Sitio para expresar mis ideas sobre la ciudad vista desde la óptica profesional, pero con mente abierta y el propósito de despertar el interés de todos para abrir un ámbito de discusión de nuestra realidad y poder generar propuestas para mejorar nuestro “quehacer urbanístico”.
“Multicine de la Zona Sur” en el terreno ubicado en la Av. Montenegro y calle Pancara en San Miguel, destinado a Centro Cultural de la Zona Sur. Entiéndase “cultural” como actividades dirigidas a TODAS las artes y manifestaciones de la cultura, no sólo al cine.
Disponer de uno de los muy escasos espacios de propiedad pública que la ciudad necesita para equipamientos y áreas verdes y espacios públicos y destinarlo al beneficio del negocio privado es inadmisible y muestra claramente que se ha iniciado la campaña electoral repartiendo espejitos y cuentas de colores a quienes estarán muy felices de poder ver películas extranjeras y atiborrarse de «picpocas» cerca de su casa (que lamentablemente son muchos) porque no entienden o les importa el daño que se hace a la ciudad y a su sostenibilidad en aras de su comodidad y del negocio privado.
Triste ver que la planificación no ha sido algo de interés para esta etapa de la gestión municipal por lo que el inmediatismo de los «logros» que generan aplausos de unos pocos y allegados y guirnaldas obligadas por la costumbre se convierten en filtros que opacan la necesidad de prever el futuro en una ciudad bella pero muy difícil, con grandes problemas que no se mencionan o que se dejan de lado porque sus soluciones parecen no lograr la visibilidad y el brillo que la politiquería requiere, no obstante su importancia y real necesidad para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Una de las virtudes de la abrogada Ley Nº 2028, Ley de Municipalidades de 1999 fue que, en su Artículo 3º dejaba en claro los conceptos de Municipio, Municipalidad y Gobierno Municipal, a los que la Ley 482, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales de 2014, en la que se incluyó la abrogación de la anterior, no hace ninguna mención, a pesar de la importancia de tales conceptos para entender y guiar la gestión municipal.
Territorio del Municipio de La Paz en la Provincia Murillo del Departamento de La Paz. Imagen: Atlas Catastral del GAMLP
Los conceptos mencionados en la abrogada ley son:
Municipio: “es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en la jurisdicción y con los habitantes de la Sección de Provincia, base del ordenamiento territorial del Estado unitario y democrático boliviano”. Desde la Ley de Participación Popular se eliminaron vacíos jurisdiccionales con la municipalización del territorio, generando territorios municipales urbano-rurales, y la asignación de recursos de los impuestos nacionales.
Municipalidad: “es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio, forma parte del Estado y contribuye a la realización de sus fines”.
El gobierno y la administración del Municipio se ejerce por el Gobierno Municipal.
A efectos de lograr una rigurosidad suficiente en esta entrada, se buscaron algunos otros conceptos como las definiciones de la Real Academia:
Gestión: Acción y efecto de gestionar. (Similares: administración, dirección, gerencia)
Gestionar: Ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una empresa, actividad económica u organismo. (Similares: administrar, dirigir).
Dado que se busca analizar el tema de gestión municipal, se buscaron otros conceptos generales que faciliten ordenar las ideas de esta entrada, tales como:
Gestión Municipal. Imagen: Cámara Nacional de Negocios
“…la gestión pública para el desarrollo implica: planificar, movilizar, desplegar, organizar y transformar recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos y metodológicos para proveer, asignar y distribuir bienes y servicios públicos tangibles e intangibles, solucionando problemas o satisfaciendo necesidades, originando resultados significativos para la sociedad—“https://www.cepal.org/
“La gestión municipal son todas las acciones que realiza un gobierno local, orientadas al cierre de las brechas sociales y necesidades básicas, con el objetivo de brindar bienestar hacia la población; además, es un factor fundamental para el desarrollo local”. https://inudi.edu.pe/
Queda claro, entonces que la gestión pública, por tanto, también la gestión municipal, se enfocan en la administración eficiente de los recursos con los que se cuenta, incluidos los recursos humanos, los valores sociales, la cualidad y calidad del territorio, para responder a las demandas de la sociedad (habitantes) para garantizar una adecuada calidad de vida y generar un desarrollo sostenible.
El Artículo 285 de la Constitución Política del Estado, en su inciso II señala que “el periodo de mandato de las máximas autoridades ejecutivas de los gobiernos autónomos es de cinco años …”, lo que también se aplica a los miembros del Concejo Municipal, pero esto no quiere decir que la GESTIÓN MUNICIPAL solamente dura cinco años; este concepto debe quedar muy claro y aquí surge una primera crítica a lo que ocurre en la Municipalidad de La Paz, cambio de autoridades implica “borrón y cuenta nueva”, claramente se considera que lo que hizo la anterior gobierno municipal “no sirve” y se debe empezar de cero. Lamentablemente esta actitud está ligada a los intereses de la base electoral y a la presión que ésta ejerce para enfocar la gestión en algunos sectores.
¿Requiere aclaración? Iniciado el nuevo período de gestión municipal casi “desaparece” La Paz Bus (transporte del Puma Katari) lo que no ocurrió por la presión de la población que ya ha hecho suyo este sistema de transporte. ¿Por qué se intentó quitarlo? Seguramente no es fácil que se lo explique, pero podemos preguntar ¿será que la base electoral de las nuevas autoridades está conformada por sindicatos de transportistas? La misma pregunta puede dirigirse al tema gremial, dado que la ciudad está invadida por comercio informal sobre el que no hay ningún tipo de control.
A la izquierda, la cubierta del Plan Integral La Paz 2040, un plan de largo alcance (25 años) para el desarrollo del Municipio de La Paz. elaborado como un marco de acción para la definición de programas, planes y proyectos- A la derecha, la cubierta del PTDI 2021-2025, un plan quinquenal desarrollado por requerimiento del Gobierno Central para garantizar el desembolso de recursos de coparticipación. Imágenes: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP)
Si la gestión implica planificar, las nuevas autoridades de la gestión municipal ¿han considerado el importante marco que ofrece el Plan La Paz 2040? Iniciada su elaboración en 2011, fue uno de los pocos esfuerzos exitosos en el campo de la planificación de largo plazo, cuyos lineamientos, con los necesarios ajustes quinquenales, debieron llevarnos a ver un municipio hacia el 2040 y claramente no le permitieron llegar al 2021: ¿borrón y cuenta nueva?, estando claro lo de “borrón”, si hay “cuenta nueva” ¿cuáles son los nuevos lineamientos a largo plazo?, nadie sabe porque nunca se informó sobre ellos o posiblemente no se elaboraron. Se sabe de un PTDI-2021-2025 (Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien del Municipio de La Paz), sobre cuyos lineamientos, que ya debieron cumplirse según su propio plazo, incluidas centralidades, corredores y áreas protegidas no se conocen acciones, proyectos o estrategias de implementación que se hayan realizado bajo dicho marco.
También se afectaron con la idea de “cuenta nueva” medidas que, claramente, demostraron estar yendo en camino correcto como los esfuerzos de educación vial con la participación de las cebras que se ganaron el cariño de la gente o el sistema de control de estacionamiento vehicular en el Centro y que parecía estar listo para aplicarse en la caótica Zona Sur, que necesitaba ajustes es cierto, pero no mostraba motivos para eliminarse, salvo que la “base electoral” hubiera presionado. No sólo se eliminó el control de estacionamiento, con la construcción de una ciclovía que, por el tiempo que lleva desde su implementación sin uso alguno, se nota como una decisión no planificada y menos participativa y que, además, dificulta paradas de transporte público, se eliminó cualquier posibilidad de parqueo en vía en la Zona Sur (aunque se implementó un apresurado garaje que, aunque insuficiente, sí funciona).
Se ha señalado líneas arriba que el objetivo de las acciones que implican la gestión municipal es “brindar bienestar hacia la población”, por lo que, cuando se realizan obras es muy importante planificar y organizar el impacto que el proceso de ejecutarlas genera en la movilidad urbana y, por tanto, en el bienestar de la población. En nuestra ciudad se cierran vías y se corta el flujo normal del tráfico, medida necesaria para llevar adelante estos trabajos, pero se lo hace sin aviso alguno y, lo que es peor, sin prevenir, por lo que el proceso de ejecución de la obra no cuenta con medida alguna de ordenamiento que facilite el flujo del tráfico vehicular, sin señales ni presencia de agentes de tránsito, por lo que, cuando se encuentra de frente a un corte de vía, el usuario debe hacer maniobras para regresar y buscar salidas por sí solo con los riesgos, dificultades y molestias que esto conlleva porque son varios los vehículos involucrados y no hay guía alguna para facilitar la maniobra, guía que debe ser previa para prevenir aunque tampoco hay la que lleve a remediar.
Emergencia originada por intensas lluvias en el Barrio de Obrajes, Zona Sur de La Paz. El necesario corte de vía para realizar los trabajos no fue acompañado de la planificación de alternativas de circulación diseñadas y apoyadas por logística (desvíos claros, señalización, agentes de tráfico) para ordenar y facilitar el flujo de la circulación vehicular. Imagen: Diario La Razón, 14 de febrero de 2024
Se entiende que un corte de vía es temporal, en un período que dura con planificación, lo que debe durar prudentemente una obra, sin embargo, parece que hay obras que no se planifican y su duración, con efecto de cierre de vías por plazo “indefinido”, con el innegable perjuicio a la población, como ocurre en la “interminable obra” que se realiza en la Av. Abdón Saavedra en Sopocachi por más de un año y sin información clara respecto de cuando se terminará o sobre el por qué de tanto retraso. Lo admirable es que parece que nadie reclama y que la gente que, con sus impuestos, generó los recursos para esa obra, ha “normalizado” el cierre y la demora.
Trabajos en la Av. Abdón Saavedra en el Barrio de Sopocachi en La Paz, una vía importante de conexión, que fue cerrada para realizar los trabajos, en octubre de 2024 se anunció su entrega para el 31 de enero de 2025, hasta la fecha no se ha concluido , se mantiene cerrada, generando, además, la desconexión de por lo menos cuatro vías importantes a ambos lados de su trazo. Imagen y datos: Periódico La Razón, 01 de febrero de 2025.
Lleva muchos años la triste realidad de la invasión de áreas que, según la Ley de Usos del Suelo Urbano-LUSU, deben ser áreas de forestación, de preservación del paisaje natural, áreas verdes, aires de río, franjas de seguridad y es evidente la presencia de construcciones particulares sobre ellas y no se ha visto reacción de la Municipalidad respecto de este avasallamiento en aras de una gestión municipal que cumpla y haga cumplir la norma y vele por el futuro de una ciudad que debe ser sostenible para las generaciones futuras. La justificación de las autoridades respecto de estos hechos, desde hace muchos años y ahora, es que no están claramente definidos los límites del territorio municipal, a pesar de la Ley 1669 de 30 de octubre de1995.
No obstante, la existencia del plano que define estos límites complementando a la ley, las municipalidades de los municipios vecinos actúan ilegalmente aprobando asentamientos y construcciones en el territorio municipal de La Paz, eso es una realidad y peor aún, la situación se agrava por el accionar de vecinos y pobladores que, en busca de su conveniencia y sabiendo que actúan irregularmente, buscan esas licencias e incluso pagan impuestos en las alcaldías de esos municipios. En este caso, dese hace años y con peores efectos cada año, la gestión municipal no ha tomado acción alguna para resolver el problema de límites y, si alguna vez lo intentó, el Gobierno Autónomo Departamental, que tiene la obligación de intervenir para resolver estos problemas, no lo ha hecho por motivos de politiquería barata. Esta situación ya ha alcanzado niveles preocupantes, la supuesta “indefinición” de límites es aprovechada por “autoridades” electas en los municipios vecinos, por los negociantes inmobiliarios y, lamentablemente, por la población, generando para sí beneficios al margen de la búsqueda del bien común y sin ningún reparo frente a la ilegalidad.
La mancha urbana del conglomerado La Paz-El Alto, ciudad central del Área Metropolitana de La Paz. El color naranja muestra la mancha urbana dentro de los límites del Territorio Municipal de La Paz, los otros colores muestran la mancha urbana dentro de los límites de otros municipios vecinos Los ;municipios de Palca, Mecapaca y Achocalla reclaman amplios territorios que abarcan extensiones considerables de mancha urbana y sobre los que ejercen jurisdicción generando ilegalidad. Imagen: GAMLP.
La gestión pública, por tanto, la gestión municipal, debe planificar, pero claramente no lo hace, la ciudad está a merced del negocio inmobiliario desde hace bastante tiempo, la ciudad crece como los comerciantes del suelo y de la construcción deciden que lo haga, ocupando territorio sin ninguna previsión, utilizando títulos de propiedad o títulos agrarios cuya legalidad no es verificada. Se ocupan laderas, aires de río, franjas de seguridad y luego vienen los desastres “naturales” en asentamientos “aprobados” por alcaldías vecinas y el desastre debe ser atendido por la Municipalidad de La Paz (en resguardo de su jurisdicción municipal), como ocurrió con el deslizamiento de Codavisa, atendido por la Alcaldía de La Paz pero comprobándose que los propietarios de las viviendas afectadas de un asentamiento en un área declarada como “inhabitable” pagaban impuestos en el Municipio de Palca.
Es claro que el proceso de desinstitucionalización del estado que se ha puesto en marcha los últimos 20 años, con éxito para los depredadores que lo buscaron, ha alcanzado niveles que asustan y el “haz lo que quieras” afecta duramente a la vida urbana; construcciones fuera de norma proliferan y son más de 23 años que está vigente “la regularización”, por lo que construir fuera de norma ya parece costumbre o “normal” para acogerse a “regularizar”, lo que es un brillante negocio para el mercado inmobiliario y para estos traficantes inescrupulosos, afectos a la ilegalidad al pagar multas de montos absurdos frente al valor de venta de cientos de metros cuadrados de construcción ilegal “regularizada”.
Es necesario, pues, recuperar la gestión pública, recuperar la gestión municipal desde el estado, la sostenibilidad de la ciudad lo demanda, estamos sin rumbo y a tumbos, la ciudad de La Paz es una ciudad agresiva y esa agresividad es absorbida por sus pobladores; llamar la atención a alguien por infringir normas elementales de convivencia es suficiente para generar gritos e insultos. Se ve claramente que no hay idea de qué se está haciendo con la ciudad para mejorar nuestra propia calidad de vida y para dejar a las generaciones futuras condiciones para una vida digna, obligación que tenemos para con nuestros hijos y nietos.
Imagen destacada: Palacio Consistorial de La Paz, edificio sede del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, obra del Arquitecto Emilio Villanueva en 1925
“Desarrollo significa crecimiento, aumento, reforzamiento, progreso, desenvolvimiento o evolución de algo. Designa la acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. El concepto de desarrollo hace referencia a un proceso en desenvolvimiento, sea que se trate de un asunto de orden físico, moral o intelectual, por lo cual puede aplicar a una tarea, una persona, una sociedad, un país o cualquier otra cosa”. https://www.significados.com/
“Desarrollar: Dicho de una comunidad humana: Progresar o crecer, especialmente en el ámbito económico, social o cultural”. https://dle.rae.es/
Como docente de urbanismo converso con mis estudiantes sobre los temas de ocupación y ordenamiento del territorio, en los que enfatizo la importancia de los asentamientos humanos como razón de ser de la planificación. Les muestro cómo es que resumo la idea de ciudad en población, territorio e infraestructura y la permanente interacción de estos tres componentes como guía y motivo de la planificación urbana, de los vínculos urbano-rurales y de las ciudades como motor del desarrollo.
Gráfico 1. De los 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE-ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, 9 hacen referencia directa a la satisfacción de necesidades básicas de la población y otras a la necesidad de preservar la naturaleza y el uso responsable de los recursos. Fotografía: http://www.un.org
Desarrollo, un término muy usado, demasiado usado diría, por gobernantes, representantes, autoridades, políticos, empresarios, se generan planes de desarrollo nacionales, departamentales, municipales, sectoriales, etc., muchos de los cuales llevan años empolvándose, en estanterías o depósitos, planes sobre cuya necesidad se enfatizó desde la Revolución Nacional de 1952. En 70 años ¿Cuánto hemos “desarrollado”? La razón por la que este es el tema de esta entrada es que llevo tiempo en aula explicándolo con insistencia y espero ampliar “mi audiencia”.
Gráfico 2. Realmente, desde la Revolución de 1952 y sus históricas y trascendentales medidas ¿Cuánto hemos «desarrollado»? Los mineros fueron una parte fundamental de la fuerza impulsora de la revolución, desde entonces, la minería nacionalizada ha sufrido varias crisis y las demandas de los trabajadores siguen siendo la mismas, aunque la otrora fuerte Central Obrera Boliviana-COB ya no es la misma y tiene una dirigencia alineada al poder y al partido de turno. Amparado por una política extractivista sin límite, el cooperativismo minero y empresas extranjeras realizan actividades de minería, incluso en áreas protegidas, atentando contra la sostenibilidad y contaminando la naturaleza. Los campesinos fueron otro sector determinante para la revolución, ahora encaran los problemas propios del minifundio y graves crisis en sus áreas de trabajo por sequías; la migración campo-ciudad se ha incrementado generando abandono de las áreas productivas y problemas en las ciudades. Fotografías: izquierda http://www.eabolivia.com, derecha arriba http://www.telesurtv.net, derecha abajo http://www.bolivia.com
Cuando los políticos hablan del desarrollo del país, buscan hacernos creer que Bolivia aspira y “casi alcanza” a ser como Suecia, Alemania, Japón, antes Estados Unidos y ahora, parece, China, países con gran capacidad económica, poder militar, alta tecnología, impresionantes infraestructuras, deslumbrante producción cultural, etc., quizá por eso, cuando entró mucho dinero en nuestras arcas estatales, lo derrocharon sin medida, tenemos un satélite inservible, mantenemos un ejército innecesario (incluida fuerza naval cuya escuela de guerra está en la punta de un cerro), construimos innumerables canchas de “pasto artificial” o creamos un “museo al ego” en medio de la nada.
Un país alcanza el desarrollo cuando el 100% de su población ha satisfecho sus necesidades básicas y goza de los servicios fundamentales de vivienda, vestido, alimentación, educación, salud, cultura, agua y saneamiento.
Esto es lo que pienso, lo que creo y lo que enseño y, con base en este concepto, surge la pregunta ¿Cuántos países desarrollados hay en el mundo? La respuesta podría ser resultado de una interesante investigación, pero, algo complicado realizarla en el corto plazo porque requiere recursos, tiempo, arduo trabajo y, muy posiblemente, apoyo de la cooperación internacional para conseguir esa información de las fuentes de origen. Sin embargo, en el “siglo de la comunicación”, vía internet se puede conocer que: “El progreso económico en el mundo muestra que, si bien hay menos personas que viven en la pobreza extrema, casi la mitad de la población mundial, es decir, 3400 millones de personas, aún tiene grandes dificultades para satisfacer necesidades básicas, según el Banco Mundial” (2018). https://www.bancomundial.org/es/
También se encuentra información como ésta que muestra una preocupante situación en el mundo: “…según el informe[1], dado que el crecimiento económico señala que, en la actualidad, una proporción mucho mayor de la población pobre del mundo vive en países más ricos, establecer líneas de pobreza adicionales y comprender la pobreza desde una perspectiva más amplia son aspectos cruciales para poder combatirla plenamente”. (Banco Mundial, 2018). https://www.bancomundial.org/es/
Dado que uno de los servicios fundamentales de los que debe gozar la población en cualquier parte del mundo es la vivienda, una rápida búsqueda de información en la red respecto de la “población sin hogar” o “homeless” en los países que, por años, percibimos como los más desarrollados del planeta, como Suiza, Suecia, Alemania, encontramos datos que muestran situaciones que ya preocupan a sus gobiernos (ver gráficos 3, 4 y 5). Mucho de esta situación en estos países empeora por efecto de las inmigraciones provenientes de los países con conflictos.
Gráfico 3. Suiza ocupa el puesto 2 entre 189 países en el «índice de desarrollo humano» (UNDP, 2019), con un salario promedio anual de US$ 84.310 por persona (Banco Mundial, 2021) y, sin embargo, 16% de su población está viviendo debajo de la línea nacional de pobreza (UNPD, 2019). En 2022 mostraba un problema de 2.200 personas sin vivienda y 8.000 en riesgo de perderla. Datos de http://www.homelessworldcup.org. Fotografía: Mart Production en http://www.pexels.com, Texto de http://www.lenews.ch
Gráfico 4. Suecia ocupa el puesto 7 entre 189 países en el «índice de desarrollo humano» (UNDP, 2019), el salario promedio anual en este país es de US$ 54.050 por persona, el 17,1% de sus 10, 26 millones de habitantes está viviendo debajo de la línea nacional de pobreza (UNPD, 2019). El número estimado de personas sin hogar en Suecia en 2020 era de 33.000 (Stadsmissionen, 2021). Los datos muestran que se agrava el problema por la inmigración. Información de http://www.homelessworldcup.org. Fotografía y texto http://www.researchgate.net
Gráfico 5. Alemania tiene 79,9 millones de habitantes, ocupa el puesto 6 entre 189 países en el «índice de desarrollo humano» (UNDP, 2019), el salario promedio anual en este país es de US$ 47.060 por persona, el 14,8% de su población está viviendo debajo de la línea nacional de pobreza (UNPD, 2019). El número de personas sin hogar se calcula en 260.000, una preocupación para el gobierno alemán. Información de http://www.homelessworldcup.org. Fotografía y texto de http://www.trtworld.com.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Noruega ocupa el primer lugar, entre 189 países, en calificación del “índice de desarrollo humano” (UNDP, 2019), donde “si bien hasta ocho de cada diez son dueños de la casa en la que viven, aproximadamente 179.000 personas están en desventaja en el mercado de la vivienda; alrededor de 78.000 de ellos son niños y jóvenes menores de 20 años”, esta información está detallada en la publicación de 2022 de https://www.homelessworldcup.org/.
Sin embargo, Noruega, con un salario promedio anual de US$ 78.180 (Banco Mundial, 2021), no está entre los países mejor ubicados respecto de la cobertura de servicios de agua potable (90%) y saneamiento (83%), como lo están, por ejemplo, los Países Bajos, con un 100% de cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento (ver gráficos 6 y 7). Los Países Bajos, con un salario promedio anual de US$ 51.060 (Banco Mundial, 2021) ocupan el puesto 8 en el “índice de desarrollo humano” (UNDP, 2019) y, en 2020, tenían 39.000 personas sin hogar (0,22% de su población “homeless”) según información de https://www.homelessworldcup.org/.
Gráfico 6. Cuadros gráficos que muestran la cobertura del servicio de agua potable en los países europeos (arriba) y los tipos de gestión para ese abastecimiento. Los países con mayor cobertura muestran un total de gestión pública en abastecimiento. Reino Unido, con una cobertura de aproximadamente 95% se apoya en un 90% de gestión privada. Las fuentes de las imágenes están en éstas.
Gráfico 7. De los 5 países de Europa que muestran una cobertura de 100% en el abastecimiento de agua potable, sólo dos, Holanda y Malta tienen una cobertura de 100% en saneamiento conectado a depuradoras y de servicio totalmente público. También en saneamiento, Reino Unido se apoya en 90% de gestión totalmente privada. Las fuentes de las imágenes están en éstas.
Estados Unidos que, por años, fue el guía y el paradigma del desarrollo para los gobiernos y políticos latinoamericanos, con un salario promedio anual de US$ 70.930 (Banco Mundial, 2021), ocupa el puesto 17 en el “índice de desarrollo humano” (UNDP, 2019) y, según Homeless World Cup, 18% de los 330 millones de estadounidenses viven por debajo de la línea de pobreza (World Population Review, 2021) y hay 18,5 millones de personas que viven en condiciones de extrema pobreza. “La falta de vivienda en los Estados Unidos se registra contando las personas sin hogar en una sola noche de enero. En 2020, esto fue más de medio millón (Dept. of Housing), aunque los críticos dicen que este método excluye a muchos que viven en alojamientos temporales y al borde de la pobreza extrema. La ONU informa que más de uno de cada ocho estadounidenses vive en la pobreza (40 millones, o el 12% de la población). Casi la mitad de ellos (18,5 millones) viven en la pobreza extrema, con ingresos familiares informados por debajo de la mitad del umbral de pobreza. (UNHCR, 2018)”. https://www.homelessworldcup.org/united-states-america.
Gráfico 8. Los datos que preocupan al gobierno de Estados Unidos. Imagen y texto de http://www.security.org
Gráfico 9. La situación de servicios básicos de agua potable y saneamiento tampoco es buena en Estados Unidos
En América Latina, según https://www.homelessworldcup.org/, el país mejor ubicado respecto del “índice de desarrollo humano” es Chile, con 19 millones de habitantes y US$ 24.000 de promedio de salario anual por persona, se encuentra en un puesto 43 entre 189 países y presenta el menor índice de pobreza en la región, sin embargo, después de la pandemia, la población sin hogar alcanzó a 80.000 personas (0,42% de su población), de las cuales 25.000 son migrantes provenientes de Venezuela, Colombia y Haití, principalmente.
Gráfico 10. Según la publicación “SITUACIÓN ACTUAL DEL ODS – 6 EN LA REGIÓN AMÉRICA LATINA. PLANES Y ACCIONES” de la Organización Panamericana de la Salud (www.paho.org), elaborada por Teófilo Monteiro, Equipo Técnico Regional de agua y saneamiento (ETRAS), CDE/CE/OPS/OMS, estos mapas muestran las condiciones de abastecimiento de agua potable en América Latina, en este caso la situación de nuestro país en cobertura no parece muy mala pero preocupante en el aspecto de gestión segura. ODS-6 se refiere a Agua limpia y Saneamiento.
Gráfico 11. En la misma publicación de la Organización Panamericana de la Salud, se incluyen estos mapas que refieren la situación del saneamiento en América Latina. El aspecto de gestión segura en Bolivia debe preocupar y también el nivel de cobertura del servicio; la deficiencia de gestión origina que, en muchos lugares, incluida la ciudad de La Paz, se están contaminando cursos, cuerpos y fuentes de agua, este es uno de los más acuciantes problemas de La Paz.
Lamentablemente, uno de los problemas en nuestro país es la falta de información actualizada, confiable y sistematizada, por lo que en publicaciones como las de Homeless World Cup, por ejemplo, como en otras, no se incluyen datos precisos sobre estos temas en Bolivia, datos que permitirían una comparación interesante y productiva de nuestra situación respecto del resto del mundo; por ello, se recurre a información de diversas fuentes mostrada en gráficos.
El gráfico 12, extraído de una publicación del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (2012) muestra la preocupante situación de la vivienda en Bolivia al señalar que el Plan Nacional de Desarrollo de 2007 menciona un déficit cuantitativo de 298.000 unidades de vivienda y que el déficit cualitativo alcanza a 855.000 viviendas y el gráfico 13 incluye preocupantes datos sobre las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por departamento.
Gráfico 12. La situación de la vivienda en Bolivia muestra que más de 1,1 millones de personas no tienen vivienda y más de 1,4 millones habitan viviendas sin condiciones adecuadas.
Gráfico 13. En esta publicación del ministerio de Obras Públicas de 2012, antes de la realización del Censo de Población y Vivienda de ese año, se ve la gran cantidad de población cuyas necesidades básicas no han sido satisfechas.
Gráfico 14. Otra cara del déficit habitacional y de la situación de la población vulnerable en Bolivia que no puede ni debe ser ignorada por el gobierno, los políticos, las organizaciones y la población en general.
“En Bolivia, cerca del 86% de la población tiene acceso a agua potable y el 59% a sistemas de saneamiento. Sin embargo, la brecha entre los centros urbanos y el ámbito rural es considerable. Solamente el 67% de la población rural tiene acceso a los servicios de agua potable y únicamente el 43% cuenta con servicios de saneamiento básico. Por otro lado, solo el 27% de las aguas residuales son tratadas, situación que conduce a la contaminación del agua y otros recursos naturales, derivando así en problemas de salud para la población”.[2]
“El viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico dijo: ‘queremos acortar la brecha entre las áreas urbana y rural’. Según la autoridad, en Bolivia la cobertura de agua es de 95% en el área urbana y la cobertura de saneamiento básico es de 71%. En tanto, la cobertura de agua en el área rural es de 69% y 45% en saneamiento básico. La meta para el 2025 es subir la cobertura de agua en el área rural a 90% y superar el 53% en saneamiento básico”. https://www.mmaya.gob.bo/2023/.
En los ejemplos y en los datos hemos visto la vivienda, el agua y el saneamiento y, por lo menos en nuestro país, la educación, la salud, la alimentación, el vestido y la cultura no mostrarían óptimas o, por lo menos mejores condiciones que, posiblemente, se han alcanzado en países más ricos para estos servicios destinados a la satisfacción de tales necesidades en la población. Los países más ricos, que muestran voluntad para encarar el problema, pueden encontrar soluciones basadas en el aprovechamiento de tecnología lograda a partir de inversiones dirigidas a la satisfacción de una necesidad básica de su población, como debe ser. (Ver gráfico 15).
Gráfico 15. Cápsulas para dormir en Alemania, al servicio de personas sin hogar elaboradas con tecnología e inversiones destinadas a buscar soluciones para satisfacer necesidades básicas de la población. Fotografías http://www.mymodernmet.com; texto: http://www.independentespanol.com.
Con esta información podemos dar respuesta a la pregunta planteada líneas arriba, ¿cuántos países desarrollados hay en el mundo?, pues, sin temor a error, con base en la condición del concepto de desarrollo que genera este artículo, se puede decir que ningún país en el mundo ha alcanzado el desarrollo así concebido.
Tengo claro, y me lo han hecho notar, que la satisfacción de las necesidades básicas del 100% de la población parece una meta imposible o es una condición utópica, pero me mantengo en la importancia de manejar ese concepto porque la razón de la planificación es el bienestar de la gente, de la población, bajo el principio del “bien común por encima del interés personal o de grupo”.
El crecimiento de las empresas, de las industrias, de la agricultura, de la ganadería o de las instituciones no es el objetivo de la planificación, este crecimiento, como el de la tecnología, es el medio para alcanzar el objetivo fundamental, la satisfacción de las necesidades de la gente; las inversiones en estos campos deben dirigirse a generar los recursos para dicha satisfacción y esto no ocurre porque se busca “el crecimiento económico en sí”, aun a costa del futuro del planeta y no “el crecimiento económico para” allanar las dificultades que 3.400 millones de personas tienen para satisfacer necesidades básicas en el mundo (Banco Mundial, 2018).
Entonces, como humanidad, estamos entendiendo muy mal o concibiendo pésimamente el concepto de “DESARROLLO” porque estamos priorizando la acumulación de riqueza y el gasto en lo innecesario, como la guerra, o el gasto que, viendo la situación de millones de personas en el mundo, se vuelve superfluo cuando se busca alcanzar las estrellas sin mejorar las condiciones de vida en el planeta como primera prioridad, como debe ser.
Gráfico 16. Medir el índice de desarrollo humano parece ser una buena vía para entender la situación en la vía de desarrollo de todos los países del mundo. Como se ve en el gráfico, el «índice muy alto» está entre 0.8 y 1, pero, como hemos visto en toda esta entrada, ninguno de esos países puede alcanzar el 1, por lo que se confirma que todos los países del mundo están en vías de desarrollo. No parece fácil avanzar del 0.8 al 1 en las condiciones que se encuentran millones de personas con necesidades básicas insatisfechas, ese es el desafío.
Pienso que como país vamos peor, porque con la mira en un paradigma de desarrollo, que realmenteno existe, estamos regalando nuestros recursos naturales antes de utilizarlos para generar verdadero desarrollo, mejores condiciones de vida para nuestra gente, alcanzar la satisfacción de sus necesidades básicas por encima de cualquier otra pretensión. Es muy importante tomar conciencia de lo que somos y de lo que tenemos, aprovechar, sin pretensiones de país rico, nuestras posesiones y riquezas para beneficio de nuestra gente, invirtiendo en productividad basada en nuestros recursos naturales para generar actividad económica y empleo, respetando las raíces culturales y las formas propias y sabiduría comunitaria para la ocupación sostenible del territorio.
[1]https://la-paz.diplo.de/ Documento: “Agua potable y saneamiento básico, Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS”, publicado por la Cooperación Alemana, 2019
[2] Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing Together the Poverty Puzzle (La pobreza y la prosperidad compartida 2018: Armando el rompecabezas de la pobreza).
Fotografía de cabecera o imagen destacada: «La paradoja del desarrollo», http://www.cubadebate.cu
«El alcalde Iván Arias anunció este domingo la construcción del monumento al Señor Jesús del Gran Poder de 70 metros de alto, con una iglesia, dos cholets para fiestas, un espacio para grandes conciertos musicales, entre otras obras, y cuyo diseño, dijo, está a punto de su conclusión» (lapaz.bo 12 de marzo de 2023).
Señor alcalde: ¿Es eso lo que necesita esta ciudad? ¿Está seguro?
¿Se da cuenta que los ríos de la ciudad son su red de alcantarillado y que las cinco cuencas emanan olores de cloaca y contaminan el río La Paz, el riego de Río Abajo y el aire que respiramos? Seguramente “seguiremos embovedando” para tapar el problema, atentando contra la calidad del medio ambiente urbano y la sostenibilidad de la ciudad, en lugar de buscar una solución definitiva, consciente y eficiente para los drenajes sanitario y pluvial (debieran ser separados) que, posiblemente, a un político no le interesa mucho porque tomará tiempo y quedará bajo tierra, sin foto ni corte de cinta, aunque signifique la única opción para un mejor y claro futuro para la ciudad y sus habitantes.
La red de alcantarillado sanitario de la ciudad de La Paz está conformada por el embovedado de cientos de cursos de agua que son afluentes de las cinco cuencas que dan forma al territorio sobre el que está asentada y los ríos Choqueyapu (el principal, parcialmente embovedado), Orkojahuira (embovedado), Irpavi, Achumani y Huayñajahuira (a cielo abierto pero contaminados) son los colectores principales de esa red. La confluencia de los cinco conforma el río La Paz que riega las tierras de Río Abajo. (Fotografías: es.paperblog.com-arriba izq.; fundacionperiodismo.org-arriba der.; boliviaverde.utb.edu.bo-abajo izq.; connectas.org-abajo der.)
La movilidad urbana es caótica y con enormes deficiencias, generadas, en gran medida por un transporte “público” que, en manos de sindicatos, no solamente prestan un pésimo servicio y generan desorden conduciendo irresponsablemente, sin apego alguno a las normas de tránsito y menos al respeto por el ciudadano, “adueñándose” de las vías como quieren y, además, deciden las rutas, los “trameajes”, los horarios y ya veremos que también las tarifas.
Mientras esto ocurre, 60 buses nuevos del “Puma Katari” están “guardados”, sin explicación alguna de las razones de ese confinamiento, y los buses que operan, en uno de los mejores servicios que tiene la ciudad, no pueden circular por rutas de mayor demanda porque los choferes sindicalizados, que parece son parte de su base electoral, no permiten que el transporte masivo cumpla su función sirviendo en esas rutas.
Caos vehicular en la ciudad, uno de los más acuciantes problemas de la ciudad. Crear un sistema de transporte masivo fue el primer paso para avanzar hacia una solución. (Fotografías: Agencia Municipal de Noticias-arriba der.; El Diario-abajo)
Da la impresión que no recorre las calles de La Paz o los amortiguadores de su vehículo son de otro mundo y no le permiten notar que las vías están de terror, llenas de huecos y con el asfalto levantado. El trazado y dimensionado de vías no son correctos, a pesar de que el GAMLP ha impulsado, con la cooperación internacional, la elaboración de dos manuales para el diseño vial; estas deficiencias de diseño y trazo facilitan el mal uso y la circulación desordenada y caprichosa de vehículos. El urbanismo táctico podría mostrar soluciones con pocos recursos (si no los gastamos en “dos ‘cholets’ para 1,500 personas cada uno”). Y también está la obligación de mirar hacia adelante y planificar, previendo impactos sobre la estructura vial, para garantizar su funcionalidad y la interconexión eficiente de la ciudad en el área metropolitana y la región.
Los manuales con los que cuenta el GAMLP para el correcto diseño y dimensionado de vías y cuyo uso no solamente permitiría mejorar la movilidad urbana si no también optimizar el espacio público.
El mal estado de las vías y las deficiencias de trazo y dimensionamiento incrementan las dificultades que ya todos sobrellevamos con el caos del transporte, incluido el privado, porque, como ni el estado respeta las leyes y la institucionalidad ha sido destruida, todos hacen lo que les da la gana; la educación vial y el control municipal han pasado a un plano de olvido, no obstante, las enormes y diarias muestras de “incivilidad” que campean por la urbe.
Hubo un tiempo que el estacionamiento vehicular comenzó a ordenarse, pero esto que era bueno se perdió ¿sabe usted que la restricción de “comodidades” al transporte privado puede incentivar el uso del transporte público? También aplicar la estrategia de centralidades y la desconcentración de funciones permitirían ordenar el transporte, facilitarían a los vecinos el acceso a servicios y harían más amigable a la ciudad abriendo camino a la sostenibilidad (posible de iniciarse si no gastamos, en tiempos de crisis, los recursos en “espacio para conciertos para 5,000 personas”).
El espacio público y las áreas verdes no solamente son deficitarios y de insuficiente calidad, sino que, además, son ocupados sin ningún control, los “gremiales” (que también parece son parte de su base electoral) prácticamente han tomado la ciudad y sigue incrementándose el asentamiento de comercio informal sin ningún control. Si ahorramos el costo de un monumento de 70 metros que, estoy seguro, Jesús con su humildad y amor no lo pide, además de ahorrar lo que demande la remodelación (que no es lo mismo que mantenimiento) de una plaza que ya es tradicional por su diseño, que está en buen estado, la Plaza Abaroa, con esos recursos podemos encarar la generación de nuevos espacios públicos y áreas verdes, ordenar el espacio público existente, preservar las áreas protegidas, etc.
Varias muestras de la ocupación indiscriminada de los espacios peatonales por comercio informal e incluso formal, que no permite circulación segura en una ciudad que ya tiene características que la hacen poco amigable para el peatón en muchos lugares y presenta deficiencias para la inclusión. (Imagen elaboración con fotografías de: Diario Página Siete-arriba; El Diario-centro izquierda; Guardiana-centro derecha; Guardiana-abajo izquierda; propia J. Valenzuela-abajo derecha)
Finalmente, se necesitan recursos, posiblemente los que se invertirían en la iglesia, innecesaria porque el Señor del Gran Poder ya tiene su templo, para mejorar las acciones de fiscalización y control de cumplimiento de la norma y garantizar el buen uso del suelo y la calidad de vida de la población, evitando el avasallamiento de la ley por el interés económico del inescrupuloso negocio inmobiliario que, a pesar del escándalo del reciente pasado, sigue avanzando en su afán de destruir esta hermosa ciudad y ahogar a su gente en un pésimo ambiente urbano.
Nuevamente le pregunto, señor alcalde, la ciudad de La Paz ¿necesita de monumentos, salones, arenas e iglesias, inversiones superfluas, frente a los graves problemas que debe encarar?
Fotografía destacada o de cabecera de Ronal Perez, publicada en La Paz en Fotografía
Hace un año publiqué en este blog un artículo referido a la expansión de la ciudad de La Paz y la necesidad y condiciones de su densificación, mostrando cómo el mercado inmobiliario, cada vez más irresponsable, determina esa expansión, atropellando o adelantándose a cualquier intento de planificación en busca de beneficio inmediato y con total falta de preocupación por la sostenibilidad de esta hermosa ciudad.
En ese mismo artículo de la entrada de octubre de 2021, muestro cómo el mercado inmobiliario invade áreas destinadas a preservación del paisaje natural, a forestación o a áreas verdes al amparo de irregularidades generadas por la indefinición de límites del territorio municipal, la politiquería barata y la irresponsable gestión del territorio en los municipios involucrados.
En otra entrega de este blog me refería al avasallamiento de la propiedad municipal (propiedad pública, derecho de todos), preocupado por la destrucción del paisaje, por el avasallamiento de esa propiedad pública, pero más preocupado aún porque esa ocupación de tierras, en muchos de los casos, si no en todos, cuenta con “documentación legal” los más con base en “títulos agrarios”. Partamos de lo siguiente:
La Ley de Reforma Agraria (1953), al referirse a la “propiedad agraria” y sus formas, en su Artículo 4 define que “pertenecen al dominio patrimonial del Estado las tierras baldías, las que reviertan por caducidad de concesión o por cualquier otro concepto, las tierras vacantes que se hallan fuera del radio urbano de las poblaciones…”. Entiéndase por tierras baldías y tierras vacantes aquellas áreas no aptas para la actividad agropecuaria, tales como cerros, taludes, tierras con pendientes elevadas, aires de río, etc.
Una publicación en la primera plana del diario Página Siete de hoy, 19 de 0ctubre de 2022 confirma las razones de mi preocupación, pero, además, debiera generar preocupación y medidas de parte de las autoridades municipales. La noticia del diario publica una “revelación” del gobierno respecto a que, de los 2,3 millones de títulos agrarios emitidos por el INRA, “1,5 millones de títulos se dieron a tierras improductivas”, a pesar de lo que hace 70 años determinó la Ley de Reforma Agraria vigente. Está claro que no existe, por efecto de la politiquería barata, interés alguno del nivel central del estado por coordinar con el nivel municipal y coadyuvar a los esfuerzos municipales para una ocupación del territorio que garantice la sostenibilidad de las ciudades del país, de todas, no solamente de La Paz.
Los cerros de la foto están marcados (o lo estuvieron en algún momento) en los planos de la Ley de Usos del Suelo Urbano (LUSU) como Áreas Protegidas, lo que no fue ningún óbice para la ocupación de esas áreas con urbanizaciones promovidas por el sector privado (rectángulos rojos). (Fotografía: Jorge Valenzuela)
Que más del 65% de títulos agrarios correspondan a “tierras improductivas” no solamente molesta y preocupa por el engaño del que son objeto los destinatarios de esas tierras, si no porque molesta y preocupa la percepción clara de corrupción y manejo irresponsable del recurso tierra, recurso fundamental para la seguridad alimentaria, a pesar que los perpetradores del engaño, por años, se han llenado la boca con discursos como los de “independencia alimentaria”, “respeto por la madre tierra” y “economía comunitaria”.
En la imagen satelital (arriba) se marca con el óvalo celeste la construcción de un nuevo hospital en la Av. Zabaleta (esperemos se tomen las medidas necesarias para mitigar seguros impactos sobre el área), esta construcción «despertó el interés» de familias que no tardaron en reclamar «derecho propietario» sobre áreas, marcadas con el rectángulo rojo en las fotos (imágenes de abajo) que, además de ser «aires de río» (el Río Orkojahuira está embovedado debajo de la avenida) son taludes de la meseta de Miraflores que, por su ubicación, características y topografía, claramente son áreas de propiedad pública, pero si se atreven a reclamar derechos….. «algún papelito» debe haber por ahí y nada raro que el origen sea uno de los «títulos agrarios» de los 1,5 millones. (Fotografías: elaboración propia sobre imagen de Google Earth-arriba. Jorge Valenzuela-abajo)
Pero también debe recordarse que, por lo general, de los títulos agrarios parten los argumentos de “documentación legal” de los que ocupan tierras y áreas, incluso con características de constructibilidad de alto riesgo o áreas que, los esfuerzos por planificar y la norma emergente de dichos esfuerzos, establecen como “no edificables”, como “aires de río”, como “reservas naturales y paisajísticas” o “áreas verdes”. Como el registro de propiedad en Derechos Reales inscribía, hasta hace poco, propiedades carentes de georreferenciación, de información clara de ubicación o catastral (posiblemente se sigue haciendo respecto de propiedades alejadas en áreas rurales), los títulos agrarios podían presentarse con supuesta ubicación en áreas urbanas, dando paso a la especulación y a la libertad de acción del negocio inmobiliario irresponsable para ocupar suelo a su antojo. ¿Cuántos de esos “1,5 millones de títulos” servirán y sirvieron para atentar a la sostenibilidad del desarrollo de las ciudades?
¿Cómo puede permitirse la ejecución de trabajos de este tipo en áreas que forman parte del patrimonio natural urbano? (Fotografías de Cynthia Patiño, publicadas en Facebook)
La imagen destacada o de cabecera es una toma de pantalla de la primera plana del diario Página Siete publicada en su cuenta de Facebook; en la imagen se han cubierto otros titulares e imágenes de publicidad.
El 14 de octubre de 2021 publiqué en este blog una entrada sobre la expansión y la densificación de la ciudad de La Paz en el que resaltaba las deficiencias de la norma para una densificación adecuada a la necesidad de las mejores condiciones de vida a las que la población aspira y que la ciudad debe ofrecerle.
El 9 de septiembre pasado el Concejo Municipal de La Paz, en un proceso lleno de irregularidades procedimentales, demostradas públicamente por la presidente de ese organismo legislativo, aprobó una Ordenanza Municipal que busca introducir modificaciones a la Ley de Usos del Suelo Urbano (LUSU) con el argumento de una necesaria densificación, argumento que ahora cambia a la necesidad de romper un supuesto “monopolio en la construcción de edificios de altura” que se habría desarrollado desde las condiciones normativas de la LUSU (personalmente no me imagino cómo), según expresiones del secretario del Concejo en varias declaraciones y entrevistas públicas, constituyéndose en una acérrimo defensor de un atentado contra la ciudad.
Las primeras páginas de los documentos de la Ordenanza Municipal «aprobada» por el Concejo Municipal el 9 de septiembre pasado, mismos que circularon, con alarma, en las redes sociales al día siguiente.
La densificación es una herramienta valiosa, parte de una estrategia de intervención integral en la ciudad, para lograr la visión expresada en el Plan La Paz 2040 (uno de los pocos esfuerzos de planificación lograda) de una ciudad compacta, policéntrica y sostenible. Está claro que es valiosa frente a las posibilidades de una ciudad como La Paz, consolidada y con escasez de áreas para una expansión racional, con muy poca disponibilidad de tierras aptas para espacios públicos, áreas verdes funcionales y construir equipamientos, estas posibilidades parecen muy limitadas, por ello, se requiere de planificación, voluntad política (no politiquería barata), apoyo gubernamental (el gobierno central es nuestro inquilino) y responsabilidad profesional, empresarial y ciudadana.
La densificación no se logra con una alegre modificación de las cartillas normativas, incrementando entre dos y cuatro veces la altura posible de edificaciones prevista en la norma vigente, la densificación no es construir bloques de cemento más grandes, la densificación implica gente, familias con aspiración de mejor calidad de vida, que buscan oportunidades de desarrollo social y personal, no oportunidades para “constructores” del mercado inmobiliario que quieren hacernos creer que rompen un supuesto monopolio para beneficio de la ciudad.
Proyectos de vivienda de alta densidad, con soluciones que no parecen ser adecuadas a una buena calidad de vida y que, parece ser, están ocupando áreas que la norma considera de reserva forestal áreas verdes o áreas protegidas. (Fotos: arriba, izquierda Google Earth, derecha Jorge Valenzuela, abajo Guadalupe Dorado Quiroga).
La densificación parte de lograr centros (estrategia de centralidades) que acerquen los servicios sociales (educación, salud, gestión, recreación, cultura) al vecino (gente, familias), mejorando la movilidad urbana, agrupando a las comunidades, generando seguridad, emprendimientos y cohesión social. Desde estos centros, de su consolidación y de su función, casi de manera natural, se provoca y se demanda la densificación planificada, normada y controlada. Implica un proceso de análisis y planificación en el que se detectan áreas de concentración de actividades (ya lo hizo el Programa de Centralidades del GAMLP) y en el que la información censal, por distritos, permitiría detectar y entender, en esas áreas, tendencias de ocupación para medir las posibilidades y requerimientos de la densificación.
La densificación responsable no se logra reduciendo o eliminando en la norma el requerimiento de retiros, peor si se lo hace para edificaciones de altura (20 pisos y más en las cartillas de la ordenanza que se pretende aprobar) y tampoco eliminando de la norma el requerimiento de área mínima verde (un buen logro, aunque débil, de la LUSU vigente). El retiro y el área mínima verde crean el volumen de aire, el espacio libre y la vegetación que benefician al ambiente (asoleamiento, ventilación, climatización) de los espacios funcionales privados (vivienda, oficinas, otros), son el aporte privado al ambiente urbano que a su vez favorece a la calidad de vida de todos sus habitantes.
Una de las cartillas «aprobadas» por el Concejo Municipal para el Distrito 18. En la LUSU no existe patrón de asentamiento 5 en el Distrito 18, la ordenanza lo crea, además como construcción pareada (5P), es decir, puede no dejar retiro a un lado del predio; la cartilla de patrón 5 en otros distritos permite un Área Máxima a Edificar (AME) de 500% de la superficie del terreno, esta cartilla indica un AME de 1750 %!!!, lo que permitiría construir un edificio de 25 pisos o más SIN OBLIGACIÓN DE RETIROS o retiro de 2 metros!!! si se deseara abrir ventanas. En un terreno de 1,000 m2 podría hacerse un edificio de 17,500 m2 construidos, posiblemente entre 80 a 90 unidades de vivienda SIN ESTACIONAMIENTO VEHICULAR!!!, o sea, 80 a 90 vehículos más a parqueo en calles donde ya no cabe más parqueo. (Foto: Documento que circula en las redes sociales)
Densidad de población, señores del Concejo Municipal, es la relación de un número de personas (gente, familias) sobre una unidad de superficie del territorio, no más bloques o edificios más altos. Efectivamente, un número mayor de personas requiere una mayor cantidad de viviendas, pero vivienda no solo es la casa o el departamento, la vivienda es un concepto tan amplio como claro, además de con la casa o el departamento, se hace con los servicios para sus habitantes, educación para niños y jóvenes, salud para todos, espacios para el trabajo, la cultura, la recreación, el abastecimiento, se hace con movilidad (vías y medios de transporte), gestión al alcance, espacio público y áreas verdes.
Un edificio de vivienda, aparentemente construido en apego a la norma vigente; carece de áreas verdes. Evidentemente, la norma debe ser revisada pero con rigurosidad técnica y apuntando a mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad de la ciudad. (Foto: Jorge Valenzuela)
La calidad de la vivienda depende también de los servicios básicos (agua, alcantarillado, energía, drenaje pluvial, comunicaciones). No hay mucha información respecto del estado de las redes, salvo la creciente maraña de cables aéreos que está a la vista, dado que, en los últimos 20 años, se ha incrementado, bajo las condiciones de la norma vigente, la construcción de edificios en altura, de hecho, muchas áreas de la ciudad se han densificado; sin embargo, cualquier proceso de densificación, incluso el que se viene dando en estos últimos años, para considerarse responsable, debe evaluar y dimensionar la capacidad de las redes de los servicios básicos y su requerimiento para servir a una mayor cantidad de población (gente, familias).
Área de San Miguel, sobre la que apunta una parte de la modificación de la norma «aprobada» en el Concejo Municipal, incrementando el volumen de construcción y eliminando el requerimiento de espacios de parqueo (Foto: Jorge Valenzuela)
Uno de los problemas más complejos de la ciudad está en la movilidad urbana, aunque se tiene una infraestructura aceptable y, en muchos sectores, más que suficiente; sin embrago los problemas de congestionamiento y desorden en el espacio público son evidentes. Este tema lo traté en la entrada de este blog (21 de julio pasado. Ver: https://jorge-valenzuela.blog/2022/07/21/movilidad-urbana-en-la-paz-puede-mejorar) pero queda claro que no se les haría ningún favor a los intentos de encarar soluciones eliminando la exigencia normativa de número mínimo de parqueos contenida en la LUSU, más aún si se trata de nuevas edificaciones de más de 20 pisos, como se propone en la ordenanza tratada en el Concejo Municipal. A pesar de que los edificios cuentan con espacios de parqueo, en respuesta a la norma vigente, el problema de estacionamiento vehicular es muy grande y provoca enormes dificultades a la movilidad urbana, especialmente en la Zona Sur, donde la irresponsable propuesta normativa pretende intervenir.
Todo esto es parte de la vivienda y sus características y condición hacen a la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, por eso, modificar cartillas normativas de la LUSU, sin ninguna rigurosidad técnica, como pretende hacerlo el Concejo Municipal, para favorecer al mercado inmobiliario con la construcción de edificios más altos, con menos restricciones y con condiciones deplorables para el ambiente urbano no puede ser aceptada por la población y debe ser evitada por la autoridad competente.
La Ley Municipal Autonómica Nº 467, concebida para la regularización de edificios fuera de norma, fue aprobada por el Concejo Municipal el 15 de noviembre de 2021 y promulgada por el alcalde el 26 de noviembre de 2021; estas fechas son muy importantes para hacer un seguimiento de las acciones que debieran emprenderse en defensa de la ciudad y su sostenibilidad, defensa para la que fue redactada, aprobada, revisada y ajustada la vigente Ley de Usos del Suelo Urbano-LUSU, cuyo contenido “establece las normas que rigen el uso, clases y destino del suelo, patrones de asentamiento así como parámetros de edificación para la construcción en el territorio del Municipio de La Paz”[1].
Es posible que la LUSU sea, entre las normas municipales, la más vulnerada, afirmación que se confirma con datos contenidos en el propio texto de la Ley 467 (Exposición de Motivos) refiriéndose a que un “universo de trámites ascendía a 7.877 trámites pendientes, al momento de cierre de la entonces Unidad Gestora del Proceso de Regularización de Edificaciones Fuera de Norma (UGPRE) en la gestión 2018”[2]. Vulnerar las normas de ocupación del suelo y de parámetros de edificación en nuestra ciudad no es algo nuevo, lamentablemente se hace con frecuencia, sin ningún apego por el futuro de la ciudad y su medio ambiente urbano, por acción carente de valores éticos de vecinos, propietarios, promotores inmobiliarios y, más doloroso todavía, de profesionales. (Ver en este blog la entrada: “¿Cómo se administra la norma?” – https://jorge-valenzuela.blog/2020/03/19/como-se-administra-la-norma/).
Proyectos impuestos desde el Gobierno Central, vulnerando la norma, destruyendo el patrimonio arquitectónico y desconociendo las atribuciones del nivel municipal sobre la planificación de la ciudad.
También es preocupante que muchas de las acciones contrarias a la norma se realicen desde el estado, como lo hacen instituciones del gobierno central actuando como un pésimo inquilino de la ciudad. (Ver entrada: “Normativa para equipamientos… ¿Existe? ¿Se cumple?”- https://jorge-valenzuela.blog/2019/03/05/normativa-para-equipamientos-existe-se-cumple/). Por otro lado, extraña y confunde que desde la propia norma se generen “oportunidades” para atentar contra el ambiente urbano como la de “Ocupación Temporal de Retiros Frontales”, inexplicablemente contenida en el Artículo 23 de la LUSU o como la “conversión de la sanción de demolición en sanción de multa pecuniaria” contenida en el Artículo 22 de la Ley Municipal Autonómica 233 de Fiscalización Técnica Municipal. (Ver en este blog la entrada: “Fuera de Norma” – https://jorge-valenzuela.blog/2019/08/10/fuera-de-norma/)
Con esta introducción y volviendo a la Ley 467 (de Regularización), ésta, en sus Artículos 1 y 2 establece que sus disposiciones se aplicarán a las “edificaciones anteriores a la publicación de la presente Ley…”, por lo que debo expresar la primera preocupación. La Ley entró en vigencia el 26 de noviembre de 2021 y los mayores infractores y negociantes inmobiliarios, tres meses después, siguen promocionando sus proyectos fuera de norma, promoción pública, aunque de bastante mal gusto, muy difundida y, por lo que se ve en las redes sociales, despierta muchísimo interés en el público.
A la izquierda, gráficos de promoción en la redes sociales para la venta de departamentos en edificios en proyectos cuyas características están fuera de norma; arriba la promoción del Edificio «Las Loritas 10», cuyo proyecto muestra un excedente de 18 pisos respecto de lo que la norma le permite, publicada el 15 de marzo de 2022, abajo la propaganda de «Youths Buildings», publicada el 10 de marzo de 2022, cuyo proyecto excede en 10 plantas a lo que la norma le permite.
Si se promociona la venta de departamentos que, por efecto de la LUSU y, a pesar de la Ley 467, NO pueden existir porque los proyectos de los edificios que los contendrían no respetan la norma y no podrán ser regularizados, se está promocionando públicamente, con profusión y con descaro un FRAUDE. ¿No corresponde que las autoridades tomen cartas en el asunto? ¿Podría el Gobierno Municipal convertirse en cómplice de ese fraude si, sabiendo que lo que se promociona no responde a la normativa municipal, no hace nada para frenarlo? Con una promoción tan difundida ¿puede el GAMLP hacerse de la vista gorda frente a un abierto desafío a la legalidad de parte de estos negociantes? En ninguno de los casos incluidos en Artículo 4 de la Ley 467 estas “futuras edificaciones” tan ampliamente promovidas se prevé podrán ser objeto de regularización, por lo tanto, se confirma que promueven un engaño. (Ver en este blog la entrada: https://jorge-valenzuela.blog/2022/01/30/que-pasa-con-la-norma-no-hay-fiscalizacion/).
El mismo Artículo 4 de la Ley 467, en el inciso d) señala que el alcance de sus determinaciones alcanza a “edificaciones o predios que no hayan cumplido las disposiciones señalas en las cartillas normativas LUSU y no cumplan con los parámetros de edificación y no se encuentre dentro de las improcedencias conforme a la presente normativa” y en el Artículo 10 es “aplicable a todas las edificaciones que mínimamente se encuentren en obra gruesa que cuente con tabiquería o cualquier material constructivo que sirva como cerramiento perimetral y cubierta,…”. Estas determinaciones no solamente cierran cualquier posibilidad de regularizar “futuras construcciones” si no que también establecen límites para las que se iniciaron en el pasado.
Lo que no aclara la norma, y debió hacerlo, es que estas “edificaciones en obra gruesa” debieron haber detenido su ejecución desde la fecha de promulgación de la Ley para acogerse a sus beneficios aplicables, por lógica, solamente a lo construido y no a lo proyectado, dado que el proyecto no fue aprobado y la Ley 467 no prevé que pueda ser aprobado para su conclusión fuera de norma. Esta imprevisión de la norma da pie a que los negociantes continúen con su construcción, terminen el edificio fuera de norma y busquen acogerse a los beneficios de una “regularización” ilegal.
A la izquierda la imagen de propaganda y oferta de departamentos del Edificio «Las Loritas 7», publicada el 15 de marzo de 2022, a la derecha la imagen de la construcción del mismo edificio, publicada por el Diario Página Siete el 24 de enero de 2022, mostrando que después de la promulgación de la Ley 467 siguió el proceso de construcción de un proyecto fuera de norma que excede en más de 15 pisos a lo que la norma lo permite.
Pero decir que esta “regularización” está hecha a medida del negocio inmobiliario no es algo equivocado, ya que el Artículo 11 de la Ley 467 establece que “la regularización de construcciones, comprende los siguientes casos: a) Edificaciones sin planos aprobados que se encuentren fuera de norma por vulnerar uno o más parámetros de edificación de la cartilla normativa correspondiente.”[3] Lo que sin ninguna duda favorece a la aprobación de los planos de los proyectos fuera de norma cuando lo que correspondería sería aprobar planos que registren lo construido hasta obra gruesa antes de la fecha de promulgación de la Ley y nada que hubiera sido hecho posteriormente a la misma. Sin lugar a dudas, este procedimiento DEBE ser aclarado por el GAMLP.
Otro contenido de la Ley 467 “a medida del negocio” es que contempla un capítulo para la “conversión de la sanción de demolición a sanción de multa pecuniaria” (Capítulo VII) prevista en el Artículo 22 de la Ley Municipal 233 de Fiscalización y tres artículos (20, 21 y 22) referidos a infracciones sobre lo establecido en la LUSU y sus cartillas para Altura Máxima de Fachada (AMF), favoreciendo construcciones fuera de norma de más de 10 plantas y, por lo que se señala en ellos, prácticamente sin límite de altura en la infracción.
Aunque parezca redundante, se insiste en que la regularización aplica para construcciones en obra gruesa anteriores a la fecha de promulgación de la Ley, por lo que los proyectos en promoción (“Las Loritas 10”, “Youths Buildings” en Següencoma) no pueden ser parte de este proceso constituyéndose en promociones que podrían derivar en fraude.
La mayor ilegalidad se daría si el GAMLP aprobara estos proyectos ya que el primero (“Las Loritas 10”) promociona ¡26 plantas!!! Y si se considera que la Ley 467 establece que “las infracciones identificadas que hayan vulnerado la LUSU implicará de manera inmediata la pérdida de los incentivos contemplados en la cartilla correspondiente”, la infracción en este edificio alcanzaría a 20 plantas; en el caso del edificio en Següencoma (“Youths Buildings”) la infracción sería de 8 plantas. Esperemos que, con apego a la Ley, a la voluntad de hacer una ciudad mejor y a los valores éticos que se piden a ciudadanos y autoridades de gobierno, estas aprobaciones no se den y que, de una vez por todas, se frenen esas promociones.
Por otra parte, las sanciones pecuniarias que reemplazan a la de demolición alcanzarían, según los artículos 21 y 22, al 15% y al 30% del valor de la superficie en infracción de acuerdo con “el cuadro de Avalúo de las construcciones está establecido en la Ley Municipal Autonómica No. 344 de Zonificación y Valuación Zonal del Área Urbana del Municipio de La Paz, Tabla No. 4”, lo que en ningún caso favorecerá a evitar incumplimientos futuros, puesto que esos costos fácilmente se absorberán en los márgenes de utilidad de los negociantes inmobiliarios e, incluso, serán cargados al costo del inmueble para su venta al público y absorbidos por éste. La multa por este tipo de infracción, para promotores del negocio inmobiliario, debiera ser mucho más alta que el valor comercial de la superficie edificada fuera de norma si realmente se quiere frenar esta tendencia.
Verdaderamente causa desesperanza, preocupación y mucho temor por el futuro de la ciudad una inacción tan notoria por parte de la autoridad encargada de planificar y administrar ese futuro, ya bastante dañado por años de ineficiencia en la fiscalización de la aplicación de la norma, por años del accionar negativo de negociantes inmobiliarios y, tristemente, de profesionales faltos de ética y de una población que no ha alcanzado a entender las razones y necesidad de contar con las normas que buscan mejorar su calidad de vida y cumplirlas.
[1] Ley de Usos del Suelo Urbano-LUSU, Artículo 1. Objeto y Naturaleza
[2] Ley Municipal Autonómica Nº 467, Exposición de Motivos
La imagen destacada o de cabecera es de elaboración propia con imágenes de la promoción en redes sociales de los proyectos cuyas características están fuera de norma y la toma de pantalla de la Ley 467 publicada por https://es.scribd.com/
«La tradición es hacia adelante y no hacia atrás», Le Corbusier , citado por Carlos D. Mesa G. en “El ‘Monoblock’ de la UMSA, Obra Maestra de la Arquitectura Boliviana del S. XX”, 2014.
Largo tiempo sin poder recorrer y adentrarse en la ciudad para observarla y vivirla. Voy a aprovechar un artículo que escribí el año 2000 para hacer un poco de teoría de la arquitectura en una entrada para este “blog” que posiblemente parezca muy “técnica-arquitectónica”, pero son ideas muy sencillas que, en su momento, me ayudarán a hacer algo de análisis y referirme a obras de arquitectura que hacen ciudad.
¿Es posible, en el marco de las condiciones de la vida contemporánea, la globalización y el proceso de urbanización, hacer una arquitectura vernácula (algunos la llamarían neo-vernácula) que no sea una producción aislada, en una localización privilegiada, para un usuario con sensibilidad artística, o que no sea una respuesta a la búsqueda caprichosa de algo exótico por parte de una élite económicamente poderosa, de un grupo social vacío y plástico, atrapado por los vaivenes de la moda?
Antes de iniciar el camino en busca de respuesta a esta pregunta, valdría la pena analizar si interesa o no buscarla. El interés por la arquitectura vernácula renace en los años 60’s, en las obras de los que fueron llamados “arquitectos de la tercera generación” a raíz de haberse despertado la sensibilidad hacia “la cultura” y el “lugar”, en reacción contra la ortodoxia uniformista del “estilo internacional”. “La paradoja es: cómo llegar a ser moderno y regresar a los orígenes; cómo revivir una vieja civilización dormida y tomar parte en la civilización universal”, ha escrito Kenneth Frampton[1]. Estemos o no de acuerdo con la propuesta del “regionalismo crítico” de Frampton, es innegable que la búsqueda de una arquitectura latinoamericana, una “arquitectura apropiada”, una “otra arquitectura”, ha marcado el camino de los más importantes arquitectos latinoamericanos desde Barragán y Niemeyer.
Interior de la casa-estudio del arquitecto en la ciudad de México, Luis Barragán, 1948 (izquierda – fotografía de culturacolectiva.com). Interior de la «Casa das Canoas», residencia y obra del Arq. Oscar Niemeyer, 1953, en R´ío de Janeiro, Brasil (derecha – fotografía arquiscopio.com)
En ningún momento quiso Frampton denotar con el término “regionalismo crítico” lo vernáculo, lo producido espontáneamente, por la interacción de clima, cultura, mito y artesanía, sino identificar “escuelas” regionales, que él llamaba recientes en 1981, con aspiraciones de independencia social y económica. La obra más importante realizada desde las primeras propuestas de los maestros latinoamericanos no es “vernácula”, es una síntesis que, por su calidad y propuesta, desde mi punto de vista, busca resolver la paradoja planteada por Frampton. Transcurridos más de 40 años desde entonces, resulta pues importante e interesante revisar si, en el marco de nuestras condicionantes culturales, estuvimos o no andando ese mismo camino y hasta donde hemos llegado en la arquitectura boliviana después de ese largo recorrido.
Fernando Calderón define la cultura como “el conjunto de prácticas sociales históricamente acumuladas y transformadas por un conglomerado social heterogéneo”[2], una acertadísima definición que se confirma en su contenido cuando observamos la ciudad de La Paz y vemos, con Javier Albó, la existencia de dos ciudades superpuestas, Chuquiyawu y La Paz[3] diferenciadas incluso por la estructura física y la segregación socio-espacial de la ciudad (lugar), en la que coexisten espacios tradicionales urbanos con otros de características netamente campesinas (algo muy claro en El Alto).
Vista de La Paz desde la altura de la Ladera Oeste, cerca del borde de «La Ceja» de El Alto (arriba – fotografía «La Ciudad Aymara», chachara.com). La calle Santa Cruz en el área comercial en el sector denominado en la colonia «la ciudad de indios» , el área con más fuerza para la identidad de la ciudad (abajo derecha). La Av. Buenos Aires, una de las más largas e importantes del sistema vial urbano, recorre la base de la ladera oeste de la ciudad y tiene un gran movimiento comercial (abajo derecha – fotografía maipo.net)
También Calderón nos habla de la “hibridación cultural”, en la que elementos de las diversas culturas en interacción (plurietnismo), se expresan en forma desigual y conjunta, dando lugar a manifestaciones de características propias. Este pluriculturalismo se manifiesta en la cultura nacional, por tanto, no es un fenómeno propio de la ciudad de La Paz, implica la interacción de las diversas culturas, es interregional.
Para reforzar conceptos, nos apoyamos en el siguiente texto de Josep María Montaner: “…..la tarea de la arquitectura es la edificar lugares para el habitar. De la misma manera que no hay esencias universales sino experiencias históricas, particulares y concretas, tampoco hay espacios elaborados ‘in vitro’, experimentos de tipo general”[4]. La arquitectura de las pendientes o laderas de La Paz, ¿es arquitectura vernácula?; su adaptación a la difícil topografía, aunque, en muchos casos, en condiciones técnicas precarias, peligrosas y deficientes, sus formas simples y volúmenes puros agregados, las terrazas, los patios, el uso del ladrillo visto en muros y la calamina en cubiertas y autoconstruida son las características de esta arquitectura urbana que, innegablemente, ha edificado lugares únicos.
Ocupación de las laderas de alta pendiente en la ciudad de La Paz. (fotografías de Wilmer Sucojayo Rojas, izquierda y de Juan Quisbert, derecha)
También se debe considerar la arquitectura urbana del núcleo comercial de Chuquiyawu, en las zonas de Max Paredes, Garita de Lima, Cementerio, Av. Buenos Aires, etc., de edificación continua, cuatro a cinco plantas, con estructura de hormigón armado, cerramientos de ladrillo, planta baja comercial, plantas superiores en voladizo sobre la vía, terraza en la cubierta, etc. (yo la llamo «tipología Buenos Aires», en referencia a su amplia presencia en la avenida del mismo nombre), características que se han difundido en el altiplano para las nuevas edificaciones en ciudades intermedias y pequeñas en el altiplano; ésta también ¿es nuestra arquitectura vernácula?
Muestras de edificios de la que yo llamo «tipología Buenos Aires», porque se desarrolló en el área comercial oeste de la ciudad desde los años 50’s, muy difundida en la avenida del mismo nombre (Av. Buenos Aires), adaptada a todos los sectores de urbe y que, con profusa decoración, devino en lo que algunos llaman la «arquitectura emergente de El Alto». (fotografías de anuncios de ofertas inmobiliarias en la red, la última de «Trayectorias en viaje»).
¿Es nuestra arquitectura vernácula la arquitectura del adobe en el Altiplano?, esta interesante arquitectura que forma parte del árido e imponente paisaje, autoconstruida, con volúmenes sencillos en incomparables y abrigados conjuntos, alrededor de patios, corrales y espacios comunitarios, con cubiertas de paja y barro y pequeñas aberturas de puertas y ventanas.
Vivienda de adobe en el rural, Altiplano de La Paz (fotografía de Arq. Daniel Steffens Schwartzberg)
José Ricardo Morales nos enseña que un arte como la arquitectura, que se vincula de manera indisoluble con formas de vida, es innegable que tiene representatividad, pues si nos adentramos a la historia y su análisis, “nos representamos de antemano al habitante de un territorio” y de una época a través de las construcciones que ha realizado[5], así como, a través de los restos arquitectónicos que quedaron de ciertas civilizaciones, conocemos el carácter de éstas. ¿Qué arquitectura nos representaría para el futuro?, hay quienes dirían que la arquitectura tiwanakota, otros que la arquitectura colonial; sin embargo, ¿qué tienen de éstas las arquitecturas que podríamos llamar “vernáculas”?, ¿deberíamos pensar que seríamos representados por estas últimas? Entonces se hace necesario buscar la ubicación en este espectro de otras arquitecturas regionales, como la de los valles y la del oriente tropical, con sus propias formas y tectónica, que también pueden ser consideradas como nuestra arquitectura vernácula.
Arquitectura «tradicional» de Santa Cruz de la Sierra, oriente boliviano. (fotografías: arriba izquierda y derecha de «$50 años de arquitectura cruceña», Arq. Victor Hugo Limpias Ortiz, 2011-Scielo; izquierda abajo Periódico La Región, 2013).
“La cultura no es un mero proceso de reproducción de un conjunto de prácticas ancestrales o una simple transposición de moldes valorativos del campo a la ciudad: ella debe ser entendida como un proceso permanente de creación y transformación social y material que modifica constantemente la ciudad”, ha escrito Fernando Calderón, cita de la que es necesario destacar el concepto de dinamicidad. En este proceso de creación y transformación, en los años 60’s del Siglo XX, la arquitectura internacional se enfrentó con el “popularismo” o el “gusto popular”, una forma de historicismo referido a la cultura popular, al que respondió básicamente a través del desarrollo de dos géneros, como Corrado Gavinelli lo percibe: el “banalismo”, en el cual incluye el tema del “kitsch” y el “vernacularismo”[6].
Ejemplos de arquitectura inmersa en el «banalismo» que refiere Gavinelli y aceptación del «kitsch» a la que se referían Valcarcel y Costa, arquitectura muy difundida en la Zona Sur de La Paz. (fotografías de Google Earth-Google Maps)
Tal como en la V Bienal de Arquitectura Boliviana mostraba el artista-arquitecto Roberto Valcarcel y en la IV lo hizo el Arq. José Luis Costa, hemos desarrollado una importante producción (en cantidad) que, sin mucho análisis, encontramos que está inmersa en un “banalismo” referido a criterios de dispersión de la cultura de masa importada, ajena, con enorme aceptación del “kitsch”, en su mayor parte hecha para un grupo social de alto nivel económico, más que cultural, que puede pagar los servicios profesionales de un arquitecto, a quien exige una arquitectura “tradicional” dentro cánones afrancesados o “norteamericanizados”. Y en el género “vernáculo”, ¿qué hemos hecho?
Vistas líneas arriba las posibilidades de considerar una u otra forma de expresión de lo que podría ser “nuestra arquitectura vernácula”, todas son formas de expresión de la pluriculturalidad propia de nuestro país y de nuestras ciudades, en las que, más allá de las elucubraciones formales y espaciales de la arquitectura, es importante considerar las necesidades. No hablemos de calidad de vida, aunque parezca lo mismo, hablemos de condiciones mínimas de habitabilidad. La situación de la vivienda en este aspecto, sobre todo de la rural, es absolutamente alarmante; entonces, ¿importa “lo vernáculo” de la arquitectura o la imprescindible obligación de dotar agua, servicios sanitarios, energía y comunicaciones?, o estas deficiencias ¿son parte de las características de la arquitectura vernácula?; perdón por el sarcasmo, pero vale para afirmar conceptos.
Hace rato que el Estado ha abandonado en brazos del libre mercado la tarea de encarar las soluciones al déficit cuantitativo de la vivienda, por tanto, no asume responsabilidad directa en cuanto a resolver el problema de vivienda para grandes grupos sociales, lo que impide que se emprendan proyectos de conjuntos habitacionales de bajo costo, en los que pudiera desarrollarse formas y sistemas constructivos propios hacia una “arquitectura apropiada”, no “vernácula”; parece pues que surge un nuevo argumento contra la importancia de tratar el tema de “lo vernáculo” en la producción arquitectónica actual.
Edificio de La Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, unade las mejores obras de la arquitectura boliviana del Siglo XX, proyecto del Arq. Emilio Villanueva, construido entre 1942 y 1948 (fotografías de Wikipedia, izquierda y de Carlos D. Mesa G., derecha).
Más posibilidades para desarrollar propuestas arquitectónicas en un género “vernáculo” podrían presentarse en proyectos de equipamiento comunitario; sin embargo, los gobiernos municipales, a quienes correspondería encarar este tipo de proyectos, no cuentan con asesoramiento profesional, ni lo buscan. Las experiencias de intervención en este tipo de proyectos por parte de profesionales, salvo contadas excepciones, no ha sido buena, mostrando graves deficiencias en la formación del arquitecto, sobre todo en teoría e historia de la arquitectura; un ejemplo de esta afirmación se presenta en la comunidad Chipaya, en la que el espacio doméstico y comunitario se organiza con base en las formas circulares, sin embargo, la escuela construida por el estado está diseñada con formas rectangulares y con características urbanas. La idea de que la arquitectura puede contribuir a la transformación de las estructuras sociales, en este caso, adquiere una connotación negativa.
Comunidad y viviendas Chipaya. Desde la colonial iglesia hasta la escuela reciente (Unidad Educativa Urus Andino), contrastan con las formas de vivir de la cultura ancestral. (fotografías: Proyecto «Qnas Soñi, Chipaya entre tradición y tecnología. Hacia un municipio resiliente», 2014, GCV-CEBEM, arriba; Diario La Patria, Oruro, abajo izquierda; Enciclopedia Chipaya, abajo derecha).
Además de que tomemos conciencia de nuestra obligación con la juventud, tenemos que generar conciencia en nosotros y en esa juventud que en muchos lugares de nuestras áreas rurales se vive en condiciones similares a cómo se vivía en la Europa del siglo XIII, en tanto que el mundo ha entrado en el siglo XXI y algunos grupos con oportunidades y otros con voluntad lo hacen en el país.
Ejemplos de «arquitectura apropiada» en Bolivia: Colegio Nuestra Señora del Pilar, Villa Busch, Cobija, Arq. Rolando Aparicio Otero, 2003 (izquierda arriba y abajo, fotografías del Arq. Aparicio); Iglesia Jesús Obrero, El Alto, Arq. Jorge Ríos Barrón, 1991 (derecha, fotografía del libro La Arquitectura Contemporánea en Bolivia, CDALP-Instituto de Cultura Hispánica)
Debemos, pues, avanzar a la velocidad y ritmo del mundo, pero no dejar de lado el atraso que llevamos sobre nuestras espaldas. La globalización nos obliga a formarnos para trabajar, en igualdad de condiciones, en cualquier parte, el atraso de nuestro país nos obliga a mirar hacia atrás, pero no volver hacia atrás; debemos buscar soluciones actuales, pero acordes con nuestras posibilidades económicas y nuestras debilidades tecnológicas, tratar de superar éstas y responder a los requerimientos específicos y básicos de nuestra sociedad. Quizás este sea el camino para que nuestra arquitectura “vernácula”, sea cual fuere la que tomemos como tal, se transforme en una arquitectura apropiada, apropiada a nuestras necesidades, a nuestras posibilidades y a los tiempos que vivimos; una “modernidad apropiada” como Cristian Fernández Cox la concibe, “adecuada”, “hecha propia” y “propia”[7].
Ejemplo de «arquitectura apropiada» en Bolivia: Ciudad Universitaria de Oruro, Facultad de Ingeniería, Museo Mineralógico, Arq. Gustavo Medeiros Anaya, 1966-1974 (fotografías: arriba Arq. Gianni Renzo Borja; abajo autor desconocido, por favor, a quien corresponda, aclarar autoría)
Imagen destacada o de encabezado: Colegio Nuestra Señora del Pilar, Villa Busch, Cobija, Arq. Rolando Aparicio Otero, 2003, (fotografía del Arq. Aparicio)
[1] Frampton, Kenneth: “Lugar, forma e identidad: hacia una teoría del regionalismo critico”, en “Nueva Arquitectura en América Latina: Presente y Futuro”, Antonio Toca (Ed.), 1990.
[2] Calderón G., Fernando: “Urbanización y Etnicidad, El Caso de La Paz”, CERES, 1984.
[3] Albó, Xavier: “La Paz también es Chuquiyawu” en “La Paz Nuestra de Cada Día”, PNUD, 1999.
[4] Montaner, Josep María: “La Modernidad Superada. Arquitectura, arte y pensamiento del Siglo XX”, 1997.
[5] Morales, José Ricardo: “Arquitectónica”, Universidad del Biobio, 1984.
[6] Gavilelli, Corrado: “Arquitectura Contemporánea. De 1943 a los años 90”, 1999
[7] Fernández Cox, Cristian: “Hacia una modernidad apropiada: obstáculos y tareas internas”, en “Nueva Arquitectura en América Latina: Presente y Futuro”, Antonio Toca (Ed.), 1990.
En realidad, esta frase de “Patrimonio en Peligro” la hemos visto, leído o escuchado tantas veces!!! Parece que prevenir los daños al patrimonio urbano y arquitectónico no es de mucho interés para mucha gente o, como se dice, para “el público en general”, pero cuando las muestras de desinterés por esa previsión son manifestaciones institucionales, ya debemos preocuparnos como sociedad.
Plano de la ciudad de La Paz en 1909 que muestra el trazado de damero propuesto para la expansión de la ciudad en el Valle de Sopocachi. Plano extractado del libro «La Paz» de Álvaro Cuadros Bustos (2004)
A principios del Siglo XX, hacia 1905, se inició la urbanización del valle de Sopocachi con la referencia de un plano que había sido levantado por Antonio Camponovo y empieza a consolidarse como un barrio residencial que se extiende con base en un trazado de damero, desde el eje de lo que es hoy la Av. 6 de Agosto y las vías perpendiculares a ésta, trazo atribuido al Arq. Emilio Villanueva, quien por esos años era “ingeniero municipal” y que se adapta a la topografía.
Imagen satelital, izquierda, en la que se ha resaltado el área del trazado original de Sopocachi y se ha marcado la ubicación de las plazas y del Montículo, así como la de la casa objeto de este análisis. A la derecha, arriba, vista de la Plaza Isabel La Católica en 1915 con los «quioscos» y abajo una vista de la confluencia de las Avenidas Arce y 6 de Agosto; nótese las primeras residencias (derecha de la foto) construidas sobre la Av. 6 de Agosto. (Imagen satelital de Google Earth, fotografías de «Foto Cordero»).
De estos inicios y del proceso de consolidación de Sopocachi, surgen su carácter y su ambiente que, ya en los años 50’s, hacían del barrio uno de los más interesantes de la imagen urbana de La Paz, muy atractivo, con sus bellas edificaciones residenciales de estilos muy diversos, propios de su época de construcción.
El tranvía, lamentablemente desaparecido; a la izquierda, la parada del Montículo, a la derecha el tranvía entrando a la Av. 6 de Agosto. (Imágenes de la Colección Allen Morrison, publicadas en la red).
La Plaza Isabel La Católica, antes conocida como la «Plaza del Ovalo» y “Plaza de los Quioscos”, la Plaza Abaroa, que heredó los “quioscos” de la otra plaza y que ahora son sus pórticos de acceso en sus cuatro esquinas, el Montículo, la solitaria colina que parece haberle dado el nombre al barrio y que desde siempre fue un lugar muy romántico y el encanto del tranvía, lamentablemente desaparecido, fueron los elementos fundamentales de la imagen y carácter del barrio de Sopocachi, el de “mis años juveniles” según la letra del tango “Illimani” de Néstor Portocarrero.
Ejemplos de las elegantes residencias que caracterizaron el barrio de Sopocachi por muchos años. La de la izquierda está ubicada en la Av. 6 de Agosto y es propiedad de la Universidad Mayor de San Andrés, lo que parece garantizar su preservación; la de la derecha está ubicada en la Av. 20 de Octubre y es propiedad privada. (Imágenes de Google Maps).
En la segunda mitad de los años 60’s, tal como ocurrió en prácticamente todas las ciudades latinoamericanas, el ímpetu constructor del “desarrollo” inició el proceso de densificación del barrio y empezaron a desaparecer las elegantes residencias para dar paso a edificios multifamiliares, un proceso que no se ha detenido desde entonces; sin embargo, por años, muchas han sido las voces que han abogado por la preservación del patrimonio y del carácter e imagen del barrio.
Edificios del proceso de densificación del barrio de Sopocachi, iniciado en los años 60’s del Siglo XX: A la derecha, el primer edificio de vivienda multifamiliar en el barrio, «Edificio Brasilia» de los arquitectos Alberto y Luis Iturralde; a la izquierda, el cuarto edificio de derecha a izquierda de la imagen, el segundo edificio, de los mismos autores, de una serie que cambiaría la imagen de Sopocachi en los años 60’s y 70’s. Nótese la continuidad del zócalo, definida por la norma USPA y que permitía la ocupación del 100% del terreno. (Imagen de Google Maps).
No obstante los grandes errores cometidos por la construcción de nuevos edificios, resultado de una normativa totalmente equivocada, que permitió horrores como los de “zócalo continuo” y “ocupación del 100% del terreno”, Sopocachi lucha por mantener su carácter residencial pero también bohemio, de centro cultural y de recreación artística, de lugar de buena gastronomía, etc., una lucha desigual, muy desigual, por la persistencia de una mala normativa, por la angurria del despiadado mercado inmobiliario, por la indiferencia del estado y del sector privado y por la irresponsabilidad de ciudadanos e instituciones.
Imagen satelital en la que se ha marcado, con rojo, la ubicación de la casa objeto de este artículo y con amarillo las casas que, con dicha casa, conforman el conjunto aún preservado, revalorizado, reciclado y en uso. (Imagen de Google Earth).
Este tema de la irresponsabilidad institucional es el que ha movido la publicación de esta entrada en el blog y de este grito de alerta porque ya no se destruya más el patrimonio urbano y arquitectónico de la ciudad, patrimonio que no solamente es la expresión de las diferentes edades de la ciudad y de su historia, es, además, parte de la calidad del carácter y del ambiente de sus barrios, sus zonas, su paisaje y su imagen.
El «Cine Teatro Municipal 6 de Agosto», rescatado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a la izquierda una vista del exterior y a la derecha dos vistas de su interior, una hermosa obra «art decó» que ahora es un centro cultural importante para la ciudad y el barrio.
Algún esfuerzo se ha hecho en esta línea de preservación, el mejor ejemplo es el rescate hecho por el Gobierno Municipal del hermoso edificio “art decó” del ex-Cine 6 de Agosto (hoy “Cine Teatro Municipal”), adquirido para evitar su demolición y ahora es un importante espacio cultural de la ciudad. Con esta misma idea, el Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz (CDALP) adquirió, hace 15 años, la casa ubicada en la esquina de las calles Fernando Guachalla y Sánchez Lima, que fuera propiedad, desde 1939, del insigne Arq. Luis Perrin Pando, (Presidente de la institución entre 1983 y 1985) y de su esposa, la artista plástica María Esther Ballivián, una casa de estilo victoriano, muy propio de algunas residencias de las primeras décadas del Siglo XX.
Publicación del diario Página Siete, con una entrevista a Marie France Perrin, hija de los anteriores propietarios Perrin-Ballivian, de la casa de estilo victoriano adquirida por el Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz en 2005. En la publicación, de 30 de septiembre de 2018, se expresa la preocupación por el abandono en la que se encontraba entonces el edificio patrimonial, situación que se ha agravado actualmente.
Adquirida por el CDALP como “un acto de ‘reivindicación’ con la ciudad de La Paz, donde se destruyen sin reparo obras de valor arquitectónico muy importantes y son sustituidas por grandes edificios”[1]y objeto de un Concurso Departamental de Anteproyectos para diseñar las oficinas del Colegio de Arquitectos bajo la premisa de su preservación y revalorización, la casa albergó actividades administrativas de la institución por un tiempo y en los últimos años se hizo notorio su abandono.
Vistas de las viviendas que forman parte, con la casa del CDALP, del conjunto urbano-arquitectónico característico del barrio de Sopocachi de la primera mitad del Siglo XX. Las imágenes no tienen la calidad necesaria para mostrar los valores arquitectónicos de las edificaciones por la imposibilidad de tomarlas «in situ» debido a la cuarentena que se está viviendo. (Imágenes de Google Maps).
La casa, que fue publicada como muestra de “construcciones modernas”, en el Libro del Centenario de Bolivia (1925), es parte de un conjunto sobreviviente de residencias de estilos variados, obras de las primeras décadas del siglo pasado, con importantes valores arquitectónicos, restauradas, recicladas, revalorizadas y en uso, un conjunto que es una muestra del patrimonio urbano de La Paz. Lamentablemente, el abandono y el descuido total en el mantenimiento de la casa del Colegio de Arquitectos muestran desinterés por su preservación y refleja la irresponsabilidad institucional que se ha mencionado como preocupante al inicio de este texto.
Imágenes de la casa, propiedad del Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz (CDALP), que han sido tomadas y enviadas por los vecinos, «en días de cuarentena», preocupados por el estado de la edificación y el abandono indiscutible al que está sometida. Se ha dejado ventanas abiertas, poniendo la construcción a merced de las inclemencias del clima y de las palomas y, quizás, otros depredadores, mostrando un total desinterés por su cuidado.
El abandono que se ve en las fotografías, tomadas en estos días de cuarentena y enviadas por vecinos preocupados por el avanzado deterioro del inmueble, muestra una irresponsabilidad institucional inaceptable e incapacidad de gestión de parte del Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz, institución que debiera velar por los valores urbano-arquitectónicos de la ciudad, productos del trabajo, creatividad y saber de sus asociados, y, sin embargo, deja una obra de calidad arquitectónica reconocida a merced de las inclemencias del tiempo, del clima y de depredadores animales y, no sería raro, de ladrones y vándalos.
[1]Palabras atribuidas al presidente del CDALP, Arq. Álvaro Cuadros (2004-2006) pronunciadas en el acto de entrega del inmueble adquirido el 2005, mencionadas en entrevista a Marie France Perrin, publicada por Página Siete el 30 de septiembre de 2018.
La pregunta del título de esta entrada no es otra cosa que una prueba de incertidumbre respecto de las oportunidades y posibilidades que la planificación, por más incipiente que sea, puede darle a la ciudad de La Paz para su desarrollo y sostenibilidad.
El 10 de agosto de 2019 publiqué en este blog una entrada con el título “Fuera de Norma!!!” en el que mi preocupación, que debiera ser la de todos, por la ausencia de fiscalización eficiente, por la irresponsabilidad de los propietarios y por la falta de ética que, lamentablemente existe, en muchos profesionales, llegó a niveles insospechados al saber que la propia Ley Municipal permite la ilegalidad a cambio de dinero en las arcas municipales sin ninguna consideración por la ciudad.[1]
La Ley de Usos del Suelo Urbano (LUSU) contiene la normativa que, entre otros aspectos, establece las reglas y patrones de asentamiento y parámetros de edificación que deben aplicarse en el diseño y construcción de edificios según las zonas, las condiciones de suelo, la topografía, los usos permitidos y otros muchos que, por lo menos en la teoría del urbanismo, resultan de un proceso de planificación y se constituyen en parte de sus estrategias de aplicación para alcanzar sus objetivos, como el de ampliar “…..la noción de hábitat sostenible y digno a partir de lograr una adecuada interrelación entre el territorio biofísico, las formas socioculturales de apropiación y el proceso de asentamiento y localización de la población…..” o el de “…..establecer lineamientos claros y entendibles a partir de los cuales se podrá planificar una adecuada administración del territorio, delimitando las áreas edificables y sus diferentes destinos…..”.[2]
Para estos efectos, en la administración de la norma, existen procedimientos y trámites que establecen una aprobación previa de los “proyectos de permisos de construcción” y, a la conclusión de las obras, previa presentación de planos “as built”[3] e inspección municipal para verificación de cumplimiento de la norma, se obtiene un “certificado de habitabilidad” del edificio. En muchos casos, según los colegas que los realizan con cierta frecuencia, estos trámites resultan en “verdaderos calvarios”, debiendo atender a veces incontables observaciones a sus proyectos por parte de los funcionarios municipales, las que no se hacen en una sola revisión y tampoco se las consigna por escrito, lo que obliga, en muchos casos, a la múltiple re-impresión de planos en largos plazos de trámite.
Así como existe tremenda contradicción en la Ley Municipal 233 de Fiscalización, además de tratar de ser completa y muy clara, la Ley de Usos del Suelo Urbano (LUSU) tiene aspectos normativos discutibles, tema para talleres profesionales, académicos e incluso vecinales y contiene normas que no son fáciles de entender desde el punto de vista de una planificación seria; ejemplo: el Artículo 23 (Ocupación Temporal de Retiros Frontales) con procedimientos detallados en el Anexo II de la propia LUSU, que permite ocupar el retiro frontal“temporalmente con construcciones de características desmontables para actividades comerciales”.
Un ejemplo de ocupación de retiros frontales ,con «construcciones de características desmontables», en el centro de la ciudad, Sopocachi, en un conjunto patrimonial de viviendas del Siglo XX. La «temporalidad» de esta estructura es cuestionable. (Foto: Jorge Valenzuela)
Si se planifica el uso del suelo ¿por qué, en la propia Ley, supuesto resultado de esa planificación, se posibilita la ocupación temporal de retiros frontales? Si entendemos el retiro como el aporte privado a la calidad del espacio público y del medio ambiente urbano y, si la planificación ha establecido su necesidad en un área de la ciudad, ¿por qué debiera permitirse su ocupación, aunque sea temporalmente?, tratándose de áreas con usos comerciales intensivos, ¿por qué no se definió de inicio el parámetro de edificación sin retiro? Son muchas preguntas, quizá hayan más, las dejo para que sea el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) el que las analice y las responda; si revisamos los hechos, la “temporalidad” de muchas construcciones, permitidas por esta norma, es muy dudosa dadas sus características, su uso y el tiempo transcurrido desde que se las autorizó.
Otros ejemplos de ocupación de retiro frontal, autorizada por el Artículo 23 de la LUSU, con construcciones que no parecen tener el carácter de «desmontables» para una «ocupación temporal» (Fotos: Jorge Valenzuela)
Volviendo al título, ¿Cómo se Administra la Norma?, las respuestas verdaderamente inquietan y, para ser más claro, más gráfico y más entendible en mis preocupaciones voy a usar ejemplos que muestran los motivos de tales preocupaciones. Además de los 45 artículos y los ocho Anexos que conforman el “Texto Ordenado” de la LUSU de La Paz, ésta contiene mapas urbanos temáticos (topográfico, geológico, geotécnico, geomorfológico, etc.) y mapas de usos del suelo y patrones de asentamiento complementados con cartillas de cada patrón de asentamiento para cada uno de los distritos.
Primero veremos un edificio, bastante nuevo, que llamó mi atención por, lo que yo considero, una ocupación permanente del retiro frontal con una estructura que parece sostener una marquesina de importantes dimensiones. Partiendo de la premisa que a sus promotores, constructores o propietarios se le concedió el permiso de construcción y, al estar ya ocupado y en funcionamiento, presentaron planos “as built” y obtuvieron el certificado de habitabilidad o lo que correspondiera para su ocupación, me permito hacer un análisis “ex post” de cumplimiento de la norma considerando que la administración municipal dio su aprobación al respecto.
El edificio ubicado en la Calle 21, a la izquierda una vista del volumen completo, a la derecha dos vistas del retiro frontal con la construcción fija de una estructura que parece soportar parte de la marquesina (tiene tensores); es una ocupación de retiro frontal no permitida por la norma. (Fotos: Jorge Valenzuela)
Una aclaración necesaria, los datos para el análisis se obtuvieron por observación en sitio, con planos de la Restitución Aerofotogramétrica de 2006 y con ayuda de imagen satelital de “Google Earth”, puesto que, aunque la información sobre todo proyecto, en cuanto a lo que éste afecte al uso y ocupación del espacio urbano, debiera ser pública, el GAMLP considera que no es posible acceder a ella tratándose de proyectos privados. Entiendo que es osado aventurarme a este análisis, pero me encantaría generar una reacción que busque demostrarme lo contrario de lo que afirmo.
El primer edificio está ubicado en la esquina de la Calle 21 de Calacoto (Av. Washington), esquina calle Adrián Patiño, en un terreno de aproximadamente 608 m2 de superficie; según el mapa de usos del suelo y patrones de asentamiento le corresponde el patrón Zona Sur 5Z-d19, que define una ocupación de 70% en zócalo (425.60 m2) y 50% en torre (304 m2), sobre cuyo cumplimiento no manifestaré duda en vista de la escasez de información precisa. Lo que sí pondré en duda y podría aseverar que no se cumple es el parámetro de Área Mínima Verde (AMV) que la norma demanda en 30% de la superficie del terreno y es imposible que las pequeñas jardineras que se ven en el frente alcancen a los 182 m2 de área verde que exige la norma, ni siquiera si los 70 m2 del retiro de fondo fueran área verde.
Arriba, la ubicación del predio del edificio, marcada (círculo amarillo) en un segmento del mapa de usos del suelo y patrones de asentamiento del Distrito 19 que forma parte de la LUSU. Abajo, el predio marcado (círculo rojo) en el plano de la restitución aerofotogramétrica de La Paz, de 2006, sobre el que se hicieron las mediciones para el análisis. (Documentos de la ciudad publicados por el GAMLP)
Además de la ocupación del retiro frontal con una estructura fija y con las jardineras, llama la atención la altura del edificio, no porque el parámetro de Altura Máxima de Fachada (AMF) no se lo permita, sino porque no se explica cómo el proyecto pudo alcanzar la misma con las condicionantes normativas. El Área Máxima a Edificar (AME), tiene un parámetro de 395% de la superficie del terreno, lo que permite un total 2,400 m2 de edificación, con posibilidad de incremento a partir de los Incentivos a la Inversión que la norma incluye referidos a:[4]
La cartilla normativa de la LUSU (derecha) correspondiente al patrón Zona Sur 5Z-d19 en la que se consignan los parámetros normativos de Área de Lote Edificable (ALE), los Parámetros de Edificación, como Área Máxima a Cubrir (AMC), retiros, número de plazas de parqueo, Área Máxima a Edificar (AME), Altura Máxima de Fachada (AMF), Área Mínima Verde (AMV) y los Incentivos a la Inversión. A la izquierda una de las imágenes del edificio usadas para el análisis. (Foto: Jorge Valenzuela, documento de la ciudad publicado por el GAMLP)
una superficie de terreno que sea el doble del Área de Lote Edificable (ALE) que para este caso tiene un parámetro de 1,000 m2, el predio del edificio tiene 608 m2, por tanto no corresponde su aplicación;
15% adicionales de AME por cada metro adicional al retiro frontal para uso exclusivo de área verde, por lo visto en el edificio concluido, tampoco corresponde;
una reducción de 10% en el AMC le incrementaría 30% al AME, por lo que se ve no existe esta reducción, por tanto el incentivo no corresponde;
el único incentivo posible sería el incremento de 50% en el número de plazas de parqueo a ser destinado a uso público, lo que solamente el GAMLP puede comprobar, pero, en el uso diario, no se ve que exista estacionamiento público en el edificio.
Imagen satelital (Google Earth) del área con el edificio analizado (círculo rojo). Es notorio que los edificios vecinos manejan parámetros distintos y parecen acercarse más al cumplimiento de la norma, aunque se ve muy claramente que el parámetro de Área Mínima Verde no es el que más despierta la atención de los promotores, proyectistas o constructores, no obstante la urgente necesidad de la ciudad por contar con espacios verdes.
Si el zócalo ocupa 425 m2 y cada planta de la torre puede alcanzar a 304 m2, la posibilidad de AME del edificio (2,400 m2), cumpliendo con la norma, le permitiría una altura (AMF) de un zócalo y seis plantas y media (7 plantas y media); como puede verse en las imágenes, el edificio tiene once (11) plantas, es decir, un Área Máxima Edificable de 3,465 m2!!!; ¿cómo se justifica un incremento de 1,065 m2? Incluso si hubieran 8 plazas de parqueo para uso público, adicionales a las 16 que debiera tener por norma, el AME sería de 3,008 m2, el edificio estaría con más de 450 m2 fuera de norma. ¿Se aplicó el Artículo 22 de la Ley Municipal 233? ¿A cuánto ascendió el monto de “monetización de la infracción”? Y….. la ciudad ¿qué?
El segundo caso es el de un edificio en Achumani, es un hotel, lo que hace interesante el análisis pues parece que los hoteles tienen una administración de la norma muy propia, ya que en la entrada del blog del 10 de agosto de 2019 se analizó la situación de fuera de norma de otro hotel. El edificio de este análisis está ubicado en la Av. de la Fuerza Naval, a unos metros de la Calle 23 (ingreso a Achumani), en un terreno de aproximadamente 680 m2 de superficie, con un frente de algo más de 24 metros. Según el mapa de usos del suelo y patrones de asentamiento le corresponde el patrón Zona Sur 4-d19, que define una ocupación de 50% en torre (340 m2), sobre cuyo cumplimiento, como en el otro caso, tampoco manifestaré duda en vista de la escasez de información precisa.
El edificio-hotel, objeto de este segundo análisis (izquierda). A la derecha, arriba, la ubicación del predio del edificio, marcada (círculo rojo) en un segmento del mapa de usos del suelo y patrones de asentamiento del Distrito 19 que forma parte de la LUSU. Abajo, el predio marcado (círculo rojo) en el plano de la restitución aerofotogramétrica de La Paz, de 2006, sobre el que se hicieron las mediciones para el análisis. (Foto: Jorge Valenzuela. Documentos de la ciudad publicados por el GAMLP)
En este caso, tampoco el terreno tiene el doble de superficie del Área de Lote de Edificable (ALE) de 450 m2 que consigna la norma, por lo que la aplicación de un incentivo por este motivo no corresponde. El retiro frontal que el proyecto ha dejado es mayor al de 3 metros que exige la norma por lo que, si consideramos que ha dejado un retiro de 5 metros, tendría un incentivo de 30% adicional al Área Máxima a Edificar (AME) que, para este patrón, es de 280%, con el incremento podría edificar con 310% de AME, pero hay un pequeño gran detalle, la norma indica que este incentivo es aplicable sólosi los metros adicionales de retiro se destinan a área verde!!!
La norma establece que la Altura Máxima de Fachada (AMF) es de 6 plantas con posibilidad de incrementar no más de dos plantas adicionales si se aplicara alguno de los incentivos, en este caso no parece haberse aplicado incentivo alguno y el edificio tiene 9 plantas. El AME (280%) que permitiría la norma para esa superficie de terreno (680 m2) sería de 1,904 m2; por el volumen construido, suponiendo que se han cumplido los requerimientos de retiros y de AMC 50% del patrón Zona Sur 4-d19, la superficie construida parece estar cerca de los 2,850 m2, es decir, más de 900 m2 que estarían fuera de norma y, además, en ninguna parte de la construcción o el terreno se ven los 272 m2 de área verde que la norma exige (40% del ALE). Otra vez debemos hacernos las preguntas sobre la aplicación del Artículo 22 de la Ley Municipal 233 y sobre el monto de la “monetización de la infracción”, espero haya respuestas.
Arriba dos vistas del edificio-hotel en las que se ve que no existe un solo metro cuadrado de área verde en ese espacio del retiro frontal que pudiera haber posibilitado la aplicación de un incentivo para incrementar el AME. Abajo, la cartilla normativa de la LUSU correspondiente al patrón Zona Sur 4-d19, en la que se consignan los parámetros normativos de Área de Lote Edificable (ALE), los Parámetros de Edificación, como Área Máxima a Cubrir (AMC), retiros, número de plazas de parqueo, Área Máxima a Edificar (AME), Altura Máxima de Fachada (AMF), Área Mínima Verde (AMV) y los Incentivos a la Inversión. (Fotos: Jorge Valenzuela. Documento de la ciudad publicado por el GAMLP)
Pero el análisis no termina ahí, no solamente podemos comprobar que hay incumplimiento de la norma en la aplicación de los parámetros establecidos por la LUSU para el patrón respectivo, sino que, además, se han ocupado con construcciones los retiros laterales y el retiro de fondo; el patrón Zona Sur 4-d19 es para una edificación sin zócalo y con retiros frontal, laterales y de fondo obligatorios y, calculamos que, para alcanzar a un AMC de 340 m2, debió dejar retiros de 3.50 metros a cada lado y al fondo además de los 5 metros del frontal, por lo que, estando estos retiros ocupados con construcciones, se puede adicionar unos 250 m2 a la infracción y, por tanto se alcanzaría a 1,150 m2 que estarían fuera de norma.
Imagen satelital (Google Earth) del edificio-hotel en su localización, en ella se observa claramente la ocupación con construcciones de los retiros laterales y de fondo y que en el edificio construido no es posible ubicar los 272 m2 de Área Mínima Verde (AMV) que la norma requiere.
Si esta situación, encontrada en este edificio por el análisis hecho, ya es preocupante, podemos pensar que la ciudad está totalmente desprotegida y con total ausencia de administración territorial y normativa eficiente y efectiva si observamos lo que se supone es la aplicación, en este edificio-hotel, del Artículo 23 (Ocupación Temporal de Retiros Frontales) de la LUSU. Se le ha permitido ocupar el retiro frontal con una estructura para ascensor, que de hecho no es una construcción “de características desmontables para actividades comerciales”, como condiciona el mencionado artículo y con otra estructura, que alberga parte de un restaurante, que sí podría corresponder a lo establecido por el Artículo 23.
Vista del frente del edificio-hotel en el que se ve la estructura del ascensor y la «estructura desmontable» del restaurante, construidas sobre el retiro frontal, construcciones supuestamente autorizadas aplicando el Artículo 23 de la LUSU. A la izquierda se observa la ocupación del retiro lateral con un ambiente construido con cubierta cuyas aguas se echan al vecino, lo que no está permitido. (Foto: Jorge Valenzuela)
Si en un solo edificio, con permiso de construcción aprobado, con planos “as built” aprobados (se supone, si no el hotel no debería estar funcionando), encontramos contravenciones a la norma en altura, en la ausencia total de Área Mínima Verde, en la ocupación de los retiros laterales y de fondo, en un exceso enorme en el Área Máxima a Edificar, en la construcción de una cubierta (en el retiro lateral izquierdo) que, además de ocupar retiro, echa aguas hacia el vecino, lo cual no es permitido por norma y, además, se le permita construir en retiro frontal, al amparo de un artículo de la propia norma que no tiene sentido desde el punto de vista de una planificación bien hecha, sólo queda volver a preguntar ¿cómo se administra la norma?
[1] Artículo 22 de la Ley Municipal Autonómica Nº 233 y su Reglamento.
[2] Exposición de Motivos del “Texto Ordenado” de las “Leyes Municipales Autonómicas Nros. 017 – 024 -050 -080”, que constituyen la LUSU.
[3] Anexo VI, Condiciones Generales sobre Edificaciones de la LUSU
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