Sitio para expresar mis ideas sobre la ciudad vista desde la óptica profesional, pero con mente abierta y el propósito de despertar el interés de todos para abrir un ámbito de discusión de nuestra realidad y poder generar propuestas para mejorar nuestro “quehacer urbanístico”.
«El alcalde Iván Arias anunció este domingo la construcción del monumento al Señor Jesús del Gran Poder de 70 metros de alto, con una iglesia, dos cholets para fiestas, un espacio para grandes conciertos musicales, entre otras obras, y cuyo diseño, dijo, está a punto de su conclusión» (lapaz.bo 12 de marzo de 2023).
Señor alcalde: ¿Es eso lo que necesita esta ciudad? ¿Está seguro?
¿Se da cuenta que los ríos de la ciudad son su red de alcantarillado y que las cinco cuencas emanan olores de cloaca y contaminan el río La Paz, el riego de Río Abajo y el aire que respiramos? Seguramente “seguiremos embovedando” para tapar el problema, atentando contra la calidad del medio ambiente urbano y la sostenibilidad de la ciudad, en lugar de buscar una solución definitiva, consciente y eficiente para los drenajes sanitario y pluvial (debieran ser separados) que, posiblemente, a un político no le interesa mucho porque tomará tiempo y quedará bajo tierra, sin foto ni corte de cinta, aunque signifique la única opción para un mejor y claro futuro para la ciudad y sus habitantes.
La red de alcantarillado sanitario de la ciudad de La Paz está conformada por el embovedado de cientos de cursos de agua que son afluentes de las cinco cuencas que dan forma al territorio sobre el que está asentada y los ríos Choqueyapu (el principal, parcialmente embovedado), Orkojahuira (embovedado), Irpavi, Achumani y Huayñajahuira (a cielo abierto pero contaminados) son los colectores principales de esa red. La confluencia de los cinco conforma el río La Paz que riega las tierras de Río Abajo. (Fotografías: es.paperblog.com-arriba izq.; fundacionperiodismo.org-arriba der.; boliviaverde.utb.edu.bo-abajo izq.; connectas.org-abajo der.)
La movilidad urbana es caótica y con enormes deficiencias, generadas, en gran medida por un transporte “público” que, en manos de sindicatos, no solamente prestan un pésimo servicio y generan desorden conduciendo irresponsablemente, sin apego alguno a las normas de tránsito y menos al respeto por el ciudadano, “adueñándose” de las vías como quieren y, además, deciden las rutas, los “trameajes”, los horarios y ya veremos que también las tarifas.
Mientras esto ocurre, 60 buses nuevos del “Puma Katari” están “guardados”, sin explicación alguna de las razones de ese confinamiento, y los buses que operan, en uno de los mejores servicios que tiene la ciudad, no pueden circular por rutas de mayor demanda porque los choferes sindicalizados, que parece son parte de su base electoral, no permiten que el transporte masivo cumpla su función sirviendo en esas rutas.
Caos vehicular en la ciudad, uno de los más acuciantes problemas de la ciudad. Crear un sistema de transporte masivo fue el primer paso para avanzar hacia una solución. (Fotografías: Agencia Municipal de Noticias-arriba der.; El Diario-abajo)
Da la impresión que no recorre las calles de La Paz o los amortiguadores de su vehículo son de otro mundo y no le permiten notar que las vías están de terror, llenas de huecos y con el asfalto levantado. El trazado y dimensionado de vías no son correctos, a pesar de que el GAMLP ha impulsado, con la cooperación internacional, la elaboración de dos manuales para el diseño vial; estas deficiencias de diseño y trazo facilitan el mal uso y la circulación desordenada y caprichosa de vehículos. El urbanismo táctico podría mostrar soluciones con pocos recursos (si no los gastamos en “dos ‘cholets’ para 1,500 personas cada uno”). Y también está la obligación de mirar hacia adelante y planificar, previendo impactos sobre la estructura vial, para garantizar su funcionalidad y la interconexión eficiente de la ciudad en el área metropolitana y la región.
Los manuales con los que cuenta el GAMLP para el correcto diseño y dimensionado de vías y cuyo uso no solamente permitiría mejorar la movilidad urbana si no también optimizar el espacio público.
El mal estado de las vías y las deficiencias de trazo y dimensionamiento incrementan las dificultades que ya todos sobrellevamos con el caos del transporte, incluido el privado, porque, como ni el estado respeta las leyes y la institucionalidad ha sido destruida, todos hacen lo que les da la gana; la educación vial y el control municipal han pasado a un plano de olvido, no obstante, las enormes y diarias muestras de “incivilidad” que campean por la urbe.
Hubo un tiempo que el estacionamiento vehicular comenzó a ordenarse, pero esto que era bueno se perdió ¿sabe usted que la restricción de “comodidades” al transporte privado puede incentivar el uso del transporte público? También aplicar la estrategia de centralidades y la desconcentración de funciones permitirían ordenar el transporte, facilitarían a los vecinos el acceso a servicios y harían más amigable a la ciudad abriendo camino a la sostenibilidad (posible de iniciarse si no gastamos, en tiempos de crisis, los recursos en “espacio para conciertos para 5,000 personas”).
El espacio público y las áreas verdes no solamente son deficitarios y de insuficiente calidad, sino que, además, son ocupados sin ningún control, los “gremiales” (que también parece son parte de su base electoral) prácticamente han tomado la ciudad y sigue incrementándose el asentamiento de comercio informal sin ningún control. Si ahorramos el costo de un monumento de 70 metros que, estoy seguro, Jesús con su humildad y amor no lo pide, además de ahorrar lo que demande la remodelación (que no es lo mismo que mantenimiento) de una plaza que ya es tradicional por su diseño, que está en buen estado, la Plaza Abaroa, con esos recursos podemos encarar la generación de nuevos espacios públicos y áreas verdes, ordenar el espacio público existente, preservar las áreas protegidas, etc.
Varias muestras de la ocupación indiscriminada de los espacios peatonales por comercio informal e incluso formal, que no permite circulación segura en una ciudad que ya tiene características que la hacen poco amigable para el peatón en muchos lugares y presenta deficiencias para la inclusión. (Imagen elaboración con fotografías de: Diario Página Siete-arriba; El Diario-centro izquierda; Guardiana-centro derecha; Guardiana-abajo izquierda; propia J. Valenzuela-abajo derecha)
Finalmente, se necesitan recursos, posiblemente los que se invertirían en la iglesia, innecesaria porque el Señor del Gran Poder ya tiene su templo, para mejorar las acciones de fiscalización y control de cumplimiento de la norma y garantizar el buen uso del suelo y la calidad de vida de la población, evitando el avasallamiento de la ley por el interés económico del inescrupuloso negocio inmobiliario que, a pesar del escándalo del reciente pasado, sigue avanzando en su afán de destruir esta hermosa ciudad y ahogar a su gente en un pésimo ambiente urbano.
Nuevamente le pregunto, señor alcalde, la ciudad de La Paz ¿necesita de monumentos, salones, arenas e iglesias, inversiones superfluas, frente a los graves problemas que debe encarar?
Fotografía destacada o de cabecera de Ronal Perez, publicada en La Paz en Fotografía
El 14 de octubre de 2021 publiqué en este blog una entrada sobre la expansión y la densificación de la ciudad de La Paz en el que resaltaba las deficiencias de la norma para una densificación adecuada a la necesidad de las mejores condiciones de vida a las que la población aspira y que la ciudad debe ofrecerle.
El 9 de septiembre pasado el Concejo Municipal de La Paz, en un proceso lleno de irregularidades procedimentales, demostradas públicamente por la presidente de ese organismo legislativo, aprobó una Ordenanza Municipal que busca introducir modificaciones a la Ley de Usos del Suelo Urbano (LUSU) con el argumento de una necesaria densificación, argumento que ahora cambia a la necesidad de romper un supuesto “monopolio en la construcción de edificios de altura” que se habría desarrollado desde las condiciones normativas de la LUSU (personalmente no me imagino cómo), según expresiones del secretario del Concejo en varias declaraciones y entrevistas públicas, constituyéndose en una acérrimo defensor de un atentado contra la ciudad.
Las primeras páginas de los documentos de la Ordenanza Municipal «aprobada» por el Concejo Municipal el 9 de septiembre pasado, mismos que circularon, con alarma, en las redes sociales al día siguiente.
La densificación es una herramienta valiosa, parte de una estrategia de intervención integral en la ciudad, para lograr la visión expresada en el Plan La Paz 2040 (uno de los pocos esfuerzos de planificación lograda) de una ciudad compacta, policéntrica y sostenible. Está claro que es valiosa frente a las posibilidades de una ciudad como La Paz, consolidada y con escasez de áreas para una expansión racional, con muy poca disponibilidad de tierras aptas para espacios públicos, áreas verdes funcionales y construir equipamientos, estas posibilidades parecen muy limitadas, por ello, se requiere de planificación, voluntad política (no politiquería barata), apoyo gubernamental (el gobierno central es nuestro inquilino) y responsabilidad profesional, empresarial y ciudadana.
La densificación no se logra con una alegre modificación de las cartillas normativas, incrementando entre dos y cuatro veces la altura posible de edificaciones prevista en la norma vigente, la densificación no es construir bloques de cemento más grandes, la densificación implica gente, familias con aspiración de mejor calidad de vida, que buscan oportunidades de desarrollo social y personal, no oportunidades para “constructores” del mercado inmobiliario que quieren hacernos creer que rompen un supuesto monopolio para beneficio de la ciudad.
Proyectos de vivienda de alta densidad, con soluciones que no parecen ser adecuadas a una buena calidad de vida y que, parece ser, están ocupando áreas que la norma considera de reserva forestal áreas verdes o áreas protegidas. (Fotos: arriba, izquierda Google Earth, derecha Jorge Valenzuela, abajo Guadalupe Dorado Quiroga).
La densificación parte de lograr centros (estrategia de centralidades) que acerquen los servicios sociales (educación, salud, gestión, recreación, cultura) al vecino (gente, familias), mejorando la movilidad urbana, agrupando a las comunidades, generando seguridad, emprendimientos y cohesión social. Desde estos centros, de su consolidación y de su función, casi de manera natural, se provoca y se demanda la densificación planificada, normada y controlada. Implica un proceso de análisis y planificación en el que se detectan áreas de concentración de actividades (ya lo hizo el Programa de Centralidades del GAMLP) y en el que la información censal, por distritos, permitiría detectar y entender, en esas áreas, tendencias de ocupación para medir las posibilidades y requerimientos de la densificación.
La densificación responsable no se logra reduciendo o eliminando en la norma el requerimiento de retiros, peor si se lo hace para edificaciones de altura (20 pisos y más en las cartillas de la ordenanza que se pretende aprobar) y tampoco eliminando de la norma el requerimiento de área mínima verde (un buen logro, aunque débil, de la LUSU vigente). El retiro y el área mínima verde crean el volumen de aire, el espacio libre y la vegetación que benefician al ambiente (asoleamiento, ventilación, climatización) de los espacios funcionales privados (vivienda, oficinas, otros), son el aporte privado al ambiente urbano que a su vez favorece a la calidad de vida de todos sus habitantes.
Una de las cartillas «aprobadas» por el Concejo Municipal para el Distrito 18. En la LUSU no existe patrón de asentamiento 5 en el Distrito 18, la ordenanza lo crea, además como construcción pareada (5P), es decir, puede no dejar retiro a un lado del predio; la cartilla de patrón 5 en otros distritos permite un Área Máxima a Edificar (AME) de 500% de la superficie del terreno, esta cartilla indica un AME de 1750 %!!!, lo que permitiría construir un edificio de 25 pisos o más SIN OBLIGACIÓN DE RETIROS o retiro de 2 metros!!! si se deseara abrir ventanas. En un terreno de 1,000 m2 podría hacerse un edificio de 17,500 m2 construidos, posiblemente entre 80 a 90 unidades de vivienda SIN ESTACIONAMIENTO VEHICULAR!!!, o sea, 80 a 90 vehículos más a parqueo en calles donde ya no cabe más parqueo. (Foto: Documento que circula en las redes sociales)
Densidad de población, señores del Concejo Municipal, es la relación de un número de personas (gente, familias) sobre una unidad de superficie del territorio, no más bloques o edificios más altos. Efectivamente, un número mayor de personas requiere una mayor cantidad de viviendas, pero vivienda no solo es la casa o el departamento, la vivienda es un concepto tan amplio como claro, además de con la casa o el departamento, se hace con los servicios para sus habitantes, educación para niños y jóvenes, salud para todos, espacios para el trabajo, la cultura, la recreación, el abastecimiento, se hace con movilidad (vías y medios de transporte), gestión al alcance, espacio público y áreas verdes.
Un edificio de vivienda, aparentemente construido en apego a la norma vigente; carece de áreas verdes. Evidentemente, la norma debe ser revisada pero con rigurosidad técnica y apuntando a mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad de la ciudad. (Foto: Jorge Valenzuela)
La calidad de la vivienda depende también de los servicios básicos (agua, alcantarillado, energía, drenaje pluvial, comunicaciones). No hay mucha información respecto del estado de las redes, salvo la creciente maraña de cables aéreos que está a la vista, dado que, en los últimos 20 años, se ha incrementado, bajo las condiciones de la norma vigente, la construcción de edificios en altura, de hecho, muchas áreas de la ciudad se han densificado; sin embargo, cualquier proceso de densificación, incluso el que se viene dando en estos últimos años, para considerarse responsable, debe evaluar y dimensionar la capacidad de las redes de los servicios básicos y su requerimiento para servir a una mayor cantidad de población (gente, familias).
Área de San Miguel, sobre la que apunta una parte de la modificación de la norma «aprobada» en el Concejo Municipal, incrementando el volumen de construcción y eliminando el requerimiento de espacios de parqueo (Foto: Jorge Valenzuela)
Uno de los problemas más complejos de la ciudad está en la movilidad urbana, aunque se tiene una infraestructura aceptable y, en muchos sectores, más que suficiente; sin embrago los problemas de congestionamiento y desorden en el espacio público son evidentes. Este tema lo traté en la entrada de este blog (21 de julio pasado. Ver: https://jorge-valenzuela.blog/2022/07/21/movilidad-urbana-en-la-paz-puede-mejorar) pero queda claro que no se les haría ningún favor a los intentos de encarar soluciones eliminando la exigencia normativa de número mínimo de parqueos contenida en la LUSU, más aún si se trata de nuevas edificaciones de más de 20 pisos, como se propone en la ordenanza tratada en el Concejo Municipal. A pesar de que los edificios cuentan con espacios de parqueo, en respuesta a la norma vigente, el problema de estacionamiento vehicular es muy grande y provoca enormes dificultades a la movilidad urbana, especialmente en la Zona Sur, donde la irresponsable propuesta normativa pretende intervenir.
Todo esto es parte de la vivienda y sus características y condición hacen a la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, por eso, modificar cartillas normativas de la LUSU, sin ninguna rigurosidad técnica, como pretende hacerlo el Concejo Municipal, para favorecer al mercado inmobiliario con la construcción de edificios más altos, con menos restricciones y con condiciones deplorables para el ambiente urbano no puede ser aceptada por la población y debe ser evitada por la autoridad competente.
Al iniciar este “blog” Haciendo Ciudad, hace cuatro años, hice notar los que, en mi concepto, son los problemas más acuciantes de la ciudad de La Paz que están referidos a estos aspectos: 1) sanidad-medio ambiente, 2) movilidad urbana y 3) espacio público-áreas verdes. Sobre el primero, lo que se ha hecho desde entonces es seguir embovedando ríos. Respecto de la movilidad, además de haberse quemado 66 buses del sistema «La Paz-Bus», se están construyendo y se han concluido viaductos que han demostrado, hasta ahora, poca efectividad apuntándose, además, a una avenida sobre el “nuevo embovedado” del Río Choqueyapu, afectando a la sanidad y al medio ambiente. En cuanto al déficit y mal uso del espacio público y áreas verdes, se ha incrementado exponencialmente el comercio en vía pública, se han plantado muchos árboles, lo cual es bueno, pero también se han descuidado, incluso abandonado, muchos jardines y áreas verdes y se ha incrementado la invasión de áreas protegidas, incluida la quema de vegetación.
Estuve conversando con mis alumnos de la universidad y recibiendo sus trabajos y percepciones sobre la movilidad urbana, lo que me llevó a que en esta entrega quiera tocar nuevamente el tema porque, luego del confinamiento, personalmente alargado por voluntad propia, debido a la pandemia, salir a recorrer la ciudad me ha revelado el recrudecimiento de los problemas de movilidad y considero necesario referirme a lo que considero los causa y esbozar algunas ideas para generar posibles soluciones.
Transporte “público” caótico
El transporte realizado por miles de minibuses, incluidos en cientos de líneas (a la vez rutas), cuyas rutas muchas veces cambian según capricho o necesidad del conductor, es un servicio público proporcionado por privados, sindicalizados, organizados y con mucho poder frente a la autoridad, en este caso municipal y a la ciudadanía que no tiene más remedio que recurrir a este servicio. Este sistema de transporte es, indudablemente, “masivo” por la demanda que cubre, pero absolutamente ineficiente en el marco de lo que debiera considerarse un sistema de transporte público masivo por la poca capacidad de sus vehículos y la enorme cantidad de éstos en las vías de la ciudad. El transporte público de “La Paz-Bus” (buses “Pumakatari”) no puede absorber mucha más demanda porque las rutas que debe seguir no son las adecuadas a la eficiencia que su capacidad permitiría, precisamente por presión e imposición del transporte sindicalizado.
Congestión de tráfico en la Avenida Mariscal Santa Cruz en el centro de la ciudad de La Paz. Si se observa la fotografía, claramente se ve que la posible presencia de vehículos privados (familiares, personales) es mínima, si la hay, la enorme mayoría son vehículos privados de «transporte público» (minibuses, micros, «trufis», taxis, etc.). (Fotografía de El Diario).
Concentración de actividades en el centro
El Macrodistrito Centro (Mactrodistrito 7) del área urbana del Municipio de La Paz, conformado por los Distritos 1 (centro tradicional extendido) y 2 (Miraflores), alberga, aproximadamente, el 8% de la población urbana y más del 19% de los equipamientos sociales que prestan servicios de educación, salud, cultura, abastecimiento, etc.; de este porcentaje, en el Distrito 1 se concentra el 64% de dichos equipamientos y en el Distrito 2 está la mayor concentración de servicios de salud de la ciudad, incluidos los más importantes hospitales de tercer nivel.
Colindando con el Distrito 1, muy cerca, en el Distrito 3 (Sopocachi) también se observa una concentración de equipamientos de educación y en el Distrito 6 (San Pedro) se encuentra el Mercado Rodriguez y otros mercados y tambos de un conjunto comercial que, desde el período colonial, constituyen el centro de abasto más concurrido de la ciudad. El comercio informal junto al comercio formal son parte muy importante de esta concentración de actividades en el área central de la ciudad.
El Mercado Rodriguez, otros mercados más pequeños y tambos forman un conjunto comercial muy importante; funciona todos los días y el fin de semana ocupa las calles adyacentes cerrando totalmente las vías a la circulación vehicular. Es un centro de abastecimiento importante y funciona prácticamente como centro de acopio urbano. (fotografíasGAMLP).
A los servicios considerados en este análisis debe añadirse los servicios de gestión, tanto del nivel central del estado como los de los niveles departamental y municipal, así como servicios generados por el sector privado, aunque éstos, por lo general, ya han generado desconcentración, especialmente la banca y el sector empresarial.
El flujo de personas en busca de servicios, desde diferentes puntos de la ciudad hacia este centro, así como el de comerciantes y trabajadores que, además desde las laderas y desde otros distritos, proceden de El Alto y del área metropolitana, generan una demanda enorme de transporte. “En efecto, las personas que se trasladan desde El Alto hacia la ciudad de La Paz, en horas pico se han estimado en 20,196 por hora y 7,071 desde La Paz hacia El Alto”.[1] Asimismo, René Pereira indica: “El Plan Urbano de Tráfico y Transporte estima por conteos realizados durante dos años, que cerca de 130 mil alteños llegan o pasan por el Casco Urbano Central diariamente, cifra que equivale al 20% de la población de El Alto (Urquizo, 2004)”.[2]
Concentración de actividades de gestión, servicios, cultura, comercio, etc. en el centro urbano de La Paz.
Considerando que “los servicios y comercio son la principal actividad”, René Pereira muestra que el 28% de estas actividades se concentran en el Macrodistrito Centro, 23% en el Macrodistrito Max Paredes y 20% en Cotahuma, según el Censo de Actividades Económicas del Municipio de La Paz realizado el 2007.[3]“El estudio Diagonal-CEP, 2004 indica que, de los 4.346 comerciantes en la vía pública identificados, solamente un 6.6% residen en el denominado Casco Urbano Central”[4], este mismo estudio muestra que 36% de dichos comerciantes proceden de El Alto y que 53,8% de ellos proceden de las laderas de la ciudad de La Paz.
Diseño y dimensionado de vías.
En 2015, la Cooperación Suiza en Bolivia, la Fundación Swisscontact y Proyecto Aire Limpio publicaron el “Manual de Diseño de Calles para las Ciudades Bolivianas” y en 2018 el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con apoyo de la Cooperación Suiza-Swisscontact, publicó el “Manual de Diseño Vial La Paz”, ambos documentos establecen las pautas y lineamientos para el dimensionamiento y diseño adecuados de vías.
El diseño y dimensionado de vías es muy variado en la estructura vial de la ciudad; calzadas con dimensiones que no responden a un criterio de funcionalidad con base en velocidad de circulación, jerarquía de vía y tipo de vehículos, dan pie a arbitrariedad por parte de los conductores, a estacionamiento no permitido y a ocupación de la vía.
Si se analiza el diseño y el dimensionado actual del sistema vial de la ciudad a la luz de dichos documentos y con base en la observación de lo que ocurre en la realidad, se puede comprobar que gran parte de la red vial de la ciudad no responde a las características y dimensiones contenidas en los manuales, muchas calzadas están sobredimensionadas, los trazos de vías o los radios de giro no son los correctos, lo que da paso a un uso inadecuado por parte de conductores, posibilitando maniobras indebidas, estacionamiento vehicular arbitrario, “paradas” de transporte público a capricho del usuario y del transportista, en resumen, más razones para el caos y la congestión vehicular.
Arbitrariedad y falta de educación y control
Una primera experiencia, en mi concepto muy positiva, “la primera vía de tráfico calmado”[5], que incluyó trazo y dimensionamiento adecuados, con base en lo mencionado en el punto anterior, es la realizada en la Av. José Aguirre (Los Pinos); un muy buen intento de ordenamiento del flujo vehicular, de las paradas de transporte público, de los pasos peatonales y de espacios para estacionamiento temporal. Esta experiencia no funciona de manera totalmente efectiva por dos razones: la primera es que su diseño e implementación no consideraron la participación vecinal, lo que hubiera permitido adecuarlos mejor a los requerimientos de los usuarios y la segunda es la arbitrariedad de conductores y usuarios en el uso de sus elementos funcionales.
El proyecto Zona de Tráfico Calmado en la Av. José Aguirre de Los Pinos, en la Zona Sur.
En esta avenida, diseñada para una adecuada funcionalidad, la “parada” de transporte público, minibuses, “trufis” y taxis responde al capricho de los usuarios, pasajeros y conductores, que no consideran que se han distribuido bahías para ese propósito a fin de evitar la interrupción del flujo, solamente los usuarios y conductores de los buses “Pumakatari” respetan las paradas asignadas. Los conductores y operarios de vehículos de las empresas que abastecen a los múltiples comercios distribuidos a lo largo de la avenida, así como los clientes de éstos tampoco respetan las condiciones que el diseño ha propuesto para ese fin y realizan su labor a cualquier hora o estacionan vehículos particulares sin importarles la interrupción del flujo vehicular.
Estacionamiento en lugar no permitido (izq.), ocupación de la vía peatonal por parte del comercio informal (centro), parada de transporte en cualquier parte y ocupación de la acera como estacionamiento vehicular, la arbitrariedad de conductores, usuarios y comerciantes está por toda la ciudad.
En muchos sectores de la ciudad, además de la arbitrariedad en las “paradas” del transporte público, son actitudes muy comunes de usuarios y conductores el “estacionamiento en doble fila”, no respetar las señales de tránsito, peor aún, no respetar las señales de semáforo, desconocer la presencia de pasos de cebra y pasos peatonales, estacionar en lugares no permitidos considerando las luces de parada como elementos mágicos para la “desmaterialización” del vehículo que interrumpe el flujo normal y crea condiciones para el caos y la inseguridad.
La falta de control frente a estos atropellos es un problema grave, parece no existir control alguno porque la arbitrariedad aparenta ser una condición aceptada, aunque también debe reconocerse que dicho control se dificulta por la prepotencia de muchos usuarios que llegan incluso a la agresión contra funcionarios cuya labor es la de apoyar al orden y vigilar el cumplimiento de la normativa.
Bosquejando soluciones
Cada vez que tengo la oportunidad de expresarme en eventos profesionales lo digo y lo repito, solucionar los problemas de movilidad (y otros) requiere “cambiar la ciudad”, reestructurarla física y funcionalmente. La “ciudad compacta y policéntrica” propuesta por Richard Rogers[6] y visualizada para esta ciudad en el “Plan La Paz 2040”, es factible y muy pocas ciudades deben tener las condiciones más favorables para ello como la ciudad de La Paz las tiene. Su topografía y su población han establecido núcleos variados de concentración de actividades, aparte del centro tradicional, que son la semilla para consolidar, fortalecer y generar nuevas centralidades.
Centralidades urbanas, más allá de un programa municipal, debiera ser la estrategia de intervención más importante para posibilitar condiciones de sostenibilidad para La Paz, ya que, al promover la desconcentración de servicios facilita la accesibilidad de la población a los mismos, reduce distancias y tiempos de desplazamiento, por tanto reduce la demanda de transporte y puede fomentar el uso de medios alternativos no motorizados, todo esto se traduce en mejores condiciones para solucionar los problemas de movilidad urbana.
Gráfico de las Centralidades Urbanas detectadas, elaborado por el Gobierno Municipal (izq.). Las imágenes de la derecha son visualizaciones de los equipamientos de centralidades generadas para promover los concursos de diseño que el Programa de Centralidades ha organizado con éxito de participación. Considero que, más allá de la calidad de los diseños y propuestas, no se ha encarado la desconcentración de actividades ni la descentralización de los servicios de gestión estatal.
Aplicar la estrategia de consolidar nuevas centralidades urbanas dinamizaría las zonas y crearía condiciones para reforzar el sentido de pertenencia y de identidad, posibilitaría nuevos espacios para la convivencia y socialización y nuevos emprendimientos de los vecinos, lo que serían buenas oportunidades para reducir el déficit de espacio público. Pero esta estrategia requiere de voluntad política, fundamentalmente de parte del nivel central del Estado, para desconcentrar los servicios de gestión, lo cual no parece ser de interés de este inquilino de la ciudad que en los últimos años ha construido, sigue haciéndolo, grandes infraestructuras de oficinas que no hacen otra cosa que fortalecer la concentración y centralización.
Es indudable que las nuevas soluciones para el tráfico, que surjan de la consolidación y funcionamiento de las nuevas centralidades, exigirán una sustancial mejora del transporte público masivo, mejora que deberá basarse en una planificación que busque el bien común y desarrollada en un proceso que incluya la, difícil pero no imposible, participación conjunta del transporte sindicalizado y del gobierno municipal, en la que se generarían nuevas condiciones para los distintos modos de transporte y su integración en un servicio de calidad para toda la población.
Las construcciones realizadas por el nivel central del Estado en los últimos cinco a seis años sin ninguna consideración con el impacto sobre la ciudad y destruyendo patrimonio arquitectónico. En la foto de abajo a la izquierda se ve la nueva torre, la tercera, construida para el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz demostrando la total ausencia de voluntad para desconcentrar servicios, en este caso uno de los servicios que mayor desconcentración demanda por la cantidad de trámites que genera.
Está claro que tenemos infraestructura, una red vial que, si bien debemos evaluar y corregir constantemente, funciona, aunque lo haga con defectos. Se debe evaluar conscientemente la necesidad de más vías y más infraestructura para el transporte a fin de definir claramente su necesidad, dimensión y funcionalidad frente a otras soluciones que pueden ser tan o más efectivas con menos inversión; “ampliar el número de vías de una autopista para reducir la congestión vial es como aflojar el cinturón para resolver la obesidad”.[7] Redimensionar las vías, fundamentalmente las calzadas, ajustando sus medidas y capacidad con base en el contenido de las guías mencionadas líneas arriba, crear puntos de parada para el transporte público, bahías de estacionamiento temporal en lugares adecuados a su necesidad, incluir señalización vertical y horizontal, reglamentar horarios y lugares para el abastecimiento a comercios, son soluciones que pueden aportar con mucho a una mejor movilidad urbana. Ver en este blog: https://jorge-valenzuela.blog/2021/07/08/sistema-vial-de-la-paz-ver-al-futuro-es-imperativo/
Los manuales elaborados y publicados con apoyo de la Cooperación Suiza son importantes documentos para diseñar y dimensionar adecuadamente el sistema vial para optimizar su funcionamiento.
Un dimensionamiento correcto de las calzadas, mejoraría en mucho las características del espacio público para el peatón y si, además de las nuevas centralidades y un dimensionamiento correcto de calzadas, se buscan, piensan, evalúan e implementan, considerando la topografía del territorio, elementos de infraestructura para facilitar la circulación peatonal y el uso de medios de transporte no motorizado, sin dejar de lado la posibilidad de peatonalizar, con base a estudio, áreas del centro urbano, lograríamos condiciones para una ciudad acogedora, reduciendo la dependencia del automóvil, permitiendo, como dijo el urbanista Lewis Mumford, “restaurar las piernas humanas como un medio de transporte. Los peatones dependen de alimentos para combustible y no necesitan aparcamiento especial”.[8]
Frente a las actitudes de conductores, usuarios y personas en general, debe preocuparnos, primero, la pérdida de valores en la sociedad, no hay conciencia de las responsabilidades ciudadanas, avergüenza la corrupción y que ésta se haya filtrado a toda la sociedad desde el poder, muchos creen que tienen derecho a hacer todo y cualquier cosa, sin importar el efecto de sus acciones sobre los demás y sobre la calidad de vida y de ambiente en la ciudad; olvidan que “los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos del otro” haciendo gala de prepotencia, incultura y ausencia de valores y pensando que todo se puede comprar.
También debe preocuparnos la falta de educación, enseñar a vivir en comunidad y en ciudad es una obligación del sistema educativo; la “instrucción cívica” debe ir mucho más allá del “respeto y amor a la patria y sus símbolos” y avanzar a inculcar valores éticos y de respeto, enseñar derechos y deberes en la relación con el otro y con la comunidad, enseñar, desde la escuela a vivir en la ciudad de todos y para todos. Avanzar en mejorar y fortalecer estas condiciones sociales responsabilidad del estado, de la familia y del individuo en su condición de ciudadano, funcionario, jefe de familia, profesional, comerciante, conductor, etc., responsabilidad de todos.
La Ley Municipal Autonómica Nº 467, concebida para la regularización de edificios fuera de norma, fue aprobada por el Concejo Municipal el 15 de noviembre de 2021 y promulgada por el alcalde el 26 de noviembre de 2021; estas fechas son muy importantes para hacer un seguimiento de las acciones que debieran emprenderse en defensa de la ciudad y su sostenibilidad, defensa para la que fue redactada, aprobada, revisada y ajustada la vigente Ley de Usos del Suelo Urbano-LUSU, cuyo contenido “establece las normas que rigen el uso, clases y destino del suelo, patrones de asentamiento así como parámetros de edificación para la construcción en el territorio del Municipio de La Paz”[1].
Es posible que la LUSU sea, entre las normas municipales, la más vulnerada, afirmación que se confirma con datos contenidos en el propio texto de la Ley 467 (Exposición de Motivos) refiriéndose a que un “universo de trámites ascendía a 7.877 trámites pendientes, al momento de cierre de la entonces Unidad Gestora del Proceso de Regularización de Edificaciones Fuera de Norma (UGPRE) en la gestión 2018”[2]. Vulnerar las normas de ocupación del suelo y de parámetros de edificación en nuestra ciudad no es algo nuevo, lamentablemente se hace con frecuencia, sin ningún apego por el futuro de la ciudad y su medio ambiente urbano, por acción carente de valores éticos de vecinos, propietarios, promotores inmobiliarios y, más doloroso todavía, de profesionales. (Ver en este blog la entrada: “¿Cómo se administra la norma?” – https://jorge-valenzuela.blog/2020/03/19/como-se-administra-la-norma/).
Proyectos impuestos desde el Gobierno Central, vulnerando la norma, destruyendo el patrimonio arquitectónico y desconociendo las atribuciones del nivel municipal sobre la planificación de la ciudad.
También es preocupante que muchas de las acciones contrarias a la norma se realicen desde el estado, como lo hacen instituciones del gobierno central actuando como un pésimo inquilino de la ciudad. (Ver entrada: “Normativa para equipamientos… ¿Existe? ¿Se cumple?”- https://jorge-valenzuela.blog/2019/03/05/normativa-para-equipamientos-existe-se-cumple/). Por otro lado, extraña y confunde que desde la propia norma se generen “oportunidades” para atentar contra el ambiente urbano como la de “Ocupación Temporal de Retiros Frontales”, inexplicablemente contenida en el Artículo 23 de la LUSU o como la “conversión de la sanción de demolición en sanción de multa pecuniaria” contenida en el Artículo 22 de la Ley Municipal Autonómica 233 de Fiscalización Técnica Municipal. (Ver en este blog la entrada: “Fuera de Norma” – https://jorge-valenzuela.blog/2019/08/10/fuera-de-norma/)
Con esta introducción y volviendo a la Ley 467 (de Regularización), ésta, en sus Artículos 1 y 2 establece que sus disposiciones se aplicarán a las “edificaciones anteriores a la publicación de la presente Ley…”, por lo que debo expresar la primera preocupación. La Ley entró en vigencia el 26 de noviembre de 2021 y los mayores infractores y negociantes inmobiliarios, tres meses después, siguen promocionando sus proyectos fuera de norma, promoción pública, aunque de bastante mal gusto, muy difundida y, por lo que se ve en las redes sociales, despierta muchísimo interés en el público.
A la izquierda, gráficos de promoción en la redes sociales para la venta de departamentos en edificios en proyectos cuyas características están fuera de norma; arriba la promoción del Edificio «Las Loritas 10», cuyo proyecto muestra un excedente de 18 pisos respecto de lo que la norma le permite, publicada el 15 de marzo de 2022, abajo la propaganda de «Youths Buildings», publicada el 10 de marzo de 2022, cuyo proyecto excede en 10 plantas a lo que la norma le permite.
Si se promociona la venta de departamentos que, por efecto de la LUSU y, a pesar de la Ley 467, NO pueden existir porque los proyectos de los edificios que los contendrían no respetan la norma y no podrán ser regularizados, se está promocionando públicamente, con profusión y con descaro un FRAUDE. ¿No corresponde que las autoridades tomen cartas en el asunto? ¿Podría el Gobierno Municipal convertirse en cómplice de ese fraude si, sabiendo que lo que se promociona no responde a la normativa municipal, no hace nada para frenarlo? Con una promoción tan difundida ¿puede el GAMLP hacerse de la vista gorda frente a un abierto desafío a la legalidad de parte de estos negociantes? En ninguno de los casos incluidos en Artículo 4 de la Ley 467 estas “futuras edificaciones” tan ampliamente promovidas se prevé podrán ser objeto de regularización, por lo tanto, se confirma que promueven un engaño. (Ver en este blog la entrada: https://jorge-valenzuela.blog/2022/01/30/que-pasa-con-la-norma-no-hay-fiscalizacion/).
El mismo Artículo 4 de la Ley 467, en el inciso d) señala que el alcance de sus determinaciones alcanza a “edificaciones o predios que no hayan cumplido las disposiciones señalas en las cartillas normativas LUSU y no cumplan con los parámetros de edificación y no se encuentre dentro de las improcedencias conforme a la presente normativa” y en el Artículo 10 es “aplicable a todas las edificaciones que mínimamente se encuentren en obra gruesa que cuente con tabiquería o cualquier material constructivo que sirva como cerramiento perimetral y cubierta,…”. Estas determinaciones no solamente cierran cualquier posibilidad de regularizar “futuras construcciones” si no que también establecen límites para las que se iniciaron en el pasado.
Lo que no aclara la norma, y debió hacerlo, es que estas “edificaciones en obra gruesa” debieron haber detenido su ejecución desde la fecha de promulgación de la Ley para acogerse a sus beneficios aplicables, por lógica, solamente a lo construido y no a lo proyectado, dado que el proyecto no fue aprobado y la Ley 467 no prevé que pueda ser aprobado para su conclusión fuera de norma. Esta imprevisión de la norma da pie a que los negociantes continúen con su construcción, terminen el edificio fuera de norma y busquen acogerse a los beneficios de una “regularización” ilegal.
A la izquierda la imagen de propaganda y oferta de departamentos del Edificio «Las Loritas 7», publicada el 15 de marzo de 2022, a la derecha la imagen de la construcción del mismo edificio, publicada por el Diario Página Siete el 24 de enero de 2022, mostrando que después de la promulgación de la Ley 467 siguió el proceso de construcción de un proyecto fuera de norma que excede en más de 15 pisos a lo que la norma lo permite.
Pero decir que esta “regularización” está hecha a medida del negocio inmobiliario no es algo equivocado, ya que el Artículo 11 de la Ley 467 establece que “la regularización de construcciones, comprende los siguientes casos: a) Edificaciones sin planos aprobados que se encuentren fuera de norma por vulnerar uno o más parámetros de edificación de la cartilla normativa correspondiente.”[3] Lo que sin ninguna duda favorece a la aprobación de los planos de los proyectos fuera de norma cuando lo que correspondería sería aprobar planos que registren lo construido hasta obra gruesa antes de la fecha de promulgación de la Ley y nada que hubiera sido hecho posteriormente a la misma. Sin lugar a dudas, este procedimiento DEBE ser aclarado por el GAMLP.
Otro contenido de la Ley 467 “a medida del negocio” es que contempla un capítulo para la “conversión de la sanción de demolición a sanción de multa pecuniaria” (Capítulo VII) prevista en el Artículo 22 de la Ley Municipal 233 de Fiscalización y tres artículos (20, 21 y 22) referidos a infracciones sobre lo establecido en la LUSU y sus cartillas para Altura Máxima de Fachada (AMF), favoreciendo construcciones fuera de norma de más de 10 plantas y, por lo que se señala en ellos, prácticamente sin límite de altura en la infracción.
Aunque parezca redundante, se insiste en que la regularización aplica para construcciones en obra gruesa anteriores a la fecha de promulgación de la Ley, por lo que los proyectos en promoción (“Las Loritas 10”, “Youths Buildings” en Següencoma) no pueden ser parte de este proceso constituyéndose en promociones que podrían derivar en fraude.
La mayor ilegalidad se daría si el GAMLP aprobara estos proyectos ya que el primero (“Las Loritas 10”) promociona ¡26 plantas!!! Y si se considera que la Ley 467 establece que “las infracciones identificadas que hayan vulnerado la LUSU implicará de manera inmediata la pérdida de los incentivos contemplados en la cartilla correspondiente”, la infracción en este edificio alcanzaría a 20 plantas; en el caso del edificio en Següencoma (“Youths Buildings”) la infracción sería de 8 plantas. Esperemos que, con apego a la Ley, a la voluntad de hacer una ciudad mejor y a los valores éticos que se piden a ciudadanos y autoridades de gobierno, estas aprobaciones no se den y que, de una vez por todas, se frenen esas promociones.
Por otra parte, las sanciones pecuniarias que reemplazan a la de demolición alcanzarían, según los artículos 21 y 22, al 15% y al 30% del valor de la superficie en infracción de acuerdo con “el cuadro de Avalúo de las construcciones está establecido en la Ley Municipal Autonómica No. 344 de Zonificación y Valuación Zonal del Área Urbana del Municipio de La Paz, Tabla No. 4”, lo que en ningún caso favorecerá a evitar incumplimientos futuros, puesto que esos costos fácilmente se absorberán en los márgenes de utilidad de los negociantes inmobiliarios e, incluso, serán cargados al costo del inmueble para su venta al público y absorbidos por éste. La multa por este tipo de infracción, para promotores del negocio inmobiliario, debiera ser mucho más alta que el valor comercial de la superficie edificada fuera de norma si realmente se quiere frenar esta tendencia.
Verdaderamente causa desesperanza, preocupación y mucho temor por el futuro de la ciudad una inacción tan notoria por parte de la autoridad encargada de planificar y administrar ese futuro, ya bastante dañado por años de ineficiencia en la fiscalización de la aplicación de la norma, por años del accionar negativo de negociantes inmobiliarios y, tristemente, de profesionales faltos de ética y de una población que no ha alcanzado a entender las razones y necesidad de contar con las normas que buscan mejorar su calidad de vida y cumplirlas.
[1] Ley de Usos del Suelo Urbano-LUSU, Artículo 1. Objeto y Naturaleza
[2] Ley Municipal Autonómica Nº 467, Exposición de Motivos
La imagen destacada o de cabecera es de elaboración propia con imágenes de la promoción en redes sociales de los proyectos cuyas características están fuera de norma y la toma de pantalla de la Ley 467 publicada por https://es.scribd.com/
A raíz de una publicación en la sección Sociedad del diario Página Siete en su edición del 24 de enero pasado (ver imagen destacada o de cabecera), se hace evidente que la entrada de este blog (18 de noviembre de 2021) con el título “¿Fiscalización Municipal?” tocaba un tema que debe preocupar de sobremanera.
Este es el titular y la foto destacada del artículo, publicado en la Sección Sociedad del Diario Página Siete en su edición de 24 de enero de 2022, que motivó esta entrega de Haciendo Ciudad. Fotografía: toma de pantalla de la página oficial del diario Página Siete paginasiete.bo
La Ley de Usos del Suelo Urbano (LUSU) contiene la normativa para asegurar una ordenada y, supuestamente, sostenible ocupación del suelo en el proceso de urbanización y crecimiento de la ciudad de La Paz. La LUSU establece, en el Artículo 2, referido al Ámbito de Aplicación que “Las disposiciones de la presente Ley son de carácter general y obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, incluidos los tres niveles de gobierno que realicen edificaciones o construcciones dentro del límite urbano del Municipio de La Paz”.[1]
Está claro que quienes estamos obligados al cumplimiento de dichas determinaciones somos TODOS los que habitamos en esta hermosa ciudad, pero también está claro que muchos no se sienten aludidos por la Ley y la necesidad de acatarla por el bien común y nuestra calidad de vida. Duele observar que sean las instituciones públicas de “los tres niveles de gobierno” las que creen estar al margen de estas obligaciones, ejemplos sobran, veamos el bodrio de la llamada “casa del pueblo” y la arbitraria destrucción del patrimonio, al mando del entonces vicepresidente que con mazo en mano se hizo fotografiar demoliendo buena arquitectura, para la construcción del “cubo” del legislativo bajo el discurso de “descolonización”. (Ver entrega de este blog con el título: “Normativa para equipamientos…. ¿Existe? ¿Se cumple?” – 5 de marzo de 2019).
Edificios promovidos por el nivel central del Estado que no fueron objeto de consulta ni aprobación municipal no obstante la atribución exclusiva que el gobierno municipal tiene sobre la planificación en su jurisdicción, como lo establece la Constitución Política del Estado.
Es evidente que hay empresas privadas que desde hace rato se han dado a la tarea, en aras de su negocio inmobiliario, de reírse de la norma y de sus determinaciones y demostrar una total falta de respeto por la ciudad y sus habitantes que merecen acciones claras para mejorar la calidad del ambiente urbano y, por efecto, su calidad de vida. Seguramente hay muchas otras “personas naturales o jurídicas” que están haciendo lo mismo, pero no lo hacen con el enorme despliegue de promoción de su destructivo negocio como lo están haciendo esta empresa y otras ante, lo que parece, una preocupante pasividad del gobierno municipal.
El más observado de los proyectos, posiblemente porque fue la causa de alerta, el edificio «Las Loritas 10», en promoción para venta de 26 plantas, ubicado en un lugar (Calacoto) en el que la norma establece 6 plantas de altura y, si corresponde, aplicando incentivos, se puede llegar a un máximo de 8 plantas. Verdaderamente, el exceso de 18 plantas ya es una grosería imposible de «regularizar» con ninguna ley. Fotografías: Imagen promocional de la empresa publicada en internet (izq.); plano y cartilla de la LUSU (GAMLP, der.).
El artículo de Página Siete, mencionado al inicio, hace referencia a las varias transgresiones a la norma que proyectos construidos, en construcción y en promoción, transgresiones que pretenden justificarse, desde una empresa, con supuestospermisos otorgados por instancias gubernamentales de otros municipios, desconociendo la Ley N° 1669 del 31 de octubre de 1995 que establece la jurisdicción territorial del Municipio de La Paz, por tanto, cometen delito esas instancias municipales y la empresa que acude a ellas. Según la nota de Página Siete, este hecho delictivo es de conocimiento del GAMLP ya que menciona esta declaración: “‘Los permisos están en Palca o en Mecapaca’, sostuvo Arias[2] sin precisar la situación de cada una de las construcciones” y duele que, a pesar de ello no se tome medidas ante esta irregularidad y también ante la indefinición de límites en la que las relaciones de “oficialismo y oposición” hacen que la solución a este problema no se quiera tocar desde hace muchos años.
Otro edificio de la «serie Las Loritas», éste en construcción. Está ubicado en El Gramadal, donde la norma permite un máximo de 6 plantas y, observando la imagen promocional, el proyecto alcanza a 19 o 20 plantas, otro exceso que ninguna «norma de regularización» puede aceptar sin dejar un funesto precedente para el futuro de la ciudad. Fotografías: Imagen promocional de la empresa publicada en internet (arriba izq.); fotografía del Diario Página Siete de 24 de enero de 2022 (abajo izq.); plano y cartilla de la LUSU (GAMLP, der.).
La misma nota de prensa hace referencia al reclamo de los vecinos en las áreas donde se ubican los edificios fuera de norma y a la razón de “seguridad” que ellos plantean en su reclamo, problema que les preocupa obviamente, porque las definiciones de la norma también consideran el tema de seguridad como un factor para regular el asentamiento. Si una transgresión, apoyada en ilegal autorización de una instancia gubernamental de otro municipio, ocasionara un accidente o un evento de riesgo, sin ninguna duda, la alerta y las acciones para solucionar posibles efectos del mismo se convertirían en obligación del GAMLP, como ya lo hemos visto varias veces (ejemplo camino a Mallasilla hace algunos meses), con el argumento de las autoridades del otro municipio de “no tenemos maquinaria”, pero claro, sí tienen facilidad para otorgar falsas autorizaciones.
Otro edificio fuera de norma. Por los teléfonos de referencia que publica la imagen promocional, parece no ser parte de la «serie Las Loritas», por lo que se deduce corresponde a OTRA EMPRESA INFRACTORA que oferta 14 pisos en un lugar (Bajo Següencoma) en el que la norma permite un máximo de 6 plantas.
También preocupa que las autoridades municipales digan, respecto de los proyectos inmobiliarios fuera de norma de una empresa: “‘Las construcciones, según la numeración que ellos le dan, son nueve y se iniciaron durante la gestión anterior. Todas son una situación heredada, conocida y no atendida por la anterior gestión’”.[3] El proceso de fiscalización debe ser permanente, es cuestión de estado, no es de una u otra gestión y si una falló la otra debe corregir la falla, por el bien de la ciudad.
Las construcciones fuera de norma continúan en su proceso, avanzan, crecen y, se hayan iniciado hace años o recientemente, deben ser objeto de fiscalización, la fiscalización garantiza el cumplimiento de la norma y ésta la ocupación adecuada del territorio. ¿Cómo es eso de “No podemos pronunciarnos sobre la situación legal de los proyectos” porque “según el sistema de información territorial, no existen solicitudes de permisos de construcción a su nombre”?, la declaración figura en la nota periodística de Página Siete de 24 de enero, en la que se aclara que corresponde a Vladimir Ameller, Secretario Municipal de Planificación hasta “el 14 de enero pasado”. No habrá solicitudes de permisos, pero hay obras de construcción concluidas y en avance que están fuera de norma y grandes campañas de difusión de negocio inmobiliario que atentan contra la ciudad con ofertas de edificios cuyos proyectos están también fuera de norma; ¡¡¡observar estas irregularidades es FISCALIZACIÓN y ésta es una responsabilidad ineludible del GAMLP, en la actual, la anterior o cualquier otra gestión!!!
Toma de pantalla de la página oficial del Diario Página Siete (edición de 24 de enero de 2022) de cuyo texto se puede deducir que se habría considerado en el Concejo Municipal una «previsión» de infracción e impulsado una «nueva norma de regularización». Fotografía: toma de pantalla de la página oficial de Página Siete, edición 24 de enero de 2022, paginasiete.bo
Tampoco es posible que se acepten argumentos para justificar la infracción apoyados en una “norma de regularización”, como alegan los infractores, según nota del diario Página Siete: “‘Nuestras construcciones no son ilegales, hay una ley de regularización a la que nos estamos acogiendo’, sostiene Harold A. Lora Seoane (H.L.), gerente propietario de los edificios Las Loritas, en entrevista con Página Siete” (edición domingo 30 de enero de 2022). Aunque afirmen lo contrario SI son ilegales, y lo saben, si no lo fueran no estarían “acogiéndose a una regularización”. La experiencia ya ha demostrado que una “norma” como esa no hace otra cosa que “legalizar lo ilegal” y, además, abrir caminos para fomentar la irregularidad sin ningún beneficio para las mejores condiciones del desarrollo urbano.
Una afirmación que puede provocar risa, «no somos ilegales» y pretenden «REGULARIZAR» 6 EDIFICIOS FUERA DE NORMA!!! ¿No es eso una situación de ILEGALIDAD que se quiere «resolver» con una «sanción de multa pecuniaria» cuyo monto, seguramente, no hará mella en su negocio? Fotografía: toma de pantalla de la página oficial de Página Siete, edición 30 de enero de 2022, paginasiete.bo
Ya se está generalizando la actitud de infringir la ley y esperar la “norma de regularización” para legalizar la infracción, tal como lo demostré en la entrada con el título“Fuera de Norma!!!” (10 de agosto de 2019), infracciones grandes que acaban “legales” convirtiendo «la sanción de demolición en sanción de multa pecuniaria” (Artículo 22 de la Ley Municipal 233 y Artículo 85 de su Reglamento). Esta “monetización”, un ingreso a las arcas municipales, alcanza a montos que, para el ciudadano de a pie, parecen muy altos, pero para el infractor el monto, con seguridad, está dentro de sus márgenes de “riesgo” en su inversión, por lo que la única verdaderamente perjudicada es la ciudad.
Aunque la ley prevé la sanción, son claras las dificultades para llegar a una demolición de las áreas en infracción de las construcciones porque el GAMLP está abandonado por el sistema judicial (fiscales y jueces) que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, debiera apoyar plenamente a la fiscalización municipal para garantizar el cumplimiento de la ley. Sin posibilidad de demolición, las multas por infracción deben ser lo suficientemente fuertes como para evitar que los inversores inmobiliarios se sientan tentados a generar obra fuera de norma, por lo que la “monetización” que se utiliza debiera calcularse con base en la superficie de construcción fuera de norma y un precio por unidad de superficie superior al del valor comercial de la construcción, anulando cualquier posibilidad de negocio que pretenda aprovechar la infracción.
[2] El artículo de prensa de Página Siete no aclara si se refiere al señor alcalde municipal Iván Arias.
[3] Diario Página Siete, Sección Sociedad, edición 24 de enero de 2022.
Imagen destacada o de cabecera: elaboración propia con fotografías de la campaña de promoción del edificio «Las Loritas 10» publicada en internet y de la nota de prensa de Página Siete en su edición de 24 de enero de 2022.
Cuando se sale y se va al centro de la ciudad después de mucho tiempo, uno puede llevarse una desilusión como la que genera el observar el enorme incremento en la ocupación del espacio público por el comercio informal, pero también, como en este caso, sustos. El 17 de mayo de 2021 publiqué en este blog una “mini-entrada” con el título de “Espacio Público y rejas!!!” en el que afirmaba que “Cuando la DEMOCRACIA no funciona desde el gobierno … las rejas en los edificios públicos (una de las formas del espacio público urbano) se hacen una necesidad”, una preocupación que surgió al ver rejas en el acceso al auditorio del emblemático proyecto del Arq. Juan Carlos Calderón para el Centro de Comunicaciones de La Paz, hoy sede de ministerios y transformado en panel para propagandas, incluso luminosas, de bastante mal gusto. Aunque esto de la propaganda no es el tema de esta entrada, es interesante comentar que forma parte de la chabacanería de usos y costumbres muy propios de nuestra cultura popular y se trata de convertir cualquier objeto en una especie de traje folclórico de fiesta, algo bastante exacerbado en los últimos años.
La propaganda inserta sobre el edificio por organismos del Estado Central, en estos casos con características algo menos agresivas que en otras oportunidades, de las que no pudo enco0ntrarse imágenes. Fotografías de la página del Centro de Comunicaciones de La Paz
Volviendo al hilo del tema, la sorpresa y el susto se presentaron cuando comprobé que las rejas habían hecho un importante avance para rodear TODO el edificio, corolario de una tarea de cerramiento que se inició también en los últimos años, uno de los muy pocos e incipientes cambios dentro del llamado “proceso de cambio”, haciendo, por alguna razón, de las rejas una necesidad.
Las primeras rejas se instalaron hacia 2008 cerrando el pequeño atrio del Auditorio y los accesos al espacio público creado por el Arq. Juan Carlos Calderón sobre la cubierta de Correos. El cierre, desde mi punto de vista innecesario, respondió a la instalación de «controles de seguridad», que bien pueden hacerse al interior del hall principal, pero el ejercicio de la democracia parece no ser el fuerte de los organismos estatales. Fotografías: izquierda de Google Maps; derecha de Empresa SICO.
El sector del centro en el que se ubica el Centro de Comunicaciones es un lugar que claramente se identifica como un “nodo” entre los contenidos de la imagen de la ciudad concebidos por Kevin Lynch: “los nodos son los focos estratégicos a los que puede entrar el observador, tratándose típicamente de confluencias de sendas o de concentraciones de determinada característica”.[1] La confluencia de la Av. Mariscal Santa Cruz y la Av. Camacho (resultante del diseño del Arq. Emilio Villanueva) y las calles Oruro y Ayacucho es un área de mucha vitalidad y actividad, además de atractiva para el encuentro de personas merced a su forma y espacio abierto, la presencia de la Facultad de Ingeniería de la UMSA, del Club de La Paz, del edificio de valor histórico de la ex-COMIBOL, del Obelisco y del monumento al Soldado Desconocido e importante actividad comercial hacen de este sitio un verdadero nodo y muy importante en la ciudad.
El NODO de la Mariscal Santa Cruz-Camacho en imágenes satelitales de dos años distintos. A la izquierda, en la imagen de 2017, se ve el «atrio de Correos» abierto (óvalo rojo), con gente que se apropia libremente del espacio público; a la derecha, en la imagen de 2021, el «atrio de Correos» está ya cerrado con rejas. Esta imagen se aprovecha para mostrar los edificios y elementos que hacen a la calidad del nodo. Imágenes satelitales de Google Earth.
Por estas características del área urbana, una parte importante del espacio público fue, por muchos años, el “atrio del Correo”, parte interesante del proyecto del Arq. Calderón para el Centro de Comunicaciones, porque la gente lo usaba para estar, para encontrarse, para reunirse en amena conversación, para intercambiar cosas o aprovechar de la oferta de algún vendedor ambulante, sentándose en las gradas de ingreso a Correos, en resumen, darle vida al lugar con una apropiación libre, espontánea, agradable del espacio público, porque éste se concibe para esa apropiación, es su razón de ser.“La ciudad es ante todo el espacio público, el espacio público es la ciudad. Es a la vez condición y expresión de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos”.[2]
Imágenes que muestran el uso libre del espacio público, una apropiación espontánea que da vitalidad al área urbana. En la imagen de abajo puede verse (izquierda) la escalinata abierta, antes del enrejado, hacia el espacio público y el ingreso principal al bloque de oficinas. Fotografías: arriba imagen de Google Maps, abajo Bolivia Local.
El avance de las rejas, lamentablemente, alcanzó a ese espacio público, el “atrio del Correo” está cerrado y ocupado, la gente, que aún considera ese lugar una parte importante de la ciudad sigue llegando a él, sigue reuniéndose ahí pero en un área muchísimo mas pequeña, reducida a la acera, donde quiere “estar, conversar, intercambiar” pero ese pequeño espacio es, además, de circulación, en resumen, un espacio público degradado a causa de, lo que yo considero, una falta total de ejercicio de la democracia desde los administradores del estado.
El efecto del «enrejado» es, evidentemente, negativo; las posibilidades de una apropiación digna del espacio público por parte de los ciudadanos, más aún en condiciones adversas causadas por la pandemia, resulta prácticamente imposible, es claramente una degradación del espacio público generada desde la administración del Estado. Fotografías: Jorge Valenzuela.
Para cerrar esta entrega, me voy a permitir apoyarme en un texto ajeno pero que contiene todo mi pensamiento y mi sentir respecto del tema y porque yo no podría expresarlo con mejores palabras:
“El espacio público expresa la democracia en su dimensión territorial. Es el espacio de uso colectivo. Es el ámbito en el que los ciudadanos pueden (o debieran) sentirse como tales, libres e iguales. El donde la sociedad se escenifica, se representa a sí misma, se muestra como una colectividad que convive, que muestra su diversidad y sus contradicciones y expresa sus demandas y sus conflictos. Es donde se construye la memoria colectiva y se manifiestan las identidades múltiples y las fusiones en proceso. El espacio público democrático es un espacio expresivo, significante, polivalente, accesible, evolutivo”.[3]
El espacio público debe ser un lugar que permita la sociabilidad, apto y cómodo para las actividades de los ciudadanos y accesible para todos; estas características no suelen ser parte de nuestros espacios públicos, encontramos rejas por todas partes y, algunas veces, la falta de comodidad en ellos genera inseguridad, especialmente para los niños y adultos mayores. Fotografía de enteurbano.com
“La crisis del espacio público se manifiesta en su ausencia o abandono o en su degradación, en su privatización o en su tendencia a la exclusión. Sin espacio público potente, integrador socialmente, articulador física y simbólicamente, la ciudad se disuelve, la democracia que se pervierte, el proceso histórico que hace avanzar las libertades individuales y colectivas se interrumpe o retrocede, la reducción de las desigualdades y la supremacía de la solidaridad y la tolerancia como valores ciudadanos se ven superados por la segregación y por la codicia, por el egoísmo y la exclusión”.[4]
[1] Kevin Lynch, “La Imagen de la Ciudad”, Massachusetts, USA, 1960
[2] Jordi Borja, “Espacio Público y Derecho a la Ciudad”, Barcelona, España, 2012
La pregunta del título de esta entrada no es otra cosa que una prueba de incertidumbre respecto de las oportunidades y posibilidades que la planificación, por más incipiente que sea, puede darle a la ciudad de La Paz para su desarrollo y sostenibilidad.
El 10 de agosto de 2019 publiqué en este blog una entrada con el título “Fuera de Norma!!!” en el que mi preocupación, que debiera ser la de todos, por la ausencia de fiscalización eficiente, por la irresponsabilidad de los propietarios y por la falta de ética que, lamentablemente existe, en muchos profesionales, llegó a niveles insospechados al saber que la propia Ley Municipal permite la ilegalidad a cambio de dinero en las arcas municipales sin ninguna consideración por la ciudad.[1]
La Ley de Usos del Suelo Urbano (LUSU) contiene la normativa que, entre otros aspectos, establece las reglas y patrones de asentamiento y parámetros de edificación que deben aplicarse en el diseño y construcción de edificios según las zonas, las condiciones de suelo, la topografía, los usos permitidos y otros muchos que, por lo menos en la teoría del urbanismo, resultan de un proceso de planificación y se constituyen en parte de sus estrategias de aplicación para alcanzar sus objetivos, como el de ampliar “…..la noción de hábitat sostenible y digno a partir de lograr una adecuada interrelación entre el territorio biofísico, las formas socioculturales de apropiación y el proceso de asentamiento y localización de la población…..” o el de “…..establecer lineamientos claros y entendibles a partir de los cuales se podrá planificar una adecuada administración del territorio, delimitando las áreas edificables y sus diferentes destinos…..”.[2]
Para estos efectos, en la administración de la norma, existen procedimientos y trámites que establecen una aprobación previa de los “proyectos de permisos de construcción” y, a la conclusión de las obras, previa presentación de planos “as built”[3] e inspección municipal para verificación de cumplimiento de la norma, se obtiene un “certificado de habitabilidad” del edificio. En muchos casos, según los colegas que los realizan con cierta frecuencia, estos trámites resultan en “verdaderos calvarios”, debiendo atender a veces incontables observaciones a sus proyectos por parte de los funcionarios municipales, las que no se hacen en una sola revisión y tampoco se las consigna por escrito, lo que obliga, en muchos casos, a la múltiple re-impresión de planos en largos plazos de trámite.
Así como existe tremenda contradicción en la Ley Municipal 233 de Fiscalización, además de tratar de ser completa y muy clara, la Ley de Usos del Suelo Urbano (LUSU) tiene aspectos normativos discutibles, tema para talleres profesionales, académicos e incluso vecinales y contiene normas que no son fáciles de entender desde el punto de vista de una planificación seria; ejemplo: el Artículo 23 (Ocupación Temporal de Retiros Frontales) con procedimientos detallados en el Anexo II de la propia LUSU, que permite ocupar el retiro frontal“temporalmente con construcciones de características desmontables para actividades comerciales”.
Un ejemplo de ocupación de retiros frontales ,con «construcciones de características desmontables», en el centro de la ciudad, Sopocachi, en un conjunto patrimonial de viviendas del Siglo XX. La «temporalidad» de esta estructura es cuestionable. (Foto: Jorge Valenzuela)
Si se planifica el uso del suelo ¿por qué, en la propia Ley, supuesto resultado de esa planificación, se posibilita la ocupación temporal de retiros frontales? Si entendemos el retiro como el aporte privado a la calidad del espacio público y del medio ambiente urbano y, si la planificación ha establecido su necesidad en un área de la ciudad, ¿por qué debiera permitirse su ocupación, aunque sea temporalmente?, tratándose de áreas con usos comerciales intensivos, ¿por qué no se definió de inicio el parámetro de edificación sin retiro? Son muchas preguntas, quizá hayan más, las dejo para que sea el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) el que las analice y las responda; si revisamos los hechos, la “temporalidad” de muchas construcciones, permitidas por esta norma, es muy dudosa dadas sus características, su uso y el tiempo transcurrido desde que se las autorizó.
Otros ejemplos de ocupación de retiro frontal, autorizada por el Artículo 23 de la LUSU, con construcciones que no parecen tener el carácter de «desmontables» para una «ocupación temporal» (Fotos: Jorge Valenzuela)
Volviendo al título, ¿Cómo se Administra la Norma?, las respuestas verdaderamente inquietan y, para ser más claro, más gráfico y más entendible en mis preocupaciones voy a usar ejemplos que muestran los motivos de tales preocupaciones. Además de los 45 artículos y los ocho Anexos que conforman el “Texto Ordenado” de la LUSU de La Paz, ésta contiene mapas urbanos temáticos (topográfico, geológico, geotécnico, geomorfológico, etc.) y mapas de usos del suelo y patrones de asentamiento complementados con cartillas de cada patrón de asentamiento para cada uno de los distritos.
Primero veremos un edificio, bastante nuevo, que llamó mi atención por, lo que yo considero, una ocupación permanente del retiro frontal con una estructura que parece sostener una marquesina de importantes dimensiones. Partiendo de la premisa que a sus promotores, constructores o propietarios se le concedió el permiso de construcción y, al estar ya ocupado y en funcionamiento, presentaron planos “as built” y obtuvieron el certificado de habitabilidad o lo que correspondiera para su ocupación, me permito hacer un análisis “ex post” de cumplimiento de la norma considerando que la administración municipal dio su aprobación al respecto.
El edificio ubicado en la Calle 21, a la izquierda una vista del volumen completo, a la derecha dos vistas del retiro frontal con la construcción fija de una estructura que parece soportar parte de la marquesina (tiene tensores); es una ocupación de retiro frontal no permitida por la norma. (Fotos: Jorge Valenzuela)
Una aclaración necesaria, los datos para el análisis se obtuvieron por observación en sitio, con planos de la Restitución Aerofotogramétrica de 2006 y con ayuda de imagen satelital de “Google Earth”, puesto que, aunque la información sobre todo proyecto, en cuanto a lo que éste afecte al uso y ocupación del espacio urbano, debiera ser pública, el GAMLP considera que no es posible acceder a ella tratándose de proyectos privados. Entiendo que es osado aventurarme a este análisis, pero me encantaría generar una reacción que busque demostrarme lo contrario de lo que afirmo.
El primer edificio está ubicado en la esquina de la Calle 21 de Calacoto (Av. Washington), esquina calle Adrián Patiño, en un terreno de aproximadamente 608 m2 de superficie; según el mapa de usos del suelo y patrones de asentamiento le corresponde el patrón Zona Sur 5Z-d19, que define una ocupación de 70% en zócalo (425.60 m2) y 50% en torre (304 m2), sobre cuyo cumplimiento no manifestaré duda en vista de la escasez de información precisa. Lo que sí pondré en duda y podría aseverar que no se cumple es el parámetro de Área Mínima Verde (AMV) que la norma demanda en 30% de la superficie del terreno y es imposible que las pequeñas jardineras que se ven en el frente alcancen a los 182 m2 de área verde que exige la norma, ni siquiera si los 70 m2 del retiro de fondo fueran área verde.
Arriba, la ubicación del predio del edificio, marcada (círculo amarillo) en un segmento del mapa de usos del suelo y patrones de asentamiento del Distrito 19 que forma parte de la LUSU. Abajo, el predio marcado (círculo rojo) en el plano de la restitución aerofotogramétrica de La Paz, de 2006, sobre el que se hicieron las mediciones para el análisis. (Documentos de la ciudad publicados por el GAMLP)
Además de la ocupación del retiro frontal con una estructura fija y con las jardineras, llama la atención la altura del edificio, no porque el parámetro de Altura Máxima de Fachada (AMF) no se lo permita, sino porque no se explica cómo el proyecto pudo alcanzar la misma con las condicionantes normativas. El Área Máxima a Edificar (AME), tiene un parámetro de 395% de la superficie del terreno, lo que permite un total 2,400 m2 de edificación, con posibilidad de incremento a partir de los Incentivos a la Inversión que la norma incluye referidos a:[4]
La cartilla normativa de la LUSU (derecha) correspondiente al patrón Zona Sur 5Z-d19 en la que se consignan los parámetros normativos de Área de Lote Edificable (ALE), los Parámetros de Edificación, como Área Máxima a Cubrir (AMC), retiros, número de plazas de parqueo, Área Máxima a Edificar (AME), Altura Máxima de Fachada (AMF), Área Mínima Verde (AMV) y los Incentivos a la Inversión. A la izquierda una de las imágenes del edificio usadas para el análisis. (Foto: Jorge Valenzuela, documento de la ciudad publicado por el GAMLP)
una superficie de terreno que sea el doble del Área de Lote Edificable (ALE) que para este caso tiene un parámetro de 1,000 m2, el predio del edificio tiene 608 m2, por tanto no corresponde su aplicación;
15% adicionales de AME por cada metro adicional al retiro frontal para uso exclusivo de área verde, por lo visto en el edificio concluido, tampoco corresponde;
una reducción de 10% en el AMC le incrementaría 30% al AME, por lo que se ve no existe esta reducción, por tanto el incentivo no corresponde;
el único incentivo posible sería el incremento de 50% en el número de plazas de parqueo a ser destinado a uso público, lo que solamente el GAMLP puede comprobar, pero, en el uso diario, no se ve que exista estacionamiento público en el edificio.
Imagen satelital (Google Earth) del área con el edificio analizado (círculo rojo). Es notorio que los edificios vecinos manejan parámetros distintos y parecen acercarse más al cumplimiento de la norma, aunque se ve muy claramente que el parámetro de Área Mínima Verde no es el que más despierta la atención de los promotores, proyectistas o constructores, no obstante la urgente necesidad de la ciudad por contar con espacios verdes.
Si el zócalo ocupa 425 m2 y cada planta de la torre puede alcanzar a 304 m2, la posibilidad de AME del edificio (2,400 m2), cumpliendo con la norma, le permitiría una altura (AMF) de un zócalo y seis plantas y media (7 plantas y media); como puede verse en las imágenes, el edificio tiene once (11) plantas, es decir, un Área Máxima Edificable de 3,465 m2!!!; ¿cómo se justifica un incremento de 1,065 m2? Incluso si hubieran 8 plazas de parqueo para uso público, adicionales a las 16 que debiera tener por norma, el AME sería de 3,008 m2, el edificio estaría con más de 450 m2 fuera de norma. ¿Se aplicó el Artículo 22 de la Ley Municipal 233? ¿A cuánto ascendió el monto de “monetización de la infracción”? Y….. la ciudad ¿qué?
El segundo caso es el de un edificio en Achumani, es un hotel, lo que hace interesante el análisis pues parece que los hoteles tienen una administración de la norma muy propia, ya que en la entrada del blog del 10 de agosto de 2019 se analizó la situación de fuera de norma de otro hotel. El edificio de este análisis está ubicado en la Av. de la Fuerza Naval, a unos metros de la Calle 23 (ingreso a Achumani), en un terreno de aproximadamente 680 m2 de superficie, con un frente de algo más de 24 metros. Según el mapa de usos del suelo y patrones de asentamiento le corresponde el patrón Zona Sur 4-d19, que define una ocupación de 50% en torre (340 m2), sobre cuyo cumplimiento, como en el otro caso, tampoco manifestaré duda en vista de la escasez de información precisa.
El edificio-hotel, objeto de este segundo análisis (izquierda). A la derecha, arriba, la ubicación del predio del edificio, marcada (círculo rojo) en un segmento del mapa de usos del suelo y patrones de asentamiento del Distrito 19 que forma parte de la LUSU. Abajo, el predio marcado (círculo rojo) en el plano de la restitución aerofotogramétrica de La Paz, de 2006, sobre el que se hicieron las mediciones para el análisis. (Foto: Jorge Valenzuela. Documentos de la ciudad publicados por el GAMLP)
En este caso, tampoco el terreno tiene el doble de superficie del Área de Lote de Edificable (ALE) de 450 m2 que consigna la norma, por lo que la aplicación de un incentivo por este motivo no corresponde. El retiro frontal que el proyecto ha dejado es mayor al de 3 metros que exige la norma por lo que, si consideramos que ha dejado un retiro de 5 metros, tendría un incentivo de 30% adicional al Área Máxima a Edificar (AME) que, para este patrón, es de 280%, con el incremento podría edificar con 310% de AME, pero hay un pequeño gran detalle, la norma indica que este incentivo es aplicable sólosi los metros adicionales de retiro se destinan a área verde!!!
La norma establece que la Altura Máxima de Fachada (AMF) es de 6 plantas con posibilidad de incrementar no más de dos plantas adicionales si se aplicara alguno de los incentivos, en este caso no parece haberse aplicado incentivo alguno y el edificio tiene 9 plantas. El AME (280%) que permitiría la norma para esa superficie de terreno (680 m2) sería de 1,904 m2; por el volumen construido, suponiendo que se han cumplido los requerimientos de retiros y de AMC 50% del patrón Zona Sur 4-d19, la superficie construida parece estar cerca de los 2,850 m2, es decir, más de 900 m2 que estarían fuera de norma y, además, en ninguna parte de la construcción o el terreno se ven los 272 m2 de área verde que la norma exige (40% del ALE). Otra vez debemos hacernos las preguntas sobre la aplicación del Artículo 22 de la Ley Municipal 233 y sobre el monto de la “monetización de la infracción”, espero haya respuestas.
Arriba dos vistas del edificio-hotel en las que se ve que no existe un solo metro cuadrado de área verde en ese espacio del retiro frontal que pudiera haber posibilitado la aplicación de un incentivo para incrementar el AME. Abajo, la cartilla normativa de la LUSU correspondiente al patrón Zona Sur 4-d19, en la que se consignan los parámetros normativos de Área de Lote Edificable (ALE), los Parámetros de Edificación, como Área Máxima a Cubrir (AMC), retiros, número de plazas de parqueo, Área Máxima a Edificar (AME), Altura Máxima de Fachada (AMF), Área Mínima Verde (AMV) y los Incentivos a la Inversión. (Fotos: Jorge Valenzuela. Documento de la ciudad publicado por el GAMLP)
Pero el análisis no termina ahí, no solamente podemos comprobar que hay incumplimiento de la norma en la aplicación de los parámetros establecidos por la LUSU para el patrón respectivo, sino que, además, se han ocupado con construcciones los retiros laterales y el retiro de fondo; el patrón Zona Sur 4-d19 es para una edificación sin zócalo y con retiros frontal, laterales y de fondo obligatorios y, calculamos que, para alcanzar a un AMC de 340 m2, debió dejar retiros de 3.50 metros a cada lado y al fondo además de los 5 metros del frontal, por lo que, estando estos retiros ocupados con construcciones, se puede adicionar unos 250 m2 a la infracción y, por tanto se alcanzaría a 1,150 m2 que estarían fuera de norma.
Imagen satelital (Google Earth) del edificio-hotel en su localización, en ella se observa claramente la ocupación con construcciones de los retiros laterales y de fondo y que en el edificio construido no es posible ubicar los 272 m2 de Área Mínima Verde (AMV) que la norma requiere.
Si esta situación, encontrada en este edificio por el análisis hecho, ya es preocupante, podemos pensar que la ciudad está totalmente desprotegida y con total ausencia de administración territorial y normativa eficiente y efectiva si observamos lo que se supone es la aplicación, en este edificio-hotel, del Artículo 23 (Ocupación Temporal de Retiros Frontales) de la LUSU. Se le ha permitido ocupar el retiro frontal con una estructura para ascensor, que de hecho no es una construcción “de características desmontables para actividades comerciales”, como condiciona el mencionado artículo y con otra estructura, que alberga parte de un restaurante, que sí podría corresponder a lo establecido por el Artículo 23.
Vista del frente del edificio-hotel en el que se ve la estructura del ascensor y la «estructura desmontable» del restaurante, construidas sobre el retiro frontal, construcciones supuestamente autorizadas aplicando el Artículo 23 de la LUSU. A la izquierda se observa la ocupación del retiro lateral con un ambiente construido con cubierta cuyas aguas se echan al vecino, lo que no está permitido. (Foto: Jorge Valenzuela)
Si en un solo edificio, con permiso de construcción aprobado, con planos “as built” aprobados (se supone, si no el hotel no debería estar funcionando), encontramos contravenciones a la norma en altura, en la ausencia total de Área Mínima Verde, en la ocupación de los retiros laterales y de fondo, en un exceso enorme en el Área Máxima a Edificar, en la construcción de una cubierta (en el retiro lateral izquierdo) que, además de ocupar retiro, echa aguas hacia el vecino, lo cual no es permitido por norma y, además, se le permita construir en retiro frontal, al amparo de un artículo de la propia norma que no tiene sentido desde el punto de vista de una planificación bien hecha, sólo queda volver a preguntar ¿cómo se administra la norma?
[1] Artículo 22 de la Ley Municipal Autonómica Nº 233 y su Reglamento.
[2] Exposición de Motivos del “Texto Ordenado” de las “Leyes Municipales Autonómicas Nros. 017 – 024 -050 -080”, que constituyen la LUSU.
[3] Anexo VI, Condiciones Generales sobre Edificaciones de la LUSU
Al iniciar este proyecto de publicar un blog que trate y genere discusión sobre temas de mi visión de la ciudad, sus problemas, belleza y potencialidades así como mostrar que todos somos responsables de “Hacer Ciudad”, subí una primera entrada con el tema de “Problemas Urbanos y Responsabilidad”, el 10 de octubre de 2018, con el título de “Sanidad y Medio Ambiente” porque considero que los mayores problemas de la ciudad de La Paz corresponden a estos aspectos y el tema que toco hoy es parte de los mismos.
“La ciudad necesita un análisis específico: hay un flujo de materia y energía que entra y sale, una interacción entre seres vivos. Hay que pensar que los ríos no solo son el cauce, son el agua que los constituye, son lo que transportan, los animales que viven en ellos, la recarga de agua. En una ciudad los ríos siguen brindando servicios si no se entuban.”[1].
Muchas de las más grandes civilizaciones de la historia de la humanidad se iniciaron a la orilla de ríos o cuerpos de agua, los mismos que han sido, además de fuentes de vida, factores geográficos y económicos determinantes para su desarrollo. Las ciudades bolivianas no escapan de esta característica y casi condición, como Santa Cruz y el Río Piraí, Cochabamba y el Río Rocha, Tarija y el Guadalquivir, etc.
En la fotografía de la derecha , la imagen satelital (Google Earth) muestra las cinco cuencas que conforman el territorio sobre el que se asienta la ciudad de La Paz, las mismas que forman, a la altura de La Florida, el Río La Paz. La fotografía de la izquierda (Joel Kittelson) muestra el barrio de Miraflores, rodeado, a la derecha, por el Río Orkojahuira (embovedado) y, a la izquierda, en la esquina inferior de la imagen, por el Parque Urbano Central que es borde de la cuenca del Río Choqueyapu.
El valle del Chuquiago, el que encontraron los españoles para fundar la ciudad de La Paz, está regado por cinco cuencas, la del Río Choqueyapu y las de sus afluentes: el Río Orkojahuira, el Río Irpavi, el Río Achumani y el Río Huayñajahuira, todos alimentados por muchísimos riachuelos; desde entonces, la urbanización se ha convertido en la principal causa de su destrucción. Más de la mitad del cauce del Choqueyapu que cruza la ciudad así como más del 90% del cauce del Orkojahuira y casi el total de sus riachuelos afluentes están embovedados y enterrados y todos están contaminados ya que son los canales de alcantarillado sanitario de la ciudad.
Esta aproximación de la imagen satelital (Google Earth) muestra con claridad cómo la ciudad de La Paz se ha conformado y se está expandiendo a lo largo de las cuencas de los ríos de su geografía. Lamentablemente, esta expansión es, prácticamente en todos los casos, generada por el mercado inmobiliario cuyas acciones han sobrepasado todo intento, de los muy pocos que hubieron, de planificar esta expansión.
Desde su fundación, la tendencia de expansión de la ciudad de La Paz ha sido y sigue siendo a lo largo de sus cuencas hidrográficas; si consideramos algunos conceptos de Ian L. MacHarg[2]sobre que “la naturaleza es un único sistema interactivo y que una alteración en cualquiera de sus partes afecta al conjunto” o que “los procesos terrestres necesitan del agua y que los procesos del agua dulce son inseparables de la tierra……entonces, que la gestión de la tierra afecta al agua y que la gestión del agua afecta a los procesos de la tierra”, debemos evaluar conscientemente ese proceso de expansión urbana ya consolidado y en actual desarrollo y darnos cuenta que no hemos avanzado, ni lo estamos haciendo, por buen camino dado que “…..los terrenos destinados a espacio libre en la región metropolitana son los que proceden de espacios caracterizados por sus procesos naturales, intrínsecamente idóneos para actividades ‘verdes’: ese es el lugar de la naturaleza en una metrópoli”.
Desde que el crecimiento de la ciudad se aceleró, es innegable que se ha edificado a lo largo de los ríos, ocupando el “lugar de la naturaleza” y allá por los años de 1900 (el proyecto de la “Avenida Central” de 1913, hoy Av. Montes), iniciamos un proceso en el que las “gestiones del agua y de la tierra” no han encontrado otra solución para encarar la contaminación de los ríos y buscar soluciones a los requerimientos de la edificación que la de embovedar, cerrarlos y “problema resuelto, red de alcantarillado enterrada” y, lamentablemente, esa mentalidad persiste en la actualidad y vamos por la solución simple y fácil sin importar el impacto sobre la ciudad.
En la imagen de arriba, la fotografía publicada por la Agencia Municipal de Noticias (AMN), se ve al señor Alcalde de La Paz (derecha) inspeccionando el inicio de obras del embovedado del Río Choqueyapu, desde la «Gruta de Lourdes» hasta Obrajes. En la imagen de abajo, también publicada por la AMN, se ve el trazo del embovedado y algunos detalles de sus características.
En enero de 2017, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) anunció la ejecución de trabajos para el embovedado del río Choqueyapu, desde el sector denominado “Gruta de Lourdes”, para construir, sobre ese embovedado, la continuación de la “Avenida del Poeta” hasta el inicio del barrio de Obrajes. Es un proyecto vial que se ejecutará a expensas de la calidad ambiental de la ciudad, no obstante que se insiste, a través de la Agencia Municipal de Noticias, en que “esta construcción nos va a permitir no solamente llevar de manera adecuada las aguas del río sino que estabilizará el sector en tramos donde ya se han determinado algunos problemas” (Agencia Municipal de Noticias, 19 de septiembre de 2019).
En la imagen de la izquierda, fotografía tomada por el autor del blog desde una cabina del teleférico de la «línea celeste», se ve la cuenca del Río Choqueyapu en el sector a ser embovedado; el verdor de las laderas se debe, claramente, a la presencia del agua y también se nota que es un área muy estable. Deduzco que los árboles caídos que se ven en la imagen son los de la tala realizada para la construcción del teleférico. En la imagen de la derecha, publicada por la AMN, el proyecto de avenida por el que se ha determinado el embovedado del Río Choqueyapu; la topografía de este sector hace que el río, a cielo abierto, tenga una serie de caídas que, por lo que comentan entendidos en la materia, son facilitadoras de la oxigenación de las contaminadas aguas, lo que con el embovedado no funciona.
En el tramo en cuestión, de unos 1,200 metros de longitud, el único problema de inestabilidad del que tengo memoria data de hace más de 30 años y fue un asentamiento en la parte alta de la Avenida Libertadores, detrás de la residencia presidencial, debido a filtraciones; la solución que se le dio fue una de las más ingeniosas que la ciudad ha visto y que ha garantizado la estabilidad del sector sin problemas posteriores hasta el día de hoy (ver fotografía debajo de este párrafo). El Mapa de Riesgos de La Paz, elaborado y permanentemente actualizado por el GAMLP, marca este sitio como de muy bajo y bajo riesgo; no es mi intención discutir con los especialistas ni cuestionar su capacidad profesional, pero busco respuestas y argumentos para justificar que sigamos repitiendo los errores del pasado.
En la imagen de la izquierda, fotografía tomada por el autor del blog desde una cabina del teleférico de la «línea celeste», se muestra la ingeniosa solución de ingeniería que se construyó hace más de 30 años para resolver un problema de asentamiento de la vía, provocado por filtraciones de agua, solución que ha funcionado y funciona eficientemente; no tengo conocimiento de ningún otro evento que se hubiera producido por inseguridad que el embovedado del río vaya a prevenir o resolver. El Mapa de Riesgos de La Paz, imagen de la derecha, muestra que el sector del proyecto (marcado con el óvalo celeste) es un área de muy bajo y bajo riesgo (verde en la referencia).
Por otra parte, el Plan Maestro Metropolitano de Agua, impulsado en 2012 por el Ministerio de Medioambiente y Agua y elaborado por una consultora con financiamiento de la Cooperación Española y el BID, menciona las dificultades de saneamiento del Río Choqueyapu a raíz del embovedado y propone, como medida a corto plazo, “la construcción de un emisario que recolecte y conduzca las aguas residuales de toda la ciudad hasta la planta de tratamiento de Mallasa……se definió el trazo del emisario por la margen izquierda del río Choqueyapu y río La Paz”.[3](El emisario debiera iniciarse a la altura de la Gruta de Lourdes; la planta de tratamiento de Mallasa es un proyecto resultante del Plan Maestro Metropolitano de Agua).
Arriba, imágenes publicadas por la AMN que incluyen las características técnicas del embovedado del Río Choqueyapu en ejecución, las mismas que no muestran «emisario central» alguno u otro para recolectar aguas residuales, ambas cámaras son para conducir las aguas del río, como lo hacen cientos de metros más arriba, en los antiguos embovedados. Abajo, imagen que muestra instalación de faenas, equipo y el inicio de las obras de embovedado en la curva de la «Gruta de Lourdes» (fotografía del autor del blog).
La respuesta del GAMLP es que “el embovedado permitirá la separación de las aguas residuales para que sean conducidas por el emisario central propuesto en el proyecto hasta la futura planta de tratamiento en Mallasa” y que “el diseño final de la planta de tratamiento que impulsa el Gobierno aún no está concluido a diferencia del proyecto del embovedado del Choqueyapu”.[4]Otra aclaración necesaria, porque, como se ve en el proyecto, publicado por el GAMLP, no hay un “emisario central” en el embovedado, por lo que no queda claro cómo se hará la separación de las aguas residuales, como requiere el Plan Maestro Metropolitano de Agua (ver imágenes encima de este párrafo).
Arriba un plano extractado del Plan de Ordenamiento Urbano de La Paz (2004) que muestra el esquema de las lagunas de control de caudal en las cabeceras de las cuencas y la planta de tratamiento de aguas servidas en Mallasa; la forestación de áreas adyacentes a las lagunas y de las riberas de las cuencas fue también una propuesta del Plan Verde elaborado por la GTZ a fines de los años 90. En las imágenes de abajo se muestran los muros recientemente construidos por el GAMLP para prevenir desbordes, en este caso del Río Huayñajahuira, cuya efectividad aún no se ha comprobado pero sí queda claro que no muestran ningún interés por lo estético para mejorar el medio ambiente urbano. Estoy convencido que las lagunas de control de caudal serían mucho más efectivas y, desde ya, mucho más eficientes para el medio ambiente.
Cuando se elaboró el Plan de Ordenamiento Urbano de La Paz, entre 2002 y 2004, ahora obsoleto porque nunca hubo la preocupación de darle continuidad, se habían incorporado en él, como componentes importantes, el Plan de Manejo de la Cuenca de La Paz, cuya elaboración se suponía arrancaría en 2005 con recursos del BID y bajo la responsabilidad de la Oficialía Mayor Técnica, y el Plan Maestro de Drenaje que estuvo en ejecución hasta hace poco. Como parte del primero se mencionaban recomendaciones de años atrás para considerar la construcción de lagunas de control de caudal en las cabeceras de las cuencas, seguramente más efectivas que levantar muros a lo largo de los ríos canalizados y que seguir embovedando los cursos de agua; también se planteaba la necesidad de separar colectores de aguas servidas y pluviales, recuperación de los cursos de agua e incorporarlos al paisaje urbano.
A la izquierda, una vista de la cabecera del Río Choqueyapu (foto de Wikipedia) que muestra aguas cristalinas provenientes de deshielo y a la derecha una imagen del Río Choqueyapu, a cielo abierto, en el inicio de su paso por la Zona de Obrajes (foto de El Diario) que muestra la preocupante contaminación de sus aguas.
A partir de la necesidad de encarar los problemas más álgidos de la ciudad, como son los de sanidad y medio ambiente, es fundamental, además de ser consecuentes con el Plan La Paz 2040, direccionar inversiones para enfrentar la recuperación ambiental de la ciudad, mostrando una verdadera voluntad política y efectiva participación en la que la responsabilidad del sector privado es importantísima. Es claro que proyectos como los de saneamiento, de recuperación de los cursos de agua, de control de cuencas y drenajes son enormemente menos atractivos para cualquier gestión porque es infraestructura que queda enterrada frente al brillo y supuesta mayor utilidad de una avenida con “nombre y apellido”.
En estas imágenes (fotografías de Horacio Terraza publicadas en el Blog del Banco Interamericano de Desarrollo) se ve que no es imposible recuperar los ríos urbanos. En la imagen de la izquierda, la población está disfrutando de las aguas del Río Limmat en Zurich, Suiza «(casi 400,000 habitantes) dando una inusual y altísima calidad de vida a su población»; en la imagen de la derecha una vista del Río Tomebamba, en Cuenca, Ecuador (500,000 habitantes) «que hasta mediados de la década del 80, el río presentaba un aspecto séptico, color gris, con olores pestilentes y sin vida acuática debido a las descargas de aguas residuales que llegaban directamente al él», después de 15 años de trabajo se tiene un río de aguas cristalinas.
Es imprescindible buscar soluciones en el marco de la sostenibilidad que condiciona al urbanismo contemporáneo y que está planteada en el Plan La Paz 2040; poner en consonancia la ciudad con su territorio y el medio ambiente es un imperativo ineludible y La Paz necesita de soluciones para sus sistemas de drenaje sanitario y pluvial y para la recuperación de sus ríos, que no van, obviamente, por más embovedados. “Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) son técnicas de gestión de aguas pluviales y planeamiento urbano que persiguen reproducir y/o restituir los procesos hidrológicos previos al desarrollo urbanístico (infiltración, filtración, almacenamiento, laminación, evapotranspiración), integrando estratégicamente elementos de control de escorrentía en el paisaje urbano”.[5]
[2] Ian L. MacHarg, “Proyectar con la Naturaleza”, 1992, Ed. Gustavo Gili, 2000
[3] Diario Página Siete, 14 de septiembre de 2017.
[4] Periódico El Diario, 14 de noviembre de 2017, citando al Secretario Municipal de Gestión Ambiental
[5] Grupo de trabajo ST-10, Congreso Nacional del Medio Ambiente 2018, Fundación Conama: “Agua y Ciudad Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible”, Madrid, 2018
Foto destacada o de cabecera: La cuenca del Río Choqueyapu en el sector del proyecto de embovedado. Foto tomada por el autor del blog desde una cabina de la «línea celeste» del teleférico, La Paz, Bolivia.
Ver también en Haciendo Ciudad la entrada: «Urbanización ‘Los Pinos’ (La Paz), otra faceta del negocio inmobiliario» de 17 de marzo de 2019.
No obstante la ya elevada densidad generada por la construcción de edificios de 10 pisos en la última fase de la Urbanización “Los Pinos” en la Zona Sur de la ciudad de La Paz, con una reducidísima superficie de áreas libres de construcción, el NEGOCIO SIGUE!!!
Imagen de «Google Earth» de la concentración de edificaciones correspondientes a la última fase de la Urbanización «Los Pinos» en La Paz. Originalmente concebida como urbanización abierta, ahora es cerrada, con bloques de 4 plantas. éstos tienen 10, con amplias áreas verdes y equipamientos, esta fase tiene «jardines de adorno» y no tiene equipamientos sociales ni espacio para ellos.
Nuevas construcciones en el atestado espacio incrementarán en unas 250 personas la población que habitará en esta fase de la urbanización, pero la superficie de áreas verdes, existente sólo como “jardines decorativos” y el área para nuevos equipamientos sociales que nunca se incrementó, a pesar de haberse construido 24 nuevas torres de 10 pisos para albergar a más de 1.900 personas, siguen en déficit. También se han hecho construcciones sobre lo que debió ser retiro frontal; por la forma de éstas, se supone serían a futuro pequeños espacios comerciales (¿?).
Las nuevas construcciones en proceso de ejecución (marcadas con el círculo) ocupando el escaso espacio libre que quedaba. Con el rectángulo rojo se marca la construcción que ocupa retiro frontal, junto a un bloque de garajes, otro atentado a la normativa vigente.
Si estas nuevas construcciones están aprobadas el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) es CÓMPLICE de este atentado a la calidad del ambiente urbano y a la calidad de vida de quienes habitan y habitarán esta, mal llamada, “urbanización”. Si estas nuevas torres NO estuvieran aprobadas, los promotores y constructores están cometiendo un delito al incumplir las normas municipales y, al mismo tiempo, el GAMLP debería asumir responsabilidad por no realizar una fiscalización adecuada.
Las nuevas construcciones ocupando el escaso espacio libre que quedaba, eliminando la posibilidad de crear un área verde y, en ninguna de las fases de desarrollo de la Urbanización «Los Pinos» posteriopres a la primera fase, se incrementaron las áreas de equipamiento.
Aprobadas o no, estas construcciones y todas las de las últimas fases de la Urbanización “Los Pinos” son un atentado contra la ciudad, contra el ambiente urbano, contra la calidad de vida de muchas familias, pero, con toda la indolencia de promotores, constructores, profesionales involucrados y Gobierno Municipal, QUE SIGA EL NEGOCIO!!!
La Cuarta Sección de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, localizada en la meseta del Altiplano Norte, fue creada mediante Ley 728 de 06 de marzo de 1985 y elevada al rango de ciudad (El Alto) mediante Ley 1028 del 26 de septiembre de 1988; su extensión fue determinada por Ley 2337 de 12 de marzo de 2002 con una superficie de 428,03 Km2. El Alto fue un área de expansión de la ciudad de La Paz que inició a la ocupación de la planicie; los latifundistas del altiplano aprovecharon la necesidad de suelo urbano y en 1942 se proyecta Villa Dolores y luego Villa 16 de Julio.
El conglomerado La Paz-El Alto, además de ser el centro de la Región Metropolitana de La Paz, es por su ubicación geográfica, un importante centro de comercio, con influencia muy fuerte hasta el área del Pacífico, en un sistema de ciudades que abarca el norte de Chile y el sur de Perú, del que es la mayor concentración poblacional. Ésta es una ventaja comparativa que debe aprovecharse y considerarse como una potencialidad importante.
El Alto cuenta con una población de 922,600 habitantes, calculados por proyección de los 848,452 habitantes registrados en el Censo de Población y Vivienda de 2012, calculándose que, para 2020, tendrá 994,600 habitantes. La población de El Alto se encuentra constituida, en su mayoría, por migración rural andino-aymara de las diferentes provincias del Departamento de La Paz y un segmento de migración del interior del país, sobre todo migración minera producto de la relocalización de la década de 1980.
La extensión excesiva y no controlada de la mancha urbana de El Alto, mayormente generada por el mercado inmobiliario y la reducida capacidad de control del Gobierno Municipal, es uno de los problemas urbanos a enfrentar. (Foto: Getty Images)
Por la “facilidad” que ofrece la topografía y por la falta de planificación y control, la mancha urbana se extiende rápidamente, imparable y en exceso, al influjo de acciones del mercado inmobiliario que, finalmente, es el que decide la configuración espacial de la ciudad. Esta extensión muestra asentamientos con muy baja densidad que se han “trazado” desde las vías principales que son parte de la red vial nacional y departamental generadas, hace muchos años, para la conexión de la ciudad de La Paz con otras áreas del país y hacia el Pacífico.
“Vecinos y pobladores, en sus diferencias sociales y culturales, alimentaron un sentimiento de unidad para enfrentar la precariedad de sus condiciones de vida, su pobreza y su marginalidad, organizándose alrededor de necesidades comunes y específicas para demandar atención…..”[1], así refiería, hace 30 años, Godofredo Sandoval el nacimiento de las organizaciones sociales en la ciudad de El Alto. Ahora, El Alto de La Paz puede considerarse un ejemplo en cuanto al alcance de la organización vecinal y de la importancia de las organizaciones sociales.
Aunque parece una apacible calle peatonal, la Av. Tiahuanaco de El Alto es un eje vial muy importante para el flujo vehicular y la movilidad urbana en el área de la «Ceja»; sin embargo, diariamente, a partir de las tres de la tarde, esta vía y otras tres adyacentes, son «tomadas» por, según informa la alcaldía, 45.000 comerciantes con la debida autorización. Un «derecho» adquirido por prebendalismo político muchos años atrás. (Foto: La Razón).
Sin embargo, en el mismo libro, en sus conclusiones, Sandoval alertaba: “En casi todas las organizaciones de pobladores existen ‘minorías activas’: dirigentes, promotores y grupos que por su formación, experiencia y proximidad a instituciones críticas, políticas o no, tienen mayor capacidad para producir elementos de una identidad ofensiva, de interpelación y ruptura sistémica. Pero a su vez, estas ‘minorías’ propenden a perder fácilmente su autonomía como interlocutores de sus bases, al ser coptadas por partidos políticos o agentes institucionales y al someterse a demandas particulares, externas a las de su organización”.[2]
El caos vehicular en El Alto es generado por el «transporte público» que realizan grandes cantidades de «minibuses», vehículos con capacidad de entre 10 y 16 personas, en rutas prácticamente definidas por los propios transportistas y con áreas de «parada y espera» tomadas al espacio público. (Foto: Getty Images)
A lo largo de años, este inicio y alcance de las organizaciones sociales alteñas han pasado a ser un empoderamiento que, por las circunstancias de los procesos socio-económicos de la historia reciente, y por un manejo de dirigentes coptados por los partidos, que se mueven en el oportunismo político, que son maestros en generar y mantener el conflicto para asegurar “su trabajo”, han convertido a estas organizaciones en poderes que sobrepasan la capacidad de la autoridad, en este caso, del gobierno municipal.
Los transportistas u operadores del transporte “público”, los “gremiales” o comerciantes informales y las juntas vecinales u organizaciones zonales o de barrio de los vecinos, constituyen poderes de decisión para la ocupación del territorio, la programación de obras y destino de las inversiones frente a las cuales el Gobierno Municipal de El Alto tiene pocas oportunidades. Uno de los factores que ha generado esta situación es el prebendalismo político de muchos años, al amparo del que han conseguido “ventajas” y obtenido privilegios hoy irreversibles, como la ocupación de espacios urbanos para actividades sectoriales (paradas de transporte, comercio callejero, mercado en vía pública, “derechos” sobre el frente de la propiedad privada en el espacio público, etc.).
Mientras que el carril de la derecha en la foto es el de circulación, los tres de la izquierda son de «parada y espera» de vehículos que salen de la «Ceja» a la ciudad de La Paz y que inician su recorrido conforme se va completando su capacidad. Esta es la Av. 6 de Marzo que, saliendo de la ciudad hacia el sur, es la carretera a la ciudad de Oruro. (Foto: tierraplus. com.bo)
Las juntas de vecinos han sido, y son, un efectivo mecanismo para lograr servicios o mejoras en sus barrios, por lo que, movidas por sus dirigentes, suelen actuar como brazos de las entidades políticas alineadas a partidos, como fuerzas de apoyo u oposición, según sea necesario, ejerciendo presión sobre las autoridades para conseguir “beneficios para la zona”, sobreponiendo este interés al del bien de la ciudad. Es común ver en El Alto calles o avenidas abiertas y con tratamiento de acabado de unas cuadras de longitud que, muchas veces, no pueden tener continuidad (barreras naturales, barreras construidas, etc.) porque su construcción y la inversión para ella han obedecido a presión vecinal y no, como debió ser, a un proceso de planificación y de programación de obras y de inversiones.
El Alto ha realizado varios esfuerzos de planificación que no han podido pasar a etapas de implementación, se han generado normas para la ocupación del suelo y patrones de asentamiento que reglamenten la edificación, pero con muy pocas posibilidades para la fiscalización de parte de la autoridad municipal. No es raro ver que en áreas muy alejadas del centro, donde la normativa, si ha alcanzado a abarcarlas, puede establecer, o lo hace, construcción de baja densidad, se encuentran edificios de cuatro y cinco plantas, con porcentajes de ocupación no considerados.
La Federación de Juntas Vecinales es el organismo que aglutina a las juntas de vecinos, una institución fuerte y con poder, razones por las que es objeto de manipulaciones políticas, sobre todo desde el gobierno, convirtiéndola en agente para presionar a los gobiernos municipales democráticamente constituidos y que están en manos de la oposición. (Foto: EA Bolivia)
Cualquier nuevo intento de planificación y de ordenamiento del territorio urbano de la ciudad de El Alto debe, además de tener un muy fuerte contenido social, considerar “territorios del transporte”, “territorios gremiales” y “territorios vecinales”, pues estos sectores no solamente disponen del espacio público sino que, también, demandan decisión sobre el destino de las inversiones. El comercio en vía pública y el transporte sindicalizado ocupan el espacio público como ejerciendo un derecho adquirido y excluyen de su uso y disfrute al ciudadano común que, ya acostumbrado, acepta la situación como normal.
La Feria 16 de Julio toma y ocupa, dos días a la semana, un área importante de la ciudad; es un pilar de la economía de El Alto, un centro de abastecimiento e intercambio con fuerte influencia en el altiplano y más allá de las fronteras nacionales, hasta la costa del Pacífico. En la Feria se puede encontrar todo tipò de productos «desde un alfiler hasta un auto», como dicen por ahí. Los días que no hay Feria, los efectos de ese asentamiento son notorios por el comercio ya constituido en el área. (Foto: The Guardian)
La necesidad de considerar un proceso de planificación con un alto contenido social (tal vez deba añadir antropológico) parte de estas condiciones generadas por las organizaciones sociales y vecinales y de la idiosincrasia de migrantes aymaras, sobre todo de los de primera generación que, por la tasa de crecimiento de la población de El Alto, siguen sumándose a ella. ¿Cómo planificar, desde una visión occidental, tratando de “divisar” el futuro? “En una civilización que privilegia la distinción entre lo visto/no-visto y lo conocido/desconocido hasta tal punto que dispone una trama de requisitos ‘evidenciales’ profundamente inscritos en su idioma…..”; “a menudo los aymaras más ancianos se niegan simplemente a hablar sobre el futuro argumentando que sobre éste nada puede decirse que sea percibible, comprobable o pueda razonarse sobre él sin conjeturar”.[3]
Quizás la respuesta está en “los requisitos evidenciales”, en un proceso de planificación que genere programas y proyectos de intervenciones puntuales, de fuerte impacto pero con miras a obtener resultados visibles en corto plazo. El ordenamiento urbano-territorial de El Alto es un enorme desafío que debe enfrentarse por necesidad, responsabilidad y porque su población merece mejores condiciones de vida, al mismo tiempo de ser parte del proceso de desarrollo urbano sostenible que el país requiere.
[1]Godofredo Sandoval y M. Fernanda Sostres, “La Ciudad Prometida”, ILDIS y Systema, 1989
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