Normativa para equipamientos….. ¿Existe? ¿Se cumple?

La Ley de Uso del Suelo Urbano (LUSU) para la ciudad de La Paz, vigente en su versión actual desde 2014, prevé en su Artículo 13 una base normativa para Equipamiento Urbano al que refiere como “las instalaciones emplazadas para satisfacer las necesidades comunitarias requeridas” y definiendo que “podrán ser de carácter privado, público o mixto”.

Al referirse a sus categorías, menciona equipamientos urbanos vecinales, distritales y regionales y establece que, para los vecinales y distritales, “su localización deberá cuidar que no se produzcan impactos negativos, especialmente ruido y tráfico, a los sectores habitacionales vecinos, correspondiendo su aprobación a la Subalcaldía respectiva” y para los regionales determina que corresponde “su autorización a la Unidad pertinente del Ejecutivo Municipal y aprobación del Concejo Municipal y que “los proyectos arquitectónicos, previamente a su aprobación, podrán realizar un estudio de impacto ambiental al sector, por el cual se determine las medidas de mitigación a implementar”.

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El Mapa de Uso de Suelos de La Paz es parte anexa del «Texto Ordenado Leyes Municipales Autonómicas Nros. 017-024-050-080» que acaba siendo la LUSU. Los colores definen los usos y los patrones de asentamiento que norman las construcciones. Las áreas marcadas con diferentes tonos de azules son equipamientos.

En el Artículo 14, además de definir, sólo como denominación, “patrones de asentamiento según destino” de los diferentes tipos de equipamientos (educación, salud, mercados, áreas verdes, terminales, etc.), la LUSU establece: “El Ejecutivo Municipal aprobará los proyectos de equipamiento e infraestructuras; considerando en el proceso de aprobación la normativa nacional, departamental y/o local sobre requerimientos de espacios específicos; asimismo tomando en cuenta las características de la edificación propuesta y su vinculación al entorno (morfología predominante, alturas, estructura vial, accesos); no considerándose el Parámetro de Área de Lote Edificable”. Debe aclararse que estos patrones de asentamiento y sus siglas aparecen en los planos de uso del suelo pero no tienen ningún tratamiento en las cartillas normativas de cada distrito.

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La imagen de la izquierda es un segmento del plano de uso del suelo del Distrito 19, correspondiente a una parte de la Zona Sur de La Paz. El área con forma ovalada es el barrio de San Miguel, construido en los años 60’s del Siglo XX sobre lo que fuera un hipódromo, la Urbanización Los Pinos está ubicada a su derecha. La imagen de arriba, a la derecha, muestra las referencias de colores del plano, en las que las la columna de la izquierda refiere a los patrones de asentamiento detallados en cartillas; la columna de la izquierda son patrones de asentamiento que no tienen cartillas específicas pero que están de alguna forma referidos y condicionados, con muy poco detalle, en el texto de la Ley. Como en todos los planos, las áreas marcadas con tonos de azules son áreas de equipamiento.

Valga esta introducción para permitirme hacer un análisis de lo que ocurre en la ciudad respecto de los equipamientos urbanos, públicos y privados, cuyos proyectos, por efecto de lo que establece la propia Ley, deben ser aprobados por el Ejecutivo Municipal y algunos llevados, en función de su tamaño y categoría, ante el Concejo Municipal.

Esta norma, no obstante su carácter de Ley Municipal, no es determinante en cuanto a obligaciones que debe imponer a quienes promueven la construcción de equipamientos para “cuidar que no se produzcan impactos negativos, especialmente ruido y tráfico, a los sectores habitacionales vecinos”, al decir tan permisivamente que podrán realizar un estudio de impacto ambiental al sector”, considerando, además, que los privados promueven grandes equipamientos que, a la vez y en muchos casos, son grandes negocios y que, en el sector público, los más importantes promotores de la construcción de equipamientos son el Estado Central y el propio Gobierno Municipal, que actúan en cumplimiento de sus atribuciones.

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El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) ha implementado un portal de información territorial muy útil para profesionales y vecinos, en un esfuerzo para promover la legalidad. En la imagen de abajo-derecha se ve un infograma referido a las infracciones que son pasibles a un Proceso Técnico Administrativo y el procedimiento a seguir para el mismo. Estos procesos pueden hacerse efectivos y lograr resultados, pero, en muchos casos, demasiados, pienso, es imposible aplicarse porque están involucrados otros gobiernos municipales, por indefinición de límites, o porque la capacidad de control del GAMLP ha sido sobrepasada. Estos procesos y sanciones también debieran aplicarse contra infracciones cometidas por organismos del Estado Central y por el propio GAMLP.

Definitivamente, el Estado Central, nuestro inquilino, muy mal inquilino, por cierto, está administrado por gente convencida de que su condición de gobierno les da autoridad para definir los lugares y condiciones  de  implantación, las características y patrones de asentamiento de sus equipamientos, en flagrante violación de la Constitución Política del Estado, que establece como competencias exclusivas del Gobierno Municipal “la elaboración de planes de ordenamiento territorial y de usos del suelo y el “desarrollo urbano”, competencias que le permiten establecer las normas que deben ser de cumplimiento de todos los que ocupan el suelo urbano y actúan sobre él, incluyendo el Gobierno Central.

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El Proyecto Teleférico, definido desde el Gobierno Central, no ha respetado  espacios públicos ni áreas verdes de la ciudad de La Paz, imponiendo, con prepotencia, «soluciones» para su funcionamiento sin aceptar la posibilidad de alternativas (propuestas por instituciones, organizaciones vecinales e incluso el GAMLP) que hubieran evitado la destrucción de dichos espacios que, por sus características e historia, eran parte de su patrimonio urbanístico.

¿Ejemplos? Además de las competencias arriba mencionadas, la Constitución también establece como exclusiva del Gobierno Municipal su competencia respecto del “transporte urbano” y, sin embargo, el proyecto del teleférico fue impuesto por el Gobierno Central y “puesto en consulta” con el Gobierno Municipal cuando el diseño de la primera fase estaba concluido, la implementación decidida y la construcción iniciada; además, tratándose de un proyecto inter-municipal, de escala metropolitana, debieron intervenir el Gobierno Municipal de El Alto y el Gobierno Departamental de La Paz, que nunca fueron, siquiera, consultados (aunque en el inicio del proyecto la Alcaldía de El Alto era un reducto del partido de gobierno, por lo que no le importó).

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Con el falso discurso de «descolonización» (falso porque ahora somos colonia china, colonia rusa, colonia cubana), el Gobierno Central emprendió contra el patrimonio arquitectónico y urbanístico, destruyendo un conjunto de viviendas republicanas, en buen estado de conservación, para imponer la construcción de sus «símbolos del nuevo estado descolonizado», de muy dudosa calidad arquitectónica y que, no han sido pensados en función de su impacto sobre el precario espacio público del centro. En la imagen superior, el vicepresidente posando para la foto en su «actitud descolonizadora»; en la imagen de abajo, detrás del actual palacio legislativo, asoma parte de lo que reemplazará a esas edificaciones que tenían muchos años de antigüedad y valores arquitectónicos innegables.

¿Otro ejemplo? No obstante que la Constitución Política del Estado establece que es competencia exclusiva del Gobierno Municipal la “promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, al Gobierno no le tembló la mano, como lo demostró su Vicepresidente, para tomar el mazo y emprender la demolición de importantes obras de la arquitectura republicana, patrimonio urbano y arquitectónico de la ciudad de La Paz, para construcción de la llamada “casa grande del pueblo” (sí, con minúsculas como debe ser) y del “nuevo edificio legislativo”, símbolos de su forzada y falsa prédica de “descolonización”.

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Iluminado como «salón de fiestas», el «palacio del proceso de cambio», cuya accesibilidad, y la de la vía, son coartadas cada vez que se les ocurre a sus «dueños» (imagen derecha-arriba) es demagógicamente abierto para eventos sociales muy acordes con el carácter de su iluminación (imagen derecha-abajo).

Hay muchos y variados ejemplos que muestran el abusivo atropellamiento de las normas urbanísticas de la ciudad por parte de la prepotencia gubernamental como ampliaciones de su infraestructura sobre áreas de retiro y construcciones, ampliaciones, remodelaciones y añadidos sobre edificaciones existentes, algunas patrimoniales, sin siquiera consultar con la autoridad municipal y, obviamente, sin permisos ni licencias de construcción; en estos casos poco o nada interesa si la norma dice “podrán” o “deberán” realizar estudios de impacto.

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En la imagen satelital (Google Earth) de la izquierda se han marcado: con amarillo, la ubicación del nuevo Mercado de Los Pinos, mostrando que en su diseño no se ha pensado en ninguna medida que lleve a reducir su impacto sobre el área urbana (retiro mínimo, no hay estacionamientos, no hay áreas de abastecimiento, etc.); con celeste, la ubicación del Hospital Municipal de Los Pinos, un equipamiento que, desde hace unos años, presta un muy buen servicio, pero diseñado con clarísimas restricciones para reducir el impacto de su implantación, es más, cuando se necesitó construir ampliaciones (marcadas con óvalos amarillos en la imagen de la derecha-abajo) se ocupó con ellas el retiro frontal que la norma exige para el área (el GAMLP incumpliendo SU norma); con verde una fracción de la tercera fase de la Urbanización Los Pinos; con rojo una parte de los hacinados edificios de la Urbanización Los Nuevos Pinos y con morado una muestra del proceso de densificación del área.

Es también preocupante que los equipamientos promovidos y construidos por el Gobierno Municipal de La Paz no se apeguen a las escasas normas que se tienen para este fin o que no prevean los impactos que su implantación y funcionamiento generan sobre las áreas urbanas que los reciben. Hay bastantes ejemplos, como el Mercado de Los Pinos, que, además de llevar varios años en el proceso de construcción, el estado en el que se encuentra muestra que no se ha previsto espacio de parqueo, ni áreas de abastecimiento en una avenida que hace rato presenta serios problemas de circulación. El Hospital Municipal de Los Pinos presenta el mismo problema y su deficiencia se suma a la descrita para la misma avenida, además que, habiendo necesitado ampliaciones, éstas han ocupado el espacio de retiro frontal (marcadas con óvalos amarillos en la imagen derecha-abajo), contraviniendo, desde el GAMLP, una de las pocas condicionantes normativas y cuyo ejemplo ha sido seguido por los vecinos (ver foto).

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En la imagen satelital de la izquierda se han marcado: con celeste, el nuevo edificio de Impuestos Nacionales (aun no funciona); con morado, un supermercado y su área de parqueo; con blanco, una clínica recién inaugurada; con verde, predios aparentemente municipales que sirven de garaje a buses PumaKatari; con amarillo, un colegio particular y con rojo un club de tenis privado. Una concentración de equipamientos que ya ha generado impacto (en la misma foto se ve el estacionamiento vehicular). En las imágenes de la derecha se ve el impacto del parqueo en vía pública que el funcionamiento, casi en un 100% del colegio, genera.

Pero, sin duda, es el sector privado el que aprovecha las indefiniciones normativas y el que menos prevé las dificultades que se producen en el uso del espacio público por falta de análisis serio y responsable de los impactos que la implantación de equipamientos genera en las áreas urbanas en las que se ubican. Colegios particulares en los que el uso del vehículo por parte de alumnos, docentes y padres de familia es ciertamente grande, equipamientos recreativos que, siendo un excelente negocio para sus promotores, no se preocupan por lo que generan sobre el espacio público que los rodea, como ocurre con el Megacenter y el Multicine o con los supermercados que muestran una sensible insuficiencia de áreas para tareas de abastecimiento, carga y descarga, cuando no de estacionamiento vehicular.

Se necesita, pues, una revisión urgente de la norma y de los procedimientos para su aplicación, una precisión mucho mayor en sus requerimientos para una ocupación del suelo en la que los impactos sean manejables y, por otro lado, RESPONSABILIDAD y CONCIENCIA por parte de las instituciones públicas y del sector privado respecto de sus obligaciones para con la ciudad y sus habitantes.

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En la imagen de cabecera o imagen destacada: una vista de la histórica Plaza Murillo con la Catedral, a la derecha, el Palacio de Gobierno, al centro y el Palacio Legislativo, a la izquierda conformando un conjunto  de importantes valores arquitectónicos e históricos. Detrás la monstruosa torre que, sin aprobación municipal, ha destrozado el patrimonio, ha conflictuado más al precario espacio público y ha destruido los valores del conjunto.

Urubó, Santa Cruz, ¡Horror de ciudad!!!

En una investigación de la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA-2017), se comprobó que en Porongo había 7.800 hectáreas de urbanizaciones, otras 11.000 hectáreas en Colpa Bélgica y 3.200 en Portachuelo, todas al “otro lado” del Río Piraí (respecto de Santa Cruz), en la zona conocida como “El Urubó” (ya nos referimos antes a las que están de “este otro lado del río” y que también son parte del gran problema del Área Metropolitana). En estas 22.000 hectáreas, hasta el año 2035, podrían asentarse, si demostraran eficiencia, unos 2.200.000 habitantes, más de la mitad de los 4 millones de pobladores que, calculan, tendrá el Área Metropolitana de Santa cruz para entonces.

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Imagen satelital (Google Earth) que muestra las urbanizaciones promovidas por el sector privado, a la izquierda las que se ubican cerca de Portachuelo y la Bélgica que han llevado a sus gobiernos municipales ha registrar «áreas urbanas» que multiplican hasta por diez la superficie de sus áreas urbanas actuales. A la derecha las que fueron objeto de comentario en la entrega anterior, ubicadas en el municipio de Warnes.
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La misma situación que en la imagen anterior, urbanizaciones privadas en el municipio de Porongo, las más pobladas hasta el momento y las que generan mayor presión sobre la ciudad de Santa Cruz actualmente.

En cumplimiento de normas nacionales, los gobiernos de estos municipios, sin un ápice de planificación y, obviamente, sin previsión, definiendo su “radio urbano”, registran como “áreas urbanas” estas urbanizaciones, aunque muchas están alejadas de sus actuales centros y no tienen aún pobladores; “por el momento, las urbanizaciones desiertas no han creado trabajo. A seis kilómetros está el centro de Portachuelo, pero acá el silencio solo se rompe con el rugido de los micros cruzando el Güendá y con las aspas de los helicópteros rojos que cortan el viento. Por el aire llegan los compradores de tierra que transforman estancias en urbanizaciones. Por tierra, la gente que sueña con vivir ¡en el Urubó! (Pablo Ortiz, Diario El Deber, 15/05/2017).

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Vistas del centro poblado de Porongo en las que se ve claramente que no tiene el imperativo de ampliar su «radio urbano», obligándose a hacer un registro de áreas urbanas por las urbanizaciones privadas.

Cuantas veces he expresado mi preocupación por lo que se está haciendo con el “hinterland” productivo del Área Metropolitana de Santa Cruz, lo he hecho imaginando lo que sucede cuando las tierras de muchas estancias, que generaron trabajo en el área rural, se convierten en “urbanizaciones”, producto de la inversión privada, para decirlo más claro, del “negocio inmobiliario”, implacable e irresponsable con el futuro de una región rica e importante para el desarrollo del país.

La preocupación debe ser mayor para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, porque toda esta irresponsabilidad de los negociantes inmobiliarios, en complicidad con las autoridades de los municipios “beneficiarios”, encandiladas por el supuesto “desarrollo” y las grandes cifras en posibles recaudaciones impositivas que les ofrecen, incrementa la presión sobre la ciudad, sus servicios, su infraestructura y su futuro, sin ninguna compensación con aportes de impuestos que le ayuden a enfrentar los problemas que le están generando.

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El Puente Foianini, la única conexión actual de la ciudad de Santa Cruz con la ribera opuesta del Río Piraí, cuya capacidad ha colapsado por la presión de las urbanizaciones privadas. Esta situación ha generado un debate respecto de la necesidad de otros puentes que, en su construcción, debieran atravesar el cordón ecológico, creado a lo largo de la ribera del río para proteger a la ciudad de desastres naturales.

Hay quienes piensan que se necesitan 4 puentes para cruzar el Piraí para conectar y servir a las urbanizaciones con la urbe, otros piensan que más, pero, al margen de la cantidad, la necesidad de puentes no es de la ciudad de Santa Cruz, es de las urbanizaciones privadas que se hicieron sin consultar con ella, por tanto, de ser tan importantes para las urbanizaciones debieron hacerse como parte de su infraestructura y, aún así, debiera concertarse otras soluciones, también a cargo del negocio inmobiliario y en las urbanizaciones (equipamientos y servicios sociales, servicios de gestión, equipamientos culturales, servicios comerciales, etc.) para reducir el impacto sobre la urbe que tiene serios problemas de movilidad, ambientales y de servicios.

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Esquemas de propuestas, que están en discusión, para conectar la ciudad con la ribera opuesta del Río Piraí, La necesidad de estas conexiones es de las urbanizaciones privadas; si a estas discusiones no se incluyen temas que deben ser encarados directamente por los promotores inmobiliarios y sus proyectos, como la inclusión de servicios sociales, de gestión, equipamientos y otros en las y para las urbanizaciones y sus pobladores, cualquiera de estas soluciones viales incrementará la presión sobre la ciudad y sus problemas.

Por otra parte, aumentando la presión sobre Santa Cruz, la Cámara de Diputados, en 2018, aprobó por unanimidad la modificación de artículos de las normas que declaran Patrimonio Histórico y Natural la Cuenca del Río Piraí y Parque Ecológico a todas las riberas del mismo, “con el fin de que los municipios de Montero, Warnes, Porongo, La Guardia, Colpa Bélgica y El Torno proyecten la construcción de puentes en el marco de sus competencias” (Radio Fides 02/03/2018). No se puede negar que “así, el cordón ecológico quedará como un coladero. No se puede perforar tanto…..” (Álvaro Fernández, presidente de la Federación de Asociaciones de Urbanizaciones y Condominios de Porongo-Faducop).

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Las vías externas que comunican a las urbanizaciones cerradas muestran una pobrísima calidad de ambiente urbano que no parece tener solución.

Quienes creen que ampliando los anillos de la ciudad para conectar y absorber a las urbanizaciones en la mancha urbana “planificada” no piensan en la calidad de espacios urbanos que se están creando con las “urbanizaciones cerradas”, muy seguras y paradisíacas dentro de los muros que las contienen y, por fuera de éstos, vías flanqueadas por murallas, vacías como “tierra de nadie”, conformando “espacios urbanos” nada atractivos, innecesarios para quienes viven en la burbuja dorada de su encierro de lujo, salvo para movilizarse hacia Santa Cruz y vivir de su ambiente urbano cuando dejan, por necesidad, su cómoda vivienda. El mantenimiento de estas vías, horribles como espacios urbanos, seguramente entrará como obligación del gobierno municipal respectivo y también la seguridad que, en espacios vacíos, es un problema mayor.

Ojo Santa Cruz!!! Tienes derecho a reclamar por tu derecho a ser consultada para modificar tu entorno, a que la planificación consciente, la ley y las autoridades que deben velar por su cumplimiento demanden al negocio inmobiliario cumplir con las obligaciones y a que su derecho a utilidad, innegablemente cuantiosa, esté dentro del principio de primacía del bien común.

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En la imagen de cabecera o imagen destacada: las paradisíacas propuestas de las urbanizaciones cerradas que, con sus diseños de «estilo Dubai» y sus propios medios de comunicación, convencen a la compra de terrenos y construcciones de viviendas de alto costo.

 

Negocio inmobiliario golpea al Área Metropolitana de Santa Cruz

El Área Metropolitana de Santa Cruz, con más de dos millones de habitantes, abarca todos los municipios de la Provincia Andrés Ibañez y uno de la Provincia Ignacio Warnes y en ella, la población urbana del municipio La Guardia ha crecido, entre 2001 y 2012, con una tasa de 19,9% anual (¡!!), producto de una provocada expansión, con algo de discontinuidad, de la mancha urbana de Santa Cruz de la Sierra, traspasando la frontera municipal, con urbanizaciones que, seguramente, han sido promovidas por el sector privado; el más cercano de estos asentamientos se encuentra a más de 3 km. del centro poblado de La Guardia.

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En la imagen satelital (Google Earth) de la izquierda, se ve el ärea Metropolitana de Santa Cruz; se han marcado con círculos rojos los centros poblados de los municipios respectivos y con círculos celestes algunas de las «urbanizaciones», promovidas por el sector inmobiliario privado, ubicadas en otros municipios en los que pagan impuestos, que están generando presión sobre el centro urbano mayor (Santa Cruz). En la imagen de la derecha, el mapa del territorio del Municipio de Santa Cruz de la Sierra que muestra la mancha urbana de la ciudad dentro de sus límites. (Imagen del GAMSC).

También dentro del área metropolitana de Santa Cruz, la población urbana del municipio de Warnes ha crecido, entre 2001 y 2012, con una tasa de 13,3% anual, un dato igual de impresionante que el anterior, también producto de la expansión de Santa Cruz provocada por inversiones privadas, incluido el Parque Industrial Latinoamericano, un enorme emprendimiento privado que cuenta con apoyo estatal, las varias etapas de la Urbanización Pentaguazú y otras que “coincidentemente” son promociones del mismo “grupo” inmobiliario. La “urbanización” en el territorio municipal de Porongo, que también es un problema similar, con los desarrollos inmobiliarios de Urubó será motivo de otra entrega.

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Imagen que muestra el Parque Industrial Latinoamericano, emprendimiento promovido por la empresa del sector inmobiliario «Grupo Lafuente». (Imagen obtenida del sitio de «Grupo Lafuente»)

En todo este proceso de “urbanización” promovido por el sector privado, se puede inferir que los gobiernos municipales de Warnes y La Guardia poco tuvieron que ver en su planificación y control, dado que, en el momento de iniciarse estos emprendimientos inmobiliarios, eran municipios institucionalmente muy pequeños. Tampoco parece ser muy evidente y activa la participación del Gobierno Municipal de Warnes en lo que, indudablemente, es el proyecto más grande y ambicioso que el país ha conocido en el campo de la urbanización, “La Nueva Santa Cruz – Ciudad Inteligente”.

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Imagen para promover el proyecto «Nueva Santa Cruz-Ciudad Inteligente» que muestra la ubicación del mismo e incluye la ubicación del Parque Industrial Latinoamericano y, en trazos blancos, las «urbanizaciones» también promovidas por el sector privado. «Las decisiones de inversión pública (como las mejoras en infraestructura de movilidad o la provisión de espacios verdes) también se capitalizan en el valor de las propiedades linderas» (CAF-2017), por lo que corresponde recuperar plusvalías por la infraestructura aprovechada. (Imagen promocional del sitio de «Grupo Lafuente»)

“Nueva Santa Cruz – Ciudad Inteligente”

Precisamente, por ser un proyecto de escala mayor, diseñado para albergar a 370.000 habitantes, es un interesantísimo tema de estudio y análisis en los campos de la planificación y el ordenamiento territorial y ojalá se hagan públicos sus estudios porque generarán muchos elementos de análisis y otros sobre la responsabilidad público-privada con relación a la región y el Área Metropolitana de Santa Cruz.

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Imagen satelital (Google Earth) que muestra el Área Metropolitana de Santa Cruz, ratificando la importancia del «hinterland» productivo. El círculo celeste muestra la ubicación, aproximada, del proyecto «Nueva Santa Cruz».

La característica más interesante del Área Metropolitana de Santa Cruz era que en ella aún no se producían procesos de conurbación y las relaciones funcionales entre los asentamientos intermedios y menores y con el centro urbano mayor se generaban vía el “hinterland” productivo, por lo que su planificación era un desafío que debía iniciarse con un ordenamiento territorial que consolide un sistema de ciudades en el que debía encararse la planificación de los asentamientos intermedios y menores, previendo su expansión y protegiendo la capacidad productiva de las tierras de su “hinterland”.

Lo que ha ocurrido, y está ocurriendo, a partir de las intervenciones de “urbanización” privadas, es que se ha provocado la expansión del centro urbano mayor, Santa Cruz de la Sierra, en territorios municipales vecinos, ocupando tierras productivas con asentamientos alejados de las ciudades menores y más ligados a la gran ciudad, aunque los impuestos de estos asentamientos van a otros municipios, incrementando la presión sobre la urbe y su capacidad en la prestación de servicios, provocando una demanda mayor de transporte y de infraestructura por la necesidad de movilidad hacia Santa Cruz.

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Imagen promocional del proyecto «Nueva Santa Cruz», mostrando, como corresponde en toda propaganda, «las comodidades, el orden y la modernidad» de la nueva ciudad (con una arquitectura «muy gringa», para mi gusto), amplios «espacios públicos» para el comercio y anchas avenidas. Hoy Santa Cruz, «la original», es una ciudad diseñada y hecha para el automóvil, «la nueva» parece ir por el mismo camino. (Imagen promocional del sitio de «Grupo Lafuente»)

El megaproyecto “Nueva Santa Cruz – Ciudad Inteligente”, pretende construir una ciudad sobre 6.000 Has. ciudad sobre la que no sabemos mucho de sus características importantes, nada más de lo que la superficial información que la propaganda del promotor inmobiliario presenta: “3.000 hectáreas para uso residencial y vivienda; 700 hectáreas para espacios comerciales y de negocios; 2.300 hectáreas para infraestructura urbana”, además de los floridos adjetivos para calificarla como: “agradable, saludable, espaciosa, recreacional, ecológica, amigable, avanzada, moderna, inteligente, múltiple, dinámica, segura, confortable”, al parecer “perfecta”.

Pero….., si las otras “urbanizaciones” han generado una enorme presión sobre la ciudad de Santa Cruz y un tremendo desequilibrio en el Área Metropolitana y en las relaciones funcionales de los asentamientos de lo que debiera ser un sistema de ciudades de crecimiento planificado y parte de una búsqueda de eficiencia espacial en la producción, desarrollando áreas productivas y centros de consumo que funcionen como un sistema sostenible, ¿qué podrá provocar un negocio inmobiliario en el que se pretende asentar “100.000 familias y el establecimiento de 10.000 empresas”?

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Imagen que muestra los amplios y diseñados espacios recreativos del proyecto, imagen atractiva como corresponde a una buena propaganda; lo que no aclara la imagen es ¿a quién corresponde la logística y el presupuesto para el mantenimiento de estos espacios? (Imagen promocional del sitio de «Grupo Lafuente»)

Hablando de sostenibilidad, no solamente de la “Nueva Santa Cruz” si no, también de la “vieja” y del Área Metropolitana, el periodista Carlos Valverde defiende la conservación del área de implantación del proyecto, en la que “hay mucha fauna y también mucha vegetación, hábitats secos y de ribera en pocos kilómetros cuadrados…..”, área a la que llama “joyita”, mostrando que “el espacio brinda servicios ambientales: mantenimiento de la biodiversidad, filtro de aguas contaminadas, protección de cuencas, barrera de vientos, recarga de acuíferos que no han sido valorados por los que le dieron luz verde (al proyecto), aunque el texto de arriba está en un informe que lo conocen los ‘fundadores’ (los promotores) y la Gobernación” (Diario El Deber, 23/09/2018).

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Factor importante para la sostenibilidad. Santa Cruz ha sufrido una deforestación implacable, a lo largo de los años, para dar cabida a nuevas áreas urbanas y a la ocupación de éstas; sólo la franja ecológica y de seguridad a orillas del Río Piraí se mantiene, aunque ya hay invasiones. Esto corrobora la preocupación del periodista Carlos Valverde transcrita en el texto.

Surgen, pues, muchas preguntas, que debieran ser respondidas y que no son una forma de rechazar el proyecto porque sí, si no preocupaciones expresadas para prever el futuro, alertando sobre los problemas que se ciernen, por ejemplo:

  • ¿Cómo se concibe el derecho propietario y, por ende, las responsabilidades públicas y privadas en la administración de ese territorio y de la infraestructura urbana (mantenimiento y expansión)? ¿Serán responsabilidades del Gobierno Municipal de Warnes, una parte y del de Cotoca otra?
  • ¿Tienen estos gobiernos municipales las capacidades técnica, administrativa y financiera para encarar responsabilidades sobre una ciudad de “370.000 habitantes y con 10.000 empresas”, además de las que tienen sobre sus territorios y con sus habitantes actuales?
  • ¿Se ha informado y, lógicamente, consensuado con los municipios del Área Metropolitana respecto de las fuentes de agua para abastecer a 100.000 familias y 10.000 empresas? y ¿se lo ha hecho sobre los espacios y las condiciones para la disposición y tratamiento de aguas servidas y de residuos sólidos que éstas producirán? Las “2.300 Has. para infraestructura urbana” ¿incluyen estas previsiones? O ¿se afectará a las fuentes, a la infraestructura y a las tierras del Área Metropolitana sin importar su impacto y su costo? Por lo pronto, la infraestructura metropolitana de la autopista a Warnes y la del proyecto de tren urbano están bien aprovechadas en el proyecto, por lo que corresponde recuperar plusvalías por la infraestructura aprovechada.
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La autopista Santa Cruz-Warnes, infraestructura propia del Área Metropolitana de Santa Cruz, que genera, además de solución a la movilidad, importante valor adicional a las propiedades vecinas; corresponde la recuperación de plusvalías.
  • Suponiendo que las mentadas “2.300 Has. para infraestructura urbana” incluyen escuelas, colegios, hospitales, centros de salud, infraestructura policial, bomberos, edificios de gestión y administración pública, cultura, correos, etc., etc., y que estos equipamientos serán construidos como parte del proyecto (como debiera ser) ¿se ha acordado con autoridades municipales, departamentales y nacionales respecto de personal, logística y presupuesto que el funcionamiento de estos servicios y otros implicará?
  • ¿Cómo se ha analizado el impacto del asentamiento de 370.000 personas en el área metropolitana, sobre todo en su «hinterland» productivo? ¿Cómo se prevé el impacto en la migración, sobre la expansión de la mancha urbana de Santa Cruz, sobre la expansión del propio asentamiento Nueva Santa Cruz y las áreas colindantes y sobre el «hinterland» productivo y qué políticas y acciones se deben considerar a futuro?
  • ¿Se ha medido el impacto del asentamiento sobre la capacidad, funcionalidad y ubicación de los equipamientos metropolitanos, aeropuerto, estaciones y terminales, por ejemplo? ¿A quién corresponderá asumir las medidas y los costos de éstas para minimizar impactos negativos?

Seguramente hay muchas más preguntas, pero esto ya se alargó bastante.

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Imagen de cabecera o imagen destacada, gráfico promocional del proyecto «Nueva Santa Cruz» (Imagen promocional del sitio de «Grupo Lafuente»).

El negocio inmobiliario «planifica» la ciudad

“La capital cruceña se posiciona por encima de urbes como Buenos Aires o Río de Janeiro. El sector inmobiliario asegura que el auge de proyectos enfocados en el negocio de alquileres va ‘viento en popa’”. El Deber 05/02/2019.

 “Ningún otro departamento del país cuenta con tantos nuevos proyectos en pozo o a estrenar. Pero además, los nuevos desarrollos en Santa Cruz suelen marcar tendencia en el sector por su arquitectura de vanguardia, sus propuestas ecológicas, sus sistemas de domótica  o sus novedosos sistemas de renta temporaria pensados específicamente para inversores”. (Bolivia.com).

Siendo la planificación un proceso de toma de decisiones, es necesario tener claro quién toma las decisiones en la planificación urbana en nuestro país; desde mi punto de vista, las decisiones son comandadas por el mercado inmobiliario. La planificación municipal, cuando se desarrolla, va un paso atrás de la consolidación de asentamientos, por lo menos en La Paz y en El Alto, eso es un hecho; en una entrega anterior hemos visto cómo estos emprendimientos inmobiliarios suelen avasallar áreas forestales, cerros que nunca debieron tener derechos propietarios privados e incluso áreas de riesgo.

Prensa
La prensa informa sobre los proyectos, resalta el paso a la «modernidad» que éstos representan y destaca la aceptación de las autoridades.

Cuando estos emprendimientos alcanzan dimensiones que casi rondan la megalomanía, logran convencer a un amplio porcentaje de población detrás de argumentos de “desarrollo”, “modernidad”, “poner la ciudad al nivel de las grandes urbes del mundo”, etc. es cuando debemos considerar las condiciones bajo las que se desarrollan los mismos, ¿están normados por la ciudad?, o ¿es que la ciudad, a través de sus autoridades, y la población por su ansia de “desarrollo”, quedan tan impresionados por el supuesto “avance a la modernidad” o por “el hecho histórico” que tal negocio representará para la ciudad y lo aceptan con las mínimas condiciones?

Hay muchos proyectos de «urbanizaciones» que pueden ser objeto de este análisis, pero voy a referirme a dos proyectos cuya actualidad es innegable: el llamado “World Trade Center La Paz” o también conocido con el pretencioso nombre “Ciudad Toyosa”, en esta entrega, y el proyecto “Nueva Santa Cruz-Ciudad Inteligente”, en la siguiente, pero no para criticar las propuestas o su diseño, seguramente bien estudiados como tales, quiero referirme a las condiciones que estos proyectos debieran cumplir para su inserción en la ciudad el primero y en el área metropolitana de Santa Cruz el otro.

“World Trade Center La Paz – Ciudad Toyosa”

Se ubicaría en la llamada “Curva de Holguín”, en un área que hace años fue un cerro elevado (otra vez cerros con derecho propietario privado) al que se le aplicó un implacable corte a máquina hasta convertirlo en una plataforma, en la confluencia del Río Choqueyapu, cuyo cauce está unos 30 metros abajo, con el ahora embovedado Río Orkojahuira, por lo que es una “punta” de tierra. La topografía y la ocupación de la ladera del cauce del Choqueyapu han impedido, por muchos años, ampliar el ancho de vía de la Av. del Libertador que, luego de una curva cerrada, se encuentra con la Av. de los Leones, construida sobre el embovedado del Orkojahuira.

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La fotografía satelital muestra el área de la «Curva de Holguín», en la que se ve la plataforma resultante de un enorme movimiento de tierras que, hace algunos años, bajó un cerro. A la derecha una vista desde e sur, en la que se ven las estaciones del teleférico, el arranque de la Av. de Los Leones y, al fondo, uno de los Puentes «Trillizos».

La forma del predio, por tanto las curvas de la avenida, la condición de vía principal de la red urbana, de punto de conexión del centro con el sur de la ciudad y con el norte (Miraflores), hacen de este sector un punto conflictivo para la circulación vehicular y ni qué decir para la movilidad peatonal, a esto se suman dos estaciones, que interconectan tres líneas del teleférico, ubicadas dentro el terreno de implantación del megaproyecto. Por otra parte, la Ley de Uso del Suelo Urbano (LUSU), norma vigente, establece el área, en la que está insertado el predio del proyecto, como AR (Aires de Río), por lo tanto con importantes condicionamientos para su ocupación (incluso sin posibilidad de ocupación con construcciones), que deberían ser considerados para una posible aprobación, de parte del GAMLP, por tanto de la ciudad, de esta «mega intervención».

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La propuesta concentra los edificios en el borde este-sureste del predio. Por lo que muestra la perspectiva, el porcentaje de ocupación del suelo es altísimo (AMC en la norma de la ley LUSU), «remediando» con cubiertas verdes que no permitirán vegetación alta (árboles).

El impacto del proyecto sobre el área puede ser enorme, a las mencionadas poco amigables condiciones del predio, a los equipamientos que ya funcionan en él y a su entorno se sumarían seis torres, una de 60 pisos, de oficinas, vivienda, centros comerciales y otros en 35.000 m2 construidos sobre un predio de más o menos 4 has. de superficie (40.000 m2) de las cuales cerca de 1 ha. (10.000 m2) está ocupada por las estaciones del teleférico (estos datos son aproximados porque no han sido publicados y son resultado de apreciación). “Suponemos que tendrá un tráfico de hasta 12.000 personas, declara el promotor; como un parámetro de comparación para tener una idea del posible impacto, el Proyecto de Urbanización «Los Pinos» albergó, en su primera fase, en los años 70’s del Siglo XX, 4.500 personas y fue el detonante para la transformación de la Zona Sur hasta llegar a su actual congestión.

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En la planimetría de arriba se puede ver que se han diseñado soluciones viales que, se supone, optimizarán el flujo vehicular; todas estas obras viales debieran ser encaradas por el proyecto «Ciudad Toyosa». Es necesario acotar que el gobierno municipal ha proyectado un viaducto para resolver la accesibilidad a Obrajes, por lo que la propuesta que se muestra deberá ser adaptada, por tanto re-diseñada.

Entendiendo que será un hecho que el proyecto afrontará las inversiones necesarias en adecuar la infraestructura del entorno para minimizar el impacto tanto como para garantizar su propio funcionamiento, un emprendimiento inmobiliario de esta magnitud mínimamente requiere:

  • estudio de tráfico que analice los flujos del tráfico urbano y del ingreso y salida de vehículos que ocuparían 3.000 plazas de parqueo, garantizando que se minimice el impacto sobre el ya complicado tráfico vehicular en el sector;
  • sistema de tratamiento de aguas servidas para que, ya limpias, se realice su evacuación al río;
  • estudio de consumo de agua potable y análisis de presión para incluir soluciones que garanticen que el altísimo consumo que demandará no afecte a las ya exiguas condiciones de dotación del servicio en el sector y en su área de influencia (Obrajes y Zona Sur);
  • sistema interno y propio de recolección diferenciada (selección) de residuos sólidos para facilitar el recojo por parte del servicio municipal;
  • la ocupación del subsuelo y de las plantas inferiores se ve tan grande que las posibilidades de plantar vegetación alta (árboles) se reducirá a un área muy pequeña del total del proyecto, éste debiera garantizar se equilibre la superficie de espacios verdes y arborización con la altísima ocupación del suelo.
  • Dado que gran parte de las «áreas verdes» del proyecto se ve que están sobre cubiertas de edificaciones de propiedad de «Ciudad Toyosa», ¿cuál sería la situación legal de estas áreas verdes? ¿serán privadas o públicas? Si fueran privadas, ¿cuál el beneficio para la ciudad al permitirse tremenda intervención?, y si fueran públicas, al estar ubicadas sobre cubiertas de propiedad privada resulta muy difícil imaginar las condiciones de su uso público, de su administración, de su mantenimiento e, incluso, de cobro de impuestos.
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Una imagen «vendedora» del proyecto; nuevamente se ve el altísimo porcentaje de ocupación del suelo que se intenta «compensar» con áreas verdes sobre cubiertas, solución mucho menos eficiente para las condiciones medioambientales que la que conseguirían áreas verdes sobre terreno

Finalmente, debería estudiarse el impacto del proyecto sobre el futuro del sector de su implantación, como el que se dió en el Sur con la Urbanización «Los Pinos», esta vez con responsabilidad compartida entre el gobierno municipal (GAMLP) y los promotores, dado que será inevitable el surgimiento de una serie de equipamientos privados por la atracción de tal concentración de población, que se sumarán a los equipamientos ya existentes y en expansión, correspondiéndole al GAMLP el control de autorizaciones y construcciones así como la revisión de la norma y a los promotores del proyecto la inversión en las soluciones que demande el enfrentar este impacto.

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En la imagen de cabecera o imagen destacada, vistas de los dos megaproyectos: «Ciudad Toyosa-World Trade Center La Paz»  y «Nueva Santa Cruz-Ciudad inteligente». Ambas son imágenes promocionales de los proyectos obtenidas de la red.

PRIORIDAD

El deslizamiento de una celda del relleno sanitario de Alpacoma es, por sí solo, un serio problema ambiental y a ello se suma la acumulación de basura en la ciudad por el bloqueo del acceso al relleno sanitario por parte de “organizaciones sociales” que también impiden se dé curso a un acuerdo logrado con el Gobierno Municipal de El Alto para llevar la basura al relleno sanitario de Villa Ingenio de esa ciudad.

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Imagen superior, una vista del deslizamiento en Alpacoma, la imagen inferior muestra cómo se acumula la basura por la intransigencia de las «organizaciones sociales» afines al partido de gobierno.

Mientras el gobierno central, por medio de sus ministros busca e insiste sobre los problemas del relleno o la licencia vencida y se hace de la vista gorda respecto de los bloqueos de sus adeptos, la emergencia sanitaria es más grave día a día.

El gobierno está muy feliz por el traspié del alcalde de La Paz, “un opositor en problemas”, entonces actúa para buscar la manera de hundirlo y no ve que, como gobierno, también tiene la OBLIGACIÓN de apoyar en la solución de la emergencia sanitaria, esa es la PRIORIDAD, la gente es la prioridad, luego de solucionada ésta que haga todas las maniobras políticas que quiera!!!

URBANIZACIÓN Y PAISAJE

Con la ocupación del territorio producida por los 470 años de consolidación de la ciudad de La Paz, desde su fundación por los españoles en 1548, es muy difícil imaginarse lo que los conquistadores encontraron en el Valle del Chuquiago; por lo que se sabe, encontraron un valle fértil, con la poderosa presencia del nevado Illimani y asentamientos dispersos, iniciados bajo el influjo de la explotación de oro y, luego, dedicados a la agricultura. Una topografía compleja, regada por muchos cursos de agua de cinco cuencas hidrográficas, tan compleja que llevó a la administración de los conquistadores a considerar su traslado, al poco tiempo de su fundación, también por el agotamiento de las minas de oro.

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Las fotos de la izquierda, si bien no son del valle de Chuquiago (son de Sorata y «Río Abajo»), dan una idea de cómo pudieron haber visto los españoles el territorio al llegar al valle, su paisaje natural con pequeños asentamientos humanos. A la derecha, arriba, un gráfico, extractado del libro «La Paz» de Álvaro Cuadros B. (2004) que muestra la hidrografía del valle antes de su ocupación por la ciudad de La Paz; actualmente, esos cursos de agua, son el sistema de alcantarillado urbano. Abajo, a la derecha, la imagen satelital de «Google Earth» que muestra la mancha urbana de La Paz en la actualidad (2018).

Es obvio que para los conquistadores la fuerza y belleza sobrecogedora del paisaje era el argumento menos importante para valorar el nuevo asentamiento, pero ahora el paisaje natural del área de asentamiento de la ciudad de la ciudad de La Paz es uno de sus valores más importantes, motivo fundamental de su denominación como «ciudad maravilla». Sin embargo, es seguro que no todos están de acuerdo con esta importancia, la presión de la urbanización se ha “dedicado” a destruir estos valores, por tanto, a transformar de forma inmisericorde ese paisaje, transformación en la que, como no puede ser de otra manera, el negocio inmobiliario, sin importarle mucho, tiene la mayor responsabilidad, como también la tiene el estado. Hace pocos meses nos hemos enterado de las concesiones mineras en el nevado Illimani, un golpe muy doloroso para el más significativo emblema del paisaje natural de La Paz, que parece no causar preocupación en nadie, tampoco en las autoridades.

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El avasallamiento de áreas protegidas municipales y de áreas paisajísticas de la ciudad parece ser irreversible, la ocupación por «loteadores de cuello blanco» de tierras que, en virtud de lo establecido en la Ley de Reforma Agraria, debieron ser del estado, no tiene control y se respalda en documentación cuyo origen es inexplicable.
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Este gráfico muestra información oficial (2013) de cómo las áreas protegidas municipales son invadidas (manchas rojas) con muy pocas posibilidades para el Gobierno Municipal de ejercer un control efectivo para su preservación. (Gráfico del estudio de Yamil Maidana Tuco, Carrera de Biología de la UMSA, publicado por Página Siete)

Ya me he referido antes al oscuro y, sin lugar a dudas, corrupto manejo de la documentación y la legalidad de la propiedad rural posterior a la Reforma Agraria (1953), lo que ha permitido, y lo sigue haciendo, un proceso de urbanización con una ocupación indiscriminada, descontrolada y hasta irresponsable del territorio, generando grandes problemas de vulnerabilidad e inseguridad a los que se suma la destrucción del paisaje natural. Vanos son los esfuerzos del GAMLP para preservar las áreas protegidas municipales, la invasión de “loteadores” que exhiben documentación de derechos propietarios fraguada a lo largo de años, que aprovechan indefiniciones jurisdiccionales (límites intermunicipales) y que demuestran una total falta de respeto por la norma y por los incipientes esfuerzos de planificación.

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A pesar de las dolorosas experiencias que conmovieron a la ciudad en años pasados («febrero negro», 2002 o «megadeslizamiento», 2011, fotos de la izquierda), se siguen generando irresponsables asentamientos en áreas de riesgo (imagen centro, ladera oeste), las que, técnicamente se ha demostrado, se presentan en amplias áreas de la mancha urbana, lo que obliga al GAMLP a realizar importantes inversiones en prevención de riesgos (imágenes derecha). No sólo es un problema de paisaje urbano, es un tema de seguridad.
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La arquitectura, obviamente, tiene un rol fundamental en el paisaje y el medio ambiente urbanos. En la foto inserta arriba, a la derecha, se ve lo que yo considero un error del maestro Juan Carlos Calderón (es mi opinión personal y sostengo que errar es humano), una propuesta arquitectónica algo «pretenciosa» en un intento de «diálogo» de la obra con la naturaleza; no obstante ese error, la arquitectura del edificio muestra la calidad innegable de la obra del maestro. El proyecto original de Calderón siempre fue de dos torres, la segunda se construyó recientemente (2018), después de muchos años de su concepción, pero, lamentablemente, se hizo una CARICATURA de la propuesta arquitectónica del maestro, esto sí que es pretencioso en extremo!!!
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La contaminación visual es realmente preocupante, la proliferación de cables aéreos, además de las condiciones de inseguridad que generan, deterioran el paisaje y el ambiente urbanos; irónicamente,  el edificio patrimonial detrás de la maraña de cables en la foto del centro, a la izquierda, es el Palacio Consistorial (Alcaldía) y el de la foto inferior a la izquierda es el edificio conocido como «Palacio Chico» y es el Ministerio de Culturas. La proliferación de carteles, propagandas y anuncios producen una imagen caótica, poco estética y totalmente desvalorizada de la ciudad. (Las imágenes sobre cableados, usadas en la composición, pertenecen al diario Página Siete y a BETM)

El paisaje urbano no solamente depende de la configuración natural del territorio en el que se asienta la ciudad, su calidad se logra con la calidad del espacio público, con la arquitectura que lo conforma, con los componentes físicos de sus sistemas de servicios y redes. La gran contaminación visual en el paisaje urbano es responsabilidad de las instituciones proveedoras de servicios (cables, postes, cabinas) así como de las empresas comerciales (propaganda, avisos) a las que poco o nada les preocupa la calidad del espacio público, del ambiente o del paisaje urbano, mientras su negocio esté asegurado y, lamentablemente, lo aceptamos así, lo usamos así y la autoridad lo consiente así.

La imagen de cabecera (imagen destacada) es una vista impresionante de la ciudad de La Paz y su paisaje natural; fotografía de Isacc Mamani (2018)

¿VIADUCTOS PARA LA PAZ?

La ciudad de La Paz ha entrado en una etapa por la que todas las grandes ciudades han pasado o la están viviendo, la etapa de resolver los tremendos problemas de circulación con megaproyectos de infraestructura vial que, de principio, funcionan hasta que, después de un tiempo, la nueva situación demanda nuevas “soluciones” y más complejos proyectos de infraestructura.

El mayor problema de este tipo de proyectos está en que, por su escala y características, deshumaniza totalmente el área de su implantación, suelen ser grandes puentes, pasos a nivel, zanjones, etc., hechos para el automóvil y a la escala del problema que quieren resolver.

La Plaza del Estadio (Plaza “Tejada Sorzano»)

En esta entrega me voy a referir al proyecto, en ejecución, del “Viaducto Tejada Sorzano” en la Plaza del Estadio Hernando Siles, a partir de observar la poca información que se ha publicado sobre sus características. Desde ya, en honor a la verdad, no se puede decir que el área del proyecto era un espacio muy “humano”.

Era tan riesgoso que resultaba casi prohibido para el ciudadano de a pié y una “solución” totalmente insuficiente para un flujo vehicular caótico que se movía alrededor de una plaza icónica por sus características morfológicas (una “reproducción” reducida del templete semi-subterráneo de Tiahuano) y por haber albergado, durante mucho tiempo, un monolito original de la cultura tiahuanacota (monolito Bennet, hoy en Tiahuanaco y reemplazado por una buena réplica); sin embargo, esta plaza era casi inaccesible para el peatón y se convirtió en un mal distribuidor de tráfico para la confluencia de ocho vías (cuatro de ellas de doble sentido de circulación) y en un peor espacio público.

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Plaza del Estadio o «Plaza Tejada Sorzano» en Miraflores, parte del diseño original del barrio elaborado por el Arq. Emilio Villanueva a principios del Siglo XX. La plaza y el «templete tiahuacota» y al fondo el Estadio «Hernando Siles» en su «nueva versión» de los años 70’s, luego de la dolorosa demolición del estadio diseñado por Villanueva.

El problema es mayor cuando el Estadio Siles recibe 25.000 personas para un espectáculo deportivo, con muy escasas áreas de descongestión peatonal e inexistentes espacios de estacionamiento vehicular, obligando a la ocupación de las vías para este fin, con las consiguientes complicaciones en los flujos de circulación, agravadas al momento de la descongestión “post evento”.

El proyecto Viaducto “Tejada Sorzano»

Información sobre el proyecto: https://www.youtube.com/watch?v=xYvAg95LPgc

Indudablemente, la propuesta va dirigida a facilitar el flujo del tráfico vehicular con grandes posibilidades de éxito y en este cometido, como un bono para la ciudad, logra ampliar el espacio público accesible en más de 7,000 metros cuadrados, generando un amplio atrio para el Estadio, un gran espacio de encuentro y de descongestión peatonal, aunque esto, para ser efectivo a esta función, aparte del apoyo con estacionamiento vehicular (parqueos), que acertadamente incluye (más de 250 plazas), requerirá a futuro de otras soluciones alrededor.

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La «planimetría» del proyecto, a la derecha el Estadio «Hernando Siles». Abajo y arriba los «zanjones» de los accesos al viaducto; en el centro el espacio público recuperado y el «templete» preservado. El acceso peatonal a la plaza desde el sur se percibe algo restringido.

Si bien el objetivo es resolver problemas de movilidad urbana, en el proyecto del Viaducto “Tejada Sorzano”, además de mejorar el flujo vehicular, en uno de los puntos más conflictivos de la ciudad, efectivamente devuelve el uso del espacio público al ciudadano de a pié, resultado que siempre debe ser logrado en este tipo de proyectos.

Templete
Arriba, el «templete tiahuanacota» antes de los trabajos; con seguridad será demolido para posibilitar la construcción de los estacionamientos vehiculares subterráneos y reconstruido posteriormente. Abajo una vista del proyecto con el «templete» en el centro de la plaza.

El proyecto preserva y revaloriza el “templete tiahuanacota”, que ya es patrimonio de la ciudad y un atractivo turístico, haciéndolo más accesible e incorporándolo al espacio público; este espacio, con seguridad, se llenará de comercio informal en días de espectáculo deportivo, aunque esto es bueno como parte de la fiesta siempre y cuando no se vuelva permanente y, por otra parte, los anaqueles de vendedores fijos no aumenten a más de los 20 que han sido retirados para iniciar obras.

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Una vista, desde el sur, de la Plaza y el viaducto. En primer plano los zanjones que me asustan y preocupan y la vista de algunos espacios peatonales que pudieran considerarse como «espacios residuales», propios de este tipo de proyectos, que deberán ser analizados para evitar su tugurización.

Más allá de temas estéticos y de ingeniería, el mayor impacto lo generan los zanjones de acceso a los viaductos, creando barreras que, aunque en la avenida el flujo vehicular ya era una barrera, estas entradas son, a la vista y en sensación, notoriamente muy fuertes. Reclamaría un poco más de vegetación alta (árboles) y, siempre insistiré, en que es necesario observar con detalle la calidad de los espacios residuales que siempre se generan en este tipo de proyectos, espacios que, por sus características (pequeños túneles, rincones sin uso), tienden a convertirse en tugurios peligrosos, insanos e inseguros, pero que, con estrategias para el uso y con diseño se pueden resolver y transformar en espacios útiles, seguros e incluso agradables.

Avasallando la Propiedad Pública

Son muchos los frentes de presión que la ciudad debe contener para conservar las oportunidades que, a través de la normativa, se ha pretendido generar para mejorar su calidad ambiental y preservar sus áreas públicas. Esos frentes están fortalecidos por:

  • la indefinición de límites,
  • la especulación inmobiliaria,
  • la irresponsabilidad de profesionales,
  • el manejo discrecional de derechos propietarios y
  • la debilidad del control de la administración municipal.

La Ley de Reforma Agraria (1953), al referirse a la “propiedad agraria” y sus formas, en su Artículo 4 define que “pertenecen al dominio patrimonial del Estado las tierras baldías, las que reviertan por caducidad de concesión o por cualquier otro concepto, las tierras vacantes que se hallan fuera del radio urbano de las poblaciones…..”. Entiéndase por tierras baldías y tierras vacantes aquellas áreas no aptas para la actividad agropecuaria, tales como cerros taludes, tierras con pendientes elevadas, aires de río, etc.

En los ejemplos siguientes veremos cómo estas determinaciones legales no han tenido posibilidad de aplicarse y las áreas que, por ley, se consideran de “dominio público”, se han incluido como tierras de propiedad privada, con base en manejos ilegales y hechos de corrupción producidos durante más de 60 años y sin capacidad de control alguno dada la discrecionalidad y la poca rigurosidad en el manejo de la información (los organismos de la Reforma Agraria, Derechos Reales, Catastro Rural, INRA, etc.). 

Ejemplo 1: Área de Achumani – Distrito 18

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Área de Achumani, al este de la Av. Alexander. El círculo azul muestra los movimientos de tierra y el inicio de ocupación en un área que, en la Ley de Usos del Suelo (LUSU), está marcada como «P1 (verde oscuro): Preservación del Paisaje Natural». En el mismo plano de la LUSU, se tiene el área definida como «P2 (verde claro): Preservación del Paisaje Natural con Respaldo Legal»; no obstante esta «vehemente aclaración», véase la ocupación marcada por los círculos amarillos. El círculo rojo muestra la ocupación del área P1 y, nótese en la parte inferior del círculo en la foto, con una topografía complicada y, en la foto del plano de norma, marcada con patrón «3: Construcción en media y baja pendiente». La definición de áreas de «preservación paisajística» responde a la consideración de las características topográficas («tierras baldías» y «tierras vacantes» según la Ley de Reforma Agraria, por tanto «de dominio público») y calidad del suelo para edificación.

Ejemplo 2: Área de Irpavi – Distrito 18

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Área de Irpavi, en el sector donde, el 26 de febrero de 2011, se produjo uno de los más graves deslizamientos de la historia de la ciudad. (Más información en: https://es.scribd.com/doc/111166928/INFORME-MEGADESLIZAMIENTO). El círculo azul marca el área del deslizamiento con los trabajos realizados por la administración municipal; no obstante la gravedad del evento, la norma mantiene el patrón de asentamiento «4P-R: Construcción Pareada en Área de Riesgo» (¿?). Los círculos amarillos muestran la ocupación de áreas definidas como «P1 (verde oscuro) y P2 (verde claro): de preservación paisajística» y «AV: Áreas Verdes» (verde-amarillo). El círculo rojo muestra la ocupación de un «área de preservación paisajística» con un proyecto de un conjunto de edificios multifamiliares. La definición de áreas de «preservación paisajística» responde a la consideración de las características topográficas («tierras baldías» y «tierras vacantes» según la Ley de Reforma Agraria, por tanto «de dominio público») y calidad del suelo para edificación.

Ejemplo 3: Área de Pura Pura y Achachicala – Distritos 10 y 11

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Área de Pura Pura (Distrito 10, izquierda) y de Achachicala (Distrito 11, derecha). Los círculos rojo y amarillo muestran avance de asentamientos sobre el Bosque de Pura Pura, el pulmón más importante de la ciudad. El círculo azul muestra la ocupación del área que, en la LUSU, está marcada como «AF: Áreas de Forestación y Alta Pendiente». La definición de áreas de «forestación y alta pendiente» responde a la consideración de las características topográficas. («tierras baldías» y «tierras vacantes» según la Ley de Reforma Agraria, por tanto «de dominio público»).

¿Cómo pasaron de propiedad pública a privada? ¿Cómo las «tierras baldías y vacantes» lograron título agrario (el título en el que seguramente se basan estas ocupaciones)?

Fotografía de encabezado (imagen destacada): la Ladera Oeste de La Paz, fotografía de Tommy Sdenek Aliaga Solares (2015).

Valor de la naturaleza

He recibido de María Alejandra Velasco la solicitud de publicar esta su fotografía y comentar. Siempre he mostrado con entusiasmo y aplaudido manifestaciones de arte porque son la más bella creación del espíritu humano; en este caso es necesario preguntar: este árbol ¿murió «naturalmente»? o ¿fue por «muerte provocada»? Si la respuesta es positiva a la primera pregunta y se hicieron los esfuerzos necesarios por salvar tan añeja oferta de la naturaleza pero sin éxito, bienvenida la obra de arte; pero, si la respuesta es positiva a la segunda pregunta, ni el arte justificaría tremendo crimen. Que se pronuncie la conciencia de los involucrados!!!

USO Y ABUSO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA PAZ

Una cuarta entrega sobre los problemas urbanos de La Paz, los que me permití priorizar desde mi punto de vista y cuyas soluciones demandan grandes inversiones, verdadera voluntad política y efectiva participación. Ésta es la continuación de la del tema espacio público, nos enfocaremos en el uso que se le da en la ciudad; pero, también, se hará énfasis en las responsabilidades que, como autoridades, ciudadanos, inversores y profesionales asumimos.

Uso del Espacio Público

Hemos visto que el espacio público es insuficiente en la ciudad de La Paz, deficitario y con el problema de la escasez de áreas para encarar una reversión de ese déficit, veamos cómo usamos el que tenemos.

  • Las áreas verdes para el uso y disfrute de la población, además de escasas, están rodeadas de rejas;
  • las aceras, parte fundamental del más común de los espacios públicos, la calle, están ocupadas por comercio, formal e informal, servicios (talleres mecánicos, por ejemplo) o actividades particulares de construcción e, incluso, estacionamiento vehicular
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Aceras ocupadas por comercio informal en La Paz
  • las plazas, pocas son espacios recreativos, en muchas hay invasión comercial, ocupaciones “temporales” por ferias que, de tanto repetirse, ya no son “tan temporales”;
  • la plaza cívica por excelencia, la Plaza Murillo, está prohibida para el ejercicio democrático de la libre expresión;
  • los parques urbanos, como el de Mallasa o el de Pura Pura, están aún en formación, especialmente este último, para ser atractivos y seguros espacios de recreación;
  • el Parque Urbano Central no logra consolidarse como un área de recreación, aunque áreas como las “canchitas” y el Laikakota son lugares atractivos y con mucha actividad. Soy muy crítico con el uso de “césped sintético” en campos deportivos en un parque urbano.
  • el riesgo de desaparición del Parque de la Revolución es real, la invasión de loteamientos parece imparable y lo mismo ocurre con las cerranías del sureste (Auquisamaña, Alto Calacoto, Alto La Florida), con asentamientos caros en proceso de consolidación (Urbanización Escondida, por ejemplo).
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El área destinada al Jardín de la Revolución, que nunca llegó a consolidarse como el gran espacio verde y pulmón urbano que debió ser, está en peligro de desaparecer por la arremetida de loteadores. Obsérvese los movimientos de tierra ya realizados.

El paisaje como capital de la Ciudad Maravilla y su paulatina destrucción será tema de otra entrega.

¿Cuál es, entonces, el concepto de espacio público que tenemos como autoridades, como ciudadanos y como sociedad en general?

Hay autoridades que se consideran dueñas de todo, no se les pasa por la cabeza que son funcionarios administradores temporales de la propiedad de todos, no entienden que el Palacio de Gobierno (incluido el mamotreto recién construido), el edificio del Congreso (incluido el horror en construcción) o cualquiera de los edificios de los ministerios u otras oficinas estatales son edificios públicos (“público es aquello perteneciente a toda la sociedad o común del pueblo”, señala el diccionario), por tanto esos edificios son de todos nosotros y nosotros, al ejercer democracia, hacemos a esas autoridades sus administradores temporales. Sin embargo, lo primero que le ponen a un edificio público son rejas, o restringen el paso  por una vía pública porque es “la calle de la casa del pueblo” (sí, con minúsculas), por la calle donde se ubica la residencia presidencial no circulan vehículos desde las 10 de la noche, por la acera de esa misma calle no pueden circular peatones nunca!!! ¿Por qué? ¿No es nuestra ciudad? ¿No es nuestro espacio? Menudo inquilino tiene esta hermosa ciudad, sí, inquilino, porque eso es el aparato del gobierno central en la ciudad de La Paz.

También la autoridad municipal, quizás en su celo por el mantenimiento y cuidado de las escasas áreas verdes, restringe el uso y disfrute de los espacios públicos colocando rejas, incluso peligrosas por su diseño, rodeando áreas que debieran ser abiertas y de acceso libre para todos (ver foto de encabezado). También pienso que debiera asumir responsabilidad por la ocupación indiscriminada del espacio público que hace el comercio informal, no ejerce control, carece de información, o si la tiene no la usa adecuadamente, y va perdiendo autoridad frente a organizaciones que se hacen cada vez más fuertes, hasta peligrosas, y se adueñan de la ciudad ¿sin vuelta atrás?, esperemos que no.

Pero aquí entra la idea de espacio público que tenemos los ciudadanos, ese acceso libre que reclamo ¿asegura el cuidado y el mantenimiento que, con esfuerzo, busca la autoridad municipal? Este es un aspecto muy importante del uso y disfrute del espacio público. “Pseudo-graffiteros” (respeto el “graffiti” como arte) ensucian la ciudad con garabatos que, en su mayor parte, son copiados, queriendo “hacerse dueños” de nuestros espacios visuales, destruyen con su mugre pintada monumentos y edificios patrimoniales, pintan sobre piedra como si fuera una superficie cualquiera de plástico, seguramente porque no saben, o no les importa, que la piedra es el material más noble que nos da la naturaleza, por el tiempo que ella se ha tomado en crearla; en este crimen se les suman los “pseudo-graffiteros esbirros” de los políticos en tiempos de elecciones (pobre ciudad, lo se le viene en muy poco tiempo!!!).

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Fachada del Centro Cultural de España en La Paz, proyecto del Arq. Julio Mariaca Pando que data de 1937, construido en piedra, ahora dañada por «pseudo-grafitteros» con garabatos sin sentido que no consideran la importancia de la obra ni el valor de la piedra como material.

Hay quienes pisotean jardines bien trabajados, que destruyen plantas y árboles, que echan basura en fuentes de agua (por eso no hay muchas), que sacan a calles, plazas y parques a sus mascotas y que no limpian lo que éstas ensucian, que dejan basura por donde pasan o la tiran desde sus vehículos en marcha; con esta mentalidad, el acceso libre al espacio público se vuelve un peligro.

Tampoco hay respeto por la libre circulación que favorece al flujo vehicular, las empresas proveedoras a comercios detienen sus camiones sin discriminar vías principales, a cualquier hora, interrumpiendo como «por derecho» el flujo de la circulación vehicular, como lo hacen empresas de servicios para las que las vías son consideradas espacios de estacionamiento como un «derecho adquirido» por su actividad.

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Ocupación indiscriminada de la vía en provecho del negocio privado.

Como sociedad en general no hemos entendido la idea de espacio público, los bloqueos contra la autoridad son una restricción al uso y disfrute del espacio nuestro, restricción generada por nosotros mismos, nos bloqueamos para protestar contra las autoridades que, insensibles, les interesa un bledo el bloqueo porque a ellas no les afecta, sin embargo, con cada bloqueo hacemos la ciudad menos amigable para nosotros mismos y, lamentablemente, nos hemos acostumbrado y hemos hecho del bloqueo parte de nuestra cotidianeidad ¿es justo?

El uso del espacio público como mercado, por su connotación social, por su importancia en nuestra ciudad y por su dimensión, será analizado en otra entrega.

Imagen superior: Vista nocturna de la Fuente de Neptuno en la Plaza del Montíclo, Sopocachi, fotografiada por «Lived Moments – Samito», 2015.