Legislación y normativa – Haciendo Ciudad

GESTIÓN MUNICIPAL

Una de las virtudes de la abrogada Ley Nº 2028, Ley de Municipalidades de 1999 fue que, en su Artículo 3º dejaba en claro los conceptos de Municipio, Municipalidad y Gobierno Municipal, a los que la Ley 482, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales de 2014, en la que se incluyó la abrogación de la anterior, no hace ninguna mención, a pesar de la importancia de tales conceptos para entender y guiar la gestión municipal.

Territorio del Municipio de La Paz en la Provincia Murillo del Departamento de La Paz. Imagen: Atlas Catastral del GAMLP

Los conceptos mencionados en la abrogada ley son:

Municipio: “es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en la jurisdicción y con los habitantes de la Sección de Provincia, base del ordenamiento territorial del Estado unitario y democrático boliviano”. Desde la Ley de Participación Popular se eliminaron vacíos jurisdiccionales con la municipalización del territorio, generando territorios municipales urbano-rurales, y la asignación de recursos de los impuestos nacionales.
Municipalidad: “es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio, forma parte del Estado y contribuye a la realización de sus fines”.
El gobierno y la administración del Municipio se ejerce por el Gobierno Municipal.

A efectos de lograr una rigurosidad suficiente en esta entrada, se buscaron algunos otros conceptos como las definiciones de la Real Academia:

Gestión: Acción y efecto de gestionar. (Similares: administración, dirección, gerencia)
Gestionar: Ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una empresa, actividad económica u organismo. (Similares: administrar, dirigir).

Dado que se busca analizar el tema de gestión municipal, se buscaron otros conceptos generales que faciliten ordenar las ideas de esta entrada, tales como:

Gestión Municipal. Imagen: Cámara Nacional de Negocios

“…la gestión pública para el desarrollo implica: planificar, movilizar, desplegar, organizar y transformar recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos y metodológicos para proveer, asignar y distribuir bienes y servicios públicos tangibles e intangibles, solucionando problemas o satisfaciendo necesidades, originando resultados significativos para la sociedad—“ https://www.cepal.org/
“La gestión municipal son todas las acciones que realiza un gobierno local, orientadas al cierre de las brechas sociales y necesidades básicas, con el objetivo de brindar bienestar hacia la población; además, es un factor fundamental para el desarrollo local”. https://inudi.edu.pe/

Queda claro, entonces que la gestión pública, por tanto, también la gestión municipal, se enfocan en la administración eficiente de los recursos con los que se cuenta, incluidos los recursos humanos, los valores sociales, la cualidad y calidad del territorio, para responder a las demandas de la sociedad (habitantes) para garantizar una adecuada calidad de vida y generar un desarrollo sostenible.

El Artículo 285 de la Constitución Política del Estado, en su inciso II señala que “el periodo de mandato de las máximas autoridades ejecutivas de los gobiernos autónomos es de cinco años …”, lo que también se aplica a los miembros del Concejo Municipal, pero esto no quiere decir que la GESTIÓN MUNICIPAL solamente dura cinco años; este concepto debe quedar muy claro y aquí surge una primera crítica a lo que ocurre en la Municipalidad de La Paz, cambio de autoridades implica “borrón y cuenta nueva”, claramente se considera que lo que hizo la anterior gobierno municipal “no sirve” y se debe empezar de cero. Lamentablemente esta actitud está ligada a los intereses de la base electoral y a la presión que ésta ejerce para enfocar la gestión en algunos sectores.

¿Requiere aclaración? Iniciado el nuevo período de gestión municipal casi “desaparece” La Paz Bus (transporte del Puma Katari) lo que no ocurrió por la presión de la población que ya ha hecho suyo este sistema de transporte. ¿Por qué se intentó quitarlo? Seguramente no es fácil que se lo explique, pero podemos preguntar ¿será que la base electoral de las nuevas autoridades está conformada por sindicatos de transportistas? La misma pregunta puede dirigirse al tema gremial, dado que la ciudad está invadida por comercio informal sobre el que no hay ningún tipo de control.

A la izquierda, la cubierta del Plan Integral La Paz 2040, un plan de largo alcance (25 años) para el desarrollo del Municipio de La Paz. elaborado como un marco de acción para la definición de programas, planes y proyectos- A la derecha, la cubierta del PTDI 2021-2025, un plan quinquenal desarrollado por requerimiento del Gobierno Central para garantizar el desembolso de recursos de coparticipación. Imágenes: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP)

Si la gestión implica planificar, las nuevas autoridades de la gestión municipal ¿han considerado el importante marco que ofrece el Plan La Paz 2040? Iniciada su elaboración en 2011, fue uno de los pocos esfuerzos exitosos en el campo de la planificación de largo plazo, cuyos lineamientos, con los necesarios ajustes quinquenales, debieron llevarnos a ver un municipio hacia el 2040 y claramente no le permitieron llegar al 2021: ¿borrón y cuenta nueva?, estando claro lo de “borrón”, si hay “cuenta nueva” ¿cuáles son los nuevos lineamientos a largo plazo?, nadie sabe porque nunca se informó sobre ellos o posiblemente no se elaboraron. Se sabe de un PTDI-2021-2025 (Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien del Municipio de La Paz), sobre cuyos lineamientos, que ya debieron cumplirse según su propio plazo, incluidas centralidades, corredores y áreas protegidas no se conocen acciones, proyectos o estrategias de implementación que se hayan realizado bajo dicho marco.

También se afectaron con la idea de “cuenta nueva” medidas que, claramente, demostraron estar yendo en camino correcto como los esfuerzos de educación vial con la participación de las cebras que se ganaron el cariño de la gente o el sistema de control de estacionamiento vehicular en el Centro y que parecía estar listo para aplicarse en la caótica Zona Sur, que necesitaba ajustes es cierto, pero no mostraba motivos para eliminarse, salvo que la “base electoral” hubiera presionado. No sólo se eliminó el control de estacionamiento, con la construcción de una ciclovía que, por el tiempo que lleva desde su implementación sin uso alguno, se nota como una decisión no planificada y menos participativa y que, además, dificulta paradas de transporte público, se eliminó cualquier posibilidad de parqueo en vía en la Zona Sur (aunque se implementó un apresurado garaje que, aunque insuficiente, sí funciona).

Se ha señalado líneas arriba que el objetivo de las acciones que implican la gestión municipal es “brindar bienestar hacia la población”, por lo que, cuando se realizan obras es muy importante planificar y organizar el impacto que el proceso de ejecutarlas genera en la movilidad urbana y, por tanto, en el bienestar de la población. En nuestra ciudad se cierran vías y se corta el flujo normal del tráfico, medida necesaria para llevar adelante estos trabajos, pero se lo hace sin aviso alguno y, lo que es peor, sin prevenir, por lo que el proceso de ejecución de la obra no cuenta con medida alguna de ordenamiento que facilite el flujo del tráfico vehicular, sin señales ni presencia de agentes de tránsito, por lo que, cuando se encuentra de frente a un corte de vía, el usuario debe hacer maniobras para regresar y buscar salidas por sí solo con los riesgos, dificultades y molestias que esto conlleva porque son varios los vehículos involucrados y no hay guía alguna para facilitar la maniobra, guía que debe ser previa para prevenir aunque tampoco hay la que lleve a remediar.

Emergencia originada por intensas lluvias en el Barrio de Obrajes, Zona Sur de La Paz. El necesario corte de vía para realizar los trabajos no fue acompañado de la planificación de alternativas de circulación diseñadas y apoyadas por logística (desvíos claros, señalización, agentes de tráfico) para ordenar y facilitar el flujo de la circulación vehicular. Imagen: Diario La Razón, 14 de febrero de 2024

Se entiende que un corte de vía es temporal, en un período que dura con planificación, lo que debe durar prudentemente una obra, sin embargo, parece que hay obras que no se planifican y su duración, con efecto de cierre de vías por plazo “indefinido”, con el innegable perjuicio a la población, como ocurre en la “interminable obra” que se realiza en la Av. Abdón Saavedra en Sopocachi por más de un año y sin información clara respecto de cuando se terminará o sobre el por qué de tanto retraso. Lo admirable es que parece que nadie reclama y que la gente que, con sus impuestos, generó los recursos para esa obra, ha “normalizado” el cierre y la demora.

Trabajos en la Av. Abdón Saavedra en el Barrio de Sopocachi en La Paz, una vía importante de conexión, que fue cerrada para realizar los trabajos, en octubre de 2024 se anunció su entrega para el 31 de enero de 2025, hasta la fecha no se ha concluido , se mantiene cerrada, generando, además, la desconexión de por lo menos cuatro vías importantes a ambos lados de su trazo. Imagen y datos: Periódico La Razón, 01 de febrero de 2025.

Lleva muchos años la triste realidad de la invasión de áreas que, según la Ley de Usos del Suelo Urbano-LUSU, deben ser áreas de forestación, de preservación del paisaje natural, áreas verdes, aires de río, franjas de seguridad y es evidente la presencia de construcciones particulares sobre ellas y no se ha visto reacción de la Municipalidad respecto de este avasallamiento en aras de una gestión municipal que cumpla y haga cumplir la norma y vele por el futuro de una ciudad que debe ser sostenible para las generaciones futuras. La justificación de las autoridades respecto de estos hechos, desde hace muchos años y ahora, es que no están claramente definidos los límites del territorio municipal, a pesar de la Ley 1669 de 30 de octubre de1995.

No obstante, la existencia del plano que define estos límites complementando a la ley, las municipalidades de los municipios vecinos actúan ilegalmente aprobando asentamientos y construcciones en el territorio municipal de La Paz, eso es una realidad y peor aún, la situación se agrava por el accionar de vecinos y pobladores que, en busca de su conveniencia y sabiendo que actúan irregularmente, buscan esas licencias e incluso pagan impuestos en las alcaldías de esos municipios. En este caso, dese hace años y con peores efectos cada año, la gestión municipal no ha tomado acción alguna para resolver el problema de límites y, si alguna vez lo intentó, el Gobierno Autónomo Departamental, que tiene la obligación de intervenir para resolver estos problemas, no lo ha hecho por motivos de politiquería barata. Esta situación ya ha alcanzado niveles preocupantes, la supuesta “indefinición” de límites es aprovechada por “autoridades” electas en los municipios vecinos, por los negociantes inmobiliarios y, lamentablemente, por la población, generando para sí beneficios al margen de la búsqueda del bien común y sin ningún reparo frente a la ilegalidad.

La mancha urbana del conglomerado La Paz-El Alto, ciudad central del Área Metropolitana de La Paz. El color naranja muestra la mancha urbana dentro de los límites del Territorio Municipal de La Paz, los otros colores muestran la mancha urbana dentro de los límites de otros municipios vecinos Los ;municipios de Palca, Mecapaca y Achocalla reclaman amplios territorios que abarcan extensiones considerables de mancha urbana y sobre los que ejercen jurisdicción generando ilegalidad. Imagen: GAMLP.

La gestión pública, por tanto, la gestión municipal, debe planificar, pero claramente no lo hace, la ciudad está a merced del negocio inmobiliario desde hace bastante tiempo, la ciudad crece como los comerciantes del suelo y de la construcción deciden que lo haga, ocupando territorio sin ninguna previsión, utilizando títulos de propiedad o títulos agrarios cuya legalidad no es verificada. Se ocupan laderas, aires de río, franjas de seguridad y luego vienen los desastres “naturales” en asentamientos “aprobados” por alcaldías vecinas y el desastre debe ser atendido por la Municipalidad de La Paz (en resguardo de su jurisdicción municipal), como ocurrió con el deslizamiento de Codavisa, atendido por la Alcaldía de La Paz pero comprobándose que los propietarios de las viviendas afectadas de un asentamiento en un área declarada como “inhabitable” pagaban impuestos en el Municipio de Palca.

Es claro que el proceso de desinstitucionalización del estado que se ha puesto en marcha los últimos 20 años, con éxito para los depredadores que lo buscaron, ha alcanzado niveles que asustan y el “haz lo que quieras” afecta duramente a la vida urbana; construcciones fuera de norma proliferan y son más de 23 años que está vigente “la regularización”, por lo que construir fuera de norma ya parece costumbre o “normal” para acogerse a “regularizar”, lo que es un brillante negocio para el mercado inmobiliario y para estos traficantes inescrupulosos, afectos a la ilegalidad al pagar multas de montos absurdos frente al valor de venta de cientos de metros cuadrados de construcción ilegal “regularizada”.

Es necesario, pues, recuperar la gestión pública, recuperar la gestión municipal desde el estado, la sostenibilidad de la ciudad lo demanda, estamos sin rumbo y a tumbos, la ciudad de La Paz es una ciudad agresiva y esa agresividad es absorbida por sus pobladores; llamar la atención a alguien por infringir normas elementales de convivencia es suficiente para generar gritos e insultos. Se ve claramente que no hay idea de qué se está haciendo con la ciudad para mejorar nuestra propia calidad de vida y para dejar a las generaciones futuras condiciones para una vida digna, obligación que tenemos para con nuestros hijos y nietos.

Imagen destacada: Palacio Consistorial de La Paz, edificio sede del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, obra del Arquitecto Emilio Villanueva en 1925

TODOS los países del mundo están EN VÍAS DE DESARROLLO

“Desarrollo significa crecimiento, aumento, reforzamiento, progreso, desenvolvimiento o evolución de algo. Designa la acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. El concepto de desarrollo hace referencia a un proceso en desenvolvimiento, sea que se trate de un asunto de orden físico, moral o intelectual, por lo cual puede aplicar a una tarea, una persona, una sociedad, un país o cualquier otra cosa”. https://www.significados.com/

“Desarrollar: Dicho de una comunidad humana: Progresar o crecer, especialmente en el ámbito económico, social o cultural”. https://dle.rae.es/

Como docente de urbanismo converso con mis estudiantes sobre los temas de ocupación y ordenamiento del territorio, en los que enfatizo la importancia de los asentamientos humanos como razón de ser de la planificación. Les muestro cómo es que resumo la idea de ciudad en población, territorio e infraestructura y la permanente interacción de estos tres componentes como guía y motivo de la planificación urbana, de los vínculos urbano-rurales y de las ciudades como motor del desarrollo.

**Gráfico 1.** De los 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE-ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, 9 hacen referencia directa a la satisfacción de necesidades básicas de la población y otras a la necesidad de preservar la naturaleza y el uso responsable de los recursos. Fotografía: http://www.un.org

Desarrollo, un término muy usado, demasiado usado diría, por gobernantes, representantes, autoridades, políticos, empresarios, se generan planes de desarrollo nacionales, departamentales, municipales, sectoriales, etc., muchos de los cuales llevan años empolvándose, en estanterías o depósitos, planes sobre cuya necesidad se enfatizó desde la Revolución Nacional de 1952. En 70 años ¿Cuánto hemos “desarrollado”? La razón por la que este es el tema de esta entrada es que llevo tiempo en aula explicándolo con insistencia y espero ampliar “mi audiencia”.

**Gráfico 2.** Realmente, desde la Revolución de 1952 y sus históricas y trascendentales medidas ¿Cuánto hemos «desarrollado»? Los mineros fueron una parte fundamental de la fuerza impulsora de la revolución, desde entonces, la minería nacionalizada ha sufrido varias crisis y las demandas de los trabajadores siguen siendo la mismas, aunque la otrora fuerte Central Obrera Boliviana-COB ya no es la misma y tiene una dirigencia alineada al poder y al partido de turno. Amparado por una política extractivista sin límite, el cooperativismo minero y empresas extranjeras realizan actividades de minería, incluso en áreas protegidas, atentando contra la sostenibilidad y contaminando la naturaleza. Los campesinos fueron otro sector determinante para la revolución, ahora encaran los problemas propios del minifundio y graves crisis en sus áreas de trabajo por sequías; la migración campo-ciudad se ha incrementado generando abandono de las áreas productivas y problemas en las ciudades. Fotografías: izquierda http://www.eabolivia.com, derecha arriba http://www.telesurtv.net, derecha abajo http://www.bolivia.com

Cuando los políticos hablan del desarrollo del país, buscan hacernos creer que Bolivia aspira y “casi alcanza” a ser como Suecia, Alemania, Japón, antes Estados Unidos y ahora, parece, China, países con gran capacidad económica, poder militar, alta tecnología, impresionantes infraestructuras, deslumbrante producción cultural, etc., quizá por eso, cuando entró mucho dinero en nuestras arcas estatales, lo derrocharon sin medida, tenemos un satélite inservible, mantenemos un ejército innecesario (incluida fuerza naval cuya escuela de guerra está en la punta de un cerro), construimos innumerables canchas de “pasto artificial” o creamos un “museo al ego” en medio de la nada.

Un país alcanza el desarrollo cuando el 100% de su población ha satisfecho sus necesidades básicas y goza de los servicios fundamentales de vivienda, vestido, alimentación, educación, salud, cultura, agua y saneamiento.

Esto es lo que pienso, lo que creo y lo que enseño y, con base en este concepto, surge la pregunta ¿Cuántos países desarrollados hay en el mundo? La respuesta podría ser resultado de una interesante investigación, pero, algo complicado realizarla en el corto plazo porque requiere recursos, tiempo, arduo trabajo y, muy posiblemente, apoyo de la cooperación internacional para conseguir esa información de las fuentes de origen. Sin embargo, en el “siglo de la comunicación”, vía internet se puede conocer que: “El progreso económico en el mundo muestra que, si bien hay menos personas que viven en la pobreza extrema, casi la mitad de la población mundial, es decir, 3400 millones de personas, aún tiene grandes dificultades para satisfacer necesidades básicas, según el Banco Mundial” (2018). https://www.bancomundial.org/es/

También se encuentra información como ésta que muestra una preocupante situación en el mundo: “…según el informe[1], dado que el crecimiento económico señala que, en la actualidad, una proporción mucho mayor de la población pobre del mundo vive en países más ricos, establecer líneas de pobreza adicionales y comprender la pobreza desde una perspectiva más amplia son aspectos cruciales para poder combatirla plenamente”. (Banco Mundial, 2018). https://www.bancomundial.org/es/

Dado que uno de los servicios fundamentales de los que debe gozar la población en cualquier parte del mundo es la vivienda, una rápida búsqueda de información en la red respecto de la “población sin hogar” o “homeless” en los países que, por años, percibimos como los más desarrollados del planeta, como Suiza, Suecia, Alemania, encontramos datos que muestran situaciones que ya preocupan a sus gobiernos (ver gráficos 3, 4 y 5). Mucho de esta situación en estos países empeora por efecto de las inmigraciones provenientes de los países con conflictos.

**Gráfico 3.** Suiza ocupa el puesto 2 entre 189 países en el «índice de desarrollo humano» (UNDP, 2019), con un salario promedio anual de US$ 84.310 por persona (Banco Mundial, 2021) y, sin embargo, 16% de su población está viviendo debajo de la línea nacional de pobreza (UNPD, 2019). En 2022 mostraba un problema de 2.200 personas sin vivienda y 8.000 en riesgo de perderla. Datos de http://www.homelessworldcup.org. Fotografía: Mart Production en http://www.pexels.com, Texto de http://www.lenews.ch

**Gráfico 4.** Suecia ocupa el puesto 7 entre 189 países en el «índice de desarrollo humano» (UNDP, 2019), el salario promedio anual en este país es de US$ 54.050 por persona, el 17,1% de sus 10, 26 millones de habitantes está viviendo debajo de la línea nacional de pobreza (UNPD, 2019). El número estimado de personas sin hogar en Suecia en 2020 era de 33.000 (Stadsmissionen, 2021). Los datos muestran que se agrava el problema por la inmigración. Información de http://www.homelessworldcup.org. Fotografía y texto http://www.researchgate.net

**Gráfico 5.** Alemania tiene 79,9 millones de habitantes, ocupa el puesto 6 entre 189 países en el «índice de desarrollo humano» (UNDP, 2019), el salario promedio anual en este país es de US$ 47.060 por persona, el 14,8% de su población está viviendo debajo de la línea nacional de pobreza (UNPD, 2019). El número de personas sin hogar se calcula en 260.000, una preocupación para el gobierno alemán. Información de http://www.homelessworldcup.org. Fotografía y texto de http://www.trtworld.com.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Noruega ocupa el primer lugar, entre 189 países, en calificación del “índice de desarrollo humano” (UNDP, 2019), donde “si bien hasta ocho de cada diez son dueños de la casa en la que viven, aproximadamente 179.000 personas están en desventaja en el mercado de la vivienda; alrededor de 78.000 de ellos son niños y jóvenes menores de 20 años”, esta información está detallada en la publicación de 2022 de https://www.homelessworldcup.org/.

Sin embargo, Noruega, con un salario promedio anual de US$ 78.180 (Banco Mundial, 2021), no está entre los países mejor ubicados respecto de la cobertura de servicios de agua potable (90%) y saneamiento (83%), como lo están, por ejemplo, los Países Bajos, con un 100% de cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento (ver gráficos 6 y 7). Los Países Bajos, con un salario promedio anual de US$ 51.060 (Banco Mundial, 2021) ocupan el puesto 8 en el “índice de desarrollo humano” (UNDP, 2019) y, en 2020, tenían 39.000 personas sin hogar (0,22% de su población “homeless”) según información de https://www.homelessworldcup.org/.

**Gráfico 6.** Cuadros gráficos que muestran la cobertura del servicio de agua potable en los países europeos (arriba) y los tipos de gestión para ese abastecimiento. Los países con mayor cobertura muestran un total de gestión pública en abastecimiento. Reino Unido, con una cobertura de aproximadamente 95% se apoya en un 90% de gestión privada. Las fuentes de las imágenes están en éstas.

**Gráfico 7.** De los 5 países de Europa que muestran una cobertura de 100% en el abastecimiento de agua potable, sólo dos, Holanda y Malta tienen una cobertura de 100% en saneamiento conectado a depuradoras y de servicio totalmente público. También en saneamiento, Reino Unido se apoya en 90% de gestión totalmente privada. Las fuentes de las imágenes están en éstas.

Estados Unidos que, por años, fue el guía y el paradigma del desarrollo para los gobiernos y políticos latinoamericanos, con un salario promedio anual de US$ 70.930 (Banco Mundial, 2021), ocupa el puesto 17 en el “índice de desarrollo humano” (UNDP, 2019) y, según Homeless World Cup, 18% de los 330 millones de estadounidenses viven por debajo de la línea de pobreza (World Population Review, 2021) y hay 18,5 millones de personas que viven en condiciones de extrema pobreza. “La falta de vivienda en los Estados Unidos se registra contando las personas sin hogar en una sola noche de enero. En 2020, esto fue más de medio millón (Dept. of Housing), aunque los críticos dicen que este método excluye a muchos que viven en alojamientos temporales y al borde de la pobreza extrema. La ONU informa que más de uno de cada ocho estadounidenses vive en la pobreza (40 millones, o el 12% de la población). Casi la mitad de ellos (18,5 millones) viven en la pobreza extrema, con ingresos familiares informados por debajo de la mitad del umbral de pobreza. (UNHCR, 2018)”. https://www.homelessworldcup.org/united-states-america.

**Gráfico 8**. Los datos que preocupan al gobierno de Estados Unidos. Imagen y texto de http://www.security.org

**Gráfico 9.** La situación de servicios básicos de agua potable y saneamiento tampoco es buena en Estados Unidos

En América Latina, según https://www.homelessworldcup.org/, el país mejor ubicado respecto del “índice de desarrollo humano” es Chile, con 19 millones de habitantes y US$ 24.000 de promedio de salario anual por persona, se encuentra en un puesto 43 entre 189 países y presenta el menor índice de pobreza en la región, sin embargo, después de la pandemia, la población sin hogar alcanzó a 80.000 personas (0,42% de su población), de las cuales 25.000 son migrantes provenientes de Venezuela, Colombia y Haití, principalmente.

**Gráfico 10.** Según la publicación “SITUACIÓN ACTUAL DEL ODS – 6 EN LA REGIÓN AMÉRICA LATINA. PLANES Y ACCIONES” de la Organización Panamericana de la Salud (www.paho.org), elaborada por Teófilo Monteiro, Equipo Técnico Regional de agua y saneamiento (ETRAS), CDE/CE/OPS/OMS, estos mapas muestran las condiciones de abastecimiento de agua potable en América Latina, en este caso la situación de nuestro país en cobertura no parece muy mala pero preocupante en el aspecto de gestión segura. ODS-6 se refiere a Agua limpia y Saneamiento.

**Gráfico 11.** En la misma publicación de la Organización Panamericana de la Salud, se incluyen estos mapas que refieren la situación del saneamiento en América Latina. El aspecto de gestión segura en Bolivia debe preocupar y también el nivel de cobertura del servicio; la deficiencia de gestión origina que, en muchos lugares, incluida la ciudad de La Paz, se están contaminando cursos, cuerpos y fuentes de agua, este es uno de los más acuciantes problemas de La Paz.

Lamentablemente, uno de los problemas en nuestro país es la falta de información actualizada, confiable y sistematizada, por lo que en publicaciones como las de Homeless World Cup, por ejemplo, como en otras, no se incluyen datos precisos sobre estos temas en Bolivia, datos que permitirían una comparación interesante y productiva de nuestra situación respecto del resto del mundo; por ello, se recurre a información de diversas fuentes mostrada en gráficos.

El gráfico 12, extraído de una publicación del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (2012) muestra la preocupante situación de la vivienda en Bolivia al señalar que el Plan Nacional de Desarrollo de 2007 menciona un déficit cuantitativo de 298.000 unidades de vivienda y que el déficit cualitativo alcanza a 855.000 viviendas y el gráfico 13 incluye preocupantes datos sobre las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por departamento.

**Gráfico 12.** La situación de la vivienda en Bolivia muestra que más de 1,1 millones de personas no tienen vivienda y más de 1,4 millones habitan viviendas sin condiciones adecuadas.

**Gráfico 13.** En esta publicación del ministerio de Obras Públicas de 2012, antes de la realización del Censo de Población y Vivienda de ese año, se ve la gran cantidad de población cuyas necesidades básicas no han sido satisfechas.

**Gráfico 14.** Otra cara del déficit habitacional y de la situación de la población vulnerable en Bolivia que no puede ni debe ser ignorada por el gobierno, los políticos, las organizaciones y la población en general.

“En Bolivia, cerca del 86% de la población tiene acceso a agua potable y el 59% a sistemas de saneamiento. Sin embargo, la brecha entre los centros urbanos y el ámbito rural es considerable. Solamente el 67% de la población rural tiene acceso a los servicios de agua potable y únicamente el 43% cuenta con servicios de saneamiento básico. Por otro lado, solo el 27% de las aguas residuales son tratadas, situación que conduce a la contaminación del agua y otros recursos naturales, derivando así en problemas de salud para la población”.[2]

“El viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico dijo: ‘queremos acortar la brecha entre las áreas urbana y rural’. Según la autoridad, en Bolivia la cobertura de agua es de 95% en el área urbana y la cobertura de saneamiento básico es de 71%. En tanto, la cobertura de agua en el área rural es de 69% y 45% en saneamiento básico. La meta para el 2025 es subir la cobertura de agua en el área rural a 90% y superar el 53% en saneamiento básico”. https://www.mmaya.gob.bo/2023/.

En los ejemplos y en los datos hemos visto la vivienda, el agua y el saneamiento y, por lo menos en nuestro país, la educación, la salud, la alimentación, el vestido y la cultura no mostrarían óptimas o, por lo menos mejores condiciones que, posiblemente, se han alcanzado en países más ricos para estos servicios destinados a la satisfacción de tales necesidades en la población. Los países más ricos, que muestran voluntad para encarar el problema, pueden encontrar soluciones basadas en el aprovechamiento de tecnología lograda a partir de inversiones dirigidas a la satisfacción de una necesidad básica de su población, como debe ser. (Ver gráfico 15).

**Gráfico 15.** Cápsulas para dormir en Alemania, al servicio de personas sin hogar elaboradas con tecnología e inversiones destinadas a buscar soluciones para satisfacer necesidades básicas de la población. Fotografías http://www.mymodernmet.com; texto: http://www.independentespanol.com.

Con esta información podemos dar respuesta a la pregunta planteada líneas arriba, ¿cuántos países desarrollados hay en el mundo?, pues, sin temor a error, con base en la condición del concepto de desarrollo que genera este artículo, se puede decir que ningún país en el mundo ha alcanzado el desarrollo así concebido.

Tengo claro, y me lo han hecho notar, que la satisfacción de las necesidades básicas del 100% de la población parece una meta imposible o es una condición utópica, pero me mantengo en la importancia de manejar ese concepto porque la razón de la planificación es el bienestar de la gente, de la población, bajo el principio del “bien común por encima del interés personal o de grupo”.

El crecimiento de las empresas, de las industrias, de la agricultura, de la ganadería o de las instituciones no es el objetivo de la planificación, este crecimiento, como el de la tecnología, es el medio para alcanzar el objetivo fundamental, la satisfacción de las necesidades de la gente; las inversiones en estos campos deben dirigirse a generar los recursos para dicha satisfacción y esto no ocurre porque se busca “el crecimiento económico en sí”, aun a costa del futuro del planeta y no “el crecimiento económico para” allanar las dificultades que 3.400 millones de personas tienen para satisfacer necesidades básicas en el mundo (Banco Mundial, 2018).

Entonces, como humanidad, estamos entendiendo muy mal o concibiendo pésimamente el concepto de “DESARROLLO” porque estamos priorizando la acumulación de riqueza y el gasto en lo innecesario, como la guerra, o el gasto que, viendo la situación de millones de personas en el mundo, se vuelve superfluo cuando se busca alcanzar las estrellas sin mejorar las condiciones de vida en el planeta como primera prioridad, como debe ser.

**Gráfico 16.** Medir el índice de desarrollo humano parece ser una buena vía para entender la situación en la vía de desarrollo de todos los países del mundo. Como se ve en el gráfico, el «índice muy alto» está entre 0.8 y 1, pero, como hemos visto en toda esta entrada, ninguno de esos países puede alcanzar el 1, por lo que se confirma que todos los países del mundo están en vías de desarrollo. No parece fácil avanzar del 0.8 al 1 en las condiciones que se encuentran millones de personas con necesidades básicas insatisfechas, ese es el desafío.

Pienso que como país vamos peor, porque con la mira en un paradigma de desarrollo, que realmente no existe, estamos regalando nuestros recursos naturales antes de utilizarlos para generar verdadero desarrollo, mejores condiciones de vida para nuestra gente, alcanzar la satisfacción de sus necesidades básicas por encima de cualquier otra pretensión. Es muy importante tomar conciencia de lo que somos y de lo que tenemos, aprovechar, sin pretensiones de país rico, nuestras posesiones y riquezas para beneficio de nuestra gente, invirtiendo en productividad basada en nuestros recursos naturales para generar actividad económica y empleo, respetando las raíces culturales y las formas propias y sabiduría comunitaria para la ocupación sostenible del territorio.

¿Primer mundo?, ¿Tercer mundo? ¿Qué calificativos son esos?; en resumen, TODOS los países del mundo están EN VÍAS DE DESARROLLO, por tanto, hay mucha tarea por delante.

[1] https://la-paz.diplo.de/ Documento: “Agua potable y saneamiento básico, Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS”, publicado por la Cooperación Alemana, 2019

[2] Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing Together the Poverty Puzzle (La pobreza y la prosperidad compartida 2018: Armando el rompecabezas de la pobreza).

Fotografía de cabecera o imagen destacada: «La paradoja del desarrollo», http://www.cubadebate.cu

¿Se confirma el avasallamiento de propiedad pública?

Hace un año publiqué en este blog un artículo referido a la expansión de la ciudad de La Paz y la necesidad y condiciones de su densificación, mostrando cómo el mercado inmobiliario, cada vez más irresponsable, determina esa expansión, atropellando o adelantándose a cualquier intento de planificación en busca de beneficio inmediato y con total falta de preocupación por la sostenibilidad de esta hermosa ciudad.

(Ver: https://jorge-valenzuela.blog/2021/10/14/expansion-y-densificacion/).

En ese mismo artículo de la entrada de octubre de 2021, muestro cómo el mercado inmobiliario invade áreas destinadas a preservación del paisaje natural, a forestación o a áreas verdes al amparo de irregularidades generadas por la indefinición de límites del territorio municipal, la politiquería barata y la irresponsable gestión del territorio en los municipios involucrados.

En otra entrega de este blog me refería al avasallamiento de la propiedad municipal (propiedad pública, derecho de todos), preocupado por la destrucción del paisaje, por el avasallamiento de esa propiedad pública, pero más preocupado aún porque esa ocupación de tierras, en muchos de los casos, si no en todos, cuenta con “documentación legal” los más con base en “títulos agrarios”. Partamos de lo siguiente:

La Ley de Reforma Agraria (1953), al referirse a la “propiedad agraria” y sus formas, en su Artículo 4 define que “pertenecen al dominio patrimonial del Estado las tierras baldías, las que reviertan por caducidad de concesión o por cualquier otro concepto, las tierras vacantes que se hallan fuera del radio urbano de las poblaciones…”. Entiéndase por tierras baldías y tierras vacantes aquellas áreas no aptas para la actividad agropecuaria, tales como cerros, taludes, tierras con pendientes elevadas, aires de río, etc.

(Ver: https://jorge-valenzuela.blog/2018/12/05/avasallando-la-propiedad-publica/)

Una publicación en la primera plana del diario Página Siete de hoy, 19 de 0ctubre de 2022 confirma las razones de mi preocupación, pero, además, debiera generar preocupación y medidas de parte de las autoridades municipales. La noticia del diario publica una “revelación” del gobierno respecto a que, de los 2,3 millones de títulos agrarios emitidos por el INRA, “1,5 millones de títulos se dieron a tierras improductivas”, a pesar de lo que hace 70 años determinó la Ley de Reforma Agraria vigente. Está claro que no existe, por efecto de la politiquería barata, interés alguno del nivel central del estado por coordinar con el nivel municipal y coadyuvar a los esfuerzos municipales para una ocupación del territorio que garantice la sostenibilidad de las ciudades del país, de todas, no solamente de La Paz.

Los cerros de la foto están marcados (o lo estuvieron en algún momento) en los planos de la Ley de Usos del Suelo Urbano (LUSU) como Áreas Protegidas, lo que no fue ningún óbice para la ocupación de esas áreas con urbanizaciones promovidas por el sector privado (rectángulos rojos). (Fotografía: Jorge Valenzuela)

Que más del 65% de títulos agrarios correspondan a “tierras improductivas” no solamente molesta y preocupa por el engaño del que son objeto los destinatarios de esas tierras, si no porque molesta y preocupa la percepción clara de corrupción y manejo irresponsable del recurso tierra, recurso fundamental para la seguridad alimentaria, a pesar que los perpetradores del engaño, por años, se han llenado la boca con discursos como los de “independencia alimentaria”, “respeto por la madre tierra” y “economía comunitaria”.

En la imagen satelital (arriba) se marca con el óvalo celeste la construcción de un nuevo hospital en la Av. Zabaleta (esperemos se tomen las medidas necesarias para mitigar seguros impactos sobre el área), esta construcción «despertó el interés» de familias que no tardaron en reclamar «derecho propietario» sobre áreas, marcadas con el rectángulo rojo en las fotos (imágenes de abajo) que, además de ser «aires de río» (el Río Orkojahuira está embovedado debajo de la avenida) son taludes de la meseta de Miraflores que, por su ubicación, características y topografía, claramente son áreas de propiedad pública, pero si se atreven a reclamar derechos….. «algún papelito» debe haber por ahí y nada raro que el origen sea uno de los «títulos agrarios» de los 1,5 millones. (Fotografías: elaboración propia sobre imagen de Google Earth-arriba. Jorge Valenzuela-abajo)

Pero también debe recordarse que, por lo general, de los títulos agrarios parten los argumentos de “documentación legal” de los que ocupan tierras y áreas, incluso con características de constructibilidad de alto riesgo o áreas que, los esfuerzos por planificar y la norma emergente de dichos esfuerzos, establecen como “no edificables”, como “aires de río”, como “reservas naturales y paisajísticas” o “áreas verdes”. Como el registro de propiedad en Derechos Reales inscribía, hasta hace poco, propiedades carentes de georreferenciación, de información clara de ubicación o catastral (posiblemente se sigue haciendo respecto de propiedades alejadas en áreas rurales), los títulos agrarios podían presentarse con supuesta ubicación en áreas urbanas, dando paso a la especulación y a la libertad de acción del negocio inmobiliario irresponsable para ocupar suelo a su antojo. ¿Cuántos de esos “1,5 millones de títulos” servirán y sirvieron para atentar a la sostenibilidad del desarrollo de las ciudades?

¿Cómo puede permitirse la ejecución de trabajos de este tipo en áreas que forman parte del patrimonio natural urbano? (Fotografías de Cynthia Patiño, publicadas en Facebook)

La imagen destacada o de cabecera es una toma de pantalla de la primera plana del diario Página Siete publicada en su cuenta de Facebook; en la imagen se han cubierto otros titulares e imágenes de publicidad.

LA PAZ, DENSIFICACIÓN NECESARIA, PERO… ¿CÓMO?

El 14 de octubre de 2021 publiqué en este blog una entrada sobre la expansión y la densificación de la ciudad de La Paz en el que resaltaba las deficiencias de la norma para una densificación adecuada a la necesidad de las mejores condiciones de vida a las que la población aspira y que la ciudad debe ofrecerle.

(Ver: https://jorge-valenzuela.blog/2021/10/14/expansion-y-densificacion/)

El 9 de septiembre pasado el Concejo Municipal de La Paz, en un proceso lleno de irregularidades procedimentales, demostradas públicamente por la presidente de ese organismo legislativo, aprobó una Ordenanza Municipal que busca introducir modificaciones a la Ley de Usos del Suelo Urbano (LUSU) con el argumento de una necesaria densificación, argumento que ahora cambia a la necesidad de romper un supuesto “monopolio en la construcción de edificios de altura” que se habría desarrollado desde las condiciones normativas de la LUSU (personalmente no me imagino cómo), según expresiones del secretario del Concejo en varias declaraciones y entrevistas públicas, constituyéndose en una acérrimo defensor de un atentado contra la ciudad.

Las primeras páginas de los documentos de la Ordenanza Municipal «aprobada» por el Concejo Municipal el 9 de septiembre pasado, mismos que circularon, con alarma, en las redes sociales al día siguiente.

La densificación es una herramienta valiosa, parte de una estrategia de intervención integral en la ciudad, para lograr la visión expresada en el Plan La Paz 2040 (uno de los pocos esfuerzos de planificación lograda) de una ciudad compacta, policéntrica y sostenible. Está claro que es valiosa frente a las posibilidades de una ciudad como La Paz, consolidada y con escasez de áreas para una expansión racional, con muy poca disponibilidad de tierras aptas para espacios públicos, áreas verdes funcionales y construir equipamientos, estas posibilidades parecen muy limitadas, por ello, se requiere de planificación, voluntad política (no politiquería barata), apoyo gubernamental (el gobierno central es nuestro inquilino) y responsabilidad profesional, empresarial y ciudadana.

La densificación no se logra con una alegre modificación de las cartillas normativas, incrementando entre dos y cuatro veces la altura posible de edificaciones prevista en la norma vigente, la densificación no es construir bloques de cemento más grandes, la densificación implica gente, familias con aspiración de mejor calidad de vida, que buscan oportunidades de desarrollo social y personal, no oportunidades para “constructores” del mercado inmobiliario que quieren hacernos creer que rompen un supuesto monopolio para beneficio de la ciudad.

Proyectos de vivienda de alta densidad, con soluciones que no parecen ser adecuadas a una buena calidad de vida y que, parece ser, están ocupando áreas que la norma considera de reserva forestal áreas verdes o áreas protegidas. (Fotos: arriba, izquierda Google Earth, derecha Jorge Valenzuela, abajo Guadalupe Dorado Quiroga).

La densificación parte de lograr centros (estrategia de centralidades) que acerquen los servicios sociales (educación, salud, gestión, recreación, cultura) al vecino (gente, familias), mejorando la movilidad urbana, agrupando a las comunidades, generando seguridad, emprendimientos y cohesión social. Desde estos centros, de su consolidación y de su función, casi de manera natural, se provoca y se demanda la densificación planificada, normada y controlada. Implica un proceso de análisis y planificación en el que se detectan áreas de concentración de actividades (ya lo hizo el Programa de Centralidades del GAMLP) y en el que la información censal, por distritos, permitiría detectar y entender, en esas áreas, tendencias de ocupación para medir las posibilidades y requerimientos de la densificación.

La densificación responsable no se logra reduciendo o eliminando en la norma el requerimiento de retiros, peor si se lo hace para edificaciones de altura (20 pisos y más en las cartillas de la ordenanza que se pretende aprobar) y tampoco eliminando de la norma el requerimiento de área mínima verde (un buen logro, aunque débil, de la LUSU vigente). El retiro y el área mínima verde crean el volumen de aire, el espacio libre y la vegetación que benefician al ambiente (asoleamiento, ventilación, climatización) de los espacios funcionales privados (vivienda, oficinas, otros), son el aporte privado al ambiente urbano que a su vez favorece a la calidad de vida de todos sus habitantes.

Una de las cartillas «aprobadas» por el Concejo Municipal para el Distrito 18. En la LUSU no existe patrón de asentamiento 5 en el Distrito 18, la ordenanza lo crea, además como construcción pareada (5P), es decir, puede no dejar retiro a un lado del predio; la cartilla de patrón 5 en otros distritos permite un Área Máxima a Edificar (AME) de 500% de la superficie del terreno, esta cartilla indica un AME de **1750 %**!!!, lo que permitiría construir un edificio de 25 pisos o más **SIN OBLIGACIÓN DE RETIROS** o retiro de 2 metros!!! si se deseara abrir ventanas. En un terreno de 1,000 m2 podría hacerse un edificio de 17,500 m2 construidos, posiblemente entre 80 a 90 unidades de vivienda **SIN ESTACIONAMIENTO VEHICULAR**!!!, o sea, 80 a 90 vehículos más a parqueo en calles donde ya no cabe más parqueo. (Foto: Documento que circula en las redes sociales)

Densidad de población, señores del Concejo Municipal, es la relación de un número de personas (gente, familias) sobre una unidad de superficie del territorio, no más bloques o edificios más altos. Efectivamente, un número mayor de personas requiere una mayor cantidad de viviendas, pero vivienda no solo es la casa o el departamento, la vivienda es un concepto tan amplio como claro, además de con la casa o el departamento, se hace con los servicios para sus habitantes, educación para niños y jóvenes, salud para todos, espacios para el trabajo, la cultura, la recreación, el abastecimiento, se hace con movilidad (vías y medios de transporte), gestión al alcance, espacio público y áreas verdes.

Un edificio de vivienda, aparentemente construido en apego a la norma vigente; carece de áreas verdes. Evidentemente, la norma debe ser revisada pero con rigurosidad técnica y apuntando a mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad de la ciudad. (Foto: Jorge Valenzuela)

La calidad de la vivienda depende también de los servicios básicos (agua, alcantarillado, energía, drenaje pluvial, comunicaciones). No hay mucha información respecto del estado de las redes, salvo la creciente maraña de cables aéreos que está a la vista, dado que, en los últimos 20 años, se ha incrementado, bajo las condiciones de la norma vigente, la construcción de edificios en altura, de hecho, muchas áreas de la ciudad se han densificado; sin embargo, cualquier proceso de densificación, incluso el que se viene dando en estos últimos años, para considerarse responsable, debe evaluar y dimensionar la capacidad de las redes de los servicios básicos y su requerimiento para servir a una mayor cantidad de población (gente, familias).

Área de San Miguel, sobre la que apunta una parte de la modificación de la norma «aprobada» en el Concejo Municipal, incrementando el volumen de construcción y eliminando el requerimiento de espacios de parqueo (Foto: Jorge Valenzuela)

Uno de los problemas más complejos de la ciudad está en la movilidad urbana, aunque se tiene una infraestructura aceptable y, en muchos sectores, más que suficiente; sin embrago los problemas de congestionamiento y desorden en el espacio público son evidentes. Este tema lo traté en la entrada de este blog (21 de julio pasado. Ver: https://jorge-valenzuela.blog/2022/07/21/movilidad-urbana-en-la-paz-puede-mejorar) pero queda claro que no se les haría ningún favor a los intentos de encarar soluciones eliminando la exigencia normativa de número mínimo de parqueos contenida en la LUSU, más aún si se trata de nuevas edificaciones de más de 20 pisos, como se propone en la ordenanza tratada en el Concejo Municipal. A pesar de que los edificios cuentan con espacios de parqueo, en respuesta a la norma vigente, el problema de estacionamiento vehicular es muy grande y provoca enormes dificultades a la movilidad urbana, especialmente en la Zona Sur, donde la irresponsable propuesta normativa pretende intervenir.

Todo esto es parte de la vivienda y sus características y condición hacen a la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, por eso, modificar cartillas normativas de la LUSU, sin ninguna rigurosidad técnica, como pretende hacerlo el Concejo Municipal, para favorecer al mercado inmobiliario con la construcción de edificios más altos, con menos restricciones y con condiciones deplorables para el ambiente urbano no puede ser aceptada por la población y debe ser evitada por la autoridad competente.

“Regularización” a la medida del NEGOCIO contra la ciudad

La Ley Municipal Autonómica Nº 467, concebida para la regularización de edificios fuera de norma, fue aprobada por el Concejo Municipal el 15 de noviembre de 2021 y promulgada por el alcalde el 26 de noviembre de 2021; estas fechas son muy importantes para hacer un seguimiento de las acciones que debieran emprenderse en defensa de la ciudad y su sostenibilidad, defensa para la que fue redactada, aprobada, revisada y ajustada la vigente Ley de Usos del Suelo Urbano-LUSU, cuyo contenido “establece las normas que rigen el uso, clases y destino del suelo, patrones de asentamiento así como parámetros de edificación para la construcción en el territorio del Municipio de La Paz”[1].

Es posible que la LUSU sea, entre las normas municipales, la más vulnerada, afirmación que se confirma con datos contenidos en el propio texto de la Ley 467 (Exposición de Motivos) refiriéndose a que un “universo de trámites ascendía a 7.877 trámites pendientes, al momento de cierre de la entonces Unidad Gestora del Proceso de Regularización de Edificaciones Fuera de Norma (UGPRE) en la gestión 2018”[2]. Vulnerar las normas de ocupación del suelo y de parámetros de edificación en nuestra ciudad no es algo nuevo, lamentablemente se hace con frecuencia, sin ningún apego por el futuro de la ciudad y su medio ambiente urbano, por acción carente de valores éticos de vecinos, propietarios, promotores inmobiliarios y, más doloroso todavía, de profesionales. (Ver en este blog la entrada: “¿Cómo se administra la norma?” – https://jorge-valenzuela.blog/2020/03/19/como-se-administra-la-norma/).

Proyectos impuestos desde el Gobierno Central, vulnerando la norma, destruyendo el patrimonio arquitectónico y desconociendo las atribuciones del nivel municipal sobre la planificación de la ciudad.

También es preocupante que muchas de las acciones contrarias a la norma se realicen desde el estado, como lo hacen instituciones del gobierno central actuando como un pésimo inquilino de la ciudad. (Ver entrada: “Normativa para equipamientos… ¿Existe? ¿Se cumple?”- https://jorge-valenzuela.blog/2019/03/05/normativa-para-equipamientos-existe-se-cumple/). Por otro lado, extraña y confunde que desde la propia norma se generen “oportunidades” para atentar contra el ambiente urbano como la de “Ocupación Temporal de Retiros Frontales”, inexplicablemente contenida en el Artículo 23 de la LUSU o como la “conversión de la sanción de demolición en sanción de multa pecuniaria” contenida en el Artículo 22 de la Ley Municipal Autonómica 233 de Fiscalización Técnica Municipal. (Ver en este blog la entrada: “Fuera de Norma” – https://jorge-valenzuela.blog/2019/08/10/fuera-de-norma/)

Con esta introducción y volviendo a la Ley 467 (de Regularización), ésta, en sus Artículos 1 y 2 establece que sus disposiciones se aplicarán a las “edificaciones anteriores a la publicación de la presente Ley…”, por lo que debo expresar la primera preocupación. La Ley entró en vigencia el 26 de noviembre de 2021 y los mayores infractores y negociantes inmobiliarios, tres meses después, siguen promocionando sus proyectos fuera de norma, promoción pública, aunque de bastante mal gusto, muy difundida y, por lo que se ve en las redes sociales, despierta muchísimo interés en el público.

A la izquierda, gráficos de promoción en la redes sociales para la venta de departamentos en edificios en proyectos cuyas características están fuera de norma; arriba la promoción del Edificio «Las Loritas 10», cuyo proyecto muestra un excedente de 18 pisos respecto de lo que la norma le permite, publicada el 15 de marzo de 2022, abajo la propaganda de «Youths Buildings», publicada el 10 de marzo de 2022, cuyo proyecto excede en 10 plantas a lo que la norma le permite.

Si se promociona la venta de departamentos que, por efecto de la LUSU y, a pesar de la Ley 467, NO pueden existir porque los proyectos de los edificios que los contendrían no respetan la norma y no podrán ser regularizados, se está promocionando públicamente, con profusión y con descaro un FRAUDE. ¿No corresponde que las autoridades tomen cartas en el asunto? ¿Podría el Gobierno Municipal convertirse en cómplice de ese fraude si, sabiendo que lo que se promociona no responde a la normativa municipal, no hace nada para frenarlo? Con una promoción tan difundida ¿puede el GAMLP hacerse de la vista gorda frente a un abierto desafío a la legalidad de parte de estos negociantes? En ninguno de los casos incluidos en Artículo 4 de la Ley 467 estas “futuras edificaciones” tan ampliamente promovidas se prevé podrán ser objeto de regularización, por lo tanto, se confirma que promueven un engaño. (Ver en este blog la entrada: https://jorge-valenzuela.blog/2022/01/30/que-pasa-con-la-norma-no-hay-fiscalizacion/).

El mismo Artículo 4 de la Ley 467, en el inciso d) señala que el alcance de sus determinaciones alcanza a “edificaciones o predios que no hayan cumplido las disposiciones señalas en las cartillas normativas LUSU y no cumplan con los parámetros de edificación y no se encuentre dentro de las improcedencias conforme a la presente normativa” y en el Artículo 10 es “aplicable a todas las edificaciones que mínimamente se encuentren en obra gruesa que cuente con tabiquería o cualquier material constructivo que sirva como cerramiento perimetral y cubierta,…”. Estas determinaciones no solamente cierran cualquier posibilidad de regularizar “futuras construcciones” si no que también establecen límites para las que se iniciaron en el pasado.

Lo que no aclara la norma, y debió hacerlo, es que estas “edificaciones en obra gruesa” debieron haber detenido su ejecución desde la fecha de promulgación de la Ley para acogerse a sus beneficios aplicables, por lógica, solamente a lo construido y no a lo proyectado, dado que el proyecto no fue aprobado y la Ley 467 no prevé que pueda ser aprobado para su conclusión fuera de norma. Esta imprevisión de la norma da pie a que los negociantes continúen con su construcción, terminen el edificio fuera de norma y busquen acogerse a los beneficios de una “regularización” ilegal.

A la izquierda la imagen de propaganda y oferta de departamentos del Edificio «Las Loritas 7», publicada el 15 de marzo de 2022, a la derecha la imagen de la construcción del mismo edificio, publicada por el Diario Página Siete el 24 de enero de 2022, mostrando que después de la promulgación de la Ley 467 siguió el proceso de construcción de un proyecto fuera de norma que excede en más de 15 pisos a lo que la norma lo permite.

Pero decir que esta “regularización” está hecha a medida del negocio inmobiliario no es algo equivocado, ya que el Artículo 11 de la Ley 467 establece que “la regularización de construcciones, comprende los siguientes casos: a) Edificaciones sin planos aprobados que se encuentren fuera de norma por vulnerar uno o más parámetros de edificación de la cartilla normativa correspondiente.”[3] Lo que sin ninguna duda favorece a la aprobación de los planos de los proyectos fuera de norma cuando lo que correspondería sería aprobar planos que registren lo construido hasta obra gruesa antes de la fecha de promulgación de la Ley y nada que hubiera sido hecho posteriormente a la misma. Sin lugar a dudas, este procedimiento DEBE ser aclarado por el GAMLP.

Otro contenido de la Ley 467 “a medida del negocio” es que contempla un capítulo para la “conversión de la sanción de demolición a sanción de multa pecuniaria” (Capítulo VII) prevista en el Artículo 22 de la Ley Municipal 233 de Fiscalización y tres artículos (20, 21 y 22) referidos a infracciones sobre lo establecido en la LUSU y sus cartillas para Altura Máxima de Fachada (AMF), favoreciendo construcciones fuera de norma de más de 10 plantas y, por lo que se señala en ellos, prácticamente sin límite de altura en la infracción.

Aunque parezca redundante, se insiste en que la regularización aplica para construcciones en obra gruesa anteriores a la fecha de promulgación de la Ley, por lo que los proyectos en promoción (“Las Loritas 10”, “Youths Buildings” en Següencoma) no pueden ser parte de este proceso constituyéndose en promociones que podrían derivar en fraude.

La mayor ilegalidad se daría si el GAMLP aprobara estos proyectos ya que el primero (“Las Loritas 10”) promociona ¡26 plantas!!! Y si se considera que la Ley 467 establece que “las infracciones identificadas que hayan vulnerado la LUSU implicará de manera inmediata la pérdida de los incentivos contemplados en la cartilla correspondiente”, la infracción en este edificio alcanzaría a 20 plantas; en el caso del edificio en Següencoma (“Youths Buildings”) la infracción sería de 8 plantas. Esperemos que, con apego a la Ley, a la voluntad de hacer una ciudad mejor y a los valores éticos que se piden a ciudadanos y autoridades de gobierno, estas aprobaciones no se den y que, de una vez por todas, se frenen esas promociones.

Por otra parte, las sanciones pecuniarias que reemplazan a la de demolición alcanzarían, según los artículos 21 y 22, al 15% y al 30% del valor de la superficie en infracción de acuerdo con “el cuadro de Avalúo de las construcciones está establecido en la Ley Municipal Autonómica No. 344 de Zonificación y Valuación Zonal del Área Urbana del Municipio de La Paz, Tabla No. 4”, lo que en ningún caso favorecerá a evitar incumplimientos futuros, puesto que esos costos fácilmente se absorberán en los márgenes de utilidad de los negociantes inmobiliarios e, incluso, serán cargados al costo del inmueble para su venta al público y absorbidos por éste. La multa por este tipo de infracción, para promotores del negocio inmobiliario, debiera ser mucho más alta que el valor comercial de la superficie edificada fuera de norma si realmente se quiere frenar esta tendencia.

Verdaderamente causa desesperanza, preocupación y mucho temor por el futuro de la ciudad una inacción tan notoria por parte de la autoridad encargada de planificar y administrar ese futuro, ya bastante dañado por años de ineficiencia en la fiscalización de la aplicación de la norma, por años del accionar negativo de negociantes inmobiliarios y, tristemente, de profesionales faltos de ética y de una población que no ha alcanzado a entender las razones y necesidad de contar con las normas que buscan mejorar su calidad de vida y cumplirlas.

[1] Ley de Usos del Suelo Urbano-LUSU, Artículo 1. Objeto y Naturaleza

[2] Ley Municipal Autonómica Nº 467, Exposición de Motivos

[3] Ley Municipal Autonómica Nº 467, Artículo 11

La imagen destacada o de cabecera es de elaboración propia con imágenes de la promoción en redes sociales de los proyectos cuyas características están fuera de norma y la toma de pantalla de la Ley 467 publicada por https://es.scribd.com/

¿Qué pasa con la norma? No hay fiscalización!!!

A raíz de una publicación en la sección Sociedad del diario Página Siete en su edición del 24 de enero pasado (ver imagen destacada o de cabecera), se hace evidente que la entrada de este blog (18 de noviembre de 2021) con el título “¿Fiscalización Municipal?” tocaba un tema que debe preocupar de sobremanera.

Este es el titular y la foto destacada del artículo, publicado en la Sección Sociedad del Diario Página Siete en su edición de 24 de enero de 2022, que motivó esta entrega de Haciendo Ciudad. Fotografía: toma de pantalla de la página oficial del diario Página Siete paginasiete.bo

La Ley de Usos del Suelo Urbano (LUSU) contiene la normativa para asegurar una ordenada y, supuestamente, sostenible ocupación del suelo en el proceso de urbanización y crecimiento de la ciudad de La Paz. La LUSU establece, en el Artículo 2, referido al Ámbito de Aplicación que “Las disposiciones de la presente Ley son de carácter general y obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, incluidos los tres niveles de gobierno que realicen edificaciones o construcciones dentro del límite urbano del Municipio de La Paz”.[1]

Está claro que quienes estamos obligados al cumplimiento de dichas determinaciones somos TODOS los que habitamos en esta hermosa ciudad, pero también está claro que muchos no se sienten aludidos por la Ley y la necesidad de acatarla por el bien común y nuestra calidad de vida. Duele observar que sean las instituciones públicas de “los tres niveles de gobierno” las que creen estar al margen de estas obligaciones, ejemplos sobran, veamos el bodrio de la llamada “casa del pueblo” y la arbitraria destrucción del patrimonio, al mando del entonces vicepresidente que con mazo en mano se hizo fotografiar demoliendo buena arquitectura, para la construcción del “cubo” del legislativo bajo el discurso de “descolonización”. (Ver entrega de este blog con el título: “Normativa para equipamientos…. ¿Existe? ¿Se cumple?” – 5 de marzo de 2019).

Edificios promovidos por el nivel central del Estado que no fueron objeto de consulta ni aprobación municipal no obstante la atribución exclusiva que el gobierno municipal tiene sobre la planificación en su jurisdicción, como lo establece la Constitución Política del Estado.

Una parte del sector privado tampoco demuestra que en sus emprendimientos cumple con la obligación que le impone la Ley (ver entregas de este blog con los títulos: “Fuera de Norma!!!?” – 10 de agosto de 2019 y “¿Cómo se administra la norma?” – 19 de marzo de 2020) y por ello el tema obliga a esta nueva entrega ya que la preocupación por el futuro de la ciudad es muy grande frente al avasallamiento que sufren sus incipientes esfuerzos para lograr sostenibilidad. Lamentablemente, estas acciones negativas no solamente se dan en el incumplimiento de lo establecido en los patrones de asentamiento definidos por la LUSU, tampoco se respeta lo que la ley define para los usos del suelo (ver entrega de este blog con el título: “Avasallando la propiedad pública” – 5 de diciembre de 2018).

Es evidente que hay empresas privadas que desde hace rato se han dado a la tarea, en aras de su negocio inmobiliario, de reírse de la norma y de sus determinaciones y demostrar una total falta de respeto por la ciudad y sus habitantes que merecen acciones claras para mejorar la calidad del ambiente urbano y, por efecto, su calidad de vida. Seguramente hay muchas otras “personas naturales o jurídicas” que están haciendo lo mismo, pero no lo hacen con el enorme despliegue de promoción de su destructivo negocio como lo están haciendo esta empresa y otras ante, lo que parece, una preocupante pasividad del gobierno municipal.

El más observado de los proyectos, posiblemente porque fue la causa de alerta, el edificio «Las Loritas 10», en promoción para venta de 26 plantas, ubicado en un lugar (Calacoto) en el que la norma establece 6 plantas de altura y, si corresponde, aplicando incentivos, se puede llegar a un máximo de 8 plantas. Verdaderamente, el exceso de 18 plantas ya es una grosería imposible de «regularizar» con ninguna ley. Fotografías: Imagen promocional de la empresa publicada en internet (izq.); plano y cartilla de la LUSU (GAMLP, der.).

El artículo de Página Siete, mencionado al inicio, hace referencia a las varias transgresiones a la norma que proyectos construidos, en construcción y en promoción, transgresiones que pretenden justificarse, desde una empresa, con supuestos permisos otorgados por instancias gubernamentales de otros municipios, desconociendo la Ley N° 1669 del 31 de octubre de 1995 que establece la jurisdicción territorial del Municipio de La Paz, por tanto, cometen delito esas instancias municipales y la empresa que acude a ellas. Según la nota de Página Siete, este hecho delictivo es de conocimiento del GAMLP ya que menciona esta declaración: “‘Los permisos están en Palca o en Mecapaca’, sostuvo Arias[2] sin precisar la situación de cada una de las construcciones” y duele que, a pesar de ello no se tome medidas ante esta irregularidad y también ante la indefinición de límites en la que las relaciones de “oficialismo y oposición” hacen que la solución a este problema no se quiera tocar desde hace muchos años.

Otro edificio de la «serie Las Loritas», éste en construcción. Está ubicado en El Gramadal, donde la norma permite un máximo de 6 plantas y, observando la imagen promocional, el proyecto alcanza a 19 o 20 plantas, otro exceso que ninguna «norma de regularización» puede aceptar sin dejar un funesto precedente para el futuro de la ciudad. Fotografías: Imagen promocional de la empresa publicada en internet (arriba izq.); fotografía del Diario Página Siete de 24 de enero de 2022 (abajo izq.); plano y cartilla de la LUSU (GAMLP, der.).

La misma nota de prensa hace referencia al reclamo de los vecinos en las áreas donde se ubican los edificios fuera de norma y a la razón de “seguridad” que ellos plantean en su reclamo, problema que les preocupa obviamente, porque las definiciones de la norma también consideran el tema de seguridad como un factor para regular el asentamiento. Si una transgresión, apoyada en ilegal autorización de una instancia gubernamental de otro municipio, ocasionara un accidente o un evento de riesgo, sin ninguna duda, la alerta y las acciones para solucionar posibles efectos del mismo se convertirían en obligación del GAMLP, como ya lo hemos visto varias veces (ejemplo camino a Mallasilla hace algunos meses), con el argumento de las autoridades del otro municipio de “no tenemos maquinaria”, pero claro, sí tienen facilidad para otorgar falsas autorizaciones.

Otro edificio fuera de norma. Por los teléfonos de referencia que publica la imagen promocional, parece no ser parte de la «serie Las Loritas», por lo que se deduce corresponde a OTRA EMPRESA INFRACTORA que oferta 14 pisos en un lugar (Bajo Següencoma) en el que la norma permite un máximo de 6 plantas.

También preocupa que las autoridades municipales digan, respecto de los proyectos inmobiliarios fuera de norma de una empresa: “‘Las construcciones, según la numeración que ellos le dan, son nueve y se iniciaron durante la gestión anterior. Todas son una situación heredada, conocida y no atendida por la anterior gestión’”.[3] El proceso de fiscalización debe ser permanente, es cuestión de estado, no es de una u otra gestión y si una falló la otra debe corregir la falla, por el bien de la ciudad.

Las construcciones fuera de norma continúan en su proceso, avanzan, crecen y, se hayan iniciado hace años o recientemente, deben ser objeto de fiscalización, la fiscalización garantiza el cumplimiento de la norma y ésta la ocupación adecuada del territorio. ¿Cómo es eso de “No podemos pronunciarnos sobre la situación legal de los proyectos” porque “según el sistema de información territorial, no existen solicitudes de permisos de construcción a su nombre”?, la declaración figura en la nota periodística de Página Siete de 24 de enero, en la que se aclara que corresponde a Vladimir Ameller, Secretario Municipal de Planificación hasta “el 14 de enero pasado”. No habrá solicitudes de permisos, pero hay obras de construcción concluidas y en avance que están fuera de norma y grandes campañas de difusión de negocio inmobiliario que atentan contra la ciudad con ofertas de edificios cuyos proyectos están también fuera de norma; ¡¡¡observar estas irregularidades es FISCALIZACIÓN y ésta es una responsabilidad ineludible del GAMLP, en la actual, la anterior o cualquier otra gestión!!!

Toma de pantalla de la página oficial del Diario Página Siete (edición de 24 de enero de 2022) de cuyo texto se puede deducir que se habría considerado en el Concejo Municipal una «previsión» de infracción e impulsado una «nueva norma de regularización». Fotografía: toma de pantalla de la página oficial de Página Siete, edición 24 de enero de 2022, paginasiete.bo

Tampoco es posible que se acepten argumentos para justificar la infracción apoyados en una “norma de regularización”, como alegan los infractores, según nota del diario Página Siete: “‘Nuestras construcciones no son ilegales, hay una ley de regularización a la que nos estamos acogiendo’, sostiene Harold A. Lora Seoane (H.L.), gerente propietario de los edificios Las Loritas, en entrevista con Página Siete” (edición domingo 30 de enero de 2022). Aunque afirmen lo contrario SI son ilegales, y lo saben, si no lo fueran no estarían “acogiéndose a una regularización”. La experiencia ya ha demostrado que una “norma” como esa no hace otra cosa que “legalizar lo ilegal” y, además, abrir caminos para fomentar la irregularidad sin ningún beneficio para las mejores condiciones del desarrollo urbano.

Una afirmación que puede provocar risa, «no somos ilegales» y pretenden «REGULARIZAR» 6 EDIFICIOS FUERA DE NORMA!!! ¿No es eso una situación de ILEGALIDAD que se quiere «resolver» con una «sanción de multa pecuniaria» cuyo monto, seguramente, no hará mella en su negocio? Fotografía: toma de pantalla de la página oficial de Página Siete, edición 30 de enero de 2022, paginasiete.bo

Ya se está generalizando la actitud de infringir la ley y esperar la “norma de regularización” para legalizar la infracción, tal como lo demostré en la entrada con el título “Fuera de Norma!!!” (10 de agosto de 2019), infracciones grandes que acaban “legales” convirtiendo «la sanción de demolición en sanción de multa pecuniaria” (Artículo 22 de la Ley Municipal 233 y Artículo 85 de su Reglamento). Esta “monetización”, un ingreso a las arcas municipales, alcanza a montos que, para el ciudadano de a pie, parecen muy altos, pero para el infractor el monto, con seguridad, está dentro de sus márgenes de “riesgo” en su inversión, por lo que la única verdaderamente perjudicada es la ciudad.

Aunque la ley prevé la sanción, son claras las dificultades para llegar a una demolición de las áreas en infracción de las construcciones porque el GAMLP está abandonado por el sistema judicial (fiscales y jueces) que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, debiera apoyar plenamente a la fiscalización municipal para garantizar el cumplimiento de la ley. Sin posibilidad de demolición, las multas por infracción deben ser lo suficientemente fuertes como para evitar que los inversores inmobiliarios se sientan tentados a generar obra fuera de norma, por lo que la “monetización” que se utiliza debiera calcularse con base en la superficie de construcción fuera de norma y un precio por unidad de superficie superior al del valor comercial de la construcción, anulando cualquier posibilidad de negocio que pretenda aprovechar la infracción.

[1] Texto Ordenado Leyes Municipales Autonómicas Nros. 017 – 024 -050 -080, GAMLP.

[2] El artículo de prensa de Página Siete no aclara si se refiere al señor alcalde municipal Iván Arias.

[3] Diario Página Siete, Sección Sociedad, edición 24 de enero de 2022.

Imagen destacada o de cabecera: elaboración propia con fotografías de la campaña de promoción del edificio «Las Loritas 10» publicada en internet y de la nota de prensa de Página Siete en su edición de 24 de enero de 2022.

Propiedad Privada?

El 2 de enero de 2019 publiqué una entrada con el título: «Las instituciones públicas NO son propietarias», haciendo notar un problema de errónea interpretación de la ley respecto de derecho propietario y uso de la propiedad pública. Esta imagen muestra algo que encontré en el centro (Av. Mariscal Santa Cruz esquina calle Socabaya) que confirma ese error de interpretación con el que las instituciones (la Caja Nacional de Salud en este caso) se abrogan derechos de libre disponibilidad de la propiedad pública que no son legales.

DEGRADANDO EL ESPACIO PÚBLICO DESDE EL ESTADO

Cuando se sale y se va al centro de la ciudad después de mucho tiempo, uno puede llevarse una desilusión como la que genera el observar el enorme incremento en la ocupación del espacio público por el comercio informal, pero también, como en este caso, sustos. El 17 de mayo de 2021 publiqué en este blog una “mini-entrada” con el título de “Espacio Público y rejas!!!” en el que afirmaba que “Cuando la DEMOCRACIA no funciona desde el gobierno … las rejas en los edificios públicos (una de las formas del espacio público urbano) se hacen una necesidad”, una preocupación que surgió al ver rejas en el acceso al auditorio del emblemático proyecto del Arq. Juan Carlos Calderón para el Centro de Comunicaciones de La Paz, hoy sede de ministerios y transformado en panel para propagandas, incluso luminosas, de bastante mal gusto. Aunque esto de la propaganda no es el tema de esta entrada, es interesante comentar que forma parte de la chabacanería de usos y costumbres muy propios de nuestra cultura popular y se trata de convertir cualquier objeto en una especie de traje folclórico de fiesta, algo bastante exacerbado en los últimos años.

La propaganda inserta sobre el edificio por organismos del Estado Central, en estos casos con características algo menos agresivas que en otras oportunidades, de las que no pudo enco0ntrarse imágenes.
Fotografías de la página del Centro de Comunicaciones de La Paz

Volviendo al hilo del tema, la sorpresa y el susto se presentaron cuando comprobé que las rejas habían hecho un importante avance para rodear TODO el edificio, corolario de una tarea de cerramiento que se inició también en los últimos años, uno de los muy pocos e incipientes cambios dentro del llamado “proceso de cambio”, haciendo, por alguna razón, de las rejas una necesidad.

Las primeras rejas se instalaron hacia 2008 cerrando el pequeño atrio del Auditorio y los accesos al espacio público creado por el Arq. Juan Carlos Calderón sobre la cubierta de Correos. El cierre, desde mi punto de vista innecesario, respondió a la instalación de «controles de seguridad», que bien pueden hacerse al interior del hall principal, pero el ejercicio de la democracia parece no ser el fuerte de los organismos estatales.
Fotografías: izquierda de Google Maps; derecha de Empresa SICO.

El sector del centro en el que se ubica el Centro de Comunicaciones es un lugar que claramente se identifica como un “nodo” entre los contenidos de la imagen de la ciudad concebidos por Kevin Lynch: “los nodos son los focos estratégicos a los que puede entrar el observador, tratándose típicamente de confluencias de sendas o de concentraciones de determinada característica”.[1] La confluencia de la Av. Mariscal Santa Cruz y la Av. Camacho (resultante del diseño del Arq. Emilio Villanueva) y las calles Oruro y Ayacucho es un área de mucha vitalidad y actividad, además de atractiva para el encuentro de personas merced a su forma y espacio abierto, la presencia de la Facultad de Ingeniería de la UMSA, del Club de La Paz, del edificio de valor histórico de la ex-COMIBOL, del Obelisco y del monumento al Soldado Desconocido e importante actividad comercial hacen de este sitio un verdadero nodo y muy importante en la ciudad.

El NODO de la Mariscal Santa Cruz-Camacho en imágenes satelitales de dos años distintos. A la izquierda, en la imagen de 2017, se ve el «atrio de Correos» abierto (óvalo rojo), con gente que se apropia libremente del espacio público; a la derecha, en la imagen de 2021, el «atrio de Correos» está ya cerrado con rejas. Esta imagen se aprovecha para mostrar los edificios y elementos que hacen a la calidad del nodo.
Imágenes satelitales de Google Earth.

Por estas características del área urbana, una parte importante del espacio público fue, por muchos años, el “atrio del Correo”, parte interesante del proyecto del Arq. Calderón para el Centro de Comunicaciones, porque la gente lo usaba para estar, para encontrarse, para reunirse en amena conversación, para intercambiar cosas o aprovechar de la oferta de algún vendedor ambulante, sentándose en las gradas de ingreso a Correos, en resumen, darle vida al lugar con una apropiación libre, espontánea, agradable del espacio público, porque éste se concibe para esa apropiación, es su razón de ser. “La ciudad es ante todo el espacio público, el espacio público es la ciudad. Es a la vez condición y expresión de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos”.[2]

Imágenes que muestran el uso libre del espacio público, una apropiación espontánea que da vitalidad al área urbana. En la imagen de abajo puede verse (izquierda) la escalinata abierta, antes del enrejado, hacia el espacio público y el ingreso principal al bloque de oficinas. Fotografías: arriba imagen de Google Maps, abajo Bolivia Local.

El avance de las rejas, lamentablemente, alcanzó a ese espacio público, el “atrio del Correo” está cerrado y ocupado, la gente, que aún considera ese lugar una parte importante de la ciudad sigue llegando a él, sigue reuniéndose ahí pero en un área muchísimo mas pequeña, reducida a la acera, donde quiere “estar, conversar, intercambiar” pero ese pequeño espacio es, además, de circulación, en resumen, un espacio público degradado a causa de, lo que yo considero, una falta total de ejercicio de la democracia desde los administradores del estado.

El efecto del «enrejado» es, evidentemente, negativo; las posibilidades de una apropiación digna del espacio público por parte de los ciudadanos, más aún en condiciones adversas causadas por la pandemia, resulta prácticamente imposible, es claramente una degradación del espacio público generada desde la administración del Estado. Fotografías: Jorge Valenzuela.

Para cerrar esta entrega, me voy a permitir apoyarme en un texto ajeno pero que contiene todo mi pensamiento y mi sentir respecto del tema y porque yo no podría expresarlo con mejores palabras:

“El espacio público expresa la democracia en su dimensión territorial. Es el espacio de uso colectivo. Es el ámbito en el que los ciudadanos pueden (o debieran) sentirse como tales, libres e iguales. El donde la sociedad se escenifica, se representa a sí misma, se muestra como una colectividad que convive, que muestra su diversidad y sus contradicciones y expresa sus demandas y sus conflictos. Es donde se construye la memoria colectiva y se manifiestan las identidades múltiples y las fusiones en proceso. El espacio público democrático es un espacio expresivo, significante, polivalente, accesible, evolutivo”.[3]

El espacio público debe ser un lugar que permita la sociabilidad, apto y cómodo para las actividades de los ciudadanos y accesible para todos; estas características no suelen ser parte de nuestros espacios públicos, encontramos rejas por todas partes y, algunas veces, la falta de comodidad en ellos genera inseguridad, especialmente para los niños y adultos mayores. Fotografía de enteurbano.com

“La crisis del espacio público se manifiesta en su ausencia o abandono o en su degradación, en su privatización o en su tendencia a la exclusión. Sin espacio público potente, integrador socialmente, articulador física y simbólicamente, la ciudad se disuelve, la democracia que se pervierte, el proceso histórico que hace avanzar las libertades individuales y colectivas se interrumpe o retrocede, la reducción de las desigualdades y la supremacía de la solidaridad y la tolerancia como valores ciudadanos se ven superados por la segregación y por la codicia, por el egoísmo y la exclusión”.[4]

[1] Kevin Lynch, “La Imagen de la Ciudad”, Massachusetts, USA, 1960

[2] Jordi Borja, “Espacio Público y Derecho a la Ciudad”, Barcelona, España, 2012

[3] Ibid.

[4] Ibid.

Imagen destacada o de cabecera: Elaboración propia con fotografías de Diseño Bolivia, izquierda y de Turismo en red, derecha.

¿Fiscalización municipal?

Esta imagen circula en las redes sociales (Publicada por Magaly Palenque en Facebook) y contiene imágenes de promoción del proyecto «Las Loritas10» que sería construido en Calacoto, también contiene imagen de publicación de prensa (Diario Página Siete) y cuestionamientos sobre su legalidad. Efectivamente, la norma en ese sector del Distrito 19 permite 6 pisos de altura; si se aplican «Incentivos» (contenidos en la norma) y si estos aplicaran al caso del proyecto, se podría alcanzar a una altura de 8 plantas máximo. La promoción del proyecto menciona 26 plantas.

Destrucción del paisaje

Comparto una publicación en Facebook de Cynthia Patiño, una ciudadana de La Paz que, como muchos de los que vivimos en esta hermosa ciudad, sufre por lo que ocurre. No hay consideración, no hay control, no hay previsión, no hay voluntad…..están destruyendo el paisaje, el gran capital de nuestra ciudad y desde las autoridades ¿hay alguna reacción? Confirmadas las preocupaciones expresadas en la anterior entrada: «Expansión y Densificación» (14 de octubre de 2021)

Tuve que modificar un poco las fotografías de la autora para efectos de esta publicación-

Voy a transcribir el comentario de la autora de la publicación porque expresa tristeza e impotencia ante lo que veía al tomar estas imágenes:

«Hoy 20 de octubre, fundación del departamento de nuestra preciosa La Paz, ciudad mía. No hallamos mejor manera de celebrarte que con tractores para bajar tus montañas y lacerar tus hermosas superficies. Ningún día mejor para despedazarte a dinamitazos. Perfecto el momento para ver de qué nueva manera podemos violarte de tráfico, de polución, de basura, de huecos, de mugre, de plazas vandalizadas, de monumentos decapitados, de horrores arquitectónicos, de loteadores listos para saltarte al pescuezo y reventarte las entrañas. Hoy te festejo fantástica ciudad que nos diste todo, y nosotros, de regalo, te arrancamos la vida por tan generosa». Cynthia Patiño.

Realmente estamos mal, la destrucción del patrimonio natural no tiene freno, el paisaje que ha hecho de esta ciudad una ciudad maravilla no se respeta. Es seguro que estas fotografías corresponden a un área protegida ¿qué está haciendo el Gobierno Municipal?