Lo ocurrido en los últimos dos meses en el país y que aún no se resuelve del todo, muestra que la población rural puede ser fácilmente manipulada (aunque también obligada) por la politiquería porque claramente hay una situación de precariedad y pobreza en el campo.
Como arquitectos y urbanistas, a menudo caemos en la trampa de pensar que nuestra labor termina donde acaba la “mancha urbana”; sin embargo, siempre he sostenido que el territorio no es un soporte vacío ni un escenario pasivo, sino un sistema con vida, con diversidad y productivo.
No existe una ciudad sostenible si se planifica como si la metrópoli no dependiera del campo, o como si el desarrollo rural fuera un tema ajeno al quehacer urbanístico. Hacer ciudad también es mirar al campo y reconocer que la ciudad depende vitalmente del campo.
No es posible ver a lo rural y lo urbano como si fueran mundos aislados; estamos ante la formación de lo que José Núñez del Prado (2016)[1] llama una «agrópolis-rurbana», una forma de vida común interconectada que exige nuevos paradigmas de interpretación.
La ciudad no es solo un receptor de migración y centro de consumo; debe ser entendida como la principal herramienta para desarrollar el territorio, actuando como un nodo de transformación, logística y servicios especializados para su región inmediata.
Cuando el ordenamiento territorial falla en articular estas relaciones, las consecuencias son dolorosamente visibles: abandono del campo y migración forzada hacia las periferias urbanas, ocupación de zonas de riesgo y una pobreza periurbana creciente.
El desarrollo rural no es sólo fomento agropecuario; bajo el enfoque de Desarrollo Territorial Rural-DTR (Comunidad Andina, 2011)[1], es un proceso de transformación productiva e institucional en un espacio determinado con el fin de reducir la pobreza y en el que la ciudad tiene un papel fundamental.
Para que esto sea efectivo, el ordenamiento territorial debe encararse a partir de transformar las condiciones de producción, desarrollar instituciones para apoyarlas y una visión holística del territorio. Territorializar las políticas significa llevar el Estado al terreno para proteger los sistemas de vida y la seguridad alimentaria. ¿Qué institución en el país está abordando realmente esta relación urbano-rural con seriedad técnica?
[1] Comunidad Andina, “Modelos de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial en países de la CAN”, 2011
[1] Núñez del Prado, José, «La relación entre desarrollo rural y academia en la mira: El caso del CIDES-UMSA», FAO-Umbrales 30, 2016