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Movilidad Urbana en La Paz ¿puede mejorar?

Al iniciar este “blog” Haciendo Ciudad, hace cuatro años, hice notar los que, en mi concepto, son los problemas más acuciantes de la ciudad de La Paz que están referidos a estos aspectos: 1) sanidad-medio ambiente, 2) movilidad urbana y 3) espacio público-áreas verdes. Sobre el primero, lo que se ha hecho desde entonces es seguir embovedando ríos. Respecto de la movilidad, además de haberse quemado 66 buses del sistema «La Paz-Bus», se están construyendo y se han concluido viaductos que han demostrado, hasta ahora, poca efectividad apuntándose, además, a una avenida sobre el “nuevo embovedado” del Río Choqueyapu, afectando a la sanidad y al medio ambiente. En cuanto al déficit y mal uso del espacio público y áreas verdes, se ha incrementado exponencialmente el comercio en vía pública, se han plantado muchos árboles, lo cual es bueno, pero también se han descuidado, incluso abandonado, muchos jardines y áreas verdes y se ha incrementado la invasión de áreas protegidas, incluida la quema de vegetación.

Estuve conversando con mis alumnos de la universidad y recibiendo sus trabajos y percepciones sobre la movilidad urbana, lo que me llevó a que en esta entrega quiera tocar nuevamente el tema porque, luego del confinamiento, personalmente alargado por voluntad propia, debido a la pandemia, salir a recorrer la ciudad me ha revelado el recrudecimiento de los problemas de movilidad y considero necesario referirme a lo que considero los causa y esbozar algunas ideas para generar posibles soluciones.

Transporte “público” caótico

El transporte realizado por miles de minibuses, incluidos en cientos de líneas (a la vez rutas), cuyas rutas muchas veces cambian según capricho o necesidad del conductor, es un servicio público proporcionado por privados, sindicalizados, organizados y con mucho poder frente a la autoridad, en este caso municipal y a la ciudadanía que no tiene más remedio que recurrir a este servicio. Este sistema de transporte es, indudablemente, “masivo” por la demanda que cubre, pero absolutamente ineficiente en el marco de lo que debiera considerarse un sistema de transporte público masivo por la poca capacidad de sus vehículos y la enorme cantidad de éstos en las vías de la ciudad. El transporte público de “La Paz-Bus” (buses “Pumakatari”) no puede absorber mucha más demanda porque las rutas que debe seguir no son las adecuadas a la eficiencia que su capacidad permitiría, precisamente por presión e imposición del transporte sindicalizado.

Congestión de tráfico en la Avenida Mariscal Santa Cruz en el centro de la ciudad de La Paz. Si se observa la fotografía, claramente se ve que la posible presencia de vehículos privados (familiares, personales) es mínima, si la hay, la enorme mayoría son vehículos privados de «transporte público» (minibuses, micros, «trufis», taxis, etc.). (Fotografía de El Diario).

Concentración de actividades en el centro

El Macrodistrito Centro (Mactrodistrito 7) del área urbana del Municipio de La Paz, conformado por los Distritos 1 (centro tradicional extendido) y 2 (Miraflores), alberga, aproximadamente, el 8% de la población urbana y más del 19% de los equipamientos sociales que prestan servicios de educación, salud, cultura, abastecimiento, etc.; de este porcentaje, en el Distrito 1 se concentra el 64% de dichos equipamientos y en el Distrito 2 está la mayor concentración de servicios de salud de la ciudad, incluidos los más importantes hospitales de tercer nivel.

Colindando con el Distrito 1, muy cerca, en el Distrito 3 (Sopocachi) también se observa una concentración de equipamientos de educación y en el Distrito 6 (San Pedro) se encuentra el Mercado Rodriguez y otros mercados y tambos de un conjunto comercial que, desde el período colonial, constituyen el centro de abasto más concurrido de la ciudad. El comercio informal junto al comercio formal son parte muy importante de esta concentración de actividades en el área central de la ciudad.

El Mercado Rodriguez, otros mercados más pequeños y tambos forman un conjunto comercial muy importante; funciona todos los días y el fin de semana ocupa las calles adyacentes cerrando totalmente las vías a la circulación vehicular. Es un centro de abastecimiento importante y funciona prácticamente como centro de acopio urbano. (fotografíasGAMLP).

A los servicios considerados en este análisis debe añadirse los servicios de gestión, tanto del nivel central del estado como los de los niveles departamental y municipal, así como servicios generados por el sector privado, aunque éstos, por lo general, ya han generado desconcentración, especialmente la banca y el sector empresarial.

El flujo de personas en busca de servicios, desde diferentes puntos de la ciudad hacia este centro, así como el de comerciantes y trabajadores que, además desde las laderas y desde otros distritos, proceden de El Alto y del área metropolitana, generan una demanda enorme de transporte. “En efecto, las personas que se trasladan desde El Alto hacia la ciudad de La Paz, en horas pico se han estimado en 20,196 por hora y 7,071 desde La Paz hacia El Alto”.[1] Asimismo, René Pereira indica: “El Plan Urbano de Tráfico y Transporte estima por conteos realizados durante dos años, que cerca de 130 mil alteños llegan o pasan por el Casco Urbano Central diariamente, cifra que equivale al 20% de la población de El Alto (Urquizo, 2004)”.[2]

Concentración de actividades de gestión, servicios, cultura, comercio, etc. en el centro urbano de La Paz.

Considerando que “los servicios y comercio son la principal actividad”, René Pereira muestra  que el 28% de estas actividades se concentran en el Macrodistrito Centro, 23% en el Macrodistrito Max Paredes y 20% en Cotahuma, según el Censo de Actividades Económicas del Municipio de La Paz realizado el 2007.[3]“El estudio Diagonal-CEP, 2004 indica que, de los 4.346 comerciantes en la vía pública identificados, solamente un 6.6% residen en el denominado Casco Urbano Central”[4], este mismo estudio muestra que 36% de dichos comerciantes proceden de El Alto y que 53,8% de ellos proceden de las laderas de la ciudad de La Paz.

Diseño y dimensionado de vías.

En 2015, la Cooperación Suiza en Bolivia, la Fundación Swisscontact y Proyecto Aire Limpio publicaron el “Manual de Diseño de Calles para las Ciudades Bolivianas” y en 2018 el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con apoyo de la Cooperación Suiza-Swisscontact, publicó el “Manual de Diseño Vial La Paz”, ambos documentos establecen las pautas y lineamientos para el dimensionamiento y diseño adecuados de vías.

El diseño y dimensionado de vías es muy variado en la estructura vial de la ciudad; calzadas con dimensiones que no responden a un criterio de funcionalidad con base en velocidad de circulación, jerarquía de vía y tipo de vehículos, dan pie a arbitrariedad por parte de los conductores, a estacionamiento no permitido y a ocupación de la vía.

Si se analiza el diseño y el dimensionado actual del sistema vial de la ciudad a la luz de dichos documentos y con base en la observación de lo que ocurre en la realidad, se puede comprobar que gran parte de la red vial de la ciudad no responde a las características y dimensiones contenidas en los manuales, muchas calzadas están sobredimensionadas, los trazos de vías o los radios de giro no son los correctos, lo que da paso a un uso inadecuado por parte de conductores, posibilitando maniobras indebidas, estacionamiento vehicular arbitrario, “paradas” de transporte público a capricho del usuario y del transportista, en resumen, más razones para el caos y la congestión vehicular.

Arbitrariedad y falta de educación y control

Una primera experiencia, en mi concepto muy positiva, “la primera vía de tráfico calmado”[5], que incluyó trazo y dimensionamiento adecuados, con base en lo mencionado en el punto anterior, es la realizada en la Av. José Aguirre (Los Pinos); un muy buen intento de ordenamiento del flujo vehicular, de las paradas de transporte público, de los pasos peatonales y de espacios para estacionamiento temporal. Esta experiencia no funciona de manera totalmente efectiva por dos razones: la primera es que su diseño e implementación no consideraron la participación vecinal, lo que hubiera permitido adecuarlos mejor a los requerimientos de los usuarios y la segunda es la arbitrariedad de conductores y usuarios en el uso de sus elementos funcionales.

El proyecto Zona de Tráfico Calmado en la Av. José Aguirre de Los Pinos, en la Zona Sur.

En esta avenida, diseñada para una adecuada funcionalidad, la “parada” de transporte público, minibuses, “trufis” y taxis responde al capricho de los usuarios, pasajeros y conductores, que no consideran que se han distribuido bahías para ese propósito a fin de evitar la interrupción del flujo, solamente los usuarios y conductores de los buses “Pumakatari” respetan las paradas asignadas. Los conductores y operarios de vehículos de las empresas que abastecen a los múltiples comercios distribuidos a lo largo de la avenida, así como los clientes de éstos tampoco respetan las condiciones que el diseño ha propuesto para ese fin y realizan su labor a cualquier hora o estacionan vehículos particulares sin importarles la interrupción del flujo vehicular.

Estacionamiento en lugar no permitido (izq.), ocupación de la vía peatonal por parte del comercio informal (centro), parada de transporte en cualquier parte y ocupación de la acera como estacionamiento vehicular, la arbitrariedad de conductores, usuarios y comerciantes está por toda la ciudad.

En muchos sectores de la ciudad, además de la arbitrariedad en las “paradas” del transporte público, son actitudes muy comunes de usuarios y conductores el “estacionamiento en doble fila”, no respetar las señales de tránsito, peor aún, no respetar las señales de semáforo, desconocer la presencia de pasos de cebra y pasos peatonales, estacionar en lugares no permitidos considerando las luces de parada como elementos mágicos para la “desmaterialización” del vehículo que interrumpe el flujo normal y crea condiciones para el caos y la inseguridad.

La falta de control frente a estos atropellos es un problema grave, parece no existir control alguno porque la arbitrariedad aparenta ser una condición aceptada, aunque también debe reconocerse que dicho control se dificulta por la prepotencia de muchos usuarios que llegan incluso a la agresión contra funcionarios cuya labor es la de apoyar al orden y vigilar el cumplimiento de la normativa.

Bosquejando soluciones

Cada vez que tengo la oportunidad de expresarme en eventos profesionales lo digo y lo repito, solucionar los problemas de movilidad (y otros) requiere “cambiar la ciudad”, reestructurarla física y funcionalmente. La “ciudad compacta y policéntrica” propuesta por Richard Rogers[6] y visualizada para esta ciudad en el “Plan La Paz 2040”, es factible y muy pocas ciudades deben tener las condiciones más favorables para ello como la ciudad de La Paz las tiene. Su topografía y su población han establecido núcleos variados de concentración de actividades, aparte del centro tradicional, que son la semilla para consolidar, fortalecer y generar nuevas centralidades.

Centralidades urbanas, más allá de un programa municipal, debiera ser la estrategia de intervención más importante para posibilitar condiciones de sostenibilidad para La Paz, ya que, al promover la desconcentración de servicios facilita la accesibilidad de la población a los mismos, reduce distancias y tiempos de desplazamiento, por tanto reduce la demanda de transporte y puede fomentar el uso de medios alternativos no motorizados, todo esto se traduce en mejores condiciones para solucionar los problemas de movilidad urbana.

Gráfico de las Centralidades Urbanas detectadas, elaborado por el Gobierno Municipal (izq.). Las imágenes de la derecha son visualizaciones de los equipamientos de centralidades generadas para promover los concursos de diseño que el Programa de Centralidades ha organizado con éxito de participación. Considero que, más allá de la calidad de los diseños y propuestas, no se ha encarado la desconcentración de actividades ni la descentralización de los servicios de gestión estatal.

Aplicar la estrategia de consolidar nuevas centralidades urbanas dinamizaría las zonas y crearía condiciones para reforzar el sentido de pertenencia y de identidad, posibilitaría nuevos espacios para la convivencia y socialización y nuevos emprendimientos de los vecinos, lo que serían buenas oportunidades para reducir el déficit de espacio público. Pero esta estrategia requiere de voluntad política, fundamentalmente de parte del nivel central del Estado, para desconcentrar los servicios de gestión, lo cual no parece ser de interés de este inquilino de la ciudad que en los últimos años ha construido, sigue haciéndolo, grandes infraestructuras de oficinas que no hacen otra cosa que fortalecer la concentración y centralización.

Es indudable que las nuevas soluciones para el tráfico, que surjan de la consolidación y funcionamiento de las nuevas centralidades, exigirán una sustancial mejora del transporte público masivo, mejora que deberá basarse en una planificación que busque el bien común y desarrollada en un proceso que incluya la, difícil pero no imposible, participación conjunta del transporte sindicalizado y del gobierno municipal, en la que se generarían nuevas condiciones para los distintos modos de transporte y su integración en un servicio de calidad para toda la población.

Las construcciones realizadas por el nivel central del Estado en los últimos cinco a seis años sin ninguna consideración con el impacto sobre la ciudad y destruyendo patrimonio arquitectónico. En la foto de abajo a la izquierda se ve la nueva torre, la tercera, construida para el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz demostrando la total ausencia de voluntad para desconcentrar servicios, en este caso uno de los servicios que mayor desconcentración demanda por la cantidad de trámites que genera.

Está claro que tenemos infraestructura, una red vial que, si bien debemos evaluar y corregir constantemente, funciona, aunque lo haga con defectos. Se debe evaluar conscientemente la necesidad de más vías y más infraestructura para el transporte a fin de definir claramente su necesidad, dimensión y funcionalidad frente a otras soluciones que pueden ser tan o más efectivas con menos inversión; “ampliar el número de vías de una autopista para reducir la congestión vial es como aflojar el cinturón para resolver la obesidad”.[7] Redimensionar las vías, fundamentalmente las calzadas, ajustando sus medidas y capacidad con base en el contenido de las guías mencionadas líneas arriba, crear puntos de parada para el transporte público, bahías de estacionamiento temporal en lugares adecuados a su necesidad, incluir señalización vertical y horizontal, reglamentar horarios y lugares para el abastecimiento a comercios, son soluciones que pueden aportar con mucho a una mejor movilidad urbana. Ver en este blog: https://jorge-valenzuela.blog/2021/07/08/sistema-vial-de-la-paz-ver-al-futuro-es-imperativo/

Los manuales elaborados y publicados con apoyo de la Cooperación Suiza son importantes documentos para diseñar y dimensionar adecuadamente el sistema vial para optimizar su funcionamiento.

Un dimensionamiento correcto de las calzadas, mejoraría en mucho las características del espacio público para el peatón y si, además de las nuevas centralidades y un dimensionamiento correcto de calzadas, se buscan, piensan, evalúan e implementan, considerando la topografía del territorio, elementos de infraestructura para facilitar la circulación peatonal y el uso de medios de transporte no motorizado, sin dejar de lado la posibilidad de peatonalizar, con base a estudio, áreas del centro urbano, lograríamos condiciones para una ciudad acogedora, reduciendo la dependencia del automóvil, permitiendo, como dijo el urbanista Lewis Mumford, “restaurar las piernas humanas como un medio de transporte. Los peatones dependen de alimentos para combustible y no necesitan aparcamiento especial”.[8]

Frente a las actitudes de conductores, usuarios y personas en general, debe preocuparnos, primero, la pérdida de valores en la sociedad, no hay conciencia de las responsabilidades ciudadanas, avergüenza la corrupción y que ésta se haya filtrado a toda la sociedad desde el poder, muchos creen que tienen derecho a hacer todo y cualquier cosa, sin importar el efecto de sus acciones sobre los demás y sobre la calidad de vida y de ambiente en la ciudad; olvidan que “los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos del otro” haciendo gala de prepotencia, incultura y ausencia de valores y pensando que todo se puede comprar.

También debe preocuparnos la falta de educación, enseñar a vivir en comunidad y en ciudad es una obligación del sistema educativo; la “instrucción cívica” debe ir mucho más allá del “respeto y amor a la patria y sus símbolos” y avanzar a inculcar valores éticos y de respeto, enseñar derechos y deberes en la relación con el otro y con la comunidad, enseñar, desde la escuela a vivir en la ciudad de todos y para todos. Avanzar en mejorar y fortalecer estas condiciones sociales responsabilidad del estado, de la familia y del individuo en su condición de ciudadano, funcionario, jefe de familia, profesional, comerciante, conductor, etc., responsabilidad de todos.

[1]        Pereira, Morató René: “Uso del Espacio Público en la Ciudad de La Paz”, Temas Sociales Nº 28, 2008, Scielo, citando a Benavides (2006) en base al «Diagnóstico del Transporte y Vialidad de la Ciudad de El Alto» (GMEA, 1999).

[2]        Pereira, Morató René: “Uso del Espacio Público en la Ciudad de La Paz”, Temas Sociales Nº 28, 2008, Scielo.

[3]        Ibid.

[4]        Ibid.

[5]        Gobierno Autónomo Municipal de La Paz-GAMLP

[6]        Rogers, Richard: “Ciudades para un Pequeño Planeta”, 1997, Ed. G. Gili 2000.

[7]        Lewis Mumford, citado por Alma A. Rodríguez en diario.mx, 28/06/2018

[8]        https://quote-citation.com/es/topic/citas-de-lewis-mumford

“Regularización” a la medida del NEGOCIO contra la ciudad

La Ley Municipal Autonómica Nº 467, concebida para la regularización de edificios fuera de norma, fue aprobada por el Concejo Municipal el 15 de noviembre de 2021 y promulgada por el alcalde el 26 de noviembre de 2021; estas fechas son muy importantes para hacer un seguimiento de las acciones que debieran emprenderse en defensa de la ciudad y su sostenibilidad, defensa para la que fue redactada, aprobada, revisada y ajustada la vigente Ley de Usos del Suelo Urbano-LUSU, cuyo contenido “establece las normas que rigen el uso, clases y destino del suelo, patrones de asentamiento así como parámetros de edificación para la construcción en el territorio del Municipio de La Paz”[1].

Es posible que la LUSU sea, entre las normas municipales, la más vulnerada, afirmación que se confirma con datos contenidos en el propio texto de la Ley 467 (Exposición de Motivos) refiriéndose a que un “universo de trámites ascendía a 7.877 trámites pendientes, al momento de cierre de la entonces Unidad Gestora del Proceso de Regularización de Edificaciones Fuera de Norma (UGPRE) en la gestión 2018”[2]. Vulnerar las normas de ocupación del suelo y de parámetros de edificación en nuestra ciudad no es algo nuevo, lamentablemente se hace con frecuencia, sin ningún apego por el futuro de la ciudad y su medio ambiente urbano, por acción carente de valores éticos de vecinos, propietarios, promotores inmobiliarios y, más doloroso todavía, de profesionales. (Ver en este blog la entrada: “¿Cómo se administra la norma?” – https://jorge-valenzuela.blog/2020/03/19/como-se-administra-la-norma/).

Proyectos impuestos desde el Gobierno Central, vulnerando la norma, destruyendo el patrimonio arquitectónico y desconociendo las atribuciones del nivel municipal sobre la planificación de la ciudad.

También es preocupante que muchas de las acciones contrarias a la norma se realicen desde el estado, como lo hacen instituciones del gobierno central actuando como un pésimo inquilino de la ciudad. (Ver entrada: “Normativa para equipamientos… ¿Existe? ¿Se cumple?”- https://jorge-valenzuela.blog/2019/03/05/normativa-para-equipamientos-existe-se-cumple/). Por otro lado, extraña y confunde que desde la propia norma se generen “oportunidades” para atentar contra el ambiente urbano como la de “Ocupación Temporal de Retiros Frontales”, inexplicablemente contenida en el Artículo 23 de la LUSU o como la “conversión de la sanción de demolición en sanción de multa pecuniaria” contenida en el Artículo 22 de la Ley Municipal Autonómica 233 de Fiscalización Técnica Municipal. (Ver en este blog la entrada: “Fuera de Norma” – https://jorge-valenzuela.blog/2019/08/10/fuera-de-norma/)

Con esta introducción y volviendo a la Ley 467 (de Regularización), ésta, en sus Artículos 1 y 2 establece que sus disposiciones se aplicarán a las “edificaciones anteriores a la publicación de la presente Ley…”, por lo que debo expresar la primera preocupación. La Ley entró en vigencia el 26 de noviembre de 2021 y los mayores infractores y negociantes inmobiliarios, tres meses después, siguen promocionando sus proyectos fuera de norma, promoción pública, aunque de bastante mal gusto, muy difundida y, por lo que se ve en las redes sociales, despierta muchísimo interés en el público.

A la izquierda, gráficos de promoción en la redes sociales para la venta de departamentos en edificios en proyectos cuyas características están fuera de norma; arriba la promoción del Edificio «Las Loritas 10», cuyo proyecto muestra un excedente de 18 pisos respecto de lo que la norma le permite, publicada el 15 de marzo de 2022, abajo la propaganda de «Youths Buildings», publicada el 10 de marzo de 2022, cuyo proyecto excede en 10 plantas a lo que la norma le permite.

Si se promociona la venta de departamentos que, por efecto de la LUSU y, a pesar de la Ley 467, NO pueden existir porque los proyectos de los edificios que los contendrían no respetan la norma y no podrán ser regularizados, se está promocionando públicamente, con profusión y con descaro un FRAUDE. ¿No corresponde que las autoridades tomen cartas en el asunto? ¿Podría el Gobierno Municipal convertirse en cómplice de ese fraude si, sabiendo que lo que se promociona no responde a la normativa municipal, no hace nada para frenarlo? Con una promoción tan difundida ¿puede el GAMLP hacerse de la vista gorda frente a un abierto desafío a la legalidad de parte de estos negociantes? En ninguno de los casos incluidos en Artículo 4 de la Ley 467 estas “futuras edificaciones” tan ampliamente promovidas se prevé podrán ser objeto de regularización, por lo tanto, se confirma que promueven un engaño. (Ver en este blog la entrada: https://jorge-valenzuela.blog/2022/01/30/que-pasa-con-la-norma-no-hay-fiscalizacion/).

El mismo Artículo 4 de la Ley 467, en el inciso d) señala que el alcance de sus determinaciones alcanza a “edificaciones o predios que no hayan cumplido las disposiciones señalas en las cartillas normativas LUSU y no cumplan con los parámetros de edificación y no se encuentre dentro de las improcedencias conforme a la presente normativa” y en el Artículo 10 es “aplicable a todas las edificaciones que mínimamente se encuentren en obra gruesa que cuente con tabiquería o cualquier material constructivo que sirva como cerramiento perimetral y cubierta,…”. Estas determinaciones no solamente cierran cualquier posibilidad de regularizar “futuras construcciones” si no que también establecen límites para las que se iniciaron en el pasado.

Lo que no aclara la norma, y debió hacerlo, es que estas “edificaciones en obra gruesa” debieron haber detenido su ejecución desde la fecha de promulgación de la Ley para acogerse a sus beneficios aplicables, por lógica, solamente a lo construido y no a lo proyectado, dado que el proyecto no fue aprobado y la Ley 467 no prevé que pueda ser aprobado para su conclusión fuera de norma. Esta imprevisión de la norma da pie a que los negociantes continúen con su construcción, terminen el edificio fuera de norma y busquen acogerse a los beneficios de una “regularización” ilegal.

A la izquierda la imagen de propaganda y oferta de departamentos del Edificio «Las Loritas 7», publicada el 15 de marzo de 2022, a la derecha la imagen de la construcción del mismo edificio, publicada por el Diario Página Siete el 24 de enero de 2022, mostrando que después de la promulgación de la Ley 467 siguió el proceso de construcción de un proyecto fuera de norma que excede en más de 15 pisos a lo que la norma lo permite.

Pero decir que esta “regularización” está hecha a medida del negocio inmobiliario no es algo equivocado, ya que el Artículo 11 de la Ley 467 establece que “la regularización de construcciones, comprende los siguientes casos: a) Edificaciones sin planos aprobados que se encuentren fuera de norma por vulnerar uno o más parámetros de edificación de la cartilla normativa correspondiente.”[3] Lo que sin ninguna duda favorece a la aprobación de los planos de los proyectos fuera de norma cuando lo que correspondería sería aprobar planos que registren lo construido hasta obra gruesa antes de la fecha de promulgación de la Ley y nada que hubiera sido hecho posteriormente a la misma. Sin lugar a dudas, este procedimiento DEBE ser aclarado por el GAMLP.

Otro contenido de la Ley 467 “a medida del negocio” es que contempla un capítulo para la “conversión de la sanción de demolición a sanción de multa pecuniaria” (Capítulo VII) prevista en el Artículo 22 de la Ley Municipal 233 de Fiscalización y tres artículos (20, 21 y 22) referidos a infracciones sobre lo establecido en la LUSU y sus cartillas para Altura Máxima de Fachada (AMF), favoreciendo construcciones fuera de norma de más de 10 plantas y, por lo que se señala en ellos, prácticamente sin límite de altura en la infracción.

Aunque parezca redundante, se insiste en que la regularización aplica para construcciones en obra gruesa anteriores a la fecha de promulgación de la Ley, por lo que los proyectos en promoción (“Las Loritas 10”, “Youths Buildings” en Següencoma) no pueden ser parte de este proceso constituyéndose en promociones que podrían derivar en fraude.

La mayor ilegalidad se daría si el GAMLP aprobara estos proyectos ya que el primero (“Las Loritas 10”) promociona ¡26 plantas!!! Y si se considera que la Ley 467 establece que “las infracciones identificadas que hayan vulnerado la LUSU implicará de manera inmediata la pérdida de los incentivos contemplados en la cartilla correspondiente”, la infracción en este edificio alcanzaría a 20 plantas; en el caso del edificio en Següencoma (“Youths Buildings”) la infracción sería de 8 plantas. Esperemos que, con apego a la Ley, a la voluntad de hacer una ciudad mejor y a los valores éticos que se piden a ciudadanos y autoridades de gobierno, estas aprobaciones no se den y que, de una vez por todas, se frenen esas promociones.

Por otra parte, las sanciones pecuniarias que reemplazan a la de demolición alcanzarían, según los artículos 21 y 22, al 15% y al 30% del valor de la superficie en infracción de acuerdo con “el cuadro de Avalúo de las construcciones está establecido en la Ley Municipal Autonómica No. 344 de Zonificación y Valuación Zonal del Área Urbana del Municipio de La Paz, Tabla No. 4”, lo que en ningún caso favorecerá a evitar incumplimientos futuros, puesto que esos costos fácilmente se absorberán en los márgenes de utilidad de los negociantes inmobiliarios e, incluso, serán cargados al costo del inmueble para su venta al público y absorbidos por éste. La multa por este tipo de infracción, para promotores del negocio inmobiliario, debiera ser mucho más alta que el valor comercial de la superficie edificada fuera de norma si realmente se quiere frenar esta tendencia.

Verdaderamente causa desesperanza, preocupación y mucho temor por el futuro de la ciudad una inacción tan notoria por parte de la autoridad encargada de planificar y administrar ese futuro, ya bastante dañado por años de ineficiencia en la fiscalización de la aplicación de la norma, por años del accionar negativo de negociantes inmobiliarios y, tristemente, de profesionales faltos de ética y de una población que no ha alcanzado a entender las razones y necesidad de contar con las normas que buscan  mejorar su calidad de vida y cumplirlas.

[1]     Ley de Usos del Suelo Urbano-LUSU, Artículo 1. Objeto y Naturaleza

[2]     Ley Municipal Autonómica Nº 467, Exposición de Motivos

[3]       Ley Municipal Autonómica Nº 467, Artículo 11

La imagen destacada o de cabecera es de elaboración propia con imágenes de la promoción en redes sociales de los proyectos cuyas características están fuera de norma y la toma de pantalla de la Ley 467 publicada por https://es.scribd.com/

¿Qué pasa con la norma? No hay fiscalización!!!

A raíz de una publicación en la sección Sociedad del diario Página Siete en su edición del 24 de enero pasado (ver imagen destacada o de cabecera), se hace evidente que la entrada de este blog (18 de noviembre de 2021) con el título “¿Fiscalización Municipal?” tocaba un tema que debe preocupar de sobremanera.

Este es el titular y la foto destacada del artículo, publicado en la Sección Sociedad del Diario Página Siete en su edición de 24 de enero de 2022, que motivó esta entrega de Haciendo Ciudad. Fotografía: toma de pantalla de la página oficial del diario Página Siete paginasiete.bo

La Ley de Usos del Suelo Urbano (LUSU) contiene la normativa para asegurar una ordenada y, supuestamente, sostenible ocupación del suelo en el proceso de urbanización y crecimiento de la ciudad de La Paz. La LUSU establece, en el Artículo 2, referido al Ámbito de Aplicación que “Las disposiciones de la presente Ley son de carácter general y obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, incluidos los tres niveles de gobierno que realicen edificaciones o construcciones dentro del límite urbano del Municipio de La Paz”.[1]

Está claro que quienes estamos obligados al cumplimiento de dichas determinaciones somos TODOS los que habitamos en esta hermosa ciudad, pero también está claro que muchos no se sienten aludidos por la Ley y la necesidad de acatarla por el bien común y nuestra calidad de vida. Duele observar que sean las instituciones públicas de “los tres niveles de gobierno” las que creen estar al margen de estas obligaciones, ejemplos sobran, veamos el bodrio de la llamada “casa del pueblo” y la arbitraria destrucción del patrimonio, al mando del entonces vicepresidente que con mazo en mano se hizo fotografiar demoliendo buena arquitectura, para la construcción del “cubo” del legislativo bajo el discurso de “descolonización”. (Ver entrega de este blog con el título: “Normativa para equipamientos…. ¿Existe? ¿Se cumple?” – 5 de marzo de 2019).

Edificios promovidos por el nivel central del Estado que no fueron objeto de consulta ni aprobación municipal no obstante la atribución exclusiva que el gobierno municipal tiene sobre la planificación en su jurisdicción, como lo establece la Constitución Política del Estado.

Una parte del sector privado tampoco demuestra que en sus emprendimientos cumple con la obligación que le impone la Ley (ver entregas de este blog con los títulos: “Fuera de Norma!!!?” – 10 de agosto de 2019 y “¿Cómo se administra la norma?” – 19 de marzo de 2020) y por ello el tema obliga a esta nueva entrega ya que la preocupación por el futuro de la ciudad es muy grande frente al avasallamiento que sufren sus incipientes esfuerzos para lograr sostenibilidad. Lamentablemente, estas acciones negativas no solamente se dan en el incumplimiento de lo establecido en los patrones de asentamiento definidos por la LUSU, tampoco se respeta lo que la ley define para los usos del suelo (ver entrega de este blog con el título: “Avasallando la propiedad pública” – 5 de diciembre de 2018).

Es evidente que hay empresas privadas que desde hace rato se han dado a la tarea, en aras de su negocio inmobiliario, de reírse de la norma y de sus determinaciones y demostrar una total falta de respeto por la ciudad y sus habitantes que merecen acciones claras para mejorar la calidad del ambiente urbano y, por efecto, su calidad de vida. Seguramente hay muchas otras “personas naturales o jurídicas” que están haciendo lo mismo, pero no lo hacen con el enorme despliegue de promoción de su destructivo negocio como lo están haciendo esta empresa y otras ante, lo que parece, una preocupante pasividad del gobierno municipal.

El más observado de los proyectos, posiblemente porque fue la causa de alerta, el edificio «Las Loritas 10», en promoción para venta de 26 plantas, ubicado en un lugar (Calacoto) en el que la norma establece 6 plantas de altura y, si corresponde, aplicando incentivos, se puede llegar a un máximo de 8 plantas. Verdaderamente, el exceso de 18 plantas ya es una grosería imposible de «regularizar» con ninguna ley. Fotografías: Imagen promocional de la empresa publicada en internet (izq.); plano y cartilla de la LUSU (GAMLP, der.).

El artículo de Página Siete, mencionado al inicio, hace referencia a las varias transgresiones a la norma que proyectos construidos, en construcción y en promoción, transgresiones que pretenden justificarse, desde una empresa, con supuestos permisos otorgados por instancias gubernamentales de otros municipios, desconociendo la Ley N° 1669 del 31 de octubre de 1995 que establece la jurisdicción territorial del Municipio de La Paz, por tanto, cometen delito esas instancias municipales y la empresa que acude a ellas. Según la nota de Página Siete, este hecho delictivo es de conocimiento del GAMLP ya que menciona esta declaración: “‘Los permisos están en Palca o en Mecapaca’, sostuvo Arias[2] sin precisar la situación de cada una de las construcciones” y duele que, a pesar de ello no se tome medidas ante esta irregularidad y también ante la indefinición de límites en la que las relaciones de “oficialismo y oposición” hacen que la solución a este problema no se quiera tocar desde hace muchos años.

Otro edificio de la «serie Las Loritas», éste en construcción. Está ubicado en El Gramadal, donde la norma permite un máximo de 6 plantas y, observando la imagen promocional, el proyecto alcanza a 19 o 20 plantas, otro exceso que ninguna «norma de regularización» puede aceptar sin dejar un funesto precedente para el futuro de la ciudad. Fotografías: Imagen promocional de la empresa publicada en internet (arriba izq.); fotografía del Diario Página Siete de 24 de enero de 2022 (abajo izq.); plano y cartilla de la LUSU (GAMLP, der.).

La misma nota de prensa hace referencia al reclamo de los vecinos en las áreas donde se ubican los edificios fuera de norma y a la razón de “seguridad” que ellos plantean en su reclamo, problema que les preocupa obviamente, porque las definiciones de la norma también consideran el tema de seguridad como un factor para regular el asentamiento. Si una transgresión, apoyada en ilegal autorización de una instancia gubernamental de otro municipio, ocasionara un accidente o un evento de riesgo, sin ninguna duda, la alerta y las acciones para solucionar posibles efectos del mismo se convertirían en obligación del GAMLP, como ya lo hemos visto varias veces (ejemplo camino a Mallasilla hace algunos meses), con el argumento de las autoridades del otro municipio de “no tenemos maquinaria”, pero claro, sí tienen facilidad para otorgar falsas autorizaciones.

Otro edificio fuera de norma. Por los teléfonos de referencia que publica la imagen promocional, parece no ser parte de la «serie Las Loritas», por lo que se deduce corresponde a OTRA EMPRESA INFRACTORA que oferta 14 pisos en un lugar (Bajo Següencoma) en el que la norma permite un máximo de 6 plantas.

También preocupa que las autoridades municipales digan, respecto de los proyectos inmobiliarios fuera de norma de una empresa: “‘Las construcciones, según la numeración que ellos le dan, son nueve y se iniciaron durante la gestión anterior. Todas son una situación heredada, conocida y no atendida por la anterior gestión’”.[3] El proceso de fiscalización debe ser permanente, es cuestión de estado, no es de una u otra gestión y si una falló la otra debe corregir la falla, por el bien de la ciudad.

Las construcciones fuera de norma continúan en su proceso, avanzan, crecen y, se hayan iniciado hace años o recientemente, deben ser objeto de fiscalización, la fiscalización garantiza el cumplimiento de la norma y ésta la ocupación adecuada del territorio. ¿Cómo es eso de “No podemos pronunciarnos sobre la situación legal de los proyectos” porque “según el sistema de información territorial, no existen solicitudes de permisos de construcción a su nombre”?, la declaración figura en la nota periodística de Página Siete de 24 de enero, en la que se aclara que corresponde a Vladimir Ameller, Secretario Municipal de Planificación hasta “el 14 de enero pasado”. No habrá solicitudes de permisos, pero hay obras de construcción concluidas y en avance que están fuera de norma y grandes campañas de difusión de negocio inmobiliario que atentan contra la ciudad con ofertas de edificios cuyos proyectos están también fuera de norma; ¡¡¡observar estas irregularidades es FISCALIZACIÓN y ésta es una responsabilidad ineludible del GAMLP, en la actual, la anterior o cualquier otra gestión!!!

Toma de pantalla de la página oficial del Diario Página Siete (edición de 24 de enero de 2022) de cuyo texto se puede deducir que se habría considerado en el Concejo Municipal una «previsión» de infracción e impulsado una «nueva norma de regularización». Fotografía: toma de pantalla de la página oficial de Página Siete, edición 24 de enero de 2022, paginasiete.bo

Tampoco es posible que se acepten argumentos para justificar la infracción apoyados en una “norma de regularización”, como alegan los infractores, según nota del diario Página Siete: “‘Nuestras construcciones no son ilegales, hay una ley de regularización a la que nos estamos acogiendo’, sostiene Harold A. Lora Seoane (H.L.), gerente propietario de los edificios Las Loritas, en entrevista con Página Siete” (edición domingo 30 de enero de 2022). Aunque afirmen lo contrario SI son ilegales, y lo saben, si no lo fueran no estarían “acogiéndose a una regularización”. La experiencia ya ha demostrado que una “norma” como esa no hace otra cosa que “legalizar lo ilegal” y, además, abrir caminos para fomentar la irregularidad sin ningún beneficio para las mejores condiciones del desarrollo urbano.

Una afirmación que puede provocar risa, «no somos ilegales» y pretenden «REGULARIZAR» 6 EDIFICIOS FUERA DE NORMA!!! ¿No es eso una situación de ILEGALIDAD que se quiere «resolver» con una «sanción de multa pecuniaria» cuyo monto, seguramente, no hará mella en su negocio? Fotografía: toma de pantalla de la página oficial de Página Siete, edición 30 de enero de 2022, paginasiete.bo

Ya se está generalizando la actitud de infringir la ley y esperar la “norma de regularización” para legalizar la infracción, tal como lo demostré en la entrada con el título “Fuera de Norma!!!” (10 de agosto de 2019), infracciones grandes que acaban “legales” convirtiendo «la sanción de demolición en sanción de multa pecuniaria” (Artículo 22 de la Ley Municipal 233 y Artículo 85 de su Reglamento). Esta “monetización”, un ingreso a las arcas municipales, alcanza a montos que, para el ciudadano de a pie, parecen muy altos, pero para el infractor el monto, con seguridad, está dentro de sus márgenes de “riesgo” en su inversión, por lo que la única verdaderamente perjudicada es la ciudad.

Aunque la ley prevé la sanción, son claras las dificultades para llegar a una demolición de las áreas en infracción de las construcciones porque el GAMLP está abandonado por el sistema judicial (fiscales y jueces) que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, debiera apoyar plenamente a la fiscalización municipal para garantizar el cumplimiento de la ley. Sin posibilidad de demolición, las multas por infracción deben ser lo suficientemente fuertes como para evitar que los inversores inmobiliarios se sientan tentados a generar obra fuera de norma, por lo que la “monetización” que se utiliza debiera calcularse con base en la superficie de construcción fuera de norma y un precio por unidad de superficie superior al del valor comercial de la construcción, anulando cualquier posibilidad de negocio que pretenda aprovechar la infracción.

[1]     Texto Ordenado Leyes Municipales Autonómicas Nros. 017 – 024 -050 -080, GAMLP.

[2]     El artículo de prensa de Página Siete no aclara si se refiere al señor alcalde municipal Iván Arias.

[3]     Diario Página Siete, Sección Sociedad, edición 24 de enero de 2022.

Imagen destacada o de cabecera: elaboración propia con fotografías de la campaña de promoción del edificio «Las Loritas 10» publicada en internet y de la nota de prensa de Página Siete en su edición de 24 de enero de 2022.

EXPANSIÓN Y DENSIFICACIÓN

Una de las condiciones para lograr una ciudad sostenible es la de limitar o, por lo menos, controlar su expansión, “buscar una estructura y trama compacta, cohesionada socialmente”, además de “contar con espacios de sociabilidad y dotaciones generosas de áreas verdes y espacio público y ser resilientes frente a los desastres naturales” (BID-2017)[1], Ya en 1997, Richard Rogers, un arquitecto que desarrolló su obra en la línea de la “alta tecnología” (“high tech”), se pronunciaba a favor de “profundizar en la idea de ‘ciudad compacta’-una ciudad densa y socialmente diversa donde las actividades sociales y económicas se solapen y donde las comunidades puedan integrarse en su vecindario-”.[2]

Luego de la dura experiencia de insalubridad, pobreza y concentración de masas de las ciudades industriales del Siglo XIX (tifus y cólera) y la recientemente vivida necesidad de “distanciamiento social” provocada por la pandemia del Covod-19 parece que debemos pensar respecto de la oportunidad que se le pudiera dar al intento, necesario, de “compactar” la ciudad, defendido por Rogers a partir de “la disponibilidad de fabricación ecológica, fuentes de energía más limpias, sistemas de transporte público y avanzados sistemas de alcantarillado y de deposición de residuos”[3]como condiciones que no permitirían repetir esa experiencia o, para esta época, facilitarían el distanciamiento.

Gráfico 1: Arriba, la expansión de las ciudades de La Paz y El Alto en imagen satelital 2021 (Google Earth), abajo la proyección del crecimiento de la mancha urbana de La Paz desde 2020 hasta 2040 según el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Plan La Paz 2040)

La expansión de la mancha urbana que ocurre en el conglomerado La Paz-El Alto avanza a dificultar las posibilidades de una ciudad compacta, ambas áreas urbanas crecen y se expanden en manos de las fuerzas del mercado, para quienes el beneficio rápido resulta más importante que la calidad del “hábitat”. La ciudad de El Alto parece no tener freno para expandirse sobre el altiplano, sobrepasando los límites municipales y en un avance de conurbación con Viacha. No obstante las dificultades que plantean las características del territorio, en La Paz el proceso de expansión es también considerable y sin planificación ni control, este último dificultado o imposibilitado por la indefinición de límites jurisdiccionales con los municipios vecinos.

Las posibilidades de una ciudad como la nuestra, consolidada y con escasez de áreas para una expansión racional, con muy poca disponibilidad de tierras aptas para generar espacios públicos, áreas verdes funcionales y construir equipamientos, parecen muy limitadas, requieren planificación, voluntad política, apoyo gubernamental y responsabilidad profesional, empresarial y ciudadana. Además de la resolución de los problemas ambientales, sanitarios de movilidad y otros, la densificación es un proceso imperativo para la sostenibilidad de la ciudad, pero debe lograrse equilibrando masa construida y espacio libre.

La planificación y el ordenamiento territorial son las herramientas para avanzar en cualquier esfuerzo por lograr la sostenibilidad de la ciudad, herramientas que, en La Paz, no hemos utilizado hasta ahora o lo hemos hecho muy parcial y puntualmente. Algunos esfuerzos se han realizado en el campo de la planificación y en tratar de controlar el caótico crecimiento y funcionamiento de la ciudad, como el Plan La Paz 2040, la Ley de Usos del Suelo Urbano (LUSU), el Programa de Centralidades, pero parecen vanos porque sus alcances no se aplican en la realidad. Analicemos algunos ejemplos de lo que ocurre en esta realidad.

Gráfico 2: El Plano de Áreas Protegidas en el área urbana de La Paz, publicado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en los documentos de la Ley de Usos del Suelo Urbano (LUSU – GAMLP).

La LUSU que, en mi opinión, es sólo un ajuste, por ahora útil, del antiguo reglamento USPA, sin el marco consolidado de un plan de ordenamiento territorial necesario, ha considerado, entre otros, un mapa o plano de Áreas Protegidas (ver Gráfico 2) y en los planos de uso del suelo de la norma incluye áreas de forestación, áreas verdes, áreas de preservación del paisaje natural, áreas de preservación del paisaje natural con respaldo legal, aires de río, y franjas de seguridad, todas muy importantes si se ven necesarios el equilibrio de espacios libres y de masa construida mencionado líneas arriba y la reserva de tierras para las necesidades de espacio público y áreas verdes. (Ver también la entrega de 5 de diciembre de 2018 en este blog Haciendo Ciudad: “Avasallando la Propiedad Pública”).

Tomaremos como ejemplo el Distrito 18, que incluye los barrios de Irpavi y Achumani, en este último observaremos el sector noreste en el que se ha documentado un Área Protegida de importantes dimensiones y en la que, el Plano de Usos del Suelo del D18 marca, en las zonas de Cóndores Lakota, Cerro Ticani y Jonkomarca, áreas agrícolas (A1), áreas de preservación del paisaje natural (P1) y áreas de preservación del paisaje natural con respaldo legal (P2) como corresponde al área protegida. Lamentablemente, el proceso de expansión de la ciudad, en manos del mercado inmobiliario y, muy posiblemente, “respaldado” por las incoherencias de la indefinición de límites jurisdiccionales municipales, ha invadido sin misericordia las áreas protegidas y, donde no lo ha hecho, ha desarrollado y está desarrollando proyectos cuyas condiciones de densificación son casi terroríficas (ver Gráfico 3). Corresponde al Gobierno Municipal explicar y fiscalizar la presencia de esos loteamientos, edificios y otras construcciones en un Área Protegida y en espacios con definición clara de uso del suelo.

Gráfico 3: Arriba, izquierda, el fragmento del Plano de Áreas Protegidas que corresponde al sector noreste del Distrito 18: Arriba, derecha, segmento del Plano de Usos del Suelo del Distrito 18 de la LUSU que corresponde al mismo sector del plano anterior y que es parte de la documentación de la norma; obsérvese en él las áreas marcadas con verde oscuro que corresponden a uso P1 Áreas de Preservación de Paisaje Natural, las con verde claro corresponden a P2 Áreas de Preservación de Paisaje Natural con Respaldo Legal y las con color castaño claro que corresponden a A2 Área Agrícola Intensiva. Abajo, la imagen satelital del sector donde se muestra la ocupación con «loteamientos» y construcciones sobre las áreas protegidas, de protección paisajística y agrícolas (óvalos rojos) y los proyectos habitacionales de alta densidad (cuadros celestes). El rectángulo azul marca la ubicación del Complejo Deportivo «The Strongest» como referencia para la ubicación visual y de escala en los tres planos.

Hay otros ejemplos de cómo las Áreas Protegidas están siendo ocupadas, demostrándose que el negocio inmobiliario ha sobrepasado las posibilidades y capacidad de control y fiscalización del Gobierno Municipal y, además parece haberlo “obligado” a rendirse ante la presión, introduciendo oportunidades de ocupación en la propia norma, generando contradicciones dentro de la misma. Si observamos el plano de Áreas Protegidas en el sector del Distrito 19 y lo comparamos con el de uso del suelo del mismo distrito, éste incluye usos y patrones de asentamiento en áreas que estarían ubicadas dentro del área urbana protegida más grande de la ciudad. ¿Es imprecisión en la delimitación del área protegida?, o ¿se han generado y aprobado cambios de uso del suelo por la presión y falta de control del crecimiento urbano? (ver Gráfico 4).

Gráfico 4: Arriba el segmento del Plano de Áreas Protegidas de la LUSU que corresponde al Distrito 19, importante por el valor paisajístico y ambiental de los cerros que comprende, incluida la «Muela del Diablo». En el centro la imagen satelital del área en la que se ha marcado el límite del área protegida más grande de la ciudad y la ocupación consolidada e incluida en el Plano de Usos del Suelo del D 19, lo que significa que ha habido un «cambio de uso del suelo» que no debió ser posible, tratándose de áreas verdes y de preservación del paisaje natural.

Además de la preocupación por la expansión en manos de las fuerzas del mercado debemos, también, preocuparnos de la calidad de la densificación, dado que ésta es una de las líneas de acción para controlar la expansión. Si observamos los “proyectos de urbanización” que han afectado a las áreas protegidas o, “cuando menos”, han ocupado áreas en las que, de acuerdo con la LUSU, no es permitida la construcción, no podemos dejar de preocuparnos ya que la calidad del ambiente urbano que se ve que estos proyectos generan, con el hacinamiento edilicio y las escasas áreas libres, no parece muy adecuada a las condiciones requeridas para la sostenibilidad social, económica y ambiental de la ciudad. ¿Son resultado del descontrol ocasionado por la indefinición de límites y la “viveza criolla”? ¿Son construcciones aprobadas?, si lo son…..algo anda mal en la norma o en la administración de la misma.

Gráfico 5: Imágenes de conjuntos de vivienda de alta densidad. Arriba a la derecha una vista que permite ver, en el Distrito 18, los edificios y el movimiento de tierras para «avanzar» con urbanización en la colina ubicada dentro del Área Protegida marcada en los planos de la LUSU. (Fotos arriba: Google Earth y Jorge Valenzuela; fotos abajo: Guadalupe Dorado Quiroga).

Ante esta duda sobre las bondades de la norma, veamos también lo que, en este proceso de densificación necesario, ocurre en construcciones que debemos creer han sido o están siendo ejecutadas dentro de las definiciones de patrones de asentamiento de la LUSU. Uno de los ejemplos más claros de la fuerza del mercado frente a la debilidad de la norma es la transformación y destrucción despiadada de un proyecto de urbanización que pudo ser ejemplar como el de la Urbanización “Los Pinos” (ver Gráfico 6.). Habiéndose consolidado esta transformación con el tiempo y la ocupación, se debe suponer que, estando aprobada, responde a las condiciones normativas, permitiéndonos concluir con que, por lo menos para este caso,  la norma está mal! (Ver también las entregas en este blog Haciendo Ciudad de 17 de marzo de 2019: «Urbanización ‘Los Pinos’, Otra Faceta del Negocio Inmobiliario” y la de 5 de noviembre de 2019: “El Negocio Sigue”).

Gráfico 6: La Urbanización «Los Pinos» (proyecto original de Arq. Gustavo Medeiros, Arq. Alcides Torres y otros) ha sufrido una paulatina transformación, para mal, en el proceso de su ejecución. En óvalo rojo la Fase 1 del proyecto construida según fue diseñado; en óvalo celeste las Fases 4 y 5 que muestran una densificación exagerada y sin nuevas áreas de equipamiento ni áreas verdes adicionales; en óvalo amarillo, la deformación de conjunto habitacional multifamiliar a «loteamiento».

Proyectos menos “masivos”, de usuarios privados, trabajados con aplicación de los patrones de asentamiento de la norma, la misma que ha acostumbrado a los profesionales a diseñar ocupando el área resultante de “extraer” retiros frontales, laterales y de fondo al área del terreno, incluso en áreas con pendiente, muy comunes en La Paz, nos muestran resultados de densificación que no parecen los más adecuados si se pretende lograr las mejores condiciones de vida en el marco de la sostenibilidad (ver Gráfico 7). La proporción de área libre, frecuentemente en pendiente, respecto de la masa construida podría contrastarse con la cantidad de personas que se considera serán los usuarios directos o permanentes y los usuarios eventuales para comprobar que las posibilidades de uso y disfrute de espacio al aire libre para ellas son definitivamente escasas. Ese es el resultado, edificios que cumplen la norma pero no ofrecen las condiciones adecuadas, por lo que no es un error afirmar, otra vez, la norma está mal!

Gráfico 7: Conjunto de edificios multifamiliares en Cota Cota, terreno en pendiente, retiros de 3 metros, según norma, con capacidad de albergar a aproximadamente 30 familias. No se puede observar la presencia de áreas libres y menos de áreas verdes para el disfrute de sus futuros habitantes.

Por todo lo expuesto, me permito insistir (porque ya lo mencioné muchas veces en foros y talleres) es necesario revisar la norma y modificarla, es necesario normar a partir de la población (número de usuarios) y sus necesidades, el volumen de ocupación, los requerimientos de servicios y equipamiento (intensidad de uso) en lugar de únicamente el porcentaje ocupación del suelo. La escasez de áreas en la ciudad consolidada demanda acción conjunta, público-privada, normar requerimientos para los edificios destinados a reducir impactos sobre el espacio público, en función de flujos peatonales, vehiculares, actividades comerciales, etc.; normar “retiros” frontales, eliminación de barreras, espacios “para los otros” con base en el “uso de nuestro espacio”, equipamientos y servicios con base en el “principio del bien común por encima de intereses personales y sectarios” (parece discurso político pero es el principio básico y fundamental para la gestión del territorio).

Finalmente, para proyectos de envergadura, de impacto, es necesario pensar en procesos participativos de revisión y aprobación en función de dimensiones de población usuaria, de volumen construido, de intensidades de uso (concentración de actividades) y evaluación de impacto en el área de implantación.

Reglamentar responsabilidades de los promotores inmobiliarios, inversores, constructores y profesionales respecto de impacto de los proyectos en movilidad (flujos peatonales, estacionamientos, flujos vehiculares de ingreso y salida, equipamiento de seguridad), servicios básicos (impacto sobre la distribución de agua y redes de energía, alumbrado), saneamiento básico, (recolección y tratamiento de aguas servidas, recolección de residuos sólidos) y áreas verdes y espacio público en función de la población usuaria, población flotante y requerimientos de la población del área de implantación (impacto sobre el déficit).

Gráfico 8: El proyecto «Torres del Poeta» (Arq. Ramiro Muñoz Moyano), en un terreno en pendiente sobre el Parque Urbano Central de La Paz, realizado con apego total a la norma, sin embargo, la proporción entre la masa construida y áreas libres no está de acuerdo con la cantidad de población que ocupará y utilizará sus instalaciones. (Fotografías: Torres del Poeta FB y Bolivia Emprende).

Parece que muchos de estos requerimientos están incluidos en la norma, posiblemente de manera no muy explícita o con insuficiente fuerza para una aplicación efectiva, esto queda claro cuando se observa que los espacios destinados a áreas verdes, espacios públicos o equipamientos en “urbanizaciones” (loteamientos) se los asigna en sectores de alta pendiente, con escasa accesibilidad o no aprovechables. No tengo duda que el proyecto “Torres del Poeta” (Ver Gráfico 8) está construido en apego total a la norma, pero, si observamos la proporción de masa edificada respecto del espacio libre y el requerimiento de área verde, el resultado de la observación es preocupante. Más preocupante aún es que, con seguridad, sus aguas servidas van directo al Río Chuqueyapu sin ningún tratamiento previo.

Imagen destacada o encabezado: Vista de Obrajes y áreas adyacentes. Fotografía: Jorge Valenzuela.

[1]        División de Vivienda y Desarrollo Urbano BID-2017

[2]        Richard Rogers, “Ciudades para un Pequeño Planeta”, Faber and Faber Ltd., Londres (1997), Ed. G.Gili, Barcelona, 2000

[3]        Ibid.

SISTEMA VIAL DE LA PAZ, VER AL FUTURO ES IMPERATIVO

La ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto, constituyen el conglomerado urbano central de la región metropolitana de La Paz y es una de las concentraciones de población más importantes e influyentes de la región de los Andes occidentales. Como indica Álvaro Cuadros Bustos, en uno de los libros más valiosos de los escritos sobre la ciudad sede de gobierno: “La existencia de una región metropolitana  de la magnitud de La Paz en los Andes occidentales, hace que ella destaque dentro de un vasto territorio que carece de centros urbanos de esa jerarquía. Pero no es solamente por su dimensión que la ciudad ha adquirido importancia como el centro gravitacional de la región, sino también como centro político, proveedor de servicios y como mercado de consumo”[1]. Resulta bastante obvia la influencia del conglomerado La Paz-El Alto sobre otras ciudades y poblaciones dentro del territorio nacional.

Gráfico 1. La Región de La Paz y sus áreas de influencia y la Región Metropolitana de La Paz, su área de influencia y sus interconexiones viales, según Álvaro Cuadros B. en “La Paz” (2003)

Este preámbulo es necesario para ver las conexiones viales de la ciudad de La Paz con los centros de su influencia, en lo que sería el sistema intra e inter-regional. La mayor parte de estos caminos cumplen su objetivo por el Altiplano, vía la ciudad de El Alto: a Oruro-Cochabamba-Potosí, dos vías a Arica (norte de Chile) y a Tacna (sur de Perú), vía Guaqui-Desaguadero al puerto de Ilo y a Puno-Arequipa y los puertos de Mollendo y Matarani (Perú) y todas sus conexiones desde éstas con otras en la costa del Pacífico (ver Gráfico 1).

Las otras “salidas” importantes de la ciudad son, hacia el norte, a Los Yungas y al Norte del Departamento de La Paz y hacia el sur al Distrito de Mallasa y a los municipios de Achocalla y Mecapaca. Puede decirse que, para los requerimientos actuales y sin entrar en el análisis del estado de las vías, este sistema vial inter-intra regional es adecuado y suficiente

Si se analiza la Región Metropolitana, conformada por siete municipios (La Paz, El Alto, Pucarani, Laja, Viacha, Achocalla, Mecapaca y Palca), el sistema vial se basa en las mismas conexiones del sistema regional, conecta los centros poblados mayores de cada municipio con la ciudad central (conglomerado La Paz-El Alto). Puede observarse la interconexión Pucarani-Laja-Viacha y la inexistencia o debilidad de la interconexión Viacha-Mecapaca-Palca (ver Gráfico 2). Este análisis muestra que, de ser necesaria esta interconexión, en las condiciones actuales, se haría (y se hace) vía la ciudad central. Esta característica de los sistemas viales regional y metropolitano muestra que los mismos confluyen en puntos centrales dentro de la mancha urbana, por tanto incluyen en sus condiciones de funcionamiento a la red vial interna de la ciudad central, como “incorporándola” a los sistemas regional y metropolitano y no queda duda que aprovechan de esta red interna para la eficiencia de su funcionalidad. Éste es el problema que interesa analizar en este artículo.

Gráfico 2. Los municipios de la Región Metropolitana de La Paz (límites con línea amarilla), el sistema vial principal de la región (líneas rojas), la mancha urbana del conglomerado La Paz-El Alto y los centros poblados menores (con negro). Plano elaborado por el GAMLP.

A lo largo de los últimos veinte años, la interconexión vial de la “hoyada” de La Paz con El Alto ha mejorado notablemente ya que, además de la ampliación de la Autopista La Paz-El Alto, se han habilitado, mejorado y mantenido otras vías. La movilidad de personas entre las urbes de El Alto y La Paz aprovecha el transporte público en el que las líneas roja, amarilla y morada del teleférico claramente son las más eficientes de esa red, precisamente porque interconectan ambos centros urbanos sin afectar a la red vial, pero generando impactos en los puntos de localización de sus estaciones. Se mantiene el gran flujo de vehículos pequeños (minibuses), vía la Autopista y los otros accesos, ocasionando los problemas de desorden, congestionamiento y poca eficiencia de este sistema de transporte, problemas difíciles de superar por las pugnas de poder entre la autoridad y los sindicatos y gremios; estos problemas se producen en los centros urbanos porque el sistema vial metropolitano, del cual forman parte la Autopista y las otras vías, confluye en redes viales locales no preparadas para esta confluencia.

Gráfico 3. Red vial principal de la ciudad de El Alto, mostrando la confluencia de los sistemas viales regional y metropolitano en La Ceja. Imagen de Google Earth.

En la red vial de El Alto, dada su topografía poco accidentada, es más notoria la confluencia en “un punto” de los sistemas viales regional y metropolitano (ver Gráfico 3), este punto es La Ceja, de donde sale la Autopista a La Paz y a este problema se suma la presencia del Aeropuerto Internacional de El Alto en pleno centro de la mancha urbana. Sin embargo, los impactos de la conexión de los sistemas viales externos, que incluyen varias “rutas nacionales” (Nº1, Nº2, Nº3, Nº19), e internos en El Alto pueden manejarse resolviendo la continuidad de las avenidas “anulares” de la red (Av. Litoral, Av. Costanera y Av. Bolivia) y mejorando la conexión de lo que sería la primera “vía de evitamiento” del sistema hacia la Ruta Nacional Nº41 que lleva a Los Yungas y al norte del Departamento de La Paz. La expansión no controlada de El Alto llevará, sin duda, a dificultar soluciones puesto que las vías que forman parte de éstas, por efecto de esta expansión, van quedando “adentro” y más al centro de la mancha urbana.

Pero, el interés de este artículo es analizar la red vial de La Paz respecto de los sistemas viales regional y metropolitano, para ello es importante ver las características de dicha red, con base en la información elaborada al respecto por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (ver Gráfico 4). 

Gráfico 4. Sistema vial interno de La Paz. Nótese la interrupción (líneas amarillas) de importantes “anillos” del sistema de los que forman parte los Puentes Trillizos. Elaboración propia sobre gráfico del GAMLP

Además de los importantes “cortes o interrupciones” señalados en el gráfico 4, llama la atención el efecto de centralización del sistema, centralización lógica considerando que el accidentado territorio ha llevado, por años, a una expansión de los asentamientos a lo largo de las cuencas hidrográficas y por tanto la red vial lo ha hecho de la misma manera, lo cual se constituye en la mayor dificultad en la búsqueda de mejorar la eficiencia de la red vial urbana y, fundamentalmente, en prepararla para el requerimiento de una interconexión con los sistemas metropolitano y regional que no la afecte negativamente.

La principal razón, además de la movilidad de personas, por la que preocupa una eficiente interconexión con los sistemas metropolitano y regional es el abastecimiento de la ciudad desde la región y el área metropolitana y viceversa, por lo que las soluciones van más allá de solamente encarar las deficiencias de la infraestructura vial, aunque la importancia de hacerlo es fundamental. El abastecimiento requiere de un sistema de acopio y distribución eficiente, considerando las áreas de procedencia de los productos, las áreas de producción locales y los centros de consumo de estos productos locales, así como la localización adecuada de los centros de consumo (mercados urbanos); esto implica un análisis, planificación, diseño y puesta en marcha de un sistema de movilidad urbana para productos entrantes y salientes que, además de los centros de acopio, distribución y consumo considere modos de transporte y la red vial. Un aspecto fundamental para el éxito de una propuesta de este tipo está en la condición de integralidad que debe tener, por tanto debe formar parte de ella el hacer efectiva la implementación de la estrategia de las nuevas centralidades urbanas.

Hace unos días se anunció desde el recientemente posesionado nuevo Ejecutivo Municipal, la propuesta de una vía desde La Florida a Lipari “por el río”; es innegable la importancia de esta conexión ya que la ciudad se abastece de muchos productos provenientes del sur, del distrito de Mallasa y de los municipios de Mecapaca y Achocalla y la población de estas áreas acude a servicios de la ciudad pero las condiciones de la red vial actual son muy deficientes para la misma. Sin embargo, siempre se ha cometido el error de definir soluciones desde La Paz hacia afuera, sin considerar el efecto de estas soluciones en la red vial interna. El punto de confluencia de esta propuesta en La Florida es un punto muy conflictivo y, además, llevaría el tráfico pesado a la red vial interna ya conflictuada por la demanda y cuyas características no podrían absorber este tráfico pesado; actualmente, con un flujo bastante menor al que generaría un acceso como el previsto, ya hay problemas.

No se trata de criticar una propuesta que, de no considerar el embovedado del río (lo que sería un pecado imperdonable), puede resolver un problema de conexión con el sur y, a futuro, con Cochabamba, pero no debe dejar de tomar en cuenta en su diseño y construcción el impacto sobre la ciudad. La topografía complicada del territorio sobre el que se ha asentado y crece la ciudad de La Paz es uno de los principales obstáculos para soluciones adecuadas y económicas, por lo que pensar las mismas dentro de la integralidad de una adecuada planificación urbana es una tarea que requiere de una visión metropolitana y de equipos multidisciplinarios.

La protección de la ciudad y su red vial interna frente al impacto lógico de soluciones a su interconexión regional requiere de “vías de evitamiento” que, como se dijo líneas arriba, se complican en su trazo y ejecución a causa del complicado relieve del territorio, requieren soluciones nada simples pero tampoco imposibles. La ciudad de La Paz será a futuro una ciudad de puentes y túneles, ya los tiene y son parte de su maravillosa imagen; son soluciones seguramente costosas pero muy necesarias para garantizar la sostenibilidad de la ciudad. Si se analizan las nuevas centralidades y su accesibilidad a la luz de la topografía, la movilidad urbana con modo de transporte alternativo (bicicletas) o peatonal, seguramente requerirá de vías elevadas en sectores, como se ve en la Vía Balcón del Parque Urbano Central.

Sin embargo, no todas las soluciones debieran depender de puentes, túneles o infraestructura de alta tecnología, la realidad actual muestra que una “vía de evitamiento” es posible sin recurrir a éstas. El ejemplo claro está en la Av. Gral. Juan José Torres, en la zona norte de la ciudad, que permite desviar el tráfico pesado proveniente de Los Yungas y el norte del Departamento conectando esta vía de ingreso con la Autopista La Paz-El Alto (ver Gráfico 5); si se llega a optimizar su infraestructura y completarla con centros de acopio y terminales de camiones, habrían dos ingresos y salidas para productos interconectados y con facilidades para distribución sin afectar la red vial interna, incluso es posible, y tal vez necesario, considerar terminales de transporte de pasajeros diferenciadas y ubicadas según destino.

Gráfico 5. Las flechas rojas señalan el curso de la Av. Gral. Juan José Torres, una “via de evitamiento” que puede optimizar su función; los círculos rojos marcan el punto de confluencia con las vías que conectan la ciudad con el sistema regional. Elaboración propia sobre imagen de Google Earth.

Al sur también hay un ingreso o salida, vía el Altiplano, por Achocalla a El Alto, sin embargo, esta vía no resulta efectiva ni eficiente porque acaba afectando la red vial interna (La Florida). El nuevo diseño vial La Florida-Lipari propuesto por el GAMLP (se espera que sin embovedado del Río La Paz) debiera considerar en su diseño y construcción las soluciones para evitar este impacto negativo, más aún si, como es previsible, ésta será la salida hacia Cochabamba (carretera interdepartamental).

Gráfico 6. “Lugares bloqueados el 19 de febrero de 2002 y en octubre de 2003 combinados con los espacios que podrían experimentar una reducción drástica de su accesibilidad y una paralización de tráfico localmente en caso de cierre de los ejes esenciales más vulnerables”. Open Edition Journals: “El conocimiento de la vulnerabilidad de la red vial como herramienta de comprensión y reducción de la vulnerabilidad territorial: el caso de La Paz (Bolivia)”, Institut Français d’Etudes Andines.

La red vial de la ciudad se ha conformado “con la forma” de una mano con los dedos abiertos cuya linealidad confluye en la parte baja de la topografía urbana; la idea de “unir los dedos” de esta estructura ha estado siempre presente y uno de los resultados de esta preocupación ha sido la construcción de los Puentes Trillizos, pero su efectividad todavía depende de completar el “anillo” central de cuya conformación son parte. Unir los “dedos” puede ser el desafío al este de la ciudad; conectar Calacoto, Achumani e Irpavi con San Antonio y Villa Fátima, una pretensión con importante dificultad pero no imposible, hay bases utilizables como la Av. Ciudad del Niño y otras. Es obvio que en este tema, además del presupuesto, los ingenieros viales y otros profesionales tienen la palabra, sin embargo, la necesidad de pensar en soluciones integrales para el sistema vial, el abastecimiento, la policentralidad y la movilidad urbana garantizarían la sostenibilidad de la ciudad y generarían importantes niveles de ahorro a futuro.

Estas previsiones apoyarían también a lograr soluciones para la vulnerabilidad del sistema vial[2] de La Paz, una vulnerabilidad importante que afecta a la economía y a la condición de centro urbano de servicios para la región, una de sus ventajas comparativas en ese amplio ámbito territorial, vulnerabilidad demostrada muchas veces por desastres, bloqueos, paros, manifestaciones, daños, etc.; las “vías de evitamiento” podrían ser un factor importante para reducir esta vulnerabilidad.

[1]        Cuadros Bustos, Álvaro, “La Paz”, UMSA, COEE, 2003

[2]        Open Edition Journals: “El conocimiento de la vulnerabilidad de la red vial como herramienta de comprensión y reducción de la vulnerabilidad territorial: el caso de La Paz (Bolivia)”, Institut Français d’Etudes Andines.

Imagen destacada: Vista de la ciudad de La Paz desde el Parque Urbano Central. Fotografía de Wikipedia.

¿Cómo se Administra la Norma?

La pregunta del título de esta entrada no es otra cosa que una prueba de incertidumbre respecto de las oportunidades y posibilidades que la planificación, por más incipiente que sea, puede darle a la ciudad de La Paz para su desarrollo y sostenibilidad.

El 10 de agosto de 2019 publiqué en este blog una entrada con el título “Fuera de Norma!!!” en el que mi preocupación, que debiera ser la de todos, por la ausencia de fiscalización eficiente, por la irresponsabilidad de los propietarios y por la falta de ética que, lamentablemente existe, en muchos profesionales, llegó a niveles insospechados al saber que la propia Ley Municipal permite la ilegalidad a cambio de dinero en las arcas municipales sin ninguna consideración por la ciudad.[1]

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La Ley de Usos del Suelo Urbano (LUSU) contiene la normativa que, entre otros aspectos, establece las reglas y patrones de asentamiento y parámetros de edificación que deben aplicarse en el diseño y construcción de edificios según las zonas, las condiciones de suelo, la topografía, los usos permitidos y otros muchos que, por lo menos en la teoría del urbanismo, resultan de un proceso de planificación y se constituyen en parte de sus estrategias de aplicación para alcanzar sus objetivos, como el de ampliar “…..la noción de hábitat sostenible y digno a partir de lograr una adecuada interrelación entre el territorio biofísico, las formas socioculturales de apropiación y el proceso de asentamiento y localización de la población…..” o el de “…..establecer lineamientos claros y entendibles a partir de los cuales se podrá planificar una adecuada administración del territorio, delimitando las áreas edificables y sus diferentes destinos…..”.[2]

Para estos efectos, en la administración de la norma, existen procedimientos y trámites que establecen una aprobación previa de los “proyectos de permisos de construcción” y, a la conclusión de las obras, previa presentación de planos “as built” [3] e inspección municipal para verificación de cumplimiento de la norma, se obtiene un “certificado de habitabilidad” del edificio. En muchos casos, según los colegas que los realizan con cierta frecuencia, estos trámites resultan en “verdaderos calvarios”, debiendo atender a veces incontables observaciones a sus proyectos por parte de los funcionarios municipales, las que no se hacen en una sola revisión y tampoco se las consigna por escrito, lo que obliga, en muchos casos, a la múltiple re-impresión de planos en largos plazos de trámite.

Así como existe tremenda contradicción en la Ley Municipal 233 de Fiscalización, además de tratar de ser completa y muy clara, la Ley de Usos del Suelo Urbano (LUSU) tiene aspectos normativos discutibles, tema para talleres profesionales, académicos e incluso vecinales y contiene normas que no son fáciles de entender desde el punto de vista de una planificación seria; ejemplo: el Artículo 23 (Ocupación Temporal de Retiros Frontales) con procedimientos detallados en el Anexo II de la propia LUSU, que permite ocupar el retiro frontal “temporalmente con construcciones de características desmontables para actividades comerciales”.

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Un ejemplo de ocupación de retiros frontales ,con «construcciones de características desmontables», en el centro de la ciudad, Sopocachi, en un conjunto patrimonial de viviendas del Siglo XX. La «temporalidad» de esta estructura es cuestionable. (Foto: Jorge Valenzuela)

Si se planifica el uso del suelo ¿por qué, en la propia Ley, supuesto resultado de esa planificación, se posibilita la ocupación temporal de retiros frontales? Si entendemos el retiro como el aporte privado a la calidad del espacio público y del medio ambiente urbano y, si la planificación ha establecido su necesidad en un área de la ciudad, ¿por qué debiera permitirse su ocupación, aunque sea temporalmente?, tratándose de áreas con usos comerciales intensivos, ¿por qué no se definió de inicio el parámetro de edificación sin retiro? Son muchas preguntas, quizá hayan más, las dejo para que sea el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) el que las analice y las responda; si revisamos los hechos, la “temporalidad” de muchas construcciones, permitidas por esta norma, es muy dudosa dadas sus características, su uso y el tiempo transcurrido desde que se las autorizó.

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Otros ejemplos de ocupación de retiro frontal, autorizada por el Artículo 23 de la LUSU, con construcciones que no parecen tener el carácter de «desmontables» para una «ocupación temporal» (Fotos: Jorge Valenzuela)

Volviendo al título, ¿Cómo se Administra la Norma?, las respuestas verdaderamente inquietan y, para ser más claro, más gráfico y más entendible en mis preocupaciones voy a usar ejemplos que muestran los motivos de tales preocupaciones. Además de los 45 artículos y los ocho Anexos que conforman el “Texto Ordenado” de la LUSU de La Paz, ésta contiene mapas urbanos temáticos (topográfico, geológico, geotécnico, geomorfológico, etc.) y mapas de usos del suelo y patrones de asentamiento complementados con cartillas de cada patrón de asentamiento para cada uno de los distritos.

Primero veremos un edificio, bastante nuevo, que llamó mi atención por, lo que yo considero, una ocupación permanente del retiro frontal con una estructura que parece sostener una marquesina de importantes dimensiones. Partiendo de la premisa que a sus promotores, constructores o propietarios se le concedió el permiso de construcción y, al estar ya ocupado y en funcionamiento, presentaron planos “as built” y obtuvieron el certificado de habitabilidad o lo que correspondiera para su ocupación, me permito hacer un análisis “ex post” de cumplimiento de la norma considerando que la administración municipal dio su aprobación al respecto.

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El edificio ubicado en la Calle 21, a la izquierda una vista del volumen completo, a la derecha dos vistas del retiro frontal con la construcción fija de una estructura que parece soportar parte de la marquesina (tiene tensores); es una ocupación de retiro frontal no permitida por la norma. (Fotos: Jorge Valenzuela)

Una aclaración necesaria, los datos para el análisis se obtuvieron por observación en sitio, con planos de la Restitución Aerofotogramétrica de 2006 y con ayuda de imagen satelital de “Google Earth”, puesto que, aunque la información sobre todo proyecto, en cuanto a lo que éste afecte al uso y ocupación del espacio urbano, debiera ser pública, el GAMLP considera que no es posible acceder a ella tratándose de proyectos privados. Entiendo que es osado aventurarme a este análisis, pero me encantaría generar una reacción que busque demostrarme lo contrario de lo que afirmo.

El primer edificio está ubicado en la esquina de la Calle 21 de Calacoto (Av. Washington), esquina calle Adrián Patiño, en un terreno de aproximadamente 608 m2 de superficie; según el mapa de usos del suelo y patrones de asentamiento le corresponde el patrón Zona Sur 5Z-d19, que define una ocupación de 70% en zócalo (425.60 m2) y 50% en torre (304 m2), sobre cuyo cumplimiento no manifestaré duda en vista de la escasez de información precisa. Lo que sí pondré en duda y podría aseverar que no se cumple es el parámetro de Área Mínima Verde (AMV) que la norma demanda en 30% de la superficie del terreno y es imposible que las pequeñas jardineras que se ven en el frente alcancen a los 182 m2 de área verde que exige la norma, ni siquiera si los 70 m2 del retiro de fondo fueran área verde.

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Arriba, la ubicación del predio del edificio, marcada (círculo amarillo) en un segmento  del mapa de usos del suelo y patrones de asentamiento del Distrito 19 que forma parte de la LUSU. Abajo, el predio marcado (círculo rojo) en el plano de la restitución aerofotogramétrica de La Paz, de 2006, sobre el que se hicieron las mediciones para el análisis. (Documentos de la ciudad publicados por el GAMLP)

Además de la ocupación del retiro frontal con una estructura fija y con las jardineras, llama la atención la altura del edificio, no porque el parámetro de Altura Máxima de Fachada (AMF) no se lo permita, sino porque no se explica cómo el proyecto pudo alcanzar la misma con las condicionantes normativas. El Área Máxima a Edificar (AME), tiene un parámetro de 395% de la superficie del terreno, lo que permite un total 2,400 m2 de edificación, con posibilidad de incremento a partir de los Incentivos a la Inversión que la norma incluye referidos a:[4]

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La cartilla normativa de la LUSU (derecha) correspondiente al patrón Zona Sur 5Z-d19 en la que se consignan los parámetros normativos de Área de Lote Edificable (ALE), los Parámetros de Edificación, como Área Máxima a Cubrir (AMC), retiros, número de plazas de parqueo, Área Máxima a Edificar (AME), Altura Máxima de Fachada (AMF), Área Mínima Verde (AMV) y los Incentivos a la Inversión. A la izquierda una de las imágenes del edificio usadas para el análisis. (Foto: Jorge Valenzuela, documento de la ciudad publicado por el GAMLP)

  1. una superficie de terreno que sea el doble del Área de Lote Edificable (ALE) que para este caso tiene un parámetro de 1,000 m2, el predio del edificio tiene 608 m2, por tanto no corresponde su aplicación;
  2. 15% adicionales de AME por cada metro adicional al retiro frontal para uso exclusivo de área verde, por lo visto en el edificio concluido, tampoco corresponde;
  3. una reducción de 10% en el AMC le incrementaría 30% al AME, por lo que se ve no existe esta reducción, por tanto el incentivo no corresponde;
  4. el único incentivo posible sería el incremento de 50% en el número de plazas de parqueo a ser destinado a uso público, lo que solamente el GAMLP puede comprobar, pero, en el uso diario, no se ve que exista estacionamiento público en el edificio.

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Imagen satelital (Google Earth) del área con el edificio analizado (círculo rojo). Es notorio que los edificios vecinos manejan parámetros distintos y parecen acercarse más al cumplimiento de la norma, aunque se ve muy claramente que el parámetro de Área Mínima Verde no es el que más despierta la atención de los promotores, proyectistas o constructores, no obstante la urgente necesidad de la ciudad por contar con espacios verdes.

Si el zócalo ocupa 425 m2 y cada planta de la torre puede alcanzar a 304 m2, la posibilidad de AME del edificio (2,400 m2), cumpliendo con la norma, le permitiría una altura (AMF) de un zócalo y seis plantas y media (7 plantas y media); como puede verse en las imágenes, el edificio tiene once (11) plantas, es decir, un Área Máxima Edificable de 3,465 m2!!!;  ¿cómo se justifica un incremento de 1,065 m2? Incluso si hubieran 8 plazas de parqueo para uso público, adicionales a las 16 que debiera tener por norma, el AME sería de 3,008 m2, el edificio estaría con más de 450 m2 fuera de norma. ¿Se aplicó el Artículo 22 de la Ley Municipal 233? ¿A cuánto ascendió el monto de “monetización de la infracción”? Y….. la ciudad ¿qué?

El segundo caso es el de un edificio en Achumani, es un hotel, lo que hace interesante el análisis pues parece que los hoteles tienen una administración de la norma muy propia, ya que en la entrada del blog del 10 de agosto de 2019 se analizó la situación de fuera de norma de otro hotel. El edificio de este análisis está ubicado en la Av. de la Fuerza Naval, a unos metros de la Calle 23 (ingreso a Achumani), en un terreno de aproximadamente 680 m2 de superficie, con un frente de algo más de 24 metros. Según el mapa de usos del suelo y patrones de asentamiento le corresponde el patrón Zona Sur 4-d19, que define una ocupación de 50% en torre (340 m2), sobre cuyo cumplimiento, como en el otro caso, tampoco manifestaré duda en vista de la escasez de información precisa.

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El edificio-hotel, objeto de este segundo análisis (izquierda). A la derecha, arriba, la ubicación del predio del edificio, marcada (círculo rojo) en un segmento del mapa de usos del suelo y patrones de asentamiento del Distrito 19 que forma parte de la LUSU. Abajo, el predio marcado (círculo rojo) en el plano de la restitución aerofotogramétrica de La Paz, de 2006, sobre el que se hicieron las mediciones para el análisis. (Foto: Jorge Valenzuela. Documentos de la ciudad publicados por el GAMLP)

En este caso, tampoco el terreno tiene el doble de superficie del Área de Lote de Edificable (ALE) de 450 m2 que consigna la norma, por lo que la aplicación de un incentivo por este motivo no corresponde. El retiro frontal que el proyecto ha dejado es mayor al de 3 metros que exige la norma por lo que, si consideramos que ha dejado un retiro de 5 metros, tendría un incentivo de 30% adicional al Área Máxima a Edificar (AME) que, para este patrón, es de 280%, con el incremento podría edificar con 310% de AME, pero hay un pequeño gran detalle, la norma indica que este incentivo es aplicable sólo si los metros adicionales de retiro se destinan a área verde!!!

La norma establece que la Altura Máxima de Fachada (AMF) es de 6 plantas con posibilidad de incrementar no más de dos plantas adicionales si se aplicara alguno de los incentivos, en este caso no parece haberse aplicado incentivo alguno y el edificio tiene 9 plantas. El AME (280%) que permitiría la norma para esa superficie de terreno (680 m2) sería de 1,904 m2; por el volumen construido, suponiendo que se han cumplido los requerimientos de retiros y de AMC 50% del patrón Zona Sur 4-d19, la superficie construida parece estar cerca de los 2,850 m2, es decir, más de 900 m2 que estarían fuera de norma y, además, en ninguna parte de la construcción o el terreno se ven los 272 m2 de área verde que la norma exige (40% del ALE). Otra vez debemos hacernos las preguntas sobre la aplicación del Artículo 22 de la Ley Municipal 233 y sobre el monto de la “monetización de la infracción”, espero haya respuestas.

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Arriba dos vistas del edificio-hotel en las que se ve que no existe un solo metro cuadrado de área verde en ese espacio del retiro frontal que pudiera haber posibilitado la aplicación de un incentivo para incrementar el AME. Abajo, la cartilla normativa de la LUSU correspondiente al patrón Zona Sur 4-d19, en la que se consignan los parámetros normativos de Área de Lote Edificable (ALE), los Parámetros de Edificación, como Área Máxima a Cubrir (AMC), retiros, número de plazas de parqueo, Área Máxima a Edificar (AME), Altura Máxima de Fachada (AMF), Área Mínima Verde (AMV) y los Incentivos a la Inversión. (Fotos: Jorge Valenzuela. Documento de la ciudad publicado por el GAMLP)

Pero el análisis no termina ahí, no solamente podemos comprobar que hay incumplimiento de la norma en la aplicación de los parámetros establecidos por la LUSU para el patrón respectivo, sino que, además, se han ocupado con construcciones los retiros laterales y el retiro de fondo; el patrón Zona Sur 4-d19 es para una edificación sin zócalo y con retiros frontal, laterales y de fondo obligatorios y, calculamos que, para alcanzar a un AMC de 340 m2, debió dejar retiros de 3.50 metros a cada lado y al fondo además de los 5 metros del frontal, por lo que, estando estos retiros ocupados con construcciones, se puede adicionar unos 250 m2 a la infracción y, por tanto se alcanzaría a 1,150 m2 que estarían fuera de norma.

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Imagen satelital (Google Earth) del edificio-hotel en su localización, en ella se observa claramente la ocupación con construcciones de los retiros laterales y de fondo y que en el edificio construido no es posible ubicar los 272 m2 de Área Mínima Verde (AMV) que la norma requiere.

Si esta situación, encontrada en este edificio por el análisis hecho, ya es preocupante, podemos pensar que la ciudad está totalmente desprotegida y con total ausencia de administración territorial y normativa eficiente y efectiva si observamos lo que se supone es la aplicación, en este edificio-hotel, del Artículo 23 (Ocupación Temporal de Retiros Frontales) de la LUSU. Se le ha permitido ocupar el retiro frontal con una estructura para ascensor, que de hecho no es una construcción “de características desmontables para actividades comerciales”, como condiciona el mencionado artículo y con otra estructura, que alberga parte de un restaurante, que sí podría corresponder a lo establecido por el Artículo 23.

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Vista del frente del edificio-hotel en el que se ve la estructura del ascensor  y la «estructura desmontable» del restaurante, construidas sobre el retiro frontal, construcciones supuestamente autorizadas aplicando el Artículo 23 de la LUSU. A la izquierda se observa la ocupación del retiro lateral con un ambiente construido con cubierta cuyas aguas se echan al vecino, lo que no está permitido. (Foto: Jorge Valenzuela)

Si en un solo edificio, con permiso de construcción aprobado, con planos “as built” aprobados (se supone, si no el hotel no debería estar funcionando), encontramos contravenciones a la norma en altura, en la ausencia total de Área Mínima Verde, en la ocupación de los retiros laterales y de fondo, en un exceso enorme en el Área Máxima a Edificar, en la construcción de una cubierta (en el retiro lateral izquierdo) que, además de ocupar retiro, echa aguas hacia el vecino, lo cual no es permitido por norma y, además, se le permita construir en retiro frontal, al amparo de un artículo de la propia norma que no tiene sentido desde el punto de vista de una planificación bien hecha, sólo queda volver a preguntar ¿cómo se administra la norma?

texto referencias

[1]     Artículo 22 de la Ley Municipal Autonómica Nº 233 y su Reglamento.

[2]    Exposición de Motivos del “Texto Ordenado” de las “Leyes Municipales Autonómicas Nros. 017 – 024 -050 -080”, que constituyen la LUSU.

[3]     Anexo VI, Condiciones Generales sobre Edificaciones de la LUSU

[4]     Cartilla de norma para Zona Sur 5Z-d19, LUSU

Seguimos embovedando ríos!!!

Al iniciar este proyecto de publicar un blog que trate y genere discusión sobre temas de mi visión de la ciudad, sus problemas, belleza y potencialidades así como mostrar que todos somos responsables de “Hacer Ciudad”, subí una primera entrada con el tema de “Problemas Urbanos y Responsabilidad”, el 10 de octubre de 2018, con el título de “Sanidad y Medio Ambiente” porque considero que los mayores problemas de la ciudad de La Paz corresponden a estos aspectos y el tema que toco hoy es parte de los mismos.

“La ciudad necesita un análisis específico: hay un flujo de materia y energía que entra y sale, una interacción entre seres vivos. Hay que pensar que los ríos no solo son el cauce, son el agua que los constituye, son lo que transportan, los animales que viven en ellos, la recarga de agua. En una ciudad los ríos siguen brindando servicios si no se entuban.”[1].

Muchas de las más grandes civilizaciones de la historia de la humanidad se iniciaron a la orilla de ríos o cuerpos de agua, los mismos que han sido, además de fuentes de vida, factores geográficos y económicos determinantes para su desarrollo. Las ciudades bolivianas no escapan de esta característica y casi condición, como Santa Cruz y el Río Piraí, Cochabamba y el Río Rocha, Tarija y el Guadalquivir, etc.

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En la fotografía de la derecha , la imagen satelital (Google Earth) muestra las cinco cuencas que conforman el territorio sobre el que se asienta la ciudad de La Paz, las mismas que forman, a la altura de La Florida, el Río La Paz. La fotografía de la izquierda (Joel Kittelson) muestra el barrio de Miraflores, rodeado, a la derecha, por el Río Orkojahuira (embovedado) y, a la izquierda, en la esquina inferior de la imagen, por el Parque Urbano Central que es borde de la cuenca del Río Choqueyapu.

El valle del Chuquiago, el que encontraron los españoles para fundar la ciudad de La Paz, está regado por cinco cuencas, la del Río Choqueyapu y las de sus afluentes: el Río Orkojahuira, el Río Irpavi, el Río Achumani y el Río Huayñajahuira, todos alimentados por muchísimos riachuelos; desde entonces, la urbanización se ha convertido en la principal causa de su destrucción. Más de la mitad del cauce del Choqueyapu que cruza la ciudad así como más del 90% del cauce del Orkojahuira y casi el total de sus riachuelos afluentes están embovedados y enterrados y todos están contaminados ya que son los canales de alcantarillado sanitario de la ciudad.

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Esta aproximación de la imagen satelital (Google Earth) muestra con claridad cómo la ciudad de La Paz se ha conformado y se está expandiendo a lo largo de las cuencas de los ríos de su geografía. Lamentablemente, esta expansión es, prácticamente en todos los casos, generada por el mercado inmobiliario cuyas acciones han sobrepasado todo intento, de los muy pocos que hubieron, de planificar esta expansión.

Desde su fundación, la tendencia de expansión de la ciudad de La Paz ha sido y sigue siendo a lo largo de sus cuencas hidrográficas; si consideramos algunos conceptos de Ian L. MacHarg[2] sobre que “la naturaleza es un único sistema interactivo y que una alteración en cualquiera de sus partes afecta al conjunto” o que “los procesos terrestres necesitan del agua y que los procesos del agua dulce son inseparables de la tierra……entonces, que la gestión de la tierra afecta al agua y que la gestión del agua afecta a los procesos de la tierra”, debemos evaluar conscientemente ese proceso de expansión urbana ya consolidado y en actual desarrollo y darnos cuenta que no hemos avanzado, ni lo estamos haciendo, por buen camino dado que “…..los terrenos destinados a espacio libre en la región metropolitana son los que proceden de espacios caracterizados por sus procesos naturales, intrínsecamente idóneos para actividades ‘verdes’: ese es el lugar de la naturaleza en una metrópoli”.

Desde que el crecimiento de la ciudad se aceleró, es innegable que se ha edificado a lo largo de los ríos, ocupando el “lugar de la naturaleza” y allá por los años de 1900 (el proyecto de la “Avenida Central” de 1913, hoy Av. Montes), iniciamos un proceso en el que  las “gestiones del agua y de la tierra” no han encontrado otra solución para encarar la contaminación de los ríos y buscar soluciones a los requerimientos de la edificación que la de embovedar, cerrarlos y “problema resuelto, red de alcantarillado enterrada” y, lamentablemente, esa mentalidad persiste en la actualidad y vamos por la solución simple y fácil sin importar el impacto sobre la ciudad.

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En la imagen de arriba, la fotografía publicada por la Agencia Municipal de Noticias (AMN), se ve al señor Alcalde de La Paz (derecha) inspeccionando el inicio de obras del embovedado del Río Choqueyapu, desde la «Gruta de Lourdes» hasta Obrajes. En la imagen de abajo, también publicada por la AMN, se ve el trazo del embovedado y algunos detalles de sus características.

En enero de 2017, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) anunció la ejecución de trabajos para el embovedado del río Choqueyapu, desde el sector denominado “Gruta de Lourdes”, para construir, sobre ese embovedado, la continuación de la “Avenida del Poeta” hasta el inicio del barrio de Obrajes. Es un proyecto vial que se ejecutará a expensas de la calidad ambiental de la ciudad, no obstante que se insiste, a través de la Agencia Municipal de Noticias, en que “esta construcción nos va a permitir no solamente llevar de manera adecuada las aguas del río sino que estabilizará el sector en tramos donde ya se han determinado algunos problemas” (Agencia Municipal de Noticias, 19 de septiembre de 2019).

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En la imagen de la izquierda, fotografía tomada por el autor del blog desde una cabina del teleférico de la «línea celeste», se ve la cuenca del Río Choqueyapu en el sector a ser embovedado; el verdor de las laderas se debe, claramente, a la presencia del agua y también se nota que es un área muy estable. Deduzco que los árboles caídos que se ven en la imagen son los de la tala realizada para la construcción del teleférico. En la imagen de la derecha, publicada por la AMN, el proyecto de avenida por el que se ha determinado el embovedado del Río Choqueyapu; la topografía de este sector hace que el río, a cielo abierto, tenga una serie de caídas que, por lo que comentan entendidos en la materia, son facilitadoras de la oxigenación de las contaminadas aguas, lo que con el embovedado no funciona.

En el tramo en cuestión, de unos 1,200 metros de longitud, el único problema de inestabilidad del que tengo memoria data de hace más de 30 años y fue un asentamiento en la parte alta de la Avenida Libertadores, detrás de la residencia presidencial, debido a filtraciones; la solución que se le dio fue una de las más ingeniosas que la ciudad ha visto y que ha garantizado la estabilidad del sector sin problemas posteriores hasta el día de hoy (ver fotografía debajo de este párrafo). El Mapa de Riesgos de La Paz, elaborado y permanentemente actualizado por el GAMLP, marca este sitio como de muy bajo y bajo riesgo; no es mi intención discutir con los especialistas ni cuestionar su capacidad profesional, pero busco respuestas y argumentos para justificar que sigamos repitiendo los errores del pasado.

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En la imagen de la izquierda, fotografía tomada por el autor del blog desde una cabina del teleférico de la «línea celeste», se muestra la ingeniosa solución de ingeniería que se construyó hace más de 30 años para resolver un problema de asentamiento de la vía, provocado por filtraciones de agua, solución que ha funcionado y funciona eficientemente; no tengo conocimiento de ningún otro evento que se hubiera producido por inseguridad que el embovedado del río vaya a prevenir o resolver. El Mapa de Riesgos de La Paz, imagen de la derecha, muestra que el sector del proyecto (marcado con el óvalo celeste) es un área de muy bajo y bajo riesgo (verde en la referencia).

Por otra parte, el Plan Maestro Metropolitano de Agua, impulsado en 2012 por el Ministerio de Medioambiente y Agua y elaborado por una consultora con financiamiento de la Cooperación Española y el BID, menciona las dificultades de saneamiento del Río Choqueyapu a raíz del embovedado y propone, como medida a corto plazo, “la construcción de un emisario que recolecte y conduzca las aguas residuales de toda la ciudad hasta la planta de tratamiento de Mallasa…… se definió el trazo del emisario por la margen izquierda del río Choqueyapu y río La Paz”.[3] (El emisario debiera iniciarse a la altura de la Gruta de Lourdes; la planta de tratamiento de Mallasa es un proyecto resultante del Plan Maestro Metropolitano de Agua).

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Arriba, imágenes publicadas por la AMN que incluyen las características técnicas del embovedado del Río Choqueyapu en ejecución, las mismas que no muestran «emisario central» alguno u otro para recolectar aguas residuales, ambas cámaras son para conducir las aguas del río, como lo hacen cientos de metros más arriba, en los antiguos embovedados. Abajo, imagen que muestra instalación de faenas, equipo y el inicio de las obras de embovedado en la curva de la «Gruta de Lourdes» (fotografía del autor del blog).

La respuesta del GAMLP es que “el embovedado permitirá la separación de las aguas residuales para que sean conducidas por el emisario central propuesto en el proyecto hasta la futura planta de tratamiento en Mallasa” y que “el diseño final de la planta de tratamiento que impulsa el Gobierno aún no está concluido a diferencia del proyecto del embovedado del Choqueyapu”.[4] Otra aclaración necesaria, porque, como se ve en el proyecto, publicado por el GAMLP, no hay un “emisario central” en el embovedado, por lo que no queda claro cómo se hará la separación de las aguas residuales, como requiere el Plan Maestro Metropolitano de Agua (ver imágenes encima de este párrafo).

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Arriba un plano extractado del Plan de Ordenamiento Urbano de La Paz (2004) que muestra el esquema de las lagunas de control de caudal en las cabeceras de las cuencas y la planta de tratamiento de aguas servidas en Mallasa; la forestación de áreas adyacentes a las lagunas y de las riberas de las cuencas fue también una propuesta del Plan Verde elaborado por la GTZ a fines de los años 90. En las imágenes de abajo se muestran los muros recientemente construidos por el GAMLP para prevenir desbordes, en este caso del Río Huayñajahuira, cuya efectividad aún no se ha comprobado pero sí queda claro que no muestran ningún interés por lo estético para mejorar el medio ambiente urbano. Estoy convencido que las lagunas de control de caudal serían mucho más efectivas y, desde ya, mucho más eficientes para el medio ambiente.

Cuando se elaboró el Plan de Ordenamiento Urbano de La Paz, entre 2002 y 2004, ahora obsoleto porque nunca hubo la preocupación de darle continuidad, se habían incorporado en él, como componentes importantes, el Plan de Manejo de la Cuenca de La Paz, cuya elaboración se suponía arrancaría en 2005 con recursos del BID y bajo la responsabilidad de la Oficialía Mayor Técnica, y el Plan Maestro de Drenaje que estuvo en ejecución hasta hace poco. Como parte del primero se mencionaban recomendaciones de años atrás para considerar la construcción de lagunas de control de caudal en las cabeceras de las cuencas, seguramente más efectivas que levantar muros a lo largo de los ríos canalizados y que seguir embovedando los cursos de agua; también se planteaba la necesidad de separar colectores de aguas servidas y pluviales, recuperación de los cursos de agua e incorporarlos al paisaje urbano.  

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A la izquierda, una vista de la cabecera del Río Choqueyapu (foto de Wikipedia) que muestra aguas cristalinas provenientes de deshielo y a la derecha una imagen del Río Choqueyapu, a cielo abierto, en el inicio de su paso por la Zona de Obrajes (foto de El Diario) que muestra la preocupante contaminación de sus aguas.

A partir de la necesidad de encarar los problemas más álgidos de la ciudad, como son los de sanidad y medio ambiente, es fundamental, además de ser consecuentes con el Plan La Paz 2040, direccionar inversiones para enfrentar la recuperación ambiental de la ciudad, mostrando una verdadera voluntad política y efectiva participación en la que la responsabilidad del sector privado es importantísima. Es claro que proyectos como los de saneamiento, de recuperación de los cursos de agua, de control de cuencas y drenajes son enormemente menos atractivos para cualquier gestión porque es infraestructura que queda enterrada frente al brillo y supuesta mayor utilidad de una avenida con “nombre y apellido”.

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En estas imágenes (fotografías de Horacio Terraza publicadas en el Blog del Banco Interamericano de Desarrollo) se ve que no es imposible recuperar los ríos urbanos. En la imagen de la izquierda, la población está disfrutando de las aguas del Río Limmat en Zurich, Suiza «(casi 400,000 habitantes) dando una inusual y altísima calidad de vida a su población»; en la imagen de la derecha una vista del Río Tomebamba, en Cuenca, Ecuador (500,000 habitantes) «que hasta mediados de la década del 80, el río presentaba un aspecto séptico, color gris, con olores pestilentes y sin vida acuática debido a las descargas de aguas residuales que llegaban directamente al él», después de 15 años de trabajo se tiene un río de aguas cristalinas.

Es imprescindible buscar soluciones en el marco de la sostenibilidad que condiciona al urbanismo contemporáneo y que está planteada en el Plan La Paz 2040; poner en consonancia la ciudad con su territorio y el medio ambiente es un imperativo ineludible y La Paz necesita de soluciones para sus sistemas de drenaje sanitario y pluvial y para la recuperación de sus ríos, que no van, obviamente, por más embovedados. “Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) son técnicas de gestión de aguas pluviales y planeamiento urbano que persiguen reproducir y/o restituir los procesos hidrológicos previos al desarrollo urbanístico (infiltración, filtración, almacenamiento, laminación, evapotranspiración), integrando estratégicamente elementos de control de escorrentía en el paisaje urbano”.[5]

texto referencias

[1]     Susana Herrera Lima, “Los ríos urbanos en el ecosistema ciudad”, 2016, http://www.clavigero.iteso.mx

[2]     Ian L. MacHarg, “Proyectar con la Naturaleza”, 1992,  Ed. Gustavo Gili, 2000

[3]     Diario Página Siete, 14 de septiembre de 2017.

[4]     Periódico El Diario, 14 de noviembre de 2017, citando al Secretario Municipal de Gestión Ambiental

[5]     Grupo de trabajo ST-10, Congreso Nacional del Medio Ambiente 2018, Fundación Conama: “Agua y Ciudad Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible”, Madrid, 2018

Foto destacada o de cabecera: La cuenca del Río Choqueyapu en el sector del proyecto de embovedado. Foto tomada por el autor del blog desde una cabina de la «línea celeste» del teleférico, La Paz, Bolivia.

Deslizamiento grave, ¿nos incentivará a ser más conscientes?

El deslizamiento producido en la Zona de Bajo Llojeta de La Paz, el día martes 30 de abril de 2019 es uno más de los muchos que hemos vivido en el proceso de ocupación del territorio por la ciudad en los últimos setenta años; éste afectó a 66 construcciones y a 88 familias (380 personas) que perdieron todo; sucedió después de uno menor producido el 27 de abril pasado.

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Impresionantes imágenes del desastre. Fotografías: La Razón (arriba izquierda); La Vanguardia web (arriba derecha); T13 (abajo izquierda) y Correo del Sur.

Gran parte del área deslizada fue, en los años 70’s del siglo pasado, un botadero de basura y precario relleno sanitario que, luego de su abandono, nunca debió haber sido ocupado, por lo que posiblemente la mayor parte de las viviendas afectadas no tenían licencia de construcción, lo que, luego de enfrentada y resuelta la emergencia, nos pondrá entre una respuesta humanitaria y un cara a cara con la ilegalidad. Ciertamente debe primar lo primero, lo humanitario, pero no actuar sobre lo segundo podría volverse un “incentivo” para nuevos asentamientos irregulares.

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Las zonas de constructividad definidas por el BRGM en 1977 y el tejido urbano en 2006. Lo impactante es que las zonas marcadas de rojo están casi totalmente ocupadas, por lo que el control es ya imposible y sólo se puede hacer prevención. Imagen de journals.openedition.org

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Mapa de Riesgos de la ciudad de La Paz (2011) elaborado por la Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP); el óvalo marca la ubicación de Llojeta y Bajo Llojeta. Imagen publicada en La Razón sin el óvalo color cian (añadido para el blog).

La Paz es una ciudad cuya belleza paisajística, originada por el territorio en el que se asienta, está al nivel de los problemas que este mismo territorio genera en el proceso de ocupación, por tanto, este proceso debe ser controlado, planificado y eficiente. Lamentablemente, por muchos años no se percibió la magnitud de estos problemas o no se los consideró hasta que el Plan de Desarrollo Urbano de La Paz de 1977 (BRGM) mostró la constructibilidad del suelo y el desastre de 2001 llevó al estudio y elaboración de los planos de riesgos y a una seria política, vigente, de gestión de riesgos, aunque parece estar aislada de la planificación y el control.

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Asentamientos en las laderas de La Paz; no siempre son construcciones precarias, pero muchas no tienen autorización. En un intento de regularización, el GAMLP ha lanzado el programa de Catastro Masivo, el mismo que es rechazado por la organización de juntas de vecinos (FEJUVE). Fotos: urgentebo.com (arriba izquierda);  El Diario (arriba derecha) y Concejo Municipal (abajo).

He insistido bastante sobre el tema, cerros, ríos, quebradas y otras áreas que no son aptas para el cultivo o la ganadería, por la Ley de Reforma Agraria de 1953, deben ser de propiedad del Estado, por tanto públicas, pero aparecen como tierras de propiedad privada con base en manejos ilegales y posiblemente en hechos de corrupción producidos durante más de 60 años, sin capacidad de control alguno, por lo que parece ser discrecionalidad, poca rigurosidad y falta de transparencia en el manejo de la información (Derechos Reales, Catastro Rural, INRA, etc.).

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Edificaciones consolidadas en ladera. Obsérvese la presencia de tuberías de alcantarillado sanitario que evacúan aguas servidas a la quebrada, incrementando el riesgo de erosión. El agua «es un derecho», es correcto, pero con este argumento, cualquier asentamiento, aunque sea irregular, puede solicitar el servicio y EPSAS debe dárselo; las cubiertas de plástico son para evitar una mayor erosión del suelo en época de lluvias (conciencia del riesgo pero se acepta la incertidumbre).

Títulos agrarios “aparecen” para terrenos en los cerros y empinadas laderas, son adquiridos por loteadores y promotores inmobiliarios irresponsables, los convierten en “urbanizaciones” en las que ponen a la venta lotes que, según la ubicación de estas “urbanizaciones” y las tipologías que adopten, son comprados por personas o familias de diversos niveles económicos; obviamente, las familias de menores recursos son las menos beneficiadas y sus posibilidades de alcanzar la mayor seguridad son mucho menos que las de aquellas que cuentan con la capacidad de invertir en obras de estabilización.

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«Un complejo deportivo municipal se inauguró en 2006 en el macrodistrito San Antonio. Simboliza la decisión municipal de invertir en obras de infraestructura destinadas a volver atractiva a La Paz. Construido sobre un terreno inestable con fuerte declive, se dañó muy rápidamente, obligando a los gestores, para protegerlo de las amenazas, a construir obras defensivas cuyo costo ha sido más elevado que el del propio complejo». Texto e imagen: journals.openedition.org

La indefinición de límites de las jurisdicciones municipales es una de las principales causas de la incapacidad del Gobierno Municipal para controlar estos asentamientos, las alcaldías de los municipios vecinos, a partir de su propia interpretación de la ubicación del límite de su jurisdicción, autorizan asentamientos en territorio del Municipio de La Paz, sin preocupación alguna por las medidas de seguridad necesarias y con el único propósito de captar ingresos por impuestos. Por el otro lado, los “loteadores” aprovechan la oportunidad, obtienen aprobación de sus “urbanizaciones” donde no corresponden, ejecutan sus trabajos de movimiento de tierras en horas de la noche, conscientes de su delito, para evitar el control municipal y quienes adquieren terrenos en ellas, como ciudadanos irresponsables, no objetan porque pagarán menos impuestos.

Parece, por la situación ambiental que presenta el planeta, que a lo largo de la historia hemos olvidado que debíamos ocuparlo, aprovecharlo y no destruirlo, que es lo que ahora nos damos cuenta hemos hecho. Los grandes problemas, que como ciudad enfrenta La Paz, los hemos generado nosotros mismos, por un proceso de ocupación del territorio en el que no hemos medido los daños que causábamos, nos parecía muy normal embovedar los ríos, aplanar los cerros, rellenar las quebradas; no obstante las amargas experiencias del pasado, seguimos haciéndolo y este último y doloroso evento debe llamarnos a la reflexión.

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Las imágenes no necesitan comentario, la imprudencia de los propietarios-constructores es enorme, el control municipal ha sido sobrepasado y, en adelante, las inversiones para prevenir desastres se convertirán en obligación del GAMLP. Fotografías: El Diario

La irresponsabilidad del ciudadano, que puede acabar siendo víctima de un desastre, la pagamos todos porque el Gobierno Municipal debe atender la emergencia y las habilitaciones posteriores; si hubiera una política de recuperación de plusvalías posiblemente sería más factible encarar a los «loteadores» y recordarles sus obligaciones ante la ciudad y a los ciudadanos que se hacen de la vista gorda.

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Seguimos haciéndolo!!! «Alcaldía planea tapar el río de la Gruta de Lourdes a Obrajes»
«Alcaldía no responde si el proyecto tomó en cuenta la recomendación del Plan Maestro Metropolitano. De no hacerlo, el saneamiento del río estaría en riesgo. No aclara si para este proyecto  está tomando en cuenta las recomendaciones del Plan Maestro Metropolitano  de Agua (PMM), que indica que se debe  iniciar el  saneamiento del río a la altura de ese punto  hasta Mallasa».  Imagen y texto: Diario Página Siete, 14 de septiembre de 2017, por Gabriel Díez Lacunza.

Enfrentemos los problemas de derechos propietarios, lo que significa enfrentar malos manejos, respetemos la normativa vigente y también revisemos ésta para hacerla más adecuada a la magnitud de nuestros problemas, dediquemos recursos a la planificación y respetemos los resultados y recomendaciones de ésta.

Necesitamos voluntad política y decisión en las autoridades, nacionales, departamentales y municipales, nada de politiquería barata para poder consolidar una visión metropolitana, emprendedores inmobiliarios honestos con la ciudad, no negociantes del hábitat, ciudadanos conscientes y responsables y amor por nuestros hijos que son los herederos de lo bueno y de lo malo que hagamos a la ciudad.

Quiero resaltar la excelente reacción del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz frente a la emergencia.

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Imagen destacada: El deslizamiento del 30 de abril de 2019 en Bajo Llojeta, La Paz. Imagen de Diario TRV

Urbanización “Los Pinos” (La Paz), otra faceta del negocio inmobiliario

Parezco obsesionado con el “negocio inmobiliario”; ocurre que considero es una de las “formas de hacer ciudad” más destructivas de la calidad de vida urbana y de las posibilidades de planificación, por eso busco entender todas sus facetas.

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Maqueta de la primera fase del proyecto original de la Urbanización «Los Pinos» (arriba-izquierda), imagen tomada del trabajo «Arquitectura y Ciudad» del Arq. Gustavo Medeiros Anaya (2001); a la derecha una imagen de un área de la primera fase del proyecto publicada en el libro «La Arquitectura Contemporánea en Bolivia» del Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz, editado por el Arq. José de Mesa (1997); a la izquierda abajo, una imagen de un sector que muestra parte de la concepción morfológica y tectónica del proyecto original (fotografía propia).

La Urbanización “Los Pinos”, un emprendimiento de la Caja Central y las Mutuales de Ahorro y Préstamo para la Vivienda “La Primera” y “La Paz”, fue diseñada en los primeros años de la década de los 70’s por el Arq. Gustavo Medeiros Anaya, el Arq. Alcides Torres, Arq. Osman Birzet y el Ing. Mario Galindo, fue concebida, en palabras de su autor, como “un innovador plan en procura de condicionar mejor la coparticipación de los habitantes en el uso de los espacios y en el espíritu de barrio”. Innegablemente, la propuesta urbanística y arquitectónica del proyecto original refleja claramente la intención de los autores de generar estos aportes.

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A la izquierda, imagen satelital (Google Earth 2018) de la primera fase del proyecto ejecutado, incluyendo la Torre 1 (a la derecha abajo de la imagen), parte del conjunto original. A la derecha, imágenes de sectores de la fase 1 en la actualidad (fotografías propias). Nótense los «aumentos» de pisos y cubiertas añadidas en las terrazas de los edificios, sin autorización municipal.

La ejecución de la primera fase muestra respeto por el proyecto, su arquitectura y su disposición urbanística que se diseñó para “lograr la mayor densidad poblacional de la ciudad en el marco más generoso del espacio verde y mejor dotado de servicios y equipamiento social, cultural, comercial” (Arq. Gustavo Medeiros, 2001). En 1978 las mutuales contratan a “Nueva Visión”, la oficina del Arq. Medeiros, para el rediseño de la segunda fase, introduciendo modificaciones en el diseño de los bloques, incrementando espacios de parqueo y completando el diseño de equipamientos.

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A la izquierda, imagen satelital (Google Earth 2018) de la fase 2 del proyecto, en la que se nota el ajuste de densidades respecto de la fase 1. Las imágenes del centro y de la derecha muestran el estado actual de sectores de la Fase 2 de la Urbanización

En la ejecución de esta segunda fase, “la última etapa queda inconclusa, por el interés especulativo de una mutual, que lotea para casas individuales (redituando 400 veces el valor de la tierra), contraviniendo la razón de ser de la expropiación del terreno” (Arq. Medeiros, 2001), una expropiación que se justificó con el argumento de construcción de vivienda social. Una primera acción del “negocio inmobiliario” en contra del proyecto urbanístico de “Los Pinos” y de sus ventajas para la ciudad. El incremento de la densidad, aun equilibrado por la previsión y diseño de equipamientos (aunque no se construyeron), genera un cambio controlado en las características de la urbanización.

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A la izquierda la imagen satelital (google Earth 2018) que muestra la tercera fase del proyecto y en la que se nota el incremento de bloques, respecto de las fases anteriores y la reducción de los espacios abiertos y áreas verdes. En las imágenes de la derecha se observan los nuevos bloques con arquitectura totalmente cambiada, sin ningún respeto por el conjunto.

La tercera fase, cuya fecha de implementación ya no se puede precisar porque, al ser producto del descontrol y de la intención de generar más rédito económico con el incremento de área construida, a nadie le interesó registrarla, salvo quizás a sus promotores para efectos de verificación de desembolsos y cálculo de intereses. En esta fase ya ni siquiera se muestra preocupación por la calidad de la arquitectura, el valor del conjunto y menos la proporción de espacio abierto, otro golpe asestado por el “negocio inmobiliario”, esta vez representado por entidades financieras.

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La imagen satelital (Google Earth 2018) muestra el «hacinamiento» de bloques de 7 plantas construidos en la fase 4 de ejecución del proyecto de la Urbanización «Los Pinos», con un incremento considerable de densidad y un gran decremento de áreas libres y ninguna previsión de nuevas áreas de equipamiento, generando importantes utilidades a los promotores a costa de la calidad del ambiente urbano.

A partir de la década de los años 90’s del Siglo XX hasta la fecha, surge el proyecto “Los Nuevos Pinos”, que podríamos considerar la cuarta y quinta fases de la urbanización, en las que la densificación se incrementa, no sólo elevando los bloques de 5 pisos a 7, en la cuarta fase, y a 9 pisos en la quinta. Una densificación que no se preocupa por la calidad de la propia urbanización, en la que lo reducido de los espacios abiertos y la altura de los edificios crean “aéreas verdes” (si se las puede llamar así) con prácticamente ninguna calidad para el uso recreativo.

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Un «hacinamiento» mayor de bloques y un incremento de plantas (a 9 por bloque) muestra la Fase 5, en la que la reducción de las áreas libres y la calidad de éstas son un atentado al ambiente urbano y a la calidad de vida de los moradores a cambio de, con seguridad, grandes utilidades para los promotores y muy poca preocupación por hacer ciudad. A pesar del gran incremento de densidad, no se consideró la previsión de nuevas áreas de equipamiento.

Este enorme incremento de la densidad que, con seguridad, derivó en un excelente “negocio inmobiliario” para sus promotores, olvidó totalmente el principio de vivienda social y trató de “compensar” su hacinamiento con departamentos de mayor superficie. Sin embargo, ninguna de las fases más groseras en cuanto al “negocio inmobiliario” se refiere, se preocupó por generar los equipamientos que el incremento de población demanda, dejando la solución de este problema en manos de la ciudad. Por otra parte, un no menos grave impacto sobre la urbe se genera al convertirse en urbanizaciones cerradas que “compensan” el beneficio que logran con la cesión de un área para la ciudad cuyo tamaño y utilidad, además de ridículos, resultan insultantes. El paso a urbanizaciones cerradas ya se ha dado, como por contagio, en las áreas de las fases 1 y 2 que fueron concebidas como abiertas y con un régimen de propiedad sobre el suelo muy diferente, un problema que pretendo analizarlo en otra entrega.

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Imagen satelital (Google Earth 2018) en la que se ha hecho un resumen del análisis realizado sobre esta otra faceta del “negocio inmobiliario”. Las deficiencias que se han generado devienen de una actuación muy negativa del sector privado, representado esta vez por entidades financieras, respecto de su responsabilidad frente a la ciudad y una muy deficiente actuación del sector público (Gobierno Municipal) permitiendo este atropello.

Una clara muestra de que el “negocio inmobiliario” ha superado cualquier intención de planificación, reglamentación de uso e indicio de respeto por el principio del bien común.

Urubó, Santa Cruz, ¡Horror de ciudad!!!

En una investigación de la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA-2017), se comprobó que en Porongo había 7.800 hectáreas de urbanizaciones, otras 11.000 hectáreas en Colpa Bélgica y 3.200 en Portachuelo, todas al “otro lado” del Río Piraí (respecto de Santa Cruz), en la zona conocida como “El Urubó” (ya nos referimos antes a las que están de “este otro lado del río” y que también son parte del gran problema del Área Metropolitana). En estas 22.000 hectáreas, hasta el año 2035, podrían asentarse, si demostraran eficiencia, unos 2.200.000 habitantes, más de la mitad de los 4 millones de pobladores que, calculan, tendrá el Área Metropolitana de Santa cruz para entonces.

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Imagen satelital (Google Earth) que muestra las urbanizaciones promovidas por el sector privado, a la izquierda las que se ubican cerca de Portachuelo y la Bélgica que han llevado a sus gobiernos municipales ha registrar «áreas urbanas» que multiplican hasta por diez la superficie de sus áreas urbanas actuales. A la derecha las que fueron objeto de comentario en la entrega anterior, ubicadas en el municipio de Warnes.

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La misma situación que en la imagen anterior, urbanizaciones privadas en el municipio de Porongo, las más pobladas hasta el momento y las que generan mayor presión sobre la ciudad de Santa Cruz actualmente.

En cumplimiento de normas nacionales, los gobiernos de estos municipios, sin un ápice de planificación y, obviamente, sin previsión, definiendo su “radio urbano”, registran como “áreas urbanas” estas urbanizaciones, aunque muchas están alejadas de sus actuales centros y no tienen aún pobladores; “por el momento, las urbanizaciones desiertas no han creado trabajo. A seis kilómetros está el centro de Portachuelo, pero acá el silencio solo se rompe con el rugido de los micros cruzando el Güendá y con las aspas de los helicópteros rojos que cortan el viento. Por el aire llegan los compradores de tierra que transforman estancias en urbanizaciones. Por tierra, la gente que sueña con vivir ¡en el Urubó!” (Pablo Ortiz, Diario El Deber, 15/05/2017).

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Vistas del centro poblado de Porongo en las que se ve claramente que no tiene el imperativo de ampliar su «radio urbano», obligándose a hacer un registro de áreas urbanas por las urbanizaciones privadas.

Cuantas veces he expresado mi preocupación por lo que se está haciendo con el “hinterland” productivo del Área Metropolitana de Santa Cruz, lo he hecho imaginando lo que sucede cuando las tierras de muchas estancias, que generaron trabajo en el área rural, se convierten en “urbanizaciones”, producto de la inversión privada, para decirlo más claro, del “negocio inmobiliario”, implacable e irresponsable con el futuro de una región rica e importante para el desarrollo del país.

La preocupación debe ser mayor para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, porque toda esta irresponsabilidad de los negociantes inmobiliarios, en complicidad con las autoridades de los municipios “beneficiarios”, encandiladas por el supuesto “desarrollo” y las grandes cifras en posibles recaudaciones impositivas que les ofrecen, incrementa la presión sobre la ciudad, sus servicios, su infraestructura y su futuro, sin ninguna compensación con aportes de impuestos que le ayuden a enfrentar los problemas que le están generando.

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El Puente Foianini, la única conexión actual de la ciudad de Santa Cruz con la ribera opuesta del Río Piraí, cuya capacidad ha colapsado por la presión de las urbanizaciones privadas. Esta situación ha generado un debate respecto de la necesidad de otros puentes que, en su construcción, debieran atravesar el cordón ecológico, creado a lo largo de la ribera del río para proteger a la ciudad de desastres naturales.

Hay quienes piensan que se necesitan 4 puentes para cruzar el Piraí para conectar y servir a las urbanizaciones con la urbe, otros piensan que más, pero, al margen de la cantidad, la necesidad de puentes no es de la ciudad de Santa Cruz, es de las urbanizaciones privadas que se hicieron sin consultar con ella, por tanto, de ser tan importantes para las urbanizaciones debieron hacerse como parte de su infraestructura y, aún así, debiera concertarse otras soluciones, también a cargo del negocio inmobiliario y en las urbanizaciones (equipamientos y servicios sociales, servicios de gestión, equipamientos culturales, servicios comerciales, etc.) para reducir el impacto sobre la urbe que tiene serios problemas de movilidad, ambientales y de servicios.

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Esquemas de propuestas, que están en discusión, para conectar la ciudad con la ribera opuesta del Río Piraí, La necesidad de estas conexiones es de las urbanizaciones privadas; si a estas discusiones no se incluyen temas que deben ser encarados directamente por los promotores inmobiliarios y sus proyectos, como la inclusión de servicios sociales, de gestión, equipamientos y otros en las y para las urbanizaciones y sus pobladores, cualquiera de estas soluciones viales incrementará la presión sobre la ciudad y sus problemas.

Por otra parte, aumentando la presión sobre Santa Cruz, la Cámara de Diputados, en 2018, aprobó por unanimidad la modificación de artículos de las normas que declaran Patrimonio Histórico y Natural la Cuenca del Río Piraí y Parque Ecológico a todas las riberas del mismo, “con el fin de que los municipios de Montero, Warnes, Porongo, La Guardia, Colpa Bélgica y El Torno proyecten la construcción de puentes en el marco de sus competencias” (Radio Fides 02/03/2018). No se puede negar que “así, el cordón ecológico quedará como un coladero. No se puede perforar tanto…..” (Álvaro Fernández, presidente de la Federación de Asociaciones de Urbanizaciones y Condominios de Porongo-Faducop).

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Las vías externas que comunican a las urbanizaciones cerradas muestran una pobrísima calidad de ambiente urbano que no parece tener solución.

Quienes creen que ampliando los anillos de la ciudad para conectar y absorber a las urbanizaciones en la mancha urbana “planificada” no piensan en la calidad de espacios urbanos que se están creando con las “urbanizaciones cerradas”, muy seguras y paradisíacas dentro de los muros que las contienen y, por fuera de éstos, vías flanqueadas por murallas, vacías como “tierra de nadie”, conformando “espacios urbanos” nada atractivos, innecesarios para quienes viven en la burbuja dorada de su encierro de lujo, salvo para movilizarse hacia Santa Cruz y vivir de su ambiente urbano cuando dejan, por necesidad, su cómoda vivienda. El mantenimiento de estas vías, horribles como espacios urbanos, seguramente entrará como obligación del gobierno municipal respectivo y también la seguridad que, en espacios vacíos, es un problema mayor.

Ojo Santa Cruz!!! Tienes derecho a reclamar por tu derecho a ser consultada para modificar tu entorno, a que la planificación consciente, la ley y las autoridades que deben velar por su cumplimiento demanden al negocio inmobiliario cumplir con las obligaciones y a que su derecho a utilidad, innegablemente cuantiosa, esté dentro del principio de primacía del bien común.

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En la imagen de cabecera o imagen destacada: las paradisíacas propuestas de las urbanizaciones cerradas que, con sus diseños de «estilo Dubai» y sus propios medios de comunicación, convencen a la compra de terrenos y construcciones de viviendas de alto costo.