años ha tenido, en mi opinión, un único logro trascendente para el desarrollo de Bolivia, la inclusión; inclusión de un importante sector de la población que fue marginado desde los inicios de la República, que alcanzó una meta con los profundos cambios generados en la sociedad boliviana por la Revolución Nacional de 1952, reforzados años después por las definiciones, también revolucionarias, de la Ley de Participación Popular de 1994. Este proceso que al iniciarse, personalmente, lo consideré un hecho que respondía a una necesidad histórica, va por un camino que, también en mi opinión, no es positivo porque el encendido y demagógico discurso que acompaña a este logro de la inclusión está desvirtuando sus valores.
Con este marco, la presente ponencia pretende analizar algunas formas y factores de exclusión urbana y “exclusión territorial” que, por la experiencia de la actividad profesional de su autor, se observan en el proceso de urbanización en Bolivia, que no permiten hacer de nuestras ciudades inclusivas y que, por sus características, pudieran ser reconocibles en otras realidades; también se hará referencia a algunos caminos que posibiliten su superación hacia un desarrollo urbano inclusivo y sostenible.
- Algunos conceptos clave
Es necesario tomar en cuenta algunos conceptos clave que servirán de marco para el análisis y las propuestas:
A partir del proceso de globalización que se vive en lo que va del siglo, las ciudades expresan espacialmente efectos de transformación económica, social y cultural; dan paso a la expansión del sector terciario. Por otra parte, “la violencia y la delincuencia son cuestiones urgentes en muchas zonas urbanas. A menudo, el proceso de urbanización en los países en desarrollo está mal controlado, lo que provoca la existencia de ciudades desiguales, excluyentes y fragmentadas,…..”[1]; por ello, a partir de observar los acelerados procesos de urbanización y crecimiento urbano desigual, se ha despertado una renovada atención a la pobreza urbana en sus múltiples dimensiones, siendo una de las más importantes la exclusión.
Otro concepto importante es el de la ciudad como espacio político, tal como lo señala la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad: “como espacio político, la ciudad es el conjunto de instituciones y actores que intervienen en su gestión, como las autoridades gubernamentales, los cuerpos legislativo y judicial, las instancias de participación social institucionalizada, los movimientos y organizaciones sociales y la comunidad en general”.[2]
Es notorio retroceso del Estado en la planificación urbana, mostrando una preocupante “auto exclusión” de su parte, sin embargo, pretende incidir en el ordenamiento territorial con grandes inversiones en infraestructura, justificando su accionar con “muestras de progreso”.
La pobreza rural afecta a un gran número de personas y es la causa mayor del flujo migratorio campo-ciudad que genera presión sobre las urbes mayores, hace de éstas menos inclusivas y resta al área rural su capacidad productiva. También se advierte un marcado incremento de la pobreza en el ámbito urbano en el que se han ampliado las distancias sociales lo que se expresa en la forma de ocupación del territorio.
- Análisis de la exclusión
Para buscar caminos de inclusión, es necesario identificar y analizar algunas formas de exclusión que afectan al desarrollo urbano. Con el marco de los conceptos base, detallados líneas arriba, se analizarán diferentes formas de exclusión que se detectan en el proceso de urbanización del país y se harán algunas consideraciones de caminos a seguir tomando en cuenta necesidad y condiciones de una política urbana nacional, de legislación urbana, de planificación urbana y diseño y de economía y finanzas municipales, que son instrumentos considerados por la Nueva Agenda Urbana y que deben tener sus propias condiciones y características en un país como el nuestro.
3.1 Exclusión del área rural
Es evidente que una buena gestión del proceso de urbanización puede generar oportunidades para el mejoramiento de las condiciones de vida y, siendo las ciudades el motor del desarrollo, abrir vías para el crecimiento económico y combatir la pobreza; pero, desde una visión integral, estos logros posibles no pueden ni deben ser exclusivos para los habitantes de las ciudades, deben alcanzar a todas las personas que habitan las regiones en las que las urbes se implantan, consolidando vínculos urbano-rurales como una forma de inclusión.
También queda claro que la expansión urbana, más aun si es excesiva y no controlada, es una de las causas de la exclusión espacial, social y económica en las ciudades por lo que la sostenibilidad y la inclusión en el desarrollo urbano pasan por un fuerte vínculo urbano-rural que permita generar desarrollo en la región, del que los pobladores del área rural parecen estar excluidos, y, de esa manera, reducir la presión migratoria sobre las ciudades mayores.
Es importante entender las características de los vínculos urbano-rurales actuales en el país. Es claro que, en general, no hay especialización productiva o de actividad económica en los sectores primario o secundario en las ciudades, sí existe especialización productiva regional.
En la planificación y en la concepción de proyectos, pervive la división del ámbito urbano y del ámbito rural, es más, esta división se expresa, incluso, en la organización funcional del propio estado, el desarrollo rural está bajo la tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el desarrollo urbano se ve desde una Dirección General dependiente del Vice-ministerio de Vivienda y Urbanismo en el Ministerio de Obra Públicas, Vivienda y Servicios.
Bajo una equivocada visión de manejo política, la Constitución Política establece como responsabilidades exclusivas del nivel central del estado el catastro rural y los asentamientos rurales, en un país con una organización territorial basada en el municipio (desde 1994), cuya jurisdicción es el territorio municipal, urbano y rural; por tanto, la propia Constitución limita los alcances y las posibilidades de la planificación integral que considere vínculos urbano-rurales para el desarrollo municipal.
Actualmente, la vinculación de las ciudades con las áreas rurales tiene estos efectos:
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- Flujo de productos agropecuarios con alta frecuencia y bajo valor económico entre el área rural y las ciudades.
- Desaprovechamiento de economías de escala por falta de criterio de aglomeración en los productores.
- Fuerte intermediación que se apropia de excedentes.
Los productos de consumo del área rural llegan a la ciudad sin ningún tipo de procesamiento. Por ejemplo, diariamente llegan a La Paz-El Alto camiones con ganado vacuno en pie a un matadero oficial y varios clandestinos que no ofrecen las adecuadas condiciones de higiene y de tecnología y desde ellos se distribuye el “producto procesado” a los mercados; lo mismo ocurre con muchos otros productos como el café o la fruta de Yungas, o granos del altiplano, que llegan a ser seleccionados y empacados en improvisadas “fábricas” en la ciudad.
Si se pretende un desarrollo integral, debe entenderse de otra manera el vínculo urbano-rural, debe entenderse que el territorio municipal es urbano y rural y que los municipios conforman las regiones y en ellas se manifiesta la especialización productiva y que en dicho vínculo radican las oportunidades del desarrollo regional.
Por tanto, las políticas de urbanización deben orientarse a la transformación eficiente de la economía rural en una economía urbana, planificar considerando sistemas de ciudades y buscando equilibrar los problemas generados por la congestión y los beneficios derivados de la concentración de población; un importante efecto de este tipo de políticas es reducir el flujo de población rural hacia los centros urbanos.
Esto implica la idea de “urbanizar el campo”, por lo que se plantea la necesidad de generar valor agregado al producto en el lugar de origen del mismo (la carne faenada, procesada y empacada, la fruta, los granos y otros seleccionados y empacados), promoviendo actividad productiva del sector secundario en las ciudades intermedias y menores, según el potencial productivo de su región, basada en asociaciones productivas que vayan a generar economía comunitaria, como un primer paso para, en el futuro, abrir caminos hacia una economía circular. Adicionalmente, la intermediación en la comercialización del producto se reduce, en beneficio del productor y de las asociaciones productivas y también del consumidor final.
3.2 Exclusión de la planificación
Dado el acelerado proceso de urbanización, se están dando nuevas formas de producción del espacio urbano que consolidan áreas residenciales sin considerar, o considerando de manera distinta, los planteamientos de la “normativa oficial” de los pocos procesos de planificación que han podido desarrollar los gobiernos municipales. Estas formas de urbanización, que modifican la estructura territorial, se dan a partir del rol que ha asumido el sector privado en la producción del espacio urbano, un rol en el que prima al beneficio económico en el negocio inmobiliario, posibilitado por la casi nula regulación del mercado del suelo y por el notorio retroceso del Estado en la planificación urbana, mostrando una preocupante “auto exclusión” de su parte.
La realidad muestra que el sector privado ha asumido un “rol planificador” frente a la incompetencia estatal de adelantarse con la planificación a la presión del mercado inmobiliario, muy dinámico y muchas veces incontrolable por la falta de información precisa y confiable (catastro urbano y rural, registros en Derechos Reales, etc.) o por situaciones con base política que no permiten definir claramente jurisdicciones (indefinición de límites) e incluso atribuciones (avasallamiento de niveles superiores del estado) en los gobiernos municipales.
3.2.1 Proyecto “Ciudad Toyosa” (World Trade Center La Paz)
Aunque se ha detenido el avance de este proyecto, su concepción es un ejemplo de emprendimiento privado que lleva a preocupación, el Proyecto “Ciudad Toyosa” (World Trade Center La Paz) es (o fue) un pretencioso proyecto multifuncional en el sector denominado “Curva de Holguín” en la ciudad de La Paz; es un área que hace años fue un cerro elevado al que se le aplicó un implacable corte a máquina hasta convertirlo en una plataforma, ubicada en la confluencia del Río Choqueyapu, cuyo cauce está unos 30 metros abajo, con el ahora embovedado Río Orkojahuira, por lo que es una “punta” de tierra.
El área figuraba en los planos de la Ley de Uso del Suelo Urbano (LUSU), que norma la ocupación del territorio en el área urbana de La Paz, como “aires de río”, por lo tanto sería un área no edificable. El avasallamiento con el que se ejecutó el proyecto Teleférico desde el nivel central del Estado, definió en el sitio la ubicación de dos estaciones de intercambio de ese sistema de transporte; con este antecedente, el proyecto “Ciudad Toyosa” llevó al Concejo Municipal de La Paz a aprobar el cambio de uso a “área de equipamiento”, en un proceso ahora observado y muy criticado.
La topografía y la ocupación de la ladera del cauce del Choqueyapu han impedido, por muchos años, ampliar el ancho de vía de la Av. del Libertador que, luego de una curva cerrada, se encuentra con la Av. de los Leones, construida sobre el embovedado del Orkojahuira. La forma del predio, por tanto las curvas de la avenida, la condición de vía principal de la red urbana, de punto de conexión del centro con el sur de la ciudad y con el norte (Miraflores), hacen de este sector un punto conflictivo para la circulación vehicular y ni qué decir para la movilidad peatonal, a esto se suman las dos estaciones, que interconectan tres líneas del teleférico.
El impacto del megaproyecto sobre el área puede ser enorme. A las mencionadas poco amigables condiciones del predio y de su entorno y al funcionamiento de los equipamientos implantados en él, se sumarán seis torres, una de 60 pisos, de oficinas, vivienda centros comerciales y otros en 350,000 m2 construidos sobre un predio de más o menos 4 has de superficie (40.000 m2) de las cuales cerca de 1 ha (10.000 m2) está ocupada por las estaciones del teleférico (estos datos son aproximados porque no han sido publicados y son resultado de apreciación).
Otro aspecto que preocupa es que, por lo que se observa en lo poco publicado del proyecto, el mismo sobrepasa con mucho el AMC (Área Máxima a Cubrir) que establece la norma; si bien se ven muchas “áreas verdes”, éstas son, en grandes superficies, áreas sobre losa, por tanto, mucho menos beneficiosas para efectos ambientales positivos, mostrando una pretendida ocupación excesiva del suelo.
Podría calcularse un movimiento en el sector de al menos 12,000 personas; para un parámetro de comparación y tener una idea del posible impacto, el Proyecto de Urbanización Los Pinos albergó, en su primera fase, 4.500 personas y fue el detonante para la transformación de la Zona Sur hasta llegar a su actual congestión.
Queriendo entender que será un hecho que el proyecto afrontará las inversiones necesarias para adecuar la infraestructura del entorno y minimizar el impacto, tanto como para garantizar su propio funcionamiento, un emprendimiento inmobiliario de esta magnitud mínimamente requiere:
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- estudio de tráfico que analice los flujos del tráfico urbano y del ingreso y salida de vehículos que ocuparían 3.000 plazas de parqueo, garantizando que se minimice el impacto sobre el ya complicado tráfico vehicular en el sector;
- sistema de tratamiento de aguas servidas para que, ya limpias, se realice su evacuación al río;
- estudio de consumo de agua potable y análisis de presión para incluir soluciones que garanticen que el altísimo consumo que demandará no afecte a las ya exiguas condiciones de dotación del servicio en el sector y en su área de influencia (Obrajes y Zona Sur);
- sistema interno y propio de recolección diferenciado (selección) de residuos sólidos para facilitar el recojo por parte del servicio municipal;
- la ocupación del subsuelo y de las plantas inferiores se ve tan grande que las posibilidades de plantar vegetación alta (árboles) se reducirá a un área muy pequeña del total del proyecto, éste debiera garantizar se equilibre la superficie de espacios verdes y arborización con la altísima ocupación del suelo.
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Finalmente, debería estudiarse el impacto del proyecto sobre el futuro del sector de su implantación, con responsabilidad compartida entre el gobierno municipal (GAMLP) y los promotores, dado que será inevitable el surgimiento de una serie de equipamientos privados nuevos por la atracción de tal concentración de población, que se sumarán a los equipamientos ya existentes y en expansión, correspondiéndole al GAMLP el control de autorizaciones y construcciones así como la revisión de la norma y a los promotores del proyecto la inversión en las soluciones que demande el enfrentar este impacto.
Nota: El proyecto ha quedado en «statu quo» por observaciones serias hechas en el seno del Consejo Municipal de La Paz que, además de consideraciones normativas, incluyen supuestas irregularidades en el derecho propietario de los terrenos.
3.2.2 Urbanizaciones privadas en el Área Metropolitana de Santa Cruz
El Área Metropolitana de Santa Cruz, con 6,060 Km2 de extensión y con 2,250,000 habitantes previstos para 2020, abarca todos los municipios de la Provincia Andrés Ibañez y uno de la Provincia Ignacio Warnes y en ella, la población urbana del municipio La Guardia ha crecido, entre 2001 y 2012, con una tasa de 19,9% anual (¡!!), producto de una provocada expansión, con algo de discontinuidad, de la mancha urbana de Santa Cruz de la Sierra, traspasando la frontera municipal, con urbanizaciones que, seguramente, han sido promovidas por el sector privado; el más cercano de estos asentamientos se encuentra a más de 3 km. del centro poblado de La Guardia.
También dentro del área metropolitana de Santa Cruz, la población urbana del municipio de Warnes ha crecido, entre 2001 y 2012, con una tasa de 13,3% anual, un dato igual de impresionante que el anterior, también producto de la expansión de Santa Cruz provocada por inversiones privadas, incluido el Parque Industrial Latinoamericano, un enorme emprendimiento privado que cuenta con apoyo estatal, las varias etapas de la Urbanización Pentaguazú y otras que “coincidentemente” son promociones del mismo “grupo” inmobiliario. En todo este proceso de “urbanización” promovido por el sector privado, se puede inferir que los gobiernos municipales de Warnes y La Guardia poco tuvieron que ver en su planificación y control, dado que, en el momento de iniciarse estos emprendimientos inmobiliarios, eran municipios muy pequeños.
Una información importante y preocupante, generada por el Instituto de Ciencia, Economía, Educación y Salud (ICEES), es la que refiere a la deforestación generada por la expansión de la mancha urbana de Santa Cruz de la Sierra: en 1986 se calculaban 450 Km2 de superficie de vegetación arbórea en el municipio de Santa Cruz, en 2005 se redujo a 276 Km2 y en 2011 a solamente 97 Km2; si tomamos en cuenta el impacto similar provocado por las urbanizaciones privadas en los otros municipios, es algo que debe llamar a la reflexión.
Nota: Ver entradas en el presente blog: «Negocio inmobiliario golpea el Área Metropolitana de Santa Cruz» de 9 de febrero de 2019 y «Urubó, Santa Cruz ¡Horror de ciudad!!!» de 23 de febrero de 2019.
3.2.3 Proyecto “La Nueva Santa Cruz – Ciudad Inteligente”
Precisamente, por ser un proyecto de escala mayor, diseñado para albergar a 370.000 habitantes, es un interesantísimo tema de estudio y análisis en los campos de la planificación y el ordenamiento territorial y ojalá se hagan públicos sus estudios porque generarán muchos elementos de análisis y otros sobre la responsabilidad público-privada con relación a la región y el Área Metropolitana de Santa Cruz. Tampoco parece ser muy evidente y activa la participación del Gobierno Municipal de Warnes en lo que, indudablemente es el proyecto más grande y ambicioso que el país ha conocido en el campo de la urbanización.
La característica más interesante del Área Metropolitana de Santa Cruz era que en ella aún no se producían procesos de conurbación y las relaciones funcionales entre los asentamientos intermedios y menores y con el centro urbano mayor se generaban vía el “hinterland” productivo, por lo que su planificación era un desafío que debía iniciarse con un ordenamiento territorial que consolidara un sistema de ciudades en el que debía encararse la planificación de los asentamientos intermedios y menores, previendo su expansión y protegiendo la capacidad productiva de las tierras de su “hinterland”.
Lo que ha ocurrido, y está ocurriendo, a partir de las intervenciones de “urbanización” privadas, es que se ha provocado la expansión del centro urbano mayor, Santa Cruz de la Sierra, en territorios municipales vecinos, ocupando tierras productivas con asentamientos alejados de las ciudades menores y más ligados a la gran ciudad, aunque los impuestos de estos asentamientos van a otros municipios, incrementando la presión sobre ésta y su capacidad en la prestación de servicios, provocando una demanda mayor de transporte y de infraestructura por la necesidad de movilidad hacia ella.
El megaproyecto “Nueva Santa Cruz – Ciudad Inteligente”, pretende construir una ciudad sobre 6.000 has. ciudad sobre la que no sabemos mucho de sus características importantes, nada más de lo que la superficial información que la propaganda del promotor inmobiliario presenta: “3.000 hectáreas para uso residencial y vivienda; 700 hectáreas para espacios comerciales y de negocios; 2.300 hectáreas para infraestructura urbana”, además de los floridos adjetivos para calificarla como: “agradable, saludable, espaciosa, recreacional, ecológica, amigable, avanzada, moderna, inteligente, múltiple, dinámica, segura, confortable”, al parecer “perfecta”.
Pero….., si las otras “urbanizaciones” han generado una enorme presión sobre la ciudad de Santa Cruz y un tremendo desequilibrio en el Área Metropolitana y en las relaciones funcionales de los asentamientos, de lo que debiera ser un sistema de ciudades de crecimiento planificado y parte de una búsqueda de eficiencia espacial en la producción, desarrollando áreas productivas y centros de consumo que funcionen como un sistema sostenible, ¿qué podrá provocar un negocio inmobiliario en el que se pretende asentar “100.000 familias y el establecimiento de 10.000 empresas”?
Hablando de sostenibilidad, no solamente de la “Nueva Santa Cruz” si no, también de la “vieja” y del Área Metropolitana, el periodista Carlos Valverde defiende la conservación del área de implantación del proyecto, en la que “hay mucha fauna y también mucha vegetación, hábitats secos y de ribera en pocos kilómetros cuadrados…..”, área a la que llama “joyita”, mostrando que “el espacio brinda servicios ambientales: mantenimiento de la biodiversidad, filtro de aguas contaminadas, protección de cuencas, barrera de vientos, recarga de acuíferos que no han sido valorados por los que le dieron luz verde (al proyecto), aunque el texto de arriba está en un informe que lo conocen los ‘fundadores’ (los promotores) y la Gobernación”[3] ().
Surgen, pues, muchas preguntas que no van a rechazar el proyecto porque sí, si no a prever el futuro alertando sobre los problemas que se ciernen, por ejemplo:
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- ¿Cómo se concibe el derecho propietario y, por ende, las responsabilidades públicas y privadas en la administración de ese territorio y de la infraestructura urbana (mantenimiento y expansión)? ¿Serán responsabilidades del Gobierno Municipal de Warnes, una parte y del de Cotoca otra?
- ¿Tienen estos gobiernos municipales las capacidades técnica, administrativa y financiera para encarar responsabilidades sobre una ciudad de “370.000 habitantes y con 10.000 empresas”, además de las que tienen sobre sus territorios y con sus habitantes actuales?
- ¿Se ha informado y, lógicamente, consensuado con los municipios del Área Metropolitana respecto de las fuentes de agua para abastecer a 100.000 familias y 10.000 empresas? y ¿se lo ha hecho sobre los espacios para la disposición y tratamiento de aguas servidas y de residuos sólidos que éstas producirán? Las “2.300 Has. para infraestructura urbana” ¿incluyen estas previsiones? O ¿se afectará a las fuentes, a la infraestructura y a las tierras del Área Metropolitana sin importar su impacto y su costo?
- Suponiendo que las mentadas “2.300 Has. para infraestructura urbana” incluyen escuelas, colegios, hospitales, centros de salud, infraestructura policial, bomberos, edificios de gestión y administración pública, cultura, correos, etc., etc., y que estos equipamientos serán construidos como parte del proyecto (como debiera ser) ¿se ha acordado con autoridades municipales, departamentales y nacionales respecto de personal, logística y presupuesto que el funcionamiento de estos servicios y otros implicará?
- ¿Cómo se ha analizado el impacto del asentamiento de 370.000 personas en el área metropolitana, sobre todo en su «hinterland» productivo? ¿Cómo se prevé el impacto en la migración, sobre la expansión de la mancha urbana de Santa Cruz, sobre la expansión del propio asentamiento Nueva Santa Cruz y las áreas colindantes y sobre el «hinterland» productivo y qué políticas y acciones se deben considerar a futuro?
- ¿Se ha medido el impacto del asentamiento sobre la capacidad, funcionalidad y ubicación de los equipamientos metropolitanos, aeropuerto, estaciones y terminales, por ejemplo? ¿A quién corresponderá asumir las medidas y los costos de éstas para minimizar impactos negativos?
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El Estado pretende incidir en el ordenamiento territorial con grandes inversiones en infraestructura, justificando su accionar con “muestras de progreso” a las que le da una carga simbólica con la que pretende mostrar la modernización del país y su “ingreso al mundo desarrollado”. El efecto de estas inversiones es una valoración del suelo que es aprovechada por el sector privado para potenciar sus proyectos, sin considerar la exclusión de las que son víctimas los productores de las tierras del espacio productivo que rodea las ciudades centrales y contiene las ciudades menores de las áreas metropolitanas que sucumben a la presión de la urbanización.
La intención del Estado para mostrarse como conductor del desarrollo territorial con las grandes inversiones en infraestructura no queda en otra cosa que, con apoyo de la imagen del proyecto privado, en un progreso en términos puramente materiales, excluyendo el potencial de las áreas productivas. Las autoridades de los municipios en cuyos territorios se producen los megaproyectos privados, son excluidas del “proceso de planificación” asumido por el inversor privado y acaban encandiladas por el supuesto desarrollo y las aparentemente grandes cifras de posibles recaudaciones impositivas.
3.3 Exclusión y autoexclusión
En una investigación de la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA-2017), se comprobó que en Porongo había 7.800 hectáreas de urbanizaciones, otras 11.000 hectáreas en Colpa Bélgica y 3.200 en Portachuelo, todas al “otro lado” del Río Piraí (respecto de Santa Cruz), en la zona conocida como “El Urubó” (ya nos referimos antes a las que están de “este otro lado del río” y que también son parte del gran problema del Área Metropolitana). En estas 22.000 hectáreas, hasta el año 2035, podrían asentarse, si demostraran eficiencia, unos 2.200.000 habitantes, más de la mitad de los 4 millones de pobladores que, calculan, tendrá el Área Metropolitana de Santa cruz para entonces.
En cumplimiento de normas nacionales, los gobiernos de estos municipios, sin un ápice de planificación y, obviamente, sin previsión, definiendo su “radio urbano”, registran como “áreas urbanas” estas urbanizaciones, aunque muchas están alejadas de sus actuales centros y no tienen aún pobladores; “por el momento, las urbanizaciones desiertas no han creado trabajo. A seis kilómetros está el centro de Portachuelo, pero acá el silencio solo se rompe con el rugido de los micros cruzando el Güendá y con las aspas de los helicópteros rojos que cortan el viento. “Por el aire llegan los compradores de tierra que transforman estancias en urbanizaciones. Por tierra, la gente que sueña con vivir ¡en el Urubó!”[4].
Muchas veces he expresado mi preocupación por lo que se está haciendo con el “hinterland” productivo del Área Metropolitana de Santa Cruz, lo he hecho imaginando lo que sucede cuando las tierras de muchas estancias, que generaron trabajo en el área rural, se convierten en “urbanizaciones”, producto de la inversión privada, para decirlo más claro, del “negocio inmobiliario”, implacable e irresponsable con el futuro de una región rica e importante para el desarrollo del país. La responsabilidad sobre esta situación también recae en los profesionales como actores técnicos y en las autoridades, ambos no encaran el problema como corresponde velando por el principio del bien común por encima de otros intereses.
La preocupación debe ser mayor para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, porque toda esta irresponsabilidad de los negociantes, en complicidad con las autoridades de los municipios “beneficiarios”, encandiladas por el supuesto “desarrollo” y las grandes cifras en posibles recaudaciones impositivas que les ofrecen, incrementa la presión sobre la ciudad, sus servicios, su infraestructura y su futuro, sin ninguna compensación con aportes de impuestos que le ayuden a enfrentar los problemas que le están generando.
Hay quienes piensan que se necesitan 4 puentes para cruzar el Piraí para conectar y servir a las urbanizaciones con la urbe, otros piensan que más, pero, al margen de la cantidad, la necesidad de puentes no es de la ciudad de Santa Cruz, es de las urbanizaciones privadas que se hicieron sin consultar con ella, por tanto, de ser tan importantes para las urbanizaciones debieron hacerse como parte de su infraestructura y, aún así, debiera concertarse otras soluciones, también a cargo del negocio inmobiliario y en las urbanizaciones, para reducir el impacto sobre la urbe que tiene serios problemas de movilidad, ambientales y de servicios.
Por otra parte, aumentando la presión sobre Santa Cruz, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la modificación de artículos de las normas que declaran Patrimonio Histórico y Natural la Cuenca del Río Piraí y Parque Ecológico a todas las riberas del mismo, “con el fin de que los municipios de Montero, Warnes, Porongo, La Guardia, Colpa Bélgica y El Torno proyecten la construcción de puentes en el marco de sus competencias” (Radio Fides 02/03/2018). No se puede negar que “así, el cordón ecológico quedará como un coladero. No se puede perforar tanto…..”[5].
Quienes creen que ampliando los anillos de la ciudad para conectar y absorber a las urbanizaciones en la mancha urbana “planificada” no piensan en la calidad de espacios urbanos que se están creando con las “urbanizaciones cerradas”, muy seguras y paradisiacas dentro de los muros que las contienen y, por fuera de éstos, vías flanqueadas por murallas, vacías como “tierra de nadie”, conformando “espacios urbanos” nada atractivos (tampoco hay áreas de equipamiento ni espacios públicos para la ciudad), innecesarios para quienes viven en la burbuja dorada de su encierro de lujo, salvo para movilizarse hacia Santa Cruz y vivir de su ambiente urbano cuando dejan, por necesidad, su cómoda vivienda. El mantenimiento de estas vías, horribles como espacios urbanos, seguramente entrará como obligación del gobierno municipal respectivo y también la seguridad que, en espacios vacíos, es un problema mayor.
3.4 Exclusión de la autoridad
“Vecinos y pobladores, en sus diferencias sociales y culturales, alimentaron un sentimiento de unidad para enfrentar la precariedad de sus condiciones de vida, su pobreza y su marginalidad, organizándose alrededor de necesidades comunes y específicas para demandar atención…..”[6], así refiere, hace 30 años, Godofredo Sandoval el nacimiento de las organizaciones sociales en la ciudad de El Alto. Ahora, El Alto de La Paz puede considerarse un ejemplo en cuanto al alcance de la organización vecinal y de la importancia de las organizaciones sociales.
A lo largo de años, este inicio y alcance de las organizaciones sociales han pasado a ser un empoderamiento que, por las circunstancias de los procesos socio-económicos de la historia reciente, y por un manejo de dirigentes que se mueven en el oportunismo político, se han convertido en poderes que sobrepasan la capacidad de la autoridad, en este caso, del gobierno municipal.
Los transportistas u operadores del transporte “público”, los “gremiales” o comerciantes informales y las juntas vecinales u organizaciones zonales o de barrio de los vecinos, constituyen poderes de decisión para la ocupación del territorio, la programación de obras y destino de las inversiones frente a las cuales el Gobierno Municipal de El Alto tiene pocas oportunidades. Uno de los factores que ha generado esta situación es el prebendalismo político de muchos años, al amparo del que han conseguido “ventajas” y obtenido privilegios hoy irreversibles, como la ocupación de espacios urbanos para actividades sectoriales (paradas de transporte, comercio callejero, mercado en vía pública, “derechos” sobre el frente de la propiedad privada en el espacio público, etc.).
Cualquier intento de planificación y de ordenamiento del territorio urbano debe, además de tener un muy fuerte contenido social, considerar “territorios del transporte”, “territorios gremiales” y “territorios vecinales”, pues estos sectores no solamente disponen del espacio público sino que, también, demandan decisión sobre el destino de las inversiones. El comercio en vía pública y el transporte sindicalizado ocupan el espacio público como ejerciendo un derecho adquirido y excluyen de su uso y disfrute al ciudadano común que, ya acostumbrado, acepta la situación como normal.
Las juntas de vecinos suele actuar como brazos de las entidades políticas alineadas a partidos, ejerciendo presión sobre las autoridades para conseguir “beneficios para la zona”, sobreponiendo este interés al del bien de la ciudad. Es común ver en El Alto calles o avenidas abiertas y con tratamiento de acabado de unas cuadras de longitud que, muchas veces, no pueden tener continuidad (barreras naturales, barreras construidas, etc.) porque su construcción ha obedecido a presión vecinal y no, como debió ser, a un proceso de planificación de obras y de inversiones.
3.5 Otras formas y causas de exclusión
Otras formas de exclusión se dan por las características del territorio de las áreas urbanas, por la excesiva concentración de servicios y actividades en un sector del área urbana, por no atender el principio del bien común por encima de los intereses de grupo o personales y por un mal entendido concepto de la propiedad pública; estas formas generan efectos importantes en la calidad del ambiente urbano y, por tanto, en la calidad de vida de sus habitantes.
La Paz, a partir de la belleza natural de su territorio, tiene un paisaje urbano incomparable, pero también su topografía y geología son causantes de muchos de sus problemas, limitaciones y dificultades.
Desde su fundación en 1548 se asentó en el estrecho valle de Chuquiago, a ambos lados del Río Choqueyapu, los asentamientos españoles en el área más “plana”, al este y los asentamientos “de indios” al oeste, los unos con un trazado de damero y los otros adaptándose a la topografía; su expansión lineal, a lo largo del río, fue característica por lo que los servicios de todo tipo se ubicaron en estas áreas.
Cuando se empezó a ocupar las laderas, en los años 50’s del Siglo XX, la expansión de la vivienda en pendiente fue prácticamente incontrolable y los servicios permanecieron y se desarrollaron en la base de la cuenca. Por esta razón, los ciudadanos “bajan” por servicios (servicios sociales, gestión, .recreación, cultura, etc.) y “suben” de retorno al hogar, lo que, a lo largo de muchos años, ha generado calles muy pendientes y graderías de cientos de peldaños para conectar las áreas de vivienda con los equipamientos.
La topografía y esta conformación espacial resultan excluyentes no solamente para gente con discapacidad sino también para ancianos y niños pequeños; si consideramos la ubicación de los equipamientos y de los lugares de prestación de servicios, por su, aún marcada, concentración, esta condición de exclusión se hace más fuerte.
Muchas soluciones de infraestructura se han propuesto y ejecutado en la ciudad para enfrentar las condiciones difíciles de la topografía con las de una movilidad urbana adecuada y eficiente. Estas intervenciones se traducen en túneles y pasos a desnivel para “pasar por debajo” e ir más rápido, también puentes vehiculares (Gemelos, Trillizos y muchos otros) y peatonales (Vía Balcón, pasarelas) para “pasar por arriba” y evitar obstáculos. Sin embargo, estas intervenciones en infraestructura, aunque mejoran la situación de la movilidad y son parte muy importante de la imagen característica de la ciudad, son caras y no han logrado solucionar los problemas de movilidad.
Por sus características topográficas y sus peculiaridades culturales, La Paz ha generado, casi espontáneamente, áreas de concentración de actividades, casi siempre a partir del comercio (abastecimiento de las área de vivienda) que, por años, han sido identificadas por actividades económicas privadas, como bancos, talleres, servicios de todo tipo, para asentarse en esos lugares. Lamentablemente, a lo largo de muchos años, no se ha considerado el potencial de estas “concentraciones dispersas” de actividad en la mancha urbana, ya consolidadas, y no se les ha ido proporcionando las condiciones para su mejor y más eficiente funcionalidad (accesibilidad, espacio público, servicios especiales, etc.).
A partir de los conceptos aprendidos de Richard Rogers en “Ciudades para un Pequeño Planeta” sobre la ciudad compacta y policéntrica y analizadas las potencialidades de las características de La Paz, propuse incluir la idea de la multi-centralidad, en la aun compacta mancha urbana, en el Plan La Paz 2040, lo que dio paso al Programa Municipal de Centralidades que está avanzando en la implementación.
Esta referencia a las centralidades la hago porque una gran parte de posibles soluciones a la exclusión que genera la difícil topografía de La Paz para la gente más vulnerable está en poner a su alcance, lo más cerca posible de su lugar de residencia, los servicios que el ciudadano requiere en su vivir cotidiano y esta propuesta no sólo es válida como solución para estas minorías, sino que, también, pone los servicios al alcance de los pobladores, haciendo la ciudad más inclusiva y reduciendo la demanda de transporte, con el consiguiente ahorro de energía y reducción de efectos negativos sobre el medio ambiente.
- La inclusión es posible
Lograr una ciudad inclusiva es posible, las soluciones propuestas y otras factibles para enfrentar los problemas que generan la exclusión pueden aplicarse. Para ello, se requiere considerar algunos principios cuya consideración permanente facilitaría y mejoraría los procesos de planificación:
- Decisión y voluntad política en las autoridades y los administradores públicos; no es posible que intereses político-partidarios, como las pugnas entre “oficialismo y oposición”, pongan en situaciones tan difíciles a las ciudades y sus habitantes. No se puede seguir este camino de exclusión, en el que los escasos y difíciles esfuerzos de planificación de un gobierno municipal se vean trabados o truncados por administraciones irresponsables de otros gobiernos municipales, a quienes les interesa más el daño que se puede hacer al adversario político, en pro de un supuesto rédito para su propio partido, que el atender las necesidades de la población y generar condiciones en las ciudades que beneficien a los pobladores.
- La planificación participativa debe ser una realidad en los procesos que encaran los gobiernos municipales y los de los otros niveles del Estado. Es muy común que las autoridades convoquen a las organizaciones vecinales, cívicas, profesionales, educativas, etc. para informar sobre los planes y programas que desarrollan, en una actitud que supone participación ciudadana así como también las demandas vecinales carecen de guía, son inmediatistas, reducidas a ámbitos menores y de interés de grupo, área o zona; innegablemente son demandas legítimas, pero con guía y en el marco d procesos verdaderamente participativos pueden permitir programas y proyectos de impacto. En este proceso también es fundamental que, tanto las autoridades como la participación vecinal, puedan lograr la priorización eficiente de problemas, demandas y soluciones.
- Conciencia ciudadana y responsabilidad empresarial. Lamentablemente, vivimos en una sociedad que no valora la importancia del respeto a la norma, un problema de educación que debe ser encarado desde el nivel básico del sistema educativo; es común que, incluso en los niveles profesionales, parezca “normal” infringir la norma para obtener beneficios personales o de grupo y que, en los niveles empresariales se “interprete” la norma o se encuentren caminos con la autoridad permisiva para actuar sin apego a ella y, en busca de utilidades, no se muestre consideración alguna por el bien común.
- El principio fundamental del bien común por encima de cualquier interés personal o de grupo debe ser respetado y convertirse en un principio universal de acción, tanto para autoridades o administradores públicos como para los ciudadanos y sus organizaciones.
- Finalmente, las autoridades y los administradores de lo público deben comprender, y actuar en consecuencia, que en democracia el poder lo ejerce el pueblo y que ellos son delegados por él para velar por sus derechos. Debe quedar claro que las instituciones públicas NO son propietarias, que la Constitución reconoce sólo dos tipos de propiedad, la privada, como derecho del ciudadano y la pública, la de todos, de la que estas instituciones son administradoras solamente.
Imagen de cabecera o imagen destacada: Izquierda, el «Boletín de Investigación Nº 4-2019» de la Carrera de Arquitectura de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, para el que fue elaborado el presente documento. Derecha, la presentación de esta ponencia en el XV Seminario de Urbanismo Internacional, Ciudad Inclusiva: Acciones y proyectos sustentables de la Nueva Agenda Urbana. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, abril de 2019- Ciudad de México.
[1] PNUD, “Estrategia de urbanización sostenible”, 2016
[2] PNUD, Foro Social de las Américas – Quito, Julio 2004, Foro Mundial Urbano – Barcelona, Octubre 2004, Foro Social Mundial – Porto Alegre, Enero 2005, Revisión previa a Barcelona, Septiembre 2005, “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad”, UNAM, Sección Documentalia, 2013
[3] Carlos Valverde B., “¿Qué te hacen Santa Cruz?”, Diario El Deber, 23/09/2018
[4] Pablo Ortiz, Diario El Deber, 15/05/2017
[5] Álvaro Fernández, presidente de la Federación de Asociaciones de Urbanizaciones y Condominios de Porongo-Faducop
[6] Godofredo Sandoval y M. Fernanda Sostres, “La Ciudad Prometida”, ILDIS y Systema, 1989
¿Cómo se Administra la Norma?
La pregunta del título de esta entrada no es otra cosa que una prueba de incertidumbre respecto de las oportunidades y posibilidades que la planificación, por más incipiente que sea, puede darle a la ciudad de La Paz para su desarrollo y sostenibilidad.
El 10 de agosto de 2019 publiqué en este blog una entrada con el título “Fuera de Norma!!!” en el que mi preocupación, que debiera ser la de todos, por la ausencia de fiscalización eficiente, por la irresponsabilidad de los propietarios y por la falta de ética que, lamentablemente existe, en muchos profesionales, llegó a niveles insospechados al saber que la propia Ley Municipal permite la ilegalidad a cambio de dinero en las arcas municipales sin ninguna consideración por la ciudad.[1]
La Ley de Usos del Suelo Urbano (LUSU) contiene la normativa que, entre otros aspectos, establece las reglas y patrones de asentamiento y parámetros de edificación que deben aplicarse en el diseño y construcción de edificios según las zonas, las condiciones de suelo, la topografía, los usos permitidos y otros muchos que, por lo menos en la teoría del urbanismo, resultan de un proceso de planificación y se constituyen en parte de sus estrategias de aplicación para alcanzar sus objetivos, como el de ampliar “…..la noción de hábitat sostenible y digno a partir de lograr una adecuada interrelación entre el territorio biofísico, las formas socioculturales de apropiación y el proceso de asentamiento y localización de la población…..” o el de “…..establecer lineamientos claros y entendibles a partir de los cuales se podrá planificar una adecuada administración del territorio, delimitando las áreas edificables y sus diferentes destinos…..”.[2]
Para estos efectos, en la administración de la norma, existen procedimientos y trámites que establecen una aprobación previa de los “proyectos de permisos de construcción” y, a la conclusión de las obras, previa presentación de planos “as built” [3] e inspección municipal para verificación de cumplimiento de la norma, se obtiene un “certificado de habitabilidad” del edificio. En muchos casos, según los colegas que los realizan con cierta frecuencia, estos trámites resultan en “verdaderos calvarios”, debiendo atender a veces incontables observaciones a sus proyectos por parte de los funcionarios municipales, las que no se hacen en una sola revisión y tampoco se las consigna por escrito, lo que obliga, en muchos casos, a la múltiple re-impresión de planos en largos plazos de trámite.
Así como existe tremenda contradicción en la Ley Municipal 233 de Fiscalización, además de tratar de ser completa y muy clara, la Ley de Usos del Suelo Urbano (LUSU) tiene aspectos normativos discutibles, tema para talleres profesionales, académicos e incluso vecinales y contiene normas que no son fáciles de entender desde el punto de vista de una planificación seria; ejemplo: el Artículo 23 (Ocupación Temporal de Retiros Frontales) con procedimientos detallados en el Anexo II de la propia LUSU, que permite ocupar el retiro frontal “temporalmente con construcciones de características desmontables para actividades comerciales”.
Si se planifica el uso del suelo ¿por qué, en la propia Ley, supuesto resultado de esa planificación, se posibilita la ocupación temporal de retiros frontales? Si entendemos el retiro como el aporte privado a la calidad del espacio público y del medio ambiente urbano y, si la planificación ha establecido su necesidad en un área de la ciudad, ¿por qué debiera permitirse su ocupación, aunque sea temporalmente?, tratándose de áreas con usos comerciales intensivos, ¿por qué no se definió de inicio el parámetro de edificación sin retiro? Son muchas preguntas, quizá hayan más, las dejo para que sea el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) el que las analice y las responda; si revisamos los hechos, la “temporalidad” de muchas construcciones, permitidas por esta norma, es muy dudosa dadas sus características, su uso y el tiempo transcurrido desde que se las autorizó.
Volviendo al título, ¿Cómo se Administra la Norma?, las respuestas verdaderamente inquietan y, para ser más claro, más gráfico y más entendible en mis preocupaciones voy a usar ejemplos que muestran los motivos de tales preocupaciones. Además de los 45 artículos y los ocho Anexos que conforman el “Texto Ordenado” de la LUSU de La Paz, ésta contiene mapas urbanos temáticos (topográfico, geológico, geotécnico, geomorfológico, etc.) y mapas de usos del suelo y patrones de asentamiento complementados con cartillas de cada patrón de asentamiento para cada uno de los distritos.
Primero veremos un edificio, bastante nuevo, que llamó mi atención por, lo que yo considero, una ocupación permanente del retiro frontal con una estructura que parece sostener una marquesina de importantes dimensiones. Partiendo de la premisa que a sus promotores, constructores o propietarios se le concedió el permiso de construcción y, al estar ya ocupado y en funcionamiento, presentaron planos “as built” y obtuvieron el certificado de habitabilidad o lo que correspondiera para su ocupación, me permito hacer un análisis “ex post” de cumplimiento de la norma considerando que la administración municipal dio su aprobación al respecto.
Una aclaración necesaria, los datos para el análisis se obtuvieron por observación en sitio, con planos de la Restitución Aerofotogramétrica de 2006 y con ayuda de imagen satelital de “Google Earth”, puesto que, aunque la información sobre todo proyecto, en cuanto a lo que éste afecte al uso y ocupación del espacio urbano, debiera ser pública, el GAMLP considera que no es posible acceder a ella tratándose de proyectos privados. Entiendo que es osado aventurarme a este análisis, pero me encantaría generar una reacción que busque demostrarme lo contrario de lo que afirmo.
El primer edificio está ubicado en la esquina de la Calle 21 de Calacoto (Av. Washington), esquina calle Adrián Patiño, en un terreno de aproximadamente 608 m2 de superficie; según el mapa de usos del suelo y patrones de asentamiento le corresponde el patrón Zona Sur 5Z-d19, que define una ocupación de 70% en zócalo (425.60 m2) y 50% en torre (304 m2), sobre cuyo cumplimiento no manifestaré duda en vista de la escasez de información precisa. Lo que sí pondré en duda y podría aseverar que no se cumple es el parámetro de Área Mínima Verde (AMV) que la norma demanda en 30% de la superficie del terreno y es imposible que las pequeñas jardineras que se ven en el frente alcancen a los 182 m2 de área verde que exige la norma, ni siquiera si los 70 m2 del retiro de fondo fueran área verde.
Además de la ocupación del retiro frontal con una estructura fija y con las jardineras, llama la atención la altura del edificio, no porque el parámetro de Altura Máxima de Fachada (AMF) no se lo permita, sino porque no se explica cómo el proyecto pudo alcanzar la misma con las condicionantes normativas. El Área Máxima a Edificar (AME), tiene un parámetro de 395% de la superficie del terreno, lo que permite un total 2,400 m2 de edificación, con posibilidad de incremento a partir de los Incentivos a la Inversión que la norma incluye referidos a:[4]
- una superficie de terreno que sea el doble del Área de Lote Edificable (ALE) que para este caso tiene un parámetro de 1,000 m2, el predio del edificio tiene 608 m2, por tanto no corresponde su aplicación;
- 15% adicionales de AME por cada metro adicional al retiro frontal para uso exclusivo de área verde, por lo visto en el edificio concluido, tampoco corresponde;
- una reducción de 10% en el AMC le incrementaría 30% al AME, por lo que se ve no existe esta reducción, por tanto el incentivo no corresponde;
- el único incentivo posible sería el incremento de 50% en el número de plazas de parqueo a ser destinado a uso público, lo que solamente el GAMLP puede comprobar, pero, en el uso diario, no se ve que exista estacionamiento público en el edificio.
Si el zócalo ocupa 425 m2 y cada planta de la torre puede alcanzar a 304 m2, la posibilidad de AME del edificio (2,400 m2), cumpliendo con la norma, le permitiría una altura (AMF) de un zócalo y seis plantas y media (7 plantas y media); como puede verse en las imágenes, el edificio tiene once (11) plantas, es decir, un Área Máxima Edificable de 3,465 m2!!!; ¿cómo se justifica un incremento de 1,065 m2? Incluso si hubieran 8 plazas de parqueo para uso público, adicionales a las 16 que debiera tener por norma, el AME sería de 3,008 m2, el edificio estaría con más de 450 m2 fuera de norma. ¿Se aplicó el Artículo 22 de la Ley Municipal 233? ¿A cuánto ascendió el monto de “monetización de la infracción”? Y….. la ciudad ¿qué?
El segundo caso es el de un edificio en Achumani, es un hotel, lo que hace interesante el análisis pues parece que los hoteles tienen una administración de la norma muy propia, ya que en la entrada del blog del 10 de agosto de 2019 se analizó la situación de fuera de norma de otro hotel. El edificio de este análisis está ubicado en la Av. de la Fuerza Naval, a unos metros de la Calle 23 (ingreso a Achumani), en un terreno de aproximadamente 680 m2 de superficie, con un frente de algo más de 24 metros. Según el mapa de usos del suelo y patrones de asentamiento le corresponde el patrón Zona Sur 4-d19, que define una ocupación de 50% en torre (340 m2), sobre cuyo cumplimiento, como en el otro caso, tampoco manifestaré duda en vista de la escasez de información precisa.
En este caso, tampoco el terreno tiene el doble de superficie del Área de Lote de Edificable (ALE) de 450 m2 que consigna la norma, por lo que la aplicación de un incentivo por este motivo no corresponde. El retiro frontal que el proyecto ha dejado es mayor al de 3 metros que exige la norma por lo que, si consideramos que ha dejado un retiro de 5 metros, tendría un incentivo de 30% adicional al Área Máxima a Edificar (AME) que, para este patrón, es de 280%, con el incremento podría edificar con 310% de AME, pero hay un pequeño gran detalle, la norma indica que este incentivo es aplicable sólo si los metros adicionales de retiro se destinan a área verde!!!
La norma establece que la Altura Máxima de Fachada (AMF) es de 6 plantas con posibilidad de incrementar no más de dos plantas adicionales si se aplicara alguno de los incentivos, en este caso no parece haberse aplicado incentivo alguno y el edificio tiene 9 plantas. El AME (280%) que permitiría la norma para esa superficie de terreno (680 m2) sería de 1,904 m2; por el volumen construido, suponiendo que se han cumplido los requerimientos de retiros y de AMC 50% del patrón Zona Sur 4-d19, la superficie construida parece estar cerca de los 2,850 m2, es decir, más de 900 m2 que estarían fuera de norma y, además, en ninguna parte de la construcción o el terreno se ven los 272 m2 de área verde que la norma exige (40% del ALE). Otra vez debemos hacernos las preguntas sobre la aplicación del Artículo 22 de la Ley Municipal 233 y sobre el monto de la “monetización de la infracción”, espero haya respuestas.
Pero el análisis no termina ahí, no solamente podemos comprobar que hay incumplimiento de la norma en la aplicación de los parámetros establecidos por la LUSU para el patrón respectivo, sino que, además, se han ocupado con construcciones los retiros laterales y el retiro de fondo; el patrón Zona Sur 4-d19 es para una edificación sin zócalo y con retiros frontal, laterales y de fondo obligatorios y, calculamos que, para alcanzar a un AMC de 340 m2, debió dejar retiros de 3.50 metros a cada lado y al fondo además de los 5 metros del frontal, por lo que, estando estos retiros ocupados con construcciones, se puede adicionar unos 250 m2 a la infracción y, por tanto se alcanzaría a 1,150 m2 que estarían fuera de norma.
Si esta situación, encontrada en este edificio por el análisis hecho, ya es preocupante, podemos pensar que la ciudad está totalmente desprotegida y con total ausencia de administración territorial y normativa eficiente y efectiva si observamos lo que se supone es la aplicación, en este edificio-hotel, del Artículo 23 (Ocupación Temporal de Retiros Frontales) de la LUSU. Se le ha permitido ocupar el retiro frontal con una estructura para ascensor, que de hecho no es una construcción “de características desmontables para actividades comerciales”, como condiciona el mencionado artículo y con otra estructura, que alberga parte de un restaurante, que sí podría corresponder a lo establecido por el Artículo 23.
Si en un solo edificio, con permiso de construcción aprobado, con planos “as built” aprobados (se supone, si no el hotel no debería estar funcionando), encontramos contravenciones a la norma en altura, en la ausencia total de Área Mínima Verde, en la ocupación de los retiros laterales y de fondo, en un exceso enorme en el Área Máxima a Edificar, en la construcción de una cubierta (en el retiro lateral izquierdo) que, además de ocupar retiro, echa aguas hacia el vecino, lo cual no es permitido por norma y, además, se le permita construir en retiro frontal, al amparo de un artículo de la propia norma que no tiene sentido desde el punto de vista de una planificación bien hecha, sólo queda volver a preguntar ¿cómo se administra la norma?
[1] Artículo 22 de la Ley Municipal Autonómica Nº 233 y su Reglamento.
[2] Exposición de Motivos del “Texto Ordenado” de las “Leyes Municipales Autonómicas Nros. 017 – 024 -050 -080”, que constituyen la LUSU.
[3] Anexo VI, Condiciones Generales sobre Edificaciones de la LUSU
[4] Cartilla de norma para Zona Sur 5Z-d19, LUSU
Seguimos embovedando ríos!!!
Al iniciar este proyecto de publicar un blog que trate y genere discusión sobre temas de mi visión de la ciudad, sus problemas, belleza y potencialidades así como mostrar que todos somos responsables de “Hacer Ciudad”, subí una primera entrada con el tema de “Problemas Urbanos y Responsabilidad”, el 10 de octubre de 2018, con el título de “Sanidad y Medio Ambiente” porque considero que los mayores problemas de la ciudad de La Paz corresponden a estos aspectos y el tema que toco hoy es parte de los mismos.
“La ciudad necesita un análisis específico: hay un flujo de materia y energía que entra y sale, una interacción entre seres vivos. Hay que pensar que los ríos no solo son el cauce, son el agua que los constituye, son lo que transportan, los animales que viven en ellos, la recarga de agua. En una ciudad los ríos siguen brindando servicios si no se entuban.”[1].
Muchas de las más grandes civilizaciones de la historia de la humanidad se iniciaron a la orilla de ríos o cuerpos de agua, los mismos que han sido, además de fuentes de vida, factores geográficos y económicos determinantes para su desarrollo. Las ciudades bolivianas no escapan de esta característica y casi condición, como Santa Cruz y el Río Piraí, Cochabamba y el Río Rocha, Tarija y el Guadalquivir, etc.
El valle del Chuquiago, el que encontraron los españoles para fundar la ciudad de La Paz, está regado por cinco cuencas, la del Río Choqueyapu y las de sus afluentes: el Río Orkojahuira, el Río Irpavi, el Río Achumani y el Río Huayñajahuira, todos alimentados por muchísimos riachuelos; desde entonces, la urbanización se ha convertido en la principal causa de su destrucción. Más de la mitad del cauce del Choqueyapu que cruza la ciudad así como más del 90% del cauce del Orkojahuira y casi el total de sus riachuelos afluentes están embovedados y enterrados y todos están contaminados ya que son los canales de alcantarillado sanitario de la ciudad.
Desde su fundación, la tendencia de expansión de la ciudad de La Paz ha sido y sigue siendo a lo largo de sus cuencas hidrográficas; si consideramos algunos conceptos de Ian L. MacHarg[2] sobre que “la naturaleza es un único sistema interactivo y que una alteración en cualquiera de sus partes afecta al conjunto” o que “los procesos terrestres necesitan del agua y que los procesos del agua dulce son inseparables de la tierra……entonces, que la gestión de la tierra afecta al agua y que la gestión del agua afecta a los procesos de la tierra”, debemos evaluar conscientemente ese proceso de expansión urbana ya consolidado y en actual desarrollo y darnos cuenta que no hemos avanzado, ni lo estamos haciendo, por buen camino dado que “…..los terrenos destinados a espacio libre en la región metropolitana son los que proceden de espacios caracterizados por sus procesos naturales, intrínsecamente idóneos para actividades ‘verdes’: ese es el lugar de la naturaleza en una metrópoli”.
Desde que el crecimiento de la ciudad se aceleró, es innegable que se ha edificado a lo largo de los ríos, ocupando el “lugar de la naturaleza” y allá por los años de 1900 (el proyecto de la “Avenida Central” de 1913, hoy Av. Montes), iniciamos un proceso en el que las “gestiones del agua y de la tierra” no han encontrado otra solución para encarar la contaminación de los ríos y buscar soluciones a los requerimientos de la edificación que la de embovedar, cerrarlos y “problema resuelto, red de alcantarillado enterrada” y, lamentablemente, esa mentalidad persiste en la actualidad y vamos por la solución simple y fácil sin importar el impacto sobre la ciudad.
En enero de 2017, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) anunció la ejecución de trabajos para el embovedado del río Choqueyapu, desde el sector denominado “Gruta de Lourdes”, para construir, sobre ese embovedado, la continuación de la “Avenida del Poeta” hasta el inicio del barrio de Obrajes. Es un proyecto vial que se ejecutará a expensas de la calidad ambiental de la ciudad, no obstante que se insiste, a través de la Agencia Municipal de Noticias, en que “esta construcción nos va a permitir no solamente llevar de manera adecuada las aguas del río sino que estabilizará el sector en tramos donde ya se han determinado algunos problemas” (Agencia Municipal de Noticias, 19 de septiembre de 2019).
En el tramo en cuestión, de unos 1,200 metros de longitud, el único problema de inestabilidad del que tengo memoria data de hace más de 30 años y fue un asentamiento en la parte alta de la Avenida Libertadores, detrás de la residencia presidencial, debido a filtraciones; la solución que se le dio fue una de las más ingeniosas que la ciudad ha visto y que ha garantizado la estabilidad del sector sin problemas posteriores hasta el día de hoy (ver fotografía debajo de este párrafo). El Mapa de Riesgos de La Paz, elaborado y permanentemente actualizado por el GAMLP, marca este sitio como de muy bajo y bajo riesgo; no es mi intención discutir con los especialistas ni cuestionar su capacidad profesional, pero busco respuestas y argumentos para justificar que sigamos repitiendo los errores del pasado.
Por otra parte, el Plan Maestro Metropolitano de Agua, impulsado en 2012 por el Ministerio de Medioambiente y Agua y elaborado por una consultora con financiamiento de la Cooperación Española y el BID, menciona las dificultades de saneamiento del Río Choqueyapu a raíz del embovedado y propone, como medida a corto plazo, “la construcción de un emisario que recolecte y conduzca las aguas residuales de toda la ciudad hasta la planta de tratamiento de Mallasa…… se definió el trazo del emisario por la margen izquierda del río Choqueyapu y río La Paz”.[3] (El emisario debiera iniciarse a la altura de la Gruta de Lourdes; la planta de tratamiento de Mallasa es un proyecto resultante del Plan Maestro Metropolitano de Agua).
La respuesta del GAMLP es que “el embovedado permitirá la separación de las aguas residuales para que sean conducidas por el emisario central propuesto en el proyecto hasta la futura planta de tratamiento en Mallasa” y que “el diseño final de la planta de tratamiento que impulsa el Gobierno aún no está concluido a diferencia del proyecto del embovedado del Choqueyapu”.[4] Otra aclaración necesaria, porque, como se ve en el proyecto, publicado por el GAMLP, no hay un “emisario central” en el embovedado, por lo que no queda claro cómo se hará la separación de las aguas residuales, como requiere el Plan Maestro Metropolitano de Agua (ver imágenes encima de este párrafo).
Cuando se elaboró el Plan de Ordenamiento Urbano de La Paz, entre 2002 y 2004, ahora obsoleto porque nunca hubo la preocupación de darle continuidad, se habían incorporado en él, como componentes importantes, el Plan de Manejo de la Cuenca de La Paz, cuya elaboración se suponía arrancaría en 2005 con recursos del BID y bajo la responsabilidad de la Oficialía Mayor Técnica, y el Plan Maestro de Drenaje que estuvo en ejecución hasta hace poco. Como parte del primero se mencionaban recomendaciones de años atrás para considerar la construcción de lagunas de control de caudal en las cabeceras de las cuencas, seguramente más efectivas que levantar muros a lo largo de los ríos canalizados y que seguir embovedando los cursos de agua; también se planteaba la necesidad de separar colectores de aguas servidas y pluviales, recuperación de los cursos de agua e incorporarlos al paisaje urbano.
A partir de la necesidad de encarar los problemas más álgidos de la ciudad, como son los de sanidad y medio ambiente, es fundamental, además de ser consecuentes con el Plan La Paz 2040, direccionar inversiones para enfrentar la recuperación ambiental de la ciudad, mostrando una verdadera voluntad política y efectiva participación en la que la responsabilidad del sector privado es importantísima. Es claro que proyectos como los de saneamiento, de recuperación de los cursos de agua, de control de cuencas y drenajes son enormemente menos atractivos para cualquier gestión porque es infraestructura que queda enterrada frente al brillo y supuesta mayor utilidad de una avenida con “nombre y apellido”.
Es imprescindible buscar soluciones en el marco de la sostenibilidad que condiciona al urbanismo contemporáneo y que está planteada en el Plan La Paz 2040; poner en consonancia la ciudad con su territorio y el medio ambiente es un imperativo ineludible y La Paz necesita de soluciones para sus sistemas de drenaje sanitario y pluvial y para la recuperación de sus ríos, que no van, obviamente, por más embovedados. “Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) son técnicas de gestión de aguas pluviales y planeamiento urbano que persiguen reproducir y/o restituir los procesos hidrológicos previos al desarrollo urbanístico (infiltración, filtración, almacenamiento, laminación, evapotranspiración), integrando estratégicamente elementos de control de escorrentía en el paisaje urbano”.[5]
[1] Susana Herrera Lima, “Los ríos urbanos en el ecosistema ciudad”, 2016, http://www.clavigero.iteso.mx
[2] Ian L. MacHarg, “Proyectar con la Naturaleza”, 1992, Ed. Gustavo Gili, 2000
[3] Diario Página Siete, 14 de septiembre de 2017.
[4] Periódico El Diario, 14 de noviembre de 2017, citando al Secretario Municipal de Gestión Ambiental
[5] Grupo de trabajo ST-10, Congreso Nacional del Medio Ambiente 2018, Fundación Conama: “Agua y Ciudad Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible”, Madrid, 2018
Foto destacada o de cabecera: La cuenca del Río Choqueyapu en el sector del proyecto de embovedado. Foto tomada por el autor del blog desde una cabina de la «línea celeste» del teleférico, La Paz, Bolivia.
El negocio sigue!!!
Ver también en Haciendo Ciudad la entrada: «Urbanización ‘Los Pinos’ (La Paz), otra faceta del negocio inmobiliario» de 17 de marzo de 2019.
No obstante la ya elevada densidad generada por la construcción de edificios de 10 pisos en la última fase de la Urbanización “Los Pinos” en la Zona Sur de la ciudad de La Paz, con una reducidísima superficie de áreas libres de construcción, el NEGOCIO SIGUE!!!
Nuevas construcciones en el atestado espacio incrementarán en unas 250 personas la población que habitará en esta fase de la urbanización, pero la superficie de áreas verdes, existente sólo como “jardines decorativos” y el área para nuevos equipamientos sociales que nunca se incrementó, a pesar de haberse construido 24 nuevas torres de 10 pisos para albergar a más de 1.900 personas, siguen en déficit. También se han hecho construcciones sobre lo que debió ser retiro frontal; por la forma de éstas, se supone serían a futuro pequeños espacios comerciales (¿?).
Si estas nuevas construcciones están aprobadas el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) es CÓMPLICE de este atentado a la calidad del ambiente urbano y a la calidad de vida de quienes habitan y habitarán esta, mal llamada, “urbanización”. Si estas nuevas torres NO estuvieran aprobadas, los promotores y constructores están cometiendo un delito al incumplir las normas municipales y, al mismo tiempo, el GAMLP debería asumir responsabilidad por no realizar una fiscalización adecuada.
Aprobadas o no, estas construcciones y todas las de las últimas fases de la Urbanización “Los Pinos” son un atentado contra la ciudad, contra el ambiente urbano, contra la calidad de vida de muchas familias, pero, con toda la indolencia de promotores, constructores, profesionales involucrados y Gobierno Municipal, QUE SIGA EL NEGOCIO!!!
Ordenamiento Urbano en El Alto, un desafío enorme
La Cuarta Sección de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, localizada en la meseta del Altiplano Norte, fue creada mediante Ley 728 de 06 de marzo de 1985 y elevada al rango de ciudad (El Alto) mediante Ley 1028 del 26 de septiembre de 1988; su extensión fue determinada por Ley 2337 de 12 de marzo de 2002 con una superficie de 428,03 Km2. El Alto fue un área de expansión de la ciudad de La Paz que inició a la ocupación de la planicie; los latifundistas del altiplano aprovecharon la necesidad de suelo urbano y en 1942 se proyecta Villa Dolores y luego Villa 16 de Julio.
El conglomerado La Paz-El Alto, además de ser el centro de la Región Metropolitana de La Paz, es por su ubicación geográfica, un importante centro de comercio, con influencia muy fuerte hasta el área del Pacífico, en un sistema de ciudades que abarca el norte de Chile y el sur de Perú, del que es la mayor concentración poblacional. Ésta es una ventaja comparativa que debe aprovecharse y considerarse como una potencialidad importante.
El Alto cuenta con una población de 922,600 habitantes, calculados por proyección de los 848,452 habitantes registrados en el Censo de Población y Vivienda de 2012, calculándose que, para 2020, tendrá 994,600 habitantes. La población de El Alto se encuentra constituida, en su mayoría, por migración rural andino-aymara de las diferentes provincias del Departamento de La Paz y un segmento de migración del interior del país, sobre todo migración minera producto de la relocalización de la década de 1980.
Por la “facilidad” que ofrece la topografía y por la falta de planificación y control, la mancha urbana se extiende rápidamente, imparable y en exceso, al influjo de acciones del mercado inmobiliario que, finalmente, es el que decide la configuración espacial de la ciudad. Esta extensión muestra asentamientos con muy baja densidad que se han “trazado” desde las vías principales que son parte de la red vial nacional y departamental generadas, hace muchos años, para la conexión de la ciudad de La Paz con otras áreas del país y hacia el Pacífico.
“Vecinos y pobladores, en sus diferencias sociales y culturales, alimentaron un sentimiento de unidad para enfrentar la precariedad de sus condiciones de vida, su pobreza y su marginalidad, organizándose alrededor de necesidades comunes y específicas para demandar atención…..”[1], así refiería, hace 30 años, Godofredo Sandoval el nacimiento de las organizaciones sociales en la ciudad de El Alto. Ahora, El Alto de La Paz puede considerarse un ejemplo en cuanto al alcance de la organización vecinal y de la importancia de las organizaciones sociales.
Sin embargo, en el mismo libro, en sus conclusiones, Sandoval alertaba: “En casi todas las organizaciones de pobladores existen ‘minorías activas’: dirigentes, promotores y grupos que por su formación, experiencia y proximidad a instituciones críticas, políticas o no, tienen mayor capacidad para producir elementos de una identidad ofensiva, de interpelación y ruptura sistémica. Pero a su vez, estas ‘minorías’ propenden a perder fácilmente su autonomía como interlocutores de sus bases, al ser coptadas por partidos políticos o agentes institucionales y al someterse a demandas particulares, externas a las de su organización”.[2]
A lo largo de años, este inicio y alcance de las organizaciones sociales alteñas han pasado a ser un empoderamiento que, por las circunstancias de los procesos socio-económicos de la historia reciente, y por un manejo de dirigentes coptados por los partidos, que se mueven en el oportunismo político, que son maestros en generar y mantener el conflicto para asegurar “su trabajo”, han convertido a estas organizaciones en poderes que sobrepasan la capacidad de la autoridad, en este caso, del gobierno municipal.
Los transportistas u operadores del transporte “público”, los “gremiales” o comerciantes informales y las juntas vecinales u organizaciones zonales o de barrio de los vecinos, constituyen poderes de decisión para la ocupación del territorio, la programación de obras y destino de las inversiones frente a las cuales el Gobierno Municipal de El Alto tiene pocas oportunidades. Uno de los factores que ha generado esta situación es el prebendalismo político de muchos años, al amparo del que han conseguido “ventajas” y obtenido privilegios hoy irreversibles, como la ocupación de espacios urbanos para actividades sectoriales (paradas de transporte, comercio callejero, mercado en vía pública, “derechos” sobre el frente de la propiedad privada en el espacio público, etc.).
Las juntas de vecinos han sido, y son, un efectivo mecanismo para lograr servicios o mejoras en sus barrios, por lo que, movidas por sus dirigentes, suelen actuar como brazos de las entidades políticas alineadas a partidos, como fuerzas de apoyo u oposición, según sea necesario, ejerciendo presión sobre las autoridades para conseguir “beneficios para la zona”, sobreponiendo este interés al del bien de la ciudad. Es común ver en El Alto calles o avenidas abiertas y con tratamiento de acabado de unas cuadras de longitud que, muchas veces, no pueden tener continuidad (barreras naturales, barreras construidas, etc.) porque su construcción y la inversión para ella han obedecido a presión vecinal y no, como debió ser, a un proceso de planificación y de programación de obras y de inversiones.
El Alto ha realizado varios esfuerzos de planificación que no han podido pasar a etapas de implementación, se han generado normas para la ocupación del suelo y patrones de asentamiento que reglamenten la edificación, pero con muy pocas posibilidades para la fiscalización de parte de la autoridad municipal. No es raro ver que en áreas muy alejadas del centro, donde la normativa, si ha alcanzado a abarcarlas, puede establecer, o lo hace, construcción de baja densidad, se encuentran edificios de cuatro y cinco plantas, con porcentajes de ocupación no considerados.
Cualquier nuevo intento de planificación y de ordenamiento del territorio urbano de la ciudad de El Alto debe, además de tener un muy fuerte contenido social, considerar “territorios del transporte”, “territorios gremiales” y “territorios vecinales”, pues estos sectores no solamente disponen del espacio público sino que, también, demandan decisión sobre el destino de las inversiones. El comercio en vía pública y el transporte sindicalizado ocupan el espacio público como ejerciendo un derecho adquirido y excluyen de su uso y disfrute al ciudadano común que, ya acostumbrado, acepta la situación como normal.
La necesidad de considerar un proceso de planificación con un alto contenido social (tal vez deba añadir antropológico) parte de estas condiciones generadas por las organizaciones sociales y vecinales y de la idiosincrasia de migrantes aymaras, sobre todo de los de primera generación que, por la tasa de crecimiento de la población de El Alto, siguen sumándose a ella. ¿Cómo planificar, desde una visión occidental, tratando de “divisar” el futuro? “En una civilización que privilegia la distinción entre lo visto/no-visto y lo conocido/desconocido hasta tal punto que dispone una trama de requisitos ‘evidenciales’ profundamente inscritos en su idioma…..”; “a menudo los aymaras más ancianos se niegan simplemente a hablar sobre el futuro argumentando que sobre éste nada puede decirse que sea percibible, comprobable o pueda razonarse sobre él sin conjeturar”.[3]
Quizás la respuesta está en “los requisitos evidenciales”, en un proceso de planificación que genere programas y proyectos de intervenciones puntuales, de fuerte impacto pero con miras a obtener resultados visibles en corto plazo. El ordenamiento urbano-territorial de El Alto es un enorme desafío que debe enfrentarse por necesidad, responsabilidad y porque su población merece mejores condiciones de vida, al mismo tiempo de ser parte del proceso de desarrollo urbano sostenible que el país requiere.
[1]Godofredo Sandoval y M. Fernanda Sostres, “La Ciudad Prometida”, ILDIS y Systema, 1989
[2]Ibid.
[3]Crónicas Aymaras: “Retroceder al futuro”, http://aymarani.blogspot.com
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